Algunos manifestantes le exigen al gobierno que disuelve esta fuerza policial. ¿Qué tan viable es su petición? ¿Qué ocurre en otros países?
Juan Carlos Ruíz*
Un mal necesario
Las fuerzas antidisturbios de las policías son esenciales para el mantenimiento del orden en todo el mundo. Por eso es sorprendente que en Colombia el desmantelamiento del ESMAD sea una de las principales exigencias de algunos manifestantes.
Pero, aunque esa petición sea inviable, es importante evaluar la actuación de la fuerza antidisturbios pues -aunque está bien capacitada- es evidente que tiene problemas en su estrategia y fallas en su operación.
Los protocolos recientes que han establecido algunos alcaldes –como Claudia López– pretenden disminuir los episodios violentos que suelen presentarse durante las movilizaciones ciudadanas.
Pero estos protocolos parten de un desconocimiento profundo sobre la gestión de multitudes y de las fuerzas antimotines, pues suponen erróneamente que el ESMAD siempre comete excesos y que su sola presencia incita la violencia por parte de los manifestantes.
El principio fundamental de la gestión de manifestaciones consiste en que la policía debe repeler las multitudes, pero no atacar al individuo. Así pues, debe evitar el contacto directo y dirigir a los manifestantes hacia lugares menos vulnerables. Para ello debe utilizar medios de fuerza que agreden la sensibilidad de los individuos (como gases lacrimógenos, cañones de agua o armas acústicas), pero no les causa daño físico directo ni irreversible.
Las fuerzas antidisturbios de las policías son esenciales para el mantenimiento del orden en todo el mundo.
El uso de perdigones, balas de caucho o flashballs va en contra de esta doctrina esencial del mantenimiento del orden público. Todas ellas son armas no letales que fueron pensadas para la legítima defensa de un policía en peligro inminente, pero que, desafortunadamente, se usan con frecuencia para controlar las multitudes de forma improvisada.
Es legítimo utilizar una pistola eléctrica para inmovilizar a un individuo que ataca a un policía, pero es ilegitimo usarla para la gestión de manifestaciones -así alguna vez Francisco Santos propusiera hacerlo-. La escopeta calibre 12 utilizada por el ESMAD hace parte de las llamadas “armas intermedias” ideadas para controlar la violencia urbana como legítima defensa, pero nunca para el control de manifestaciones como lo atestiguan los miles de personas heridas o mutiladas desde los años 1990. Muchas de estas armas causan daño y pueden matar. Su poca precisión a más de diez metros las hace imprevisibles, incluso si se utilizan de forma apropiada.
Foto: Facebook Policía Nacional
El ESMAD existe para controlar disturbios y evitar muertes.
Vale la pena mencionar que las “armas intermedias” han sido prohibidas en la mayoría de los países europeos y actualmente se usan en contextos de mano dura con poco control político. En efecto, el uso de este tipo de armas debería ser una decisión del gobierno y no una potestad exclusiva de la policía -como alegaron autoridades locales colombianas cuando la Procuraduría ordenó prohibirlas-.
Es urgente que el gobierno nacional tome cartas en el asunto, pues la forma como se enfrentan las manifestaciones tiene una incidencia importante sobre las relaciones entre el gobierno y los ciudadanos y, por tanto, sobre la legitimidad de la administración de turno.
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La gestión de masas
La gestión de masas es fundamental para que una manifestación no se convierta en violencia.
Mientras que algunos países han optado por un enfoque de fuerza, otros como Alemania y Bélgica han escogido la estrategia de desescalamiento, que consiste en establecer un diálogo con los manifestantes y negociar los espacios donde se puede protestar, así como los itinerarios y los horarios de las marchas. En Pereira, durante el 21N, se lograron algunas concesiones mutuas entre manifestantes y autoridades.
Como actualmente las manifestaciones se presentan en varios sitios a la vez y tienen itinerarios inciertos, cada vez es más frecuente que policías no especializados en el mantenimiento del orden intervengan en las marchas. Esto expone a los manifestantes a los excesos de policías atemorizados y sin experiencia en la gestión de multitudes, y a los policías a la violencia irracional de algunos manifestantes.
Además, a las autoridades se les dificulta encontrar interlocutores con quienes negociar porque las protestas no cuentan con líderes ni representantes aceptados y seguidos por el grueso de manifestantes. Sobre este punto, vale la pena recordar al actual Secretario de Gobierno intentando negociar el desbloqueo de una calle con los manifestantes.
Los países que utilizan la doctrina de desescalamiento cuentan con un ‘servicio de orden’, es decir, con un grupo que dirige la manifestación, negocia con la policía y garantiza que los manifestantes controlen su propia manifestación. Lamentablemente, esto parece imposible en Colombia porque los autodenominados “líderes del paro” no representan a los manifestantes, son incapaces de regularlos y aparecen y desaparecen al tenor de las preferencias de los medios de comunicación. Como el rechazo a la representación se ha convertido en un principio constitutivo de las protestas en Colombia y en otras partes del mundo, actualmente es sumamente difícil llevar a cabo la negociación de los sitios de reunión, el recorrido y los puntos que no deben ser perturbados.
Cada vez es más frecuente que policías no especializados en el mantenimiento del orden intervengan en las marchas.
En el caso bogotano, el protocolo propuesto por Claudia López habría sido más eficiente si hubiese obtenido concesiones de los manifestantes en el desarrollo de sus marchas. En otras palabras, el protocolo debe concederles un papel activo a los manifestantes.
Por otro lado, es necesario que el ESMAD profundice su conocimiento sobre la psicología de masas, un elemento esencial en las escuelas de formación de policías antimotines del mundo entero. La gestión de masas no consiste solamente en despejar ejes viales y hacer cumplir la norma a rajatabla, sino que debe entender cómo reaccionan las masas y de qué forma el individuo cambia su comportamiento cuando se encuentra en medio de una multitud.
Foto: Alcaldía de Bogotá
Los policías convencionales no tienen el entrenamiento necesario para el manejo de masas.
La evidencia demuestra que las multitudes no tienen una identidad violenta o no violenta, sino que su comportamiento depende de sus normas y valores, lo cual implica que si la policía reprime a los manifestantes cuando ejercen un derecho constitucional, ellos tenderán a reaccionar violentamente porque han sido puestos en la ilegalidad.
Así mismo, si se utiliza gas lacrimógeno muy pronto, los manifestantes tenderán a radicalizarse, especialmente aquellos que salen a la calle por primera vez. Como lo señala el político exoficial de policía Gary McCarthy, cuando se lanzan gases lacrimógenos, una manifestación se transforma en disturbio.
Como si fuera poco, es común que los gobiernos opten por endurecer sus legislaciones anti-protestas, lo cual enfurece aún más a los manifestantes. Esto sucedió en Chile donde Piñera impulsó la ley anticapuchas, anti-barricadas y anti-saqueos. Si en Colombia persisten el vandalismo y los saqueos, es muy probable que se aprueba una ley similar a esas.
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Manifestantes violentos
Lamentablemente, la violencia paga. O, por lo menos, eso creen los manifestantes que ven en ella una estrategia efectiva para doblegar al gobierno.
El escritor estadounidense Peter Gelderloos resume esta postura al afirmar que la no violencia protege a los gobiernos y hace ineficaces a los movimientos sociales.
Francis Dupuis-Déri, investigador de movimientos sociales, ha demostrado que a lo largo de la historia, las comunidades que han utilizado la violencia en sus protestas han obtenido más concesiones que aquellas que no lo han hecho. Incluso movimientos pacíficos como los de Martín Luther King o Gandhi se aprovecharon de grupos violentos que abrazaban las mismas causas por medio del terror como Malcolm X y Rash Bose.
La eficacia de la violencia sugiere que las protestas seguirán involucrando saqueos y destrucción, especialmente en las últimas horas de cada manifestación. Los movimientos de “rompedores” se han popularizado en varios países y suelen atentar contra símbolos de la globalización y el capitalismo como bancos, comercios, hoteles y restaurantes de lujo. Se trata de grupos anarquistas que, por definición, no tienen jerarquías, se asocian por redes sociales y actúan de forma espontánea con el fin de ‘provocar’ a la policía. En el fondo, ejercen violencia sin alcanzar ningún objetivo específico.
*Profesor titular de la Universidad del Rosario, Ph.D. en Ciencia Política de la Universidad de Oxford, máster en Administración Pública de la ENA (Francia), máster en administración de empresas de la Universidad Laval (Canadá), máster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes.
