No hay razón para que los altos funcionarios se beneficien de un tribunal especial, ni para que los magistrados que lo integran sean escogidos por las universidades, ni para que éstas sean las universidades bogotanas de élite.
Farid Samir Benavides*
Este jueves 16 de octubre, el Senado aprobó en segundo debate la reforma constitucional que se conoce como de equilibrio de poderes.
En algunos sectores se ha calificado este proyecto de Acto Legislativo como una reforma a la justicia porque se ocupa – entre otros varios temas – de modificar algunas de las instituciones encargadas de administrar justicia, como son el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
- Como resultado del segundo debate, se eliminó en efecto el Consejo Superior de la Judicatura y en su lugar se crearon otras instituciones de gerencia de la Rama Judicial y de control disciplinario sobre jueces y abogados.
- Y por su parte la Comisión de Acusaciones fue cambiada por un Tribunal de Aforados, conformado por juristas escogidos de ternas presentadas por las cinco mejores universidades del país. El nuevo tribunal se ocuparía de juzgar al Procurador, al Fiscal, al Contralor, al Defensor, al Registrador y a los magistrados de las altas cortes.
La discusión en el Congreso se ha concentrado en la mejor manera de conformar este Tribunal para juzgar a los altos funcionarios del Estado. Sin embargo, las fórmulas propuestas se basan en tres mitos que quisiera exponer en este escrito.
El mito de la desigualdad
Quienes sostienen la necesidad de crear un tribunal especial parten de la base de que existe una diferencia intrínseca entre las personas que desempeñan estos cargos y el resto de los ciudadanos.
Sin embargo, la diferencia es meramente artificial, pues no hay ninguna razón substantiva para afirmar que esas personas deban tener una sede especial de juzgamiento.
¿Por qué los actos de corrupción de un contralor general o de un ministro son distintos de los actos de otro funcionario público? La respuesta que suele darse es afirmar que tales funcionarios desempeñan funciones muy especiales y que por ello requieren tribunales especiales. Pero la simple verdad es que son cargos políticos.
Muchos sostienen razones prácticas, señalando que aquellos funcionarios serían superiores funcionales de quienes los juzgan. Pero quienes defienden este argumento olvidan que no existe tal jerarquía, sino que es solo una revisión por otro tribunal. En la práctica no hay diferencia real entre un juez de circuito y un magistrado de tribunal: esa diferencia solo la quieren ver quienes prefieren vivir en una sociedad colonial y no en una sociedad democrática.
También se afirma que el tribunal especial garantiza que no se haga un uso político del sistema penal, pero eso es precisamente lo que hace un tribunal de esta naturaleza. Es decir, para resolver un problema – la intervención de la política en la justicia- adoptan una solución absurda: la creación de un tribunal político.
Otros sostienen que de esa manera se protege a los funcionarios de jueces corruptos, pero de nuevo eso implica plantear una desigualdad que no figura en la Constitución y que no puede establecer la ley. No hay razones para pensar que un juez de la Corte Suprema sea más sabio o más puro que un juez del circuito o un magistrado de Tribunal, y por tanto no hay razón alguna para crear un tribunal especial.
 La plenaria del senado aprobó el pasado 16 de octubre la creación del tribunal de Aforados. Foto: Senado de la República de Colombia |
El mito de la sociedad civil frente al Estado.
En los estudios sobre las relaciones entre sociedad civil y Estado se afirma con frecuencia que el Estado puede ser violento o que puede ser corrupto, en tanto se postula la bondad de la sociedad civil.
Sin embargo, estudios como el Angelina Godoy en Guatemala muestran que la sociedad civil puede ser tan violenta como el Estado. Igualmente, la extensión de las prácticas corruptas en el sector privado nos muestra que la bondad de la sociedad civil es un mero postulado.
En la reforma se entrega a las universidades la selección inicial de los magistrados del Tribunal de Aforados mediante ternas que someterían a consideración del Congreso. Parece que el Estado reconoce su incapacidad para decidir bien y por ello renuncia a sus obligaciones y se las traslada a la sociedad civil.
Sin embargo, no es claro por qué la selección de las universidades va a ser mejor que la del Estado. ¿Qué es lo que las preserva de no tomar malas decisiones? La respuesta nos conduce al tercer mito.
El mito de la superioridad de la clase alta y del centro
La selección de los candidatos al Tribunal de Aforados se deja en manos de “las cinco mejores universidades del país”. En la entrevista que el viernes pasado se le hizo al ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, éste afirmaba que las universidades van a seleccionar a los mejores juristas.
Pero todas las universidades que mencionó el ministro son privadas y, todas – salvo una- están en Bogotá. Para el Ministro es evidente que universidades como los Andes, la Javeriana y el Externado tomarían buenas decisiones – sin explicar por qué ni que asegura que estas instituciones tengas lo que no tienen otras-. El mensaje subyacente es pues palmario: las universidades buenas son las de las élites, y Bogotá es mejor porque es la capital.
Confusa y no democrática
Pero además el proyecto de reforma plantea una relación extraña entre lo jurídico y lo político, porque confunde la investigación penal con el juicio de responsabilidad política (el impeachment, como se llama en el mundo sajón), olvidando que este es un simple juicio político que no tiene nada que ver con los juicio en derecho que le corresponden a los Jueces de la República.
La reforma que se propone es profundamente antidemocrática e iliberal, y se basa en los tres mitos que mencioné más arriba.
En lugar de crear más tribunales, deberíamos más bien eliminar todos los fueros de juzgamiento –incluido el militar- para tener un solo sistema de justicia que ofrezca iguales garantías para todos los ciudadanos y ciudadanas de Colombia.
En el caso del presidente de la República tiene sentido postergar todos los juicios no penales, en la medida en que atenderlos no le dejaría cumplir las funciones propias de su cargo, pero por lo demás no existen razones para plantear una desigualdad en la investigación y el juzgamiento.
*Profesor Asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes,
