Un recuento balanceado de los hechos muestra bien las razones y los desaciertos que tienen hoy a España en medio de una crisis de grandes proporciones y cuya solución aún no se avizora.
Farid Samir Benavides*
Violencia en las urnas
El pasado 1 de octubre llegó por fin el momento que muchos esperaban: un referendo vinculante mediante el cual el pueblo catalán podía decidir sobre su destino, ejerciendo su derecho a la autodeterminación (soy consciente de las críticas al uso del derecho a la autodeterminación en el caso catalán, pero carezco de espacio para responder a ellas).
La semana anterior al referendo, contingentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil arrestaron a varias personas acusadas de tomar parte en la organización de las votaciones para evitar que se llevaran a cabo.
Frente a la posibilidad de que las urnas fueran decomisadas, muchas personas acudieron a los colegios electorales para protegerlas y garantizar que la jornada se desarrollara sin contratiempos. Nadie podía predecir que ese día estaría marcado por la violencia policial.
En muchos medios de comunicación y en las redes sociales se podía observar cómo los y las ciudadanas fueron objeto de abusos policiales. Human Rights Watch, luego de una investigación independiente, concluyó que hubo un uso excesivo de la fuerza durante el referéndum. La legalidad o ilegalidad de este acto electoral no justificaba de ninguna manera la violencia de la cual fue objeto.
Por un lado los partidos políticos de la oposición en España tales como Podemos de Madrid, además de diversos partidos de izquierda de Europa, condenaron la acción policial y la respuesta represiva del gobierno de Mariano Rajoy. No obstante, el Partido Socialista de Cataluña y el Partido Socialista Obrero Español tardaron mucho más tiempo en condenar dichos abusos.
Por otro lado, representantes del Partido del gobierno y de Ciudadanos celebraron la respuesta policial y felicitaron a sus miembros por la forma como habían procedido.
Intransigencia y prudencia
 Manifestaciones sobre el juicio 9N. Foto: Generalitat de Catalunya |
En la pasada edición de Razón Pública Egoitz Gago Antón analizó las raíces históricas del conflicto y la situación actual de Cataluña, donde queda claro que no se trata de los caprichos de unos nacionalistas sino de problemas derivados de una transición incompleta.
Lamentablemente, algunos medios de comunicación se han dedicado a difundir una visión distorsionada de la realidad, a la cual contribuyen en Colombia columnistas mal informados como Antonio Caballero en la pasada edición de la revista Semana. La violencia ha producido una mayor tensión entre aquellas personas que están a favor de la conservación del status quo, y aquellas que abogan por la independencia.
El gobierno de Mariano Rajoy se ha negado de manera persistente a iniciar un diálogo a pesar de los llamados de atención que le han hecho diferentes países; también se ha negado a la oferta de mediación del gobierno suizo. Para Rajoy el único diálogo posible debe darse dentro del marco de la constitución y la ley, un marco que precisamente está en la base del diferendo entre el Estado central y la Generalitat de Cataluña.
La violencia ha producido una mayor tensión entre aquellas personas que están a favor de la conservación del status quo, y aquellas que abogan por la independencia.
Como si fuera poco, Rajoy se ha valido del sistema penal, con la fiscalía a la cabeza, y del Tribunal Constitucional, para criminalizar a quienes apoyan la independencia y para judicializar un conflicto que es claramente político. Este uso del derecho penal y constitucional solo ha contribuido a un desprestigio mayor de la justicia española.
Por el lado catalán diversos sectores critican como imprudente el hecho de declarar la independencia de manera unilateral, teniendo en cuenta las amenazas de cargos por sedición y del escalamiento en el uso de la fuerza. La alcaldesa de Barcelona Ada Colau hizo un llamado al diálogo y afirmó que una declaración unilateral de independencia podría llevar a una situación mucho más tensa y problemática.
Independencia con efectos suspendidos
El lunes 9 de octubre estaba programada la presentación de los resultados electorales y la declaración formal de independencia. Sin embargo en un ejercicio preventivo, el Tribunal Constitucional de España suspendió la sesión aún no citada del Parlamento Catalán, de modo que la convocatoria fue trasladada para el martes 10 de octubre a las 6 de la tarde.
Cuando llegó el día, el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont hizo su aparición una hora más tarde. Todavía no sabemos qué ocurrió durante la hora anterior; lo que sabemos es que Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, hizo un llamado público a Puigdemont horas antes para que no tomara medidas que hicieran imposible el diálogo.
Llegado el momento, Carles Puigdemont hizo un recuento de la historia reciente del conflicto, destacando cómo el Tribunal Constitucional desvertebró el Estatut de Catalunya, que regulaba las relaciones entre el Estado Español y la Generalitat.
La base de la declaración y del referéndum está en la ley aprobada el pasado 6 de septiembre de 2017 con 72 votos a favor, 10 abstenciones y 52 diputados que no votaron pues se retiraron del recinto como protesta por las irregularidades en el procedimiento de aprobación de la ley. La ley fue demandada ante el Tribunal Constitucional, el cual la suspendió de manera inmediata.
Pese a lo anterior, y tratándose de un acto de desobediencia civil, el gobierno de la Generalitat continuó aplicando la ley. En la ley se reconoce el derecho soberano del pueblo de Catalunya y al Parlamento como representante de esa soberanía. La ley parte de la pregunta “¿Queréis que Cataluña sea un estado independiente en forma de República?”, estableciendo su carácter vinculante.
El artículo 4º numeral 4 establece que si en el recuento de los votos válidamente emitidos hay más afirmativos que negativos, el resultado implicaría la independencia de Cataluña. Para estos efectos el Parlamento se reunirá dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados y celebrará una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña e iniciar el proceso constituyente.
El pasado 10 de octubre, Puigdemont leyó el texto de la ley e hizo pública la victoria de los votos a favor de la independencia. Inmediatamente algunos miembros del Parlamento aplaudieron; lo mismo ocurrió en las calles. Sin embargo, siguiendo el modelo esloveno de independencia, pidió al Parlamento de Cataluña que suspendiera los efectos para abrir una puerta al diálogo con el Gobierno español.
Ambigüedad y suspenso
 Declaración de Mariano Rajoy sobre la situación en Cataluña. Foto: Flickr La Moncloa – Gobierno de España |
Terminados los discursos de las distintas fuerzas políticas, entre ellas las del Partido Demócrata de Cataluña, la presidenta del Parlamento Carme Forcadell declaró levantada la sesión. La solicitud de suspensión no fue votada, pero sí quedó constancia de la firma del Acta de Independencia por los partidos políticos que la impulsaron. Los resultados no fueron proclamados por la Sindicatura electoral, ya que sus miembros renunciaron días antes por temor a sanciones penales.
Donald Tusk, hizo un llamado público a Puigdemont horas antes para que no tomara medidas que hicieran imposible el diálogo.
Para muchos, incluido el propio Rajoy, no quedaba claro si se había declarado la independencia. Algunas personas han acusado a Puigdemont de ambigüedad. Miembros de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) -el partido de la izquierda antisistema- aceptaron el diálogo con el gobierno, pero le dieron un plazo de tan solo un mes para tomar decisiones definitivas.
La estrategia de Puigdemont es evitar los pasos apresurados y definitivos, pues sobre su cabeza pende la acusación de sedición, con una pena de hasta 15 años de prisión, y la posibilidad de que el Gobierno haga uso del estado de excepción o suspenda las funciones del gobierno de la Generalitat. Igualmente existe el temor de la intervención militar, con la cual la tensión y la separación entre Cataluña y España se haría más profunda.
Mientras tanto Mariano Rajoy reiteró su posición con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos. Podemos, el partido liderado por Pablo Iglesias, ha insistido en la necesidad del diálogo y de garantizar que el pueblo de Cataluña tenga la posibilidad de decidir sobre su destino.
La diputada de la CUP Anna Gabriel destacó en su discurso ante el Parlamento catalán, la compatibilidad entre la independencia y la coexistencia pacífica en Cataluña. Contrariamente a lo que afirman columnistas como Caballero, su discurso mostró que el proceso de independencia de Cataluña no es nacionalista sino pacífico, incluyente y fundamentado en el respeto del derecho a la diferencia y a la propia identidad.
Con el fin de activar el proceso de suspensión de la Generalitat, Rajoy preguntó a Puigdemont si había declarado la independencia. Lo anterior ha dado pie a distintas reacciones en las redes sociales, pues mientras uno se empeña en suspender aquello por lo cual ha trabajado todo el tiempo, el otro se empeña en que sea declarado aquello que ha luchado tanto por impedir.
*Ph.D. y profesor Asociado en la Facultad de Comunicaciones y Relaciones Internacionales, Universitat Ramón Llull – Blanquerna – faridsamirbv@blanquerna.url.edu
