La Paz Total y las órdenes de captura

La reactivación de 16 órdenes de captura no implica un golpe a la paz total. La Fiscalía corrigió una decisión que excedía sus competencias y recordó que negociar no significa suspender las condenas.

¿Qué decidió la Fiscalía?

El 31 de marzo, la Fiscalía general suspendió las órdenes de captura contra 23 integrantes de bandas criminales que negocian su sometimiento a la justicia con el Gobierno Nacional. La suspensión tendría una vigencia de seis meses.

Sin embargo, como explicó la fiscal general, la decisión no implicaba la libertad de quienes ya estaban privados de la libertad por condenas, medidas de aseguramiento u otros requerimientos judiciales. Eso no depende de la Fiscalía.

El 6 de abril, mediante la Resolución 0-0079, la Fiscalía corrigió la decisión inicial y reactivó las órdenes de captura contra 16 de esas 23 personas. La razón fue simple: esas 16 personas ya estaban privadas de la libertad en cumplimiento de condenas impuestas por jueces.

Según la fiscal, la suspensión de las órdenes de captura no es un beneficio para delincuentes. Es un mecanismo para facilitar las negociaciones de paz o de sometimiento, pues impide que una captura frustre la participación de quienes actúan como voceros.

¿Un golpe a la paz?

Muchos sectores interpretaron la medida como un intento de frenar la paz total y como un nuevo episodio de tensión entre el Gobierno Nacional y la Fiscalía.

En opinión del Gobierno nacional, suspender esas órdenes de captura es necesario para crear las condiciones jurídicas que hagan posible la paz total. Para sus opositores, se trata de una medida ilegal para favorecer a criminales peligrosos.

Pero esta discusión suele partir de una falsa alternativa. No es necesario escoger entre paz o legalidad. La decisión de la Fiscalía puede leerse, simplemente, como una aplicación estricta de la ley.

Antes de decidir si la medida es conveniente, conviene preguntarse si es legal. Es decir, si la resolución de la Fiscalía responde a las competencias que le da la ley o si expresa un desacuerdo con la política de paz del gobierno.

Lo que dice la ley

La Ley de Paz Total (2272 de 2022) fue expedida para dar base legal a la política de paz del presidente Gustavo Petro. Sus mecanismos no son nuevos. Retoman fórmulas utilizadas en otros procesos de paz y de sometimiento.

La ley permite abrir diálogos tanto con grupos armados ilegales de carácter político como con organizaciones criminales de alto impacto que deseen someterse a la justicia. Es decir, contempla negociaciones con guerrillas y con bandas criminales.

Colombia siempre ha oscilado entre los diálogos de paz y el sometimiento a la justicia. La razón es evidente: la confrontación armada apenas produce más muertos y no conduce a la paz.

La historia de las negociaciones de paz es tan antigua como la República. Del mismo modo, los mecanismos de beneficios penales para organizaciones criminales existen desde hace cerca de treinta años.

La Ley 2272 autoriza suspender las órdenes de captura de los voceros de las organizaciones con las que se negocia. El artículo 5 permite hacerlo para impedir que la persecución penal haga fracasar los diálogos.

El parágrafo 2 dispone que se suspendan las órdenes de captura dictadas después del comienzo de las negociaciones. El parágrafo 3 permite suspender su ejecución cuando ello sea necesario para adelantar actividades relacionadas con el proceso.

El límite de las competencias

Aquí está el punto decisivo. La ley permite suspender órdenes de captura, pero no permite suspender condenas.

Por eso es indispensable distinguir dos situaciones. La primera: una persona está en libertad, pero tiene una orden de captura pendiente. La segunda: la persona ya fue capturada y está cumpliendo una condena o una medida privativa de la libertad.

Sólo en el primer caso la Fiscalía puede suspender la orden de captura. En el segundo, la persona ya se encuentra bajo la competencia de un juez.

La Fiscalía no puede dejar sin efecto una condena ni ordenar la libertad de alguien que ya está privado de la libertad. Esa competencia corresponde al juez que impuso la condena o al juez de ejecución de penas.

Por eso la Resolución 0-0079 no representa un intento de sabotear la paz total. La Fiscalía simplemente reconoció que carecía de competencia para suspender las órdenes de captura de personas que ya estaban en prisión.

Eso no impide que esas personas participen en las negociaciones. Los voceros pueden intervenir desde los centros de reclusión. El INPEC puede facilitar comunicaciones o flexibilizar ciertas reglas para que participen en los diálogos. Y, si eso no basta, las organizaciones pueden nombrar otros voceros.

Una política de Estado

No hay razones para leer en esta decisión una intención contraria a la paz. Lo ocurrido muestra, más bien, la necesidad de una mejor coordinación entre la Fiscalía, la Rama Judicial y el Gobierno Nacional.

La paz total no puede depender de interpretaciones improvisadas ni de choques públicos entre instituciones. La propia Ley 2272 define esta política como una política de Estado. Eso significa que todas las entidades deben actuar de manera coordinada.

Quizás una de las principales lecciones del proceso de paz del gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC fue precisamente esa: los procesos de paz funcionan mejor cuando las instituciones hablan con una sola voz y evitan convertir cada diferencia jurídica en un espectáculo público.

Le recomendamos: La Corte Constitucional pone límites a las reglas internas de la JEP respecto de los comparecientes