Otra vez fue una promesa central de la campaña, otra vez el presidente presentó su proyecto, y otra vez el proyecto recibió un entierro de tercera. ¿Hasta cuándo seguirán la corrupción e ineficiencia de un servicio esencial para todos?
Farid Samir Benavides*
¿Por qué se cayó?
El martes de esta semana acabó de naufragar en el Congreso el proyecto de reforma a la justicia que había presentado el presidente Iván Duque.
Los motivos del naufragio fueron varios:
- La inexistencia de una coalición de gobierno que reúna los votos necesarios para aprobar las iniciativas del presidente; parece que el Centro Democrático no reconoce a Duque como su líder y no le da su apoyo irrestricto.
- La ministra de justicia no tuvo el liderazgo suficiente para sacar adelante el proyecto más importante de su cartera; esto es apenas el reflejo de la falta de liderazgo del gobierno en su conjunto. Antes de que el proyecto completara sus dos primeros debates, la ministra amenazó con renunciar si el Congreso no lo aprobaba y, más recientemente, responsabilizó a los liberales del fracaso de la reforma. Después tuvo que retractarse de ambas afirmaciones.
- En tercer lugar, las altas Cortes se opusieron a varios puntos de la reforma y afirmaron que “el proyecto se dedica a golpear a los magistrados, en lugar de traer más recursos para la Rama, mejorar el gobierno y la administración de la justicia”.
En términos generales, la reforma a la justicia tenía grandes vacíos. En esta misma revista se advirtió que el proyecto presentado por el gobierno Duque parecía otra reforma política a la justicia, pues no solucionaba los problemas más grandes y más urgentes.
Algunos de los cambios más significativos eran crear un Tribunal de Aforados, reglamentar la acción de tutela y eliminar el Consejo Superior de la Judicatura. Este último cambio era de gran importancia para la Rama judicial, pues se trata de un organismo reconocido por su politiquería y por diversos escándalos de corrupción.
Pero incluso en los puntos donde podía lograrse un mayor consenso fracasó la reforma. La mayoría de estas medidas fueron eliminadas en los primeros debates, sin mayor resistencia por parte del ejecutivo. Tampoco fue posible identificar una coalición de congresistas que defendieran la reforma, como es usual.
Puede leer: La reforma a la justicia de Iván Duque.
Una historia de reformas fracasadas
 Reunión Duque y presidentes de las cortes. Foto: Consejo Superior de la Judicatura |
Antes de que fracasara la reforma del gobierno Duque ya se habían hundido otras dos reformas en la administración Santos.
En 2012, Santos objetó y le devolvió la reforma al Congreso por considerar que se habían incluido micos “inaceptables”. Todavía se recuerda la respuesta del entonces presidente de la Cámara, Simón Gaviria, para justificar su voto favorable a la reforma a pesar de los micos: “es que leí el proyecto por encima”.
En 2015 se intentó otra reforma mediante el Acto Legislativo 02 de 2015 (Reforma al Equilibrio de Poderes). Pero la gran mayoría de los cambios se cayeron en el Congreso o en la Corte Constitucional.
La ministra de justicia no tuvo el liderazgo suficiente para sacar adelante el proyecto más importante de su cartera
Esos antecedentes nos muestran que la justicia colombiana se resiste a ser reformada, pese al reconocimiento de sus graves fallas y de la necesidad de transformarla radicalmente para acabar su ineficiencia y su corrupción.
Las preguntas son entonces: ¿se puede reformar la administración de justicia en Colombia? ¿Vale la pena hacerlo dentro del Congreso? ¿Cómo evitar la influencia de los partidos políticos y de las altas cortes para lograr una reforma transparente?
Lea en Razón Pública: ¿Reformar la justicia restringiendo la tutela?
La reforma es urgente
Desde hace más de tres décadas sabemos de la crisis de la justicia en Colombia. Conocemos la alta carga de litigios en la justicia civil, el exagerado uso de la prisión en la justicia penal, la lentitud de la justicia administrativa y laboral, etc., etc.
Organizaciones como la Corporación Excelencia en la Justicia (que, paradójicamente, dirigió hasta hace poco la ministra Borrero) han diagnosticado los males de la justicia colombiana con detalle.
Al lado de estos males, también hemos sabido de los retos diarios a los que se enfrentan las administradoras de justicia en Colombia:
- pocos recursos;
- salarios que son cada vez menos competitivos;
- una brecha enorme entre los rangos altos y bajos de la jerarquía judicial;
- posibilidades limitadas de ascenso en la carrera, y altísimos niveles de estrés y riesgos para sus vidas:
- también la justicia ha sido víctima del fuego de los diversos actores armados en Colombia.
Por todo eso es necesario contar con una administración de justicia que honre verdaderamente a sus servidoras. No solo la ciudadanía merece una mejor justicia, también la justicia se merece una mejor administración.
Urge una reforma que responda de manera precisa al diagnóstico de los problemas que aquejan al país. Es muy poco lo que sabemos de las reformas hechas en Colombia y de su efectividad y sobre todo si han cumplido con los objetivos planteados.
Pero un análisis de las reformas a la justicia en América Latina y de las razones de sus fracasos nos muestra que ellas se han limitado a la transformación institucional, al aumento de personal, a la creación de organismos de gobierno judicial, etc.
En América Latina, uno de los obstáculos principales de la administración de justicia es la resistencia de la judicatura para ser reformada, no solo por razones culturales, sino por razones de control del poder.
En cuanto a los motivos “culturales”, algunos jueces educados bajo un antiguo sistema difícilmente aceptan uno nuevo. Eso fue justamente lo que sucedió con las reformas al proceso penal, que pasó de un modelo inquisitorio a uno acusatorio.
Pero también hay organismos que se resisten a reformarse para conservar su poder. Ese es el caso del Consejo Superior de la Judicatura, que se ha resistido a toda costa a ser eliminado. Pero la corrupción de la justicia no puede combatirse limitando su independencia, como se ha propuesto a menudo.
¿Y ahora qué?
 ¿Será imposible reformar la justicia? Foto: Escuela Judicial |
Es claro que necesitamos reformar la justicia en Colombia. Pero también es claro que el camino no puede ser el mismo que se ha seguido hasta ahora; de lo contrario, las reformas seguirán estrellándose con la indolencia del Congreso y con el lobby negativo de quienes están interesados en mantener el statu quo.
Por eso creo que se debe adoptar una estrategia de largo plazo para alcanzar la necesaria reforma a la administración de justicia en Colombia.
El gobierno de Duque y el Centro Democrático no son los más legitimados para llevar a cabo la reforma: son bien conocidos los conflictos de Álvaro Uribe con la Corte Suprema de Justicia.
La reforma debe ser promovida desde las organizaciones de la sociedad civil, en especial aquellas que cuentan con un diagnóstico serio de la situación actual de la justicia en Colombia, por ejemplo, Dejusticia, la Corporación Excelencia en la Justicia, la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colomba (FESCOL), la Corporación Humanas, la Corporación Sisma mujer, entre muchas otras.
Es muy poco lo que sabemos de las reformas hechas en Colombia y de su efectividad.
Pero no basta con la presencia de las organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional; también es necesario contar con el liderazgo de las organizaciones locales y las universidades públicas y privadas. Esa intervención no se debe limitar a las Facultades de Derecho, pues es necesario contar con datos empíricos y con evaluaciones que permitan medir y anticipar el impacto de las medidas.
La reforma a la justicia no puede ser meramente normativa y no puede basarse solamente en información anecdótica. Pero sí se debe contar con los representantes de los trabajadores de la Rama, esto es, con aquellos operadores judiciales que conocen de manera cercana los problemas de la Rama Judicial y que pueden identificar con mayor facilidad las mejores vías para su reforma.
Una vez identificados los objetivos de la reforma y su diseño general, debe discutirse ampliamente en todos los espacios posibles, para conseguir así el mayor consenso ciudadano posible.
Eso significa evitar al máximo la intervención de los partidos políticos y de las altas Cortes de la Rama Judicial. La participación debe ser sobre todo de la ciudadanía y de los operadores judiciales, para contar así con un documento ampliamente consensuado.
Una vez se haya alcanzado un consenso en la sociedad civil se deben buscar los mecanismos más adecuados para llevar adelante la reforma sin los obstáculos que supone la presencia de los partidos políticos.
Es probable que la única vía posible sea una Asamblea Nacional Constituyente que se ocupe de manera integral y única de la reforma a la justicia, sin que se pueda tocar el capítulo de derechos fundamentales y los mecanismos para su protección. Considero que solo así se logrará una adecuada reforma a la justicia.
*PhD, Profesor Asociado de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales, Universidad Ramón Llull – Blanquerna.
faridsamirbv@blanquerna.url.edu
