Néstor Humberto Martínez sigue sin explicar su actuación frente a dos grandes escándalos de corrupción, no le ha dado la talla al proceso de paz y ha fallado en reducir la criminalidad. ¿Merece ser el personaje del año?
Farid Samir Benavides*
El personaje del año
El diario El Tiempo eligió a Néstor Humberto Martínez Neira como personaje del año 2017.
Esta elección ha sido ampliamente criticada, pues es una muestra más de la cercanía entre la Fiscalía y algunos medios de comunicación. El poder del Fiscal ya ha sido denunciado por columnistas como María Jimena Duzán y por portales como La Silla Vacía.
¿Cantidad o calidad?
La Fiscalía fue creada en 1991 con el fin de reemplazar a la vieja estructura de los juzgados de instrucción criminal y la Dirección de Instrucción Criminal. La finalidad de la vieja justicia era simplemente la gestión de los casos penales y la obtención del mayor número posible de evacuaciones de procesos.
En todo caso, antes de la década de los noventa no se medía la efectividad de las instituciones penales y no había un estricto seguimiento a su labor. Dicho de otro modo, la política pública en materia penal no se basaba en datos empíricos que permitieran medir su eficiencia y efectividad.
La década de los noventa se caracteriza por la irrupción en el sector público del análisis económico del derecho, que introduce una lógica económica en el funcionamiento del sistema judicial. En ese momento se comienza a medir la eficiencia de la administración de justicia y, en materia penal, se introducen indicadores para medir la impunidad.
Pero estos indicadores fueron duramente criticados pues confundieron la labor de la administración de justicia con la simple producción de sentencias condenatorias y la impunidad con la condena de aquellas personas acusadas.
El Fiscal General no ha explicado su participación como abogado litigante en algunos aspectos del caso Odebrecht
El uso de indicadores de calidad para la administración de justicia no era común. Simplemente se evaluaba positivamente al Fiscal que producía más acusaciones y que lograba más condenas, con independencia de la calidad de sus decisiones y sin determinar su impacto en la reducción de la criminalidad y en la efectiva producción de seguridad ciudadana.
La presión constante por tener un número elevado de acusaciones y privaciones de la libertad generó incentivos perversos en el trabajo de los jueces y fiscales. Las consecuencias de estas políticas las vemos hoy en día de manera dramática con la cada vez más grave crisis carcelaria.
 Fiscalía General de la Nación. Foto: Wikimedia Commons |
Al leer las razones por las que Martínez Neira ha sido premiado como el personaje del año, no podemos menos que pensar que seguimos atrapados en el paradigma de la década de los noventa: en la simple medición de las cifras y no en la evaluación de los resultados.
En los datos que proporciona El Tiempo en su artículo del pasado 10 de diciembre se destaca la simple gestión de la Fiscalía: el número de acusaciones y sentencias condenatorias, como si la calidad del trabajo no importara, sino solo su cantidad, como si de una fábrica de producción de acusaciones se tratara.
El único resultado que se menciona es la reducción de las tasas de homicidio, pero esto no es el producto del trabajo de la Fiscalía, sino el resultado lógico del proceso de paz. Gracias al final de los más de sesenta años de conflicto con las FARC era previsible que las muertes derivadas del conflicto se hubieran reducido y que, por tanto, las tasas correspondientes reflejaran este aspecto positivo del proceso de paz y del proceso desmovilización de las FARC.
Las críticas
 Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Foto: Presidencia de la República |
Pero hay otros campos de la labor de Martínez Neira que deben ser cuestionados, así como debe ser cuestionado su premio al personaje del año. En este escrito me quiero ocupar de sólo tres aspectos:
- la lucha contra la corrupción
- la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).y
- la seguridad ciudadana
La firma del acuerdo de paz permitió que se dirigiera la mirada a la grave situación de corrupción en la administración pública colombiana. Pero no solo eso: también se hizo evidente que la justicia colombiana estaba en medio de una crisis profunda de credibilidad y de transparencia. Casos como el de Odebrecht y el del denominado ‘cartel de la toga’ son emblemáticos de una situación que exige la atención de la Fiscalía y que exige resultados inmediatos.
En primer lugar, llama mucho la atención que el funcionario designado por el Fiscal General para liderar la lucha contra la corrupción esté en este momento a punto de ser extraditado a los Estados Unidos por actos de corrupción, en particular por el establecimiento de una red para la venta de fallos judiciales o para la suspensión u obstaculización de la actividad de la Fiscalía.
No es verosímil la versión del Fiscal de que su nombramiento se hizo con base en méritos y que el funcionario era un desconocido para el Fiscal General de la Nación. Quienes han trabajado en el sector público saben que a estos cargos no se llevan personas que no sean de confianza del funcionario que nombra. Por tanto, aún se deben explicaciones sobre este proceso y sobre la extensión de la corrupción en esta entidad del Estado.
Desde un primer momento el Fiscal General fue un obstáculo para la implementación de los Acuerdos de Paz.
El caso Odebrecht es aún más delicado pues el Fiscal General no ha explicado su participación como abogado litigante en algunos aspectos del caso y sobre todo por qué no se ha llegado hasta las ultimas consecuencias en casos como el de la campaña del Presidente de la República. A ello se agrega que la lucha contra la corrupción ha sido criticada por centrarse en algunos funcionarios y pasar por alto otros. De nuevo, las explicaciones que debe dar el Fiscal aún siguen pendientes.
- Otro punto en el cual el Fiscal General de la Nación recibe una calificación negativa es el de la contribución al avance del proceso de paz con las FARC. Los acuerdos de diciembre de 2016 deben ser implementados por el Gobierno colombiano y hasta el momento ni éste ni el Congreso de la República han mostrado un verdadero interés en dar cumplimiento a la palabra prometida en La Habana y Bogotá.
Desde un primer momento el Fiscal General fue un obstáculo para la implementación de los Acuerdos de Paz, en especial en lo que tiene que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz.
Los comentarios del Fiscal nunca contribuyeron al fortalecimiento de la JEP —ni tampoco al fortalecimiento de la jurisdicción ordinaria—. Aún queda por ver cuál será la cooperación de la oficina que dirige Martínez Neira con el ente creado para la investigación de las conductas bajo la jurisdicción de la JEP. Se espera que Martínez Neira entienda que la JEP es un procedimiento especial y que no puede regirse por las mismas reglas de la jurisdicción ordinaria.
- Por último, el papel de una Fiscalía General en un sistema acusatorio es el de responder por la efectiva reducción de la criminalidad y el aumento de las condiciones de seguridad de la ciudadanía. La continua preocupación por los indicadores de gestión hace que se pase por alto que en esta materia los resultados que ofrece la Fiscalía son realmente pobres.
La seguridad ciudadana en las principales ciudades del país es realmente preocupante. La criminalidad común va en alza, la percepción de inseguridad crece y la respuesta del Fiscal General parece limitarse a un uso extensivo de la pena privativa de la libertad.
En 2018 se espera que esta institución se ocupe por fin de la cooperación en la construcción de una política criminal en un Estado de Derecho y que se abandone el populismo punitivo, que da buenos titulares a corto plazo, pero que agrava el problema en el largo plazo.
*Ph.D. y profesor Asociado en la Facultad de Comunicaciones y Relaciones Internacionales, Universitat Ramón Llull —Blanquerna— faridsamirbv@blanquerna.url.edu
