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Minería, rentas y desconfianza

Escrito por Álvaro Pardo
Alvaro-Pardo

Alvaro-PardoUna incursión al Far West de la minería colombiana revela un modelo insostenible, falta de transparencia, diálogo de sordos y mucha plata…

Álvaro Pardo *

El modelo colombiano

A la minería en Colombia siempre se le ha asignado el papel de sector generador de rentas y el Estado ha implementado un modelo de desarrollo sectorial coherente con esta visión: generó la política pública vigente con sus normas, cierta organización institucional, la promoción internacional y formas particulares de interacción con el medio ambiente, con las minorías étnicas y con el entorno social.

En otras palabras, la capacidad de la minería para generar ingresos ha sido el criterio fundamental del modelo de desarrollo sectorial y sobre él se han erigido todos los demás componentes de esta importante actividad, potenciada ahora por precios al alza de los minerales en el mercado internacional. 

Para blindar el modelo y garantizar ingresos para la Nación, los departamentos y los municipios, y un retorno atractivo del capital para las empresas, la minería se presenta ante en el país como un motor de crecimiento económico, jalonador de encadenamientos, artífice del desarrollo social, generador de ingresos y de empleo, compatible con la biodiversidad, benefactor de las minorías y promotor de iniciativas locales e ingresos para las familias del entorno.

En algunos países mineros, como Chile, Canadá y Australia, el sector ha demostrado su capacidad para cumplir con estas promesas públicas. Pero en Colombia, que no se puede considerar un país minero, se mantiene un saldo en rojo por cuenta de ese modelo que excluyó la posibilidad de planear la extracción sostenible de los recursos naturales no renovables, de sembrar parte de sus rentas para garantizar el bienestar de ésta y de las futuras generaciones, de generar valor a partir de productos básicos transformados y de compensar la reducción del patrimonio natural de los colombianos.

La crisis del modelo

El discurso institucional entró en crisis en los últimos años y hoy estamos frente a la parálisis de importantes proyectos mineros por razones ambientales, sociales o de consultas previas, por el cuestionamiento generalizado de la sociedad civil, el rechazo de los actores vinculados directamente con la industria extractiva y sobre todo, por una gran desconfianza y la imposibilidad de iniciar un diálogo participativo e incluyente.

A la crisis del modelo contribuyó también el desempeño del sector privado. Salvo contadas excepciones, las compañías mineras no cumplen a cabalidad con las normas ambientales y de seguridad industrial, y son también contados los casos en que una compañía minera puede afirmar que ha contribuido significativamente a cambiar el curso de pobreza y miseria de su entorno con sus programas de gestión social o de responsabilidad empresarial. 

Habría que agregar que el modelo de desarrollo minero ha procurado maximizar las ganancias de las compañías mineras para compensar el riesgo de operar en Colombia, pero buena parte de las rentas obtenida por el país mediante regalías, tributos y otras participaciones no se ha invertido de la mejor forma, por corrupción y falta de gobernabilidad y de planeación. 

Diseño excluyente de la política minera

La formulación de la política minera ha sido excluyente. Pese a foros y reuniones de socialización, la sociedad no ha participado como debiera en los debates, y  las leyes  se inspiran más en intereses globales como las necesidades del mercado internacional y las estrategias de las grandes compañías mineras, que en la opinión soberana de los dueños de los recursos naturales no renovables (RNNR): la Nación y por tanto todos los colombianos.

El costo de la exclusión es la inexistencia de una verdadera cultura minera, la falta de apropiación y sentido de pertenencia de nuestros RNNR, la evidencia de una abrumadora desconfianza y la dificultad para que la sociedad civil establezca mecanismos para articular un diálogo bien estructurado sobre el sector. 

La discusión sobre el tema minero está reducida a un grupo exclusivo de actores: expertos, empresas mineras, algunos columnistas y las autoridades respectivas dentro del Estado. Muy pocos congresistas conocen el tema y los que participan en los debates es porque tienen intereses específicos, como en el caso de la legalización de mineros ilegales por su potencial de votos. ¿Y dónde están las universidades?, por ejemplo.

Fuera de ese círculo, sólo quedan las opiniones expresadas por organizaciones sociales, algunas veces con argumentos bien fundamentados y otras distorsionados. En este maremágnum de información-desinformación, ¿Cómo pueden los colombianos hacerse a una idea aproximada de los impactos de la minería?

Las manifestaciones de hostilidad en los últimos años contra la minería en Colombia es la mejor evidencia de la inconformidad de una parte de la sociedad con respecto a ese modelo de desarrollo minero, que prioriza la extracción de rentas y la exportación de bienes primarios, sobre la posibilidad de maximizar los ingresos estatales (o Government Take).

Diálogo de sordos

Son más los ejemplos de comportamiento desastroso y contados los casos de gestión positiva en lo social y ambiental, como para romper el círculo de desconfianza generada en años de minería en Colombia. La historia no respalda a la minería ni a las compañías mineras.

Los dos casos más mediatizados actualmente son el páramo de Santurbán, proyecto de Greystar en Santander, y La Colosa, proyecto de AngloGoldAshanti (AGA) en el Tolima. En ellos, se han revelado la falta de diálogo, el radicalismo a ultranza, el imperio de los gritos sobre la razón, el uso de argumentos extremos y la división interna del gobierno que, por un lado, necesita echar a andar estos proyectos para incrementar los ingresos de la Nación y generar desarrollo y bienestar, y por otro, que se opone al desarrollo de estos proyectos por razones de sostenibilidad ambiental y, específicamente, por la defensa del agua.

Las comunidades también están divididas. Los habitantes más próximos al proyecto de Greystar dicen SI a la minería y los usuarios del agua, Bucaramanga y otros municipios, dicen NO. Se esgrimen argumentos, unas veces bien fundamentados y otros más parecidos a consignas políticas. ¿A quién creerle?

No hay un diálogo técnico entre las autoridades ambientales y las empresas mineras, ni existen estudios de terceros que les permita a los colombianos tomar partido con conocimiento de causa, con base en argumentos científicos. El diálogo queda muchas veces reducido a consignas, fotos y videos impactantes, movilizaciones y discursos de personas que legítimamente defienden el medio ambiente y las voces de uno que otro personaje que a duras penas disimula sus pretensiones políticas.

Una práctica recurrente ante los requerimientos de las autoridades ambientales es la intervención de los abogados de las compañías mineras, quienes salen a rebatir las solicitudes con argumentos legales o a exponer opiniones grises para hacerle el quite a costos “innecesarios”, mientras los técnicos de las empresas, la contraparte natural de la autoridad, apenas murmuran en este diálogo de sordos. Así salen perdiendo el medio ambiente, la minería y sus buenas prácticas, y la sociedad en general.

Un sector poco transparente

¿Cómo adelantar un diálogo claro y transparente sobre la minería cuando no hay suficiente información? En el sector minero, las cifras escasean o se manipulan al antojo del interesado. Veamos:

  • El Gobierno Nacional destaca reiteradamente el monto de la inversión extranjera directa (IED) en minería, pero nunca muestra la otra cara de la moneda: ¿Cuánto sale del país por concepto de remesa de utilidades de las multinacionales mineras? Y no es malo que envíen sus utilidades a las casas matrices, de eso se trata el negocio. Pero estas estadísticas revelan que no se está cubriendo el costo de reducción del capital natural de los colombianos.
  • Las cifras de empleo del DANE no desagregan entre petróleo y minería.  Se habla de entre 250.000 y 300.000 trabajadores mineros, cifra importante, pero obviamente no tan significativa en comparación con otros sectores de la economía. Es claro que la gran minería es intensiva en capital y que los pequeños mineros informales, los medianos, los artesanales y los ilegales son quienes generan más empleo en este sector.
  • ¿Cuánto pagan de impuestos? ¿Por IVA? ¿Cuánto pagan por regalías? ¿A cuánto se elevan sus impuestos de industria y comercio? Pero si vamos más allá, ¿a cuánto asciende el Government Take, la participación estatal total en comparación con otros países? Las cifras en circulación suscitan cierta desconfianza al provenir de fuentes interesadas.
  • El Formato Básico Minero (FBM), creado en el 2002, no parece haber sido un instrumento eficaz para capturar información sobre el sector y su comportamiento sigue siendo como un hueco negro para la institucionalidad minera.
  • Sabemos que los precios suben por los reportes internacionales, sabemos del incremento de la IED porque una entidad seria, como el Banco de la República, se esmera en tener buenas cifras, sabemos de las exportaciones por los manifiestos de aduana que son requisito obligatorio para vender y del recaudo de impuestos por la DIAN. ¿Pero sabe la autoridad minera si las cifras de impuestos y regalías corresponden realmente a los ingresos de las empresas y a los niveles de producción?
  • ¿Sabe la institucionalidad a cuánto ascienden las regalías que son recaudadas por los municipios (materiales de construcción)?; ¿saben si las alcaldías giran el porcentaje correspondiente al Fondo Nacional de Regalías?; ¿saben cuántos mineros tradicionales existen en el país si es obligatorio que las alcaldías lleven registro municipal? ¿Tienen cifras de producción de los minerales que no hacen parte de la canasta de los más importantes, como columbita, tantalita (que forman el hoy famoso y apetecido coltán), cerio, itrio y neodimio, para solo mencionar algunos de los más abundantes?

Tengo mis dudas, no obstante, a principios de siglo empezó a funcionar el Sistema de Información Minera de Colombia (SIMCO). Pero sin cifras, el Estado no puede ejercer el control de este sector, cada día más importante para la economía nacional, y menos planear el manejo de los recursos naturales no renovables. 

El nuevo Far West

Según Ingeominas, existen 5.782 títulos mineros de la Ley 685 de 2001, de las cuales tres mil pertenecen a minas activas y el resto se encuentra en fase de exploración o de construcción y montaje. Si se suman los contratos correspondientes a regímenes anteriores, la suma asciende a más de 8.600 entre autorizaciones temporales, contratos del decreto 2655, de aportes, registros mineros de cantera, etc. 

Se estima que Ingeominas tiene más de 16.000 solicitudes de títulos mineros y de legalización. El boom de títulos y solicitudes es la mejor expresión de la “venta de garaje”, en que se convirtió el sector minero del país.

Salvo los grandes proyectos de carbón en los departamentos de La Guajira y César, lo demás es minería a pequeña y mediana escala extendida a lo largo y ancho del país, y la ancestral minería artesanal, reconocida por el actual código de minas.

Los inversionistas ven en nuestro país la “última frontera” por descubrir con amplias zonas inexploradas ahora bajo el control del Estado, reglas de juego claras y estables, regalías bajas, incentivos tributarios, un país políticamente estable y una autoridad débil con baja capacidad de fiscalizar.

Nuestro país se vende en eventos internacionales como el gran paraíso de la minería, con un Estado facilista, regulador y no empresario, donde lo único que hace falta es inversión. “Venga, produzca, exporte, gane y deje algunos ingresos para el país”, parece la consigna de la promoción minera, una muestra de la ligereza y desidia con que se manejan nuestros recursos naturales.

La política de promoción minera es exitosa, pero no le cuentan a los empresarios que tenemos indígenas en el 34% del territorio y que se debe adelantar una consulta previa con ellos; que está prohibido hacer minería en zonas de páramo o en reservas forestales y que la sociedad civil se moviliza cada vez más hacia frenar la minería no sostenible. Cualquiera es bienvenido.

Ante el auge de precios y la demanda desbordada de minerales por parte de países asiáticos, las grandes empresas trabajan en la ampliación de sus operaciones y otras nuevas llegan para aprovechar la bonanza. La pequeña y mediana minería también busca su tajada del ponqué, priorizando la mayor extracción de minerales frente a los requerimientos ambientales y la seguridad industrial.

La ilegalidad paga

La ausencia del Estado en algunas regiones del territorio nacional o su presencia apenas formal en otras, ha llevado a que buena parte de la minería en el país se desarrolle en condiciones de ilegalidad, con todo lo que ello implica: esterilización de reservas por prácticas erróneas, impactos ambientales que a la larga se convierten en pasivos huérfanos, desconocimiento o ignorancia de las normas sobre higiene y seguridad industrial, contratación de trabajadores sin prestaciones ni seguridad social, trabajo infantil.

En los últimos años, poderosas organizaciones ilegales se han dedicado a la extracción de minerales. Casos tan sonados como el río Dagua, municipio de Zaragoza (Valle), Ataco (Tolima), Segovia (Antioquia), Ayapel (Córdoba) y el Bajo Cauca, mutaron a la minería atraídos por los altos precios de los minerales en el mercado internacional.

Los grupos guerrilleros llevan años, quizá décadas, cobrando “regalías” a los mineros ilegales, mientras las organizaciones de paramilitares (ahora llamadas bacrim), cuentan con retroexcavadoras, una estructura capaz de organizar un territorio minero, de imponer su ley (extraoficialmente 76 muertos en Zaragoza en 17 meses) y lograr que los mineros vendan sus productos a quienes ellos determinen. Los alcaldes son los encargados por la Ley 685 de 2001 de cerrar la minería ilegal.

La extracción ilícita de minerales por parte de estas organizaciones al margen de la ley es un problema de seguridad nacional, pues de ella obtienen recursos para financiar sus actividades. Es urgente una estrategia integral del Estado pues muchas de las retroexcavadadoras, desarmadas, llegaron en helicóptero a zonas insospechadas de nuestras intrincadas montañas, donde la autoridad arribará cuando el daño ambiental sea irreversible.

(Este texto corresponde a una primera parte.  Continuará…)

*Director de Colombia Punto Medio

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