Controversias, escándalos, ataques al proceso de paz…y una lección valiosa sobre quién debe elegir al próximo Fiscal.
Farid Samir Benavides*
Una renuncia sospechosa
El pasado 15 de mayo, el entonces Fiscal General de la Nación (FGN) Néstor Humberto Martínez y su vicefiscal presentaron renuncia irrevocable a sus cargos. Según Martínez, la renuncia se debió a que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) había decidido negar la extradición de Jesús Santrich a Estados Unidos.
Pero esa explicación no convenció a nadie. Más bien, se cree que la renuncia estuvo relacionada con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de separarlo de todos los casos relacionados con:
- Lo que ya podemos llamar el affaire Odebrecht, una trama de corrupción que ha afectado a toda América Latina y a España; y
- Con el denominado cartel de la toga, un asunto que le ha restado legitimidad al trabajo de la Corte Suprema de Justicia en Colombia.
Después del temblor político que causaron las renuncias, conviene hacer un balance del trabajo de Martínez al frente de una institución tan importante como la FGN.
Un fiscal de mano dura
El antecesor de Martínez fue el fiscal Eduardo Montealegre. Este intentó transformar radicalmente la entidad, pero esto no se tradujo en mejorar su rendimiento ni en mejorar la política criminal. De hecho, su proyecto bandera —conocido como la Universidad de la Fiscalía— duró muy poco tiempo y acabó con un enfrentamiento entre su director y el fiscal Montealegre.
A diferencia de Montealegre y otros fiscales anteriores, Martínez no se enfrascó en la tarea de reorganizar la institución, un ejercicio que habría sido traumático y muy probablemente inútil.
Pero desde el primer momento se notó su intención de intervenir en el diseño de la política criminal desde una visión retrógrada del derecho penal. Fue así como Martínez siempre abogó por una política de mano dura y por el uso extensivo de la pena de prisión como respuesta a los actos delictivos.
Lo más destacado del paso de Martínez por la Fiscalía fue el uso de la institución para torpedear el proceso de paz.
Los obstáculos al entonces ministro de Justicia Yesid Reyes y su política de reducción del uso de la pena de prisión fueron la prueba elocuente de esa actitud punitivista.
Por eso resulta llamativo, cuando no descarado, que en su rendición de cuentas ante la Corte Suprema de Justicia, Martínez apunte como un logro de su gestión el haber presentado el proyecto de ley 014 de 2017, que descriminalizaba varios delitos para descongestionar el sistema carcelario. En realidad, se trataba de una iniciativa del Consejo Superior de Política Criminal.
Puede leer: De acusadores a acusados: Néstor Humberto Martínez y sus siete antecesores.
Fiscal contra la paz
Pero tal vez lo más destacado del paso de Martínez por la Fiscalía fue el uso de la institución para torpedear el proceso de paz.
En primer lugar, en los debates sobre la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) presentó a esa institución como un obstáculo al trabajo de la Fiscalía y por lo tanto al interés de la justicia.
En segundo lugar, Martínez apoyó a quienes objetaban la ley estatutaria de la JEP porque iba a promover la impunidad al evitar la investigación de los crímenes cometidos por las FARC.
Foto: Facebook: Fiscalía General de la Nación |
Pero el legado más nefasto del exfiscal en este campo se relaciona con el caso Santrich. No solo se permitió la intervención de agentes de la DEA por fuera de los canales regulares de cooperación judicial (como él mismo lo admitió en una entrevista radial), sino que se aportaron evidencias limitadas a la JEP para que tomara una decisión sobre esas bases precarias.
De esta manera la JEP quedó apresada en un dilema: si aceptaba la extradición de Santrich, deslegitimaba su trabajo o su credibilidad entre quienes se habían sometido o deberían someterse a ella; si negaba la extradición, como fue el caso, daba vuelo a quienes la señalan como un instrumento judicial de las FARC.
La JEP perdía de cualquier manera. Y con ella perdía el proceso de paz.
La renuncia en protesta por una decisión de la JEP fue el puntillazo de esta actitud negativa, acompañado además por un extraño llamado a la movilización social en contra de la JEP.
Le recomendamos: ¿Qué pasará con la JEP después de Santrich?
¿El fiscal de la corrupción?
El balance de Martínez también es negativo en otros ámbitos.
Una de sus banderas de campaña era la lucha contra la corrupción. Pero muy pronto su gestión se vio empañada por la captura de Gustavo Moreno, su fiscal anticorrupción, y por las acusaciones sobre sus nexos con el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos.
Néstor Humberto Martínez nunca dio explicaciones satisfactorias sobre la designación de Moreno como fiscal anticorrupción y sobre su relación con magistrados del cartel de la toga. También en este caso el gobierno y el sistema de justicia de Estados Unidos han intervenido en las investigaciones colombianas. Sólo que a diferencia del de Santrich, esta vez sí se trataba de un acto de corrupción realizado íntegramente dentro del territorio de Estados Unidos.
El balance hace evidente que se llegó el momento de despolitizar el nombramiento del Fiscal General.
En todo caso la labor de Martínez fue mínima en materia de lucha contra la corrupción. En vez de eso su administración dejó el mal sabor de un Fiscal General relacionado de una manera u otra con los peores escándalos de corrupción en Colombia.
No deja buena impresión que la renuncia de Martínez coincidiera con el comienzo, en esa misma semana, del trabajo de la Comisión de Acusaciones sobre el caso del magistrado Gustavo Malo Fernández, ni que una semana antes la Corte Suprema de Justicia fuera a decidir sobre sus impedimentos en el caso de Odebrecht.
Coca, drogas y delincuencia
En otras materias, como la lucha contra el crimen organizado y contra los carteles de la droga, la gestión de Martínez tampoco fue exitosa.
La inseguridad sigue siendo un problema grave en las principales ciudades del país, la delincuencia ha aumentado y la percepción de inseguridad ha crecido entre los colombianos.
Además, en vez de desarrollar una estrategia para enfrentar a los carteles de la droga, el exfiscal prefirió culpar a la política de erradicación de cultivos, que condujo al aumento en el número de hectáreas sembradas en Colombia. Es la misma posición del uribismo.
Foto: Facebook: Fiscalía General de la Nación |
Martínez atacó al Consejo Nacional de Estupefacientes por suspender las aspersiones aéreas debido a los riesgos que presentaban para la salud pública: así evitaba asumir su responsabilidad en la lucha contra el crimen organizado. Y lo mismo había hecho frente a la corrupción organizada que se revela en casos como el de Saludcoop o el de Odebrecht.
Lea en Razón Pública: Néstor Humberto Martínez: el fiscal del poder.
El problema de fondo
El balance anterior hace evidente que se llegó el momento de despolitizar el nombramiento del Fiscal General de la Nación. Hay que sacar al Fiscal del juego político en el que ha estado envuelto durante los últimos años, en particular desde el primer gobierno de Álvaro Uribe.
Para eso es preciso dejar su nombramiento en manos exclusivas de la Corte Suprema de Justicia, sin que haya intervención alguna del ejecutivo.
En realidad, el modelo colombiano es el resultado de la incapacidad de los gobernantes para apostarle a una Fiscalía pura es decir, a una institución pura y estrictamente judicial en vez de una Fiscalía de carácter gubernamental.
Cada uno de esos modelos tiene sus puntos a favor y en contra, pero la mezcla colombiana nos deja con una extraña combinación de todos sus defectos.
Es hora de recuperar el carácter técnico de la Fiscalía. De lo contrario, corremos el riesgo de que acabe siendo usada con criterios partidistas, para influir sobre las elecciones o para perseguir a ciertos partidos políticos en beneficio de otros.
Mientras tanto, después de la renuncia de Martínez, el gobierno Duque debe presentar una terna de candidatos para el cargo. Ojalá fueran penalistas de prestigio reconocido, no uribistas con una agenda política en contra de la oposición y del proceso de paz.
Lamentablemente, sabemos que no será así y que es muy posible que la Fiscalía General de la Nación continúe su camino hacia el desastre.
*PhD, Profesor Asociado de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Universidad Ramón Llull – Blanquerna faridsamirbv@blanquerna.url.edu.
