El endurecimiento de las penas que propone la consulta es una idea vieja, que hoy ya existe en las leyes, poco eficaz e inadecuada para atacar el problema de fondo.
Farid Samir Benavides*
La Consulta
El próximo 26 de agosto se votará la Consulta Anticorrupción, donde los ciudadanos deberán responder siete preguntas dirigidas –según sus organizadores– a combatir la corrupción en Colombia.
Durante los últimos años han abundado las noticias sobre actos de corrupción en todas las ramas del poder público. Senadores, representantes, funcionarios del Ejecutivo y magistrados de las Altas Cortes han estado involucrados en escándalos de este tipo, al punto de tener la atención casi exclusiva de los medios de comunicación.
Parece que la lógica de lo privado se ha adueñado de lo público: los servidores del Estado utilizan el patrimonio nacional como si fuera su peculio.
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Como consecuencia del movimiento de opinión que han producido esos escándalos, desde diversos sectores se promovió una transformación radical del Estado para eliminar los incentivos que facilitan la corrupción. Así, las siete preguntas de la Consulta se proponen adoptar un mandato popular para sacar adelante una reforma legislativa en el Congreso. O al menos eso es lo que han dicho.
Pero las preguntas no implican medidas novedosas ni sirven para atacar el núcleo de la corrupción en Colombia. Entre ellas, las preguntas 2 y 6 tienen especial relevancia porque muestran la intención de valerse del sistema de justicia para combatir este fenómeno.
Un viejo problema
 Pedagogía de la #ConsultaAnticorrupción. Foto: Página de facebook de VenceAlCorrupto. |
Una de las cosas sorprendentes de esta iniciativa es tratar la corrupción como si fuera un problema nuevo o como si nunca se hubiera hablado de él.
Esto puede explicarse diciendo, por ejemplo, que la corrupción ha llegado a niveles intolerables. Pero lo cierto es que en Colombia el Estado se ha construido sobre la base de una tenue distinción entre lo público y lo privado, y actos como, el clientelismo, el trasteo de
votos o la apropiación de dinero público eran vistos como parte del ejercicio de la política y no como delitos.
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Durante la década de 1980 era muy popular el chiste del guardia de aduanas que nunca cobró su sueldo porque no sabía que, además de todo, le pagaban por hacer su trabajo. Para acabar con la corrupción en esta dependencia, el Estatuto Aduanero creó el incentivo de entregar hasta el 50 por ciento de lo incautado como recompensa al guardia que cumpliera su deber de controlar las importaciones y exportaciones ilegales. Pese a ello, los guardias de aduanas eran percibidos como unos de los funcionarios más corruptos en Colombia.
Las preguntas no implican medidas novedosas ni sirven para atacar el núcleo de la corrupción en Colombia.
La corrupción es entonces un problema de vieja data en Colombia. La ubicación del país en el índice elaborado por Transparencia Internacional –puesto 96 en un total de 180 países– indica, además, que los ciudadanos perciben un nivel alto de corrupción y que se necesita medidas para combatirla. Entre los retos para Colombia que presentó el informe de 2013 y que aún siguen vigentes, cabe mencionar la alta incidencia de:
- La colusión entre lo público y lo privado;
- El clientelismo;
- La captura del Estado por el crimen organizado;
- La falta de control estatal;
- La deficiente prestación de servicios públicos, y
- La ineficiencia del sistema de justicia penal.
¿Qué se ha hecho?
Definir la corrupción es una tarea difícil, pues al hablar de ella se habla de cosas pequeñas -como colarnos en las filas o pedir favores para ir de primeros en las listas que otorgan algún beneficio–, pero también de actos como entregar dinero a funcionarios del Estado para que adjudiquen obras públicas por fuera de las reglas de la competencia limpia.
Ahora bien, no todos los casos de corrupción interesan al sistema penal. Por ejemplo, hace muy poco comenzó a ser sancionado el soborno internacional, porque los actos no éticos en el sector privado suelen dejarse a las leyes del mercado.
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Penalmente se habla de corrupción cuando un servidor público incumple su deber de fidelidad con el Estado. Así, delitos como el cohecho, la concusión, el peculado o la indebida contratación se consideran delitos contra la administración pública y, por lo tanto, como actos de corrupción. Pero poco se habla de las prácticas de la empresa privada como actos de corrupción, y por esa razón es poco lo que se hace para combatirla.
Como la corrupción pública es más visible, las medidas penales apuntan a sancionar estas conductas. Por eso en el Código Penal se sancionan diversos delitos contra la administración pública con penas como la pérdida de la libertad, la pérdida de los derechos políticos o del derecho a contratar con el Estado. A este respecto deben destacarse dos medidas:
- La posibilidad de extinguir el dominio a quienes cometan delitos contra la administración pública. El artículo 2 de la Ley 333 de 1996 establecía cinco causales para extinguir el dominio de los bienes de una persona. Dos de estas cinco causales se refieren claramente a los delitos cometidos por servidores públicos y a actos que afecten gravemente la moral social.
Debe recordarse que la extinción de dominio recae sobre bienes que no hayan sido adquiridos de manera lícita, sin que el Estado tenga que demostrar la culpabilidad de la persona sobre quien recae la acción. Así, la medida de extinción de dominio inicialmente estaba conectada con el narcotráfico, pero la ley permitía incautar los bienes de los servidores públicos corruptos que se hubieran enriquecido injustificadamente.
La extinción de dominio ha sido objeto de críticas y por ello ha sido reformada en dos ocasiones. La última fue en 2014.
- La Constitución de 1991 prevé consecuencias graves para quienes han sido condenados por delitos contra la administración pública:
- El artículo 122 impide la contratación con el Estado y el ser servidor público a quien haya sido condenado por delitos que afecten el patrimonio del Estado;
- El artículo 150 prevé que el Congreso conceda amnistías e indultos solo para los delitos políticos y deja por fuera de estos beneficios a las personas condenadas por actos de corrupción, de modo que no pueden volver a ser parte del Estado.
¿Para qué la Consulta?
 Pedagogía de la #ConsultaAnticorrupción. Foto: Página de facebook de VenceAlCorrupto. |
Las preguntas 2 y 6 de la Consulta Anticorrupción buscan determinar si los ciudadanos están de acuerdo con que:
- Haya cárcel para las personas corruptas;
- Estas personas no puedan volver a contratar con el Estado, y
- Su patrimonio no justificado sea susceptible de extinción de dominio.
La Comisión Asesora de Política Criminal criticó el diseño de una política sin base empírica y más reactiva que preventiva. También mostró que en los últimos treinta años han aumentado las penas para la mayor parte de los delitos sin que ello haya producido cambio alguno en la tasa delictiva.
En un Estado de derecho la transparencia es fundamental para la legitimidad.
Sin duda alguna se debe sancionar a las personas corruptas, garantizar la debida protección al patrimonio del Estado y asegurar que lo público sea tratado como aquello que nos pertenece a todos. En un Estado de derecho la transparencia es fundamental para la legitimidad. Pero las medidas propuestas en la Consulta no son novedosas y no contribuyen a resolver el problema de fondo.
¿Para qué sirve seguir aumentando las penas si el sistema judicial no funciona debidamente y el sistema de prisiones está colapsado? ¿Para qué reiterar medidas contra la corrupción y otros crímenes que ya están contemplados en la legislación colombiana? Parece más bien que la consulta busca que se reforme el Congreso y se reduzcan los salarios de los congresistas. Pero no es comprensible cómo el bajar los salarios eliminaría la corrupción de quienes no están allá por un sueldo, sino por el poder y las redes que obtienen.
El 26 de agosto los ciudadanos votarán la Consulta Anticorrupción, que probablemente recibirá un apoyo masivo. Pero hay que reconocer desde ya que las medidas propuestas son reiterativas y por ello ineficaces. Serviría más emprender una reforma radical del Estado y de la política colombiana, y para ello se requiere mucho más que un movimiento de opinión.
* Ph.D., profesor asociado de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales, Universidad Ramón Llull – Blanquerna, Barcelona. faridsamirbv@blanquerna.url.edu
