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El magistrado Pretelt y el juicio ante el Congreso

Escrito por Farid Benavides

Plenaria del senado en el Capitolio Nacional.

Farid Samir BenavidesPor primera vez en más de medio siglo, la Cámara y el Senado parecen haber cumplido sus funciones judiciales. ¿Será que esto les alcanza a los políticos para salvar la tan desprestigiada Comisión de Acusaciones?

Farid Samir Benavides*

El mecanismo se estrena

El martes de esta semana la plenaria del Senado admitió la acusación contra el magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub por el presunto delito de concusión que se habría conformado al solicitar 500 millones de pesos a la firma Fidupetrol para el reparto de una acción de tutela que cursaba en la Corte Constitucional.

El magistrado Pretelt queda así suspendido de su cargo y sujeto tanto al juicio penal ante la Corte Suprema de Justicia como al juicio de responsabilidad política ante el propio Senado, pues según el artículo 175 de la Constitución, en este tipo de juicios:   

“1. El acusado queda de hecho suspenso de su empleo, siempre que una acusación sea públicamente admitida.

2. Si la acusación se refiere a delitos cometidos en ejercicio de funciones, o a indignidad por mala conducta (como sería el caso de Pretelt), el Senado no podrá imponer otra pena que la de destitución del empleo, o la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos; pero al reo se le seguirá juicio criminal ante la Corte Suprema de Justicia, si los hechos lo constituyen responsable de infracción que merezca otra pena (como tambien sería el caso de Pretelt)”. 

Esta es la primera vez que, bajo la Constitución de 1991, un funcionario con fuero es acusado ante el Senado y que este acepta la acusación. El presidente Samper había sido denunciado ante la Comisión de Acusaciones, pero esta instancia había ordenado el archivo de las diligencias, una decisión que fue motivo de muy intensa controversia en su momento.

El antecedente de Rojas Pinilla

El General Gustavo Rojas Pinilla.
El General Gustavo Rojas Pinilla.
Foto: Biblioteca Luis Ángel Arango

El único precedente de este tipo de proceso (previo a la Constitución de 1991) fue el del general Gustavo Rojas Pinilla, quien fuera juzgado por el Congreso después de su paso por la Presidencia. El proceso en su contra se produjo en tres etapas:

  • El 21 de mayo de 1957, una semana después de su caída, el gobierno creó la Comisión Nacional Asesora de Instrucción Criminal;
  • El 19 de agosto de 1958, la Cámara de Representantes acogió el informe de esa Comisión y dispuso crear una Comisión de Acusaciones que acusó formalmente a Rojas el 18 de diciembre de 1958;
  • Finalmente, se realizó el juicio por el Senado, que tras ocho semanas de debate culminó con la sentencia condenatoria el 2 de abril de 1959. Trece senadores no asistieron al recinto el día la votación, entre ellos dos de sus acusadores: Belisario Betancur y Carlos Lleras Restrepo.

Es interesante destacar que los delitos imputados al exdictador no consistieron en violaciones graves de los derechos humanos durante su gobierno, sino en conductas como el contrabando de ganado, el tráfico de influencias en los préstamos de la Caja Agraria, o la intervención de la Fuerza Pública para liberar a un “pájaro” o paramilitar de la época apodado El Cóndor (León María Lozano).

Para el investigador Alberto Valencia Gutiérrez el juicio contra Rojas Pinilla fue parte del intento de la sociedad colombiana para hacer frente al pasado de violencia que había asolado al país durante los años cincuenta. Este juicio y la Comisión Investigadora de las Causas Actuales de la Violencia, creada en 1958, fueron los únicos mecanismos formales para mirar el pasado en ese momento.

Los delitos imputados al exdictador no consistieron en violaciones de los derechos humanos.

La intención original de quienes denunciaron a Rojas Pinilla fue limitarse a sancionar al exdictador, y por eso se abstuvieron de pedir el juzgamiento de delitos en los cuales pudieran estar involucrados otros miembros de su gobierno, de las Fuerzas Armadas, o de los partidos políticos que acababan de asociarse para constituir el Frente Nacional. Pero las cosas se salieron de sus manos y el juicio pasó a ser un escenario donde se discutió “La Violencia” que había aquejado a Colombia desde 1946.

Como dice Valencia: “El general fue declarado indigno por mala conducta en el ejercicio del cargo de presidente de la República, y condenado a la pérdida perpetua de los derechos políticos y de su pensión de expresidente de la República, y de general en retiro. La Corte Suprema de Justicia lo exoneró de estos cargos, cinco años después”.

Las razones del juicio

El juicio de Pretelt representa también una manera de mirar hacia el pasado en un contexto nacional donde el acuerdo político fundamental vuelve a ser puesto en tela de juicio.

Aquí no pretendo recoger los argumentos absurdos de quienes afirman que el proceso contra Pretelt se negoció en La Habana, sino analizar el papel que el juicio contra un magistrado puede jugar en el debate actual sobre la administración de justicia en Colombia. Porque no hay que olvidar que la Corte es la joya de la corona de la Constitución de 1991 y donde han tenido asiento algunos de los juristas más reputados de Colombia, ni que esta es la primera vez que un magistrado de la misma es acusado por la plenaria del Senado. La acusación contra Pretelt pone además en evidencia los problemas que se han venido dando en la selección de los magistrados y los riesgos que se corren con la excesiva politización de las altas Cortes.

Verdad que la Constitución de 1991 fue el resultado de lo que Donna Lee Van Cott denominó una “amigable liquidación del pasado”, o una suerte de revolución legal. Pero, pese a la necesidad de reformar a fondo la administración de justicia, la Comisión de Acusaciones no fue modificada por la Asamblea Constituyente del 91 y siguió a cargo del control previo al juicio ante el Senado o ante la Corte Suprema de Justicia.

Lo que aquí se ha dado es una decisión estratégica y no un acto de justicia.

Es muy diciente que después de 25 años la Comisión haya decidido acusar a un magistrado y que -pese a los intentos de archivar el caso por parte de la subcomisión creada para tal propósito- la plenaria del Senado haya decidido aceptar la acusación. Más que un juicio sobre la persona de Pretelt o sobre su responsabilidad política o penal, lo que vemos en este caso es un acto de defensa de los juicios políticos en el Congreso de la República.

Los miembros de la Comisión de Acusaciones y los del Senado saben que la institución del juicio político está muy desprestigiada y que en efecto viene a ser una garantía de impunidad para los altos funcionarios; y si hubieran archivado el caso Pretelt habrían vuelto a confirmar esa creencia y la reforma del sistema se habría vuelto inevitable.  

Por eso, las actuaciones recientes de la Comisión de Acusaciones y del Senado invitan a pensar que lo que aquí se ha dado es una decisión estratégica y no un acto de justicia. 

El juicio de Pretelt no consistió realmente en discutir la responsabilidad individual del procesado, sino en tratar de salvar una institución que merece ser eliminada. Como en el caso de Rojas Pinilla, pero sin ser un mecanismo para enfrentar el pasado, el juicio contra Pretelt fue tres cosas a la vez:

  1. Un examen sobre la responsabilidad individual;
  2. Un debate sobre la necesidad de reformar la administración de justicia en general;
  3. Una prueba de la necesidad de tener o no una Comisión de Acusaciones y un mecanismo de juicios políticos ante el Congreso de la República.

Futuro sin fueros

Plenaria del senado en el Capitolio Nacional.
Plenaria del senado en el Capitolio Nacional.
Foto: Congreso de la República

Como escribí hace algún tiempo en esta misma revista, no solo la Comisión de Acusaciones sino todas las formas de aforamiento deben ser eliminadas en Colombia. En países como España se está abriendo un gran debate sobre este mismo tema, pues allí hay hoy en día casi 17.000 personas aforadas.

Desconozco el número de personas aforadas en Colombia, incluyendo funcionarios y miembros de la Fuerza Pública. Pero en cualquier caso se trata de privilegios inmerecidos que solo consiguen ahondar la desigualdad y crear más razones para que los ciudadanos desconfíen de la administración de justicia.

Cuando muchos colombianos están eufóricos por la firma de los acuerdos con las FARC, conviene detenerse a pensar qué tipo de país queremos para el futuro: ¿uno donde la justicia se divida entre justicia absolutoria de primera clase para los altos funcionarios y justicia ordinaria para los de ruana? ¿O uno donde todas y todos seamos vistos como ciudadanos iguales, sin diferencia alguna, con el mismo derecho a acceder a la justicia y a obtener de ella una decisión legal, rápida y eficiente?

 

* Profesor asociado de la facultad de Derecho de la Universidad de los Andes fs.benavides@uniandes.edu.co

 

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