Minería criminal: configurando un enemigo interno con argumentos parciales - Razón Pública
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Minería criminal: configurando un enemigo interno con argumentos parciales

Escrito por Álvaro Pardo
Afectación de ecosistema por minería ilegal de oro.

Afectación de ecosistema por minería ilegal de oro.

Alvaro PardoEl gobierno insiste en su “guerra” represiva contra esta “industria” de gran daño ambiental, pero aquí se revuelve lo criminal con lo apenas informal, se castiga al débil y se deja sin sanción al gran “inversionista. Habría que ir al fondo de la política minera.   

Álvaro Pardo*

Mucho tilín, tilín

Por lo menos en doce oportunidades desde el comienzo de su primer gobierno, el presidente Santos ha anunciado la guerra a muerte contra la llamada minería criminal.

A pocos meses de su posesión, en febrero de 2011, el presidente declaró en Neiva que su política era “ir con todo lo que tenemos en contra de la minería ilegal”; en enero y noviembre del 2012 nuevamente anunció la guerra a muerte contra esa industria ilegal; durante 2013 lo hizo en tres oportunidades, lo mismo que durante 2014.

Sus ministros de Defensa, Minas y Ambiente no se han quedado atrás. Y no menos larga ha sido la lista de medidas administrativas para atacar a este nuevo “enemigo interno”.

Las causas verdaderas

Pero la reiteración de medidas represivas contrasta con el avance de este monstruo de mil cabezas que difícilmente se controla con instrumentos meramente represivos.  

No se niega la gravedad de la explotación de minerales por parte de grupos armados al margen de la ley, con sus secuelas económicas, sociales y ambientales, sus tentáculos que se explayan en el mundo “legal”, sus conexiones internacionales, y los voluminosos recursos que genera para enfrentar al Estado y para financiar otras actividades ilegales.

El gran detonador y facilitador de esa minería que crece de manera informal, ilegal y criminal a lo largo y ancho del país es la falta de Estado y gobernanza en las regiones. 

Pero el problema es demasiado complejo como para enfrentarlo a base de caracterizaciones simplistas o mediante la sola fuerza represiva del Estado. Además de las organizaciones armadas al margen de la ley, aquí intervienen  “inversionistas” nacionales e internacionales, con sus propios mecanismos de inserción territorial, complacencia de la política local e incluso de blindaje social que obtienen por la vía de las armas o simplemente por la falta de alternativas de subsistencia para las comunidades.

Esta misma política represiva se ha utilizado durante décadas en contra del narcotráfico, y sin obstar el enorme esfuerzo fiscal, la movilización de un gran aparato militar, el apoyo internacional y el gran saldo de víctimas, Colombia sigue produciendo y exportando  sustancias ilícitas. No en vano el propio presidente Santos, de manera también repetida, ha admitido el fracaso de esta política y ha invitado a la comunidad internacional a buscar alternativas más sensatas.

El análisis de la minería criminal debe comenzar por la ausencia del Estado de la mayor parte del territorio nacional y su fracaso en controlar los recursos naturales no renovables,  así como de la continua improvisación de la autoridad minera en sus programas de legalización y su escasa atención a los problemas del sector -excepto aquellos tocantes a las necesidades de la gran minería-.

El excesivo centralismo de la política minera deja sin espacio a las autoridades territoriales, quienes se abstienen de actuar alegando que se trata de un asunto del gobierno nacional. Pero el gran detonador y facilitador de esa minería que crece de manera informal, ilegal y criminal a lo largo y ancho del país es la falta de Estado y gobernanza en las regiones.

Para subsanar este hecho, el gobierno decidió que el tema no era competencia de la autoridad minera sino que requería la fuerza coactiva del Estado para atacar un flagelo que no porta un aviso de “minería criminal”, sino que se disfraza a través de simbiosis, mutaciones y coexistencia con otras varias formas de extracción minera, desde la simple subsistencia del barequero hasta el lucro de la minería criminal de gran escala.

Nada nuevo

El Presidente Santos anuncia nueva ley anti minería ilegal en Puerto Asís, Putumayo.

El Presidente Santos anuncia nueva ley anti minería ilegal en Puerto Asís, Putumayo.
Foto: Presidencia de la República

A comienzo de agosto, el presidente Santos anunció un nuevo proyecto de ley que amplía las facultades de la policía para suspender actividades de minería ilegal y para decomisar el oro extraído ilegalmente. En el discurso presidencial se utilizan indiscriminadamente los conceptos minería “ilegal” y “criminal”, sin que haya consenso o acuerdo sobre su significado e implicaciones legales.

También habló el presidente de vincular esta actividad con el lavado de activos y el concierto para delinquir, y de crear una nueva dirección dentro de la Policía Nacional y una nueva brigada para luchar contra la “minería criminal”. Y sin embargo

  • La competencia de la policía para suspender la minería sin los requisitos de ley data de varios años.
  • los mineros capturados en flagrancia vienen siendo acusados de concierto para delinquir desde hace varios años también;
  • asociar esta actividad con el lavado de activos tampoco es una idea novedosa, y
  • el decomiso del oro proveniente de la explotación ilícita de minas está autorizado por el artículo 161 de la Ley 685 de 2001.

Poderes en las sombras

Igual que los “lava-perros” del narcotráfico, los maquinistas de las dragas y retroexcavadoras son apenas el eslabón más débil de la minería criminal. E, igual que ellos, es muy común que acaben tras las rejas mientras los dueños del “negocio” están tan lejos que las autoridades no pueden alcanzarlos por “falta de presupuesto”.

Lo que hoy ocurre en el municipio de Rio Quito, Chocó, es un ejemplo ilustrativo de este aspecto de la minería criminal. Río Quito está a unos 40 minutos de Quibdó, de su base naval y del ostentoso cuartel policial.

La guerra contra la minería criminal no concluye con la destrucción de las dragas y retroexcavadoras

Por el desbaratado y contaminado río Quito hacen de las suyas unas 12 dragas y 25 retroexcavadoras, algunas operadas por nativos y otras por brasileños que “no hablan” español. Testimonios de lugareños y autoridades locales coinciden en que los dueños de estos equipos viven fuera de Chocó, en cómodas oficinas en Medellín, Montería, Cali o Bogotá.

Por el inmenso río Atrato y el río Quito circulan a la luz del día las retroexcavadoras llevadas en planchones y decenas de embarcaciones cargadas con combustibles, y desde hace varios años la comunidad espera que un operativo militar erradique estas máquinas de muerte. A plena vista de las autoridades circulan también el mercurio y los repuestos de la maquinaria para la minería criminal, el oro se pierde entre los vericuetos de una geografía depredada, y todo se paga en efectivo, pero nadie ve nada. ¿Qué intereses poderosos se esconden tras la decisión de no adelantar operativos contra la minería criminal en esa zona?

En otras regiones se huele la presencia de grupos armados ilegales, pero los testimonios en campo señalan la existencia de otros actores grises, criminales en la base minera, pero legitimados en las ciudades con su RUT y sus registros de exportación.

Tras las acciones del gobierno contra la firma Goldex en 2014, el senador Iván Cepeda le pidió a la Fiscalía investigar varias compañías extractivas y comercializadoras de oro por presunto acopio y exportación del metal de dudosa procedencia y por lavado de dólares. Algunas de estas compañías despachan desde zonas francas y podrían ser las responsables de que Colombia exporte más oro del que produce, una práctica corrupta que implica evadir el pago de regalías y exportar legalmente sin el cumplimiento de requisitos legales. La DIAN tiene mucho que explicar en esta materia.

Una investigación periodística de Ojo Público siguió la pista del oro sucio y encontró empresas de Estados Unidos, Suiza, Italia y Emiratos Árabes conectadas en una red que llamaban Bullion Market Association (LBMA), que trabajan en llave con “empresas” de Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. El trabajo señala a estas empresas como las principales inversionistas y comercializadoras de oro extraído ilegalmente, vinculadas también con   “el lavado de activos, el crimen organizado y el contrabando transfronterizo del metal”.

Bajo estas circunstancias,  declarar la minería criminal como un “objetivo de alto valor”, pensando que es exclusiva de los grupos armados ilegales, es un simplismo digno de los últimos gobiernos y de su inteligencia uniformada. La guerra contra la minería criminal no concluye con la destrucción de las dragas y retroexcavadoras, sino que debe comenzarse justamente en este punto con la investigación de quienes sean los verdaderos inversionistas nacionales e internacionales de esta industria criminal.

A este simplismo aportan las grandes mineras que operan en Colombia y que alientan al gobierno para que al perseguir la minería criminal contribuya a mejorar su propia  imagen. Así lo dice  en forma explícita el Informe Financiero de Mineros S.A 2014.: “la explotación ilegal de minerales sigue… afectando la imagen de las empresas que demuestran que es posible hacer minería responsable y sostenible”.

Los otros damnificados de la guerra

Alcaldía del municipio de Río Quito en Chocó.
Alcaldía del municipio de Río Quito en Chocó.
Foto:  Alcaldía de Río Quito – Chocó

Decenas de pequeños y medianos mineros llevan años esperando a que la autoridad resuelva sus solicitudes de legalización, a que la justicia reconozca su actividad tradicional en territorios ancestrales y a que el Estado les ofrezca oportunidades de trabajo cuando deban sustituir sus fuentes de ingreso o al ser desplazados por la gran minería.

Muchos de ellos participaron en las mesas mineras, creadas por el gobierno para neutralizar un paro en el 2014. Pero cuando ganaron un espacio, el ministerio de Minas y Energía las suprimió y en su lugar lanzó las Juntas Directivas para la Legalización, una instancia sin mineros y con alcaldes o gobernadores que no están interesados o no saben del tema.

Estos hechos, sumados a la improvisación de la autoridad minera, que se comprueba por ejemplo en las correcciones sucesivas del Registro Único de Comercialización Minera (RUCOM), impiden avanzar en la formalización del sector minero; pero los pequeños y medianos mineros informales, al no reunir las exigencias legales, son tratados como ilegales, cómplices y auxiliadores de la minería criminal.

Por supuesto hay quienes se mantienen en la ilegalidad para explotar minerales, pero también hay muchos otros que se refugian en la minería por falta de alternativas para el sustento de sus familias. De aquí que una política de legalización minera implique aplicar  soluciones integrales, no solo a cargo del ministerio de Defensa, sino de los del Interior, Trabajo, Ambiente y Agricultura.

Ojalá pronto se encuentre una solución a este conflicto de gran trasfondo ambiental y social, para que los pequeños y medianos mineros puedan trabajar en paz, aún bajo el postconflicto.

 

* Director del centro de estudios mineros Colombia Punto Medio.

 

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