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El Plan Nacional de Desarrollo profundiza el modelo extractivista

Escrito por Álvaro Pardo
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Alvaro PardoEl nuevo PND no logra enderezar la economía, no ataca los problemas estructurales, ni acelera la transición a las energías limpias. Esto le augura al país más años de extracción minera y de beneficios para las grandes empresas.

Álvaro Pardo*

¿Plan Nacional Minero?

La pérdida de la autosuficiencia petrolera y de la confiabilidad energética son dos grandes riesgos de mediano plazo que se ciernen sobre la economía colombiana.

Sin embargo preocupa mucho más que la solución propuesta por el gobierno de Iván Duque en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 sea impulsar la locomotora con fracking y carbón térmico.

El nuevo PND (Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad) contiene 31 artículos relacionados con minas, petróleo y energía eléctrica, que en el fondo son normas que atienden el día a día del sector y no aspectos claves de la política minero-energética. Este Plan profundiza el modelo extractivista de los últimos años y avanza en contravía de los acuerdos internacionales suscritos por el país sobre cambio climático.

En él se observa un enorme divorcio entre las bases y los artículos. Las bases fueron construidas por el Departamento de Planeación Nacional en los talleres llevados a cabo en todo el país. Allí se incluyen diagnósticos cercanos a la realidad. Por eso, lo menos que se esperaba es que las bases se reflejaran en los artículos. Pero no es así. Seguramente el Ministerio de Hacienda le metió mano al articulado y las bases quedaron convertidas en un compendio de buenas intenciones.

La mayoría de los 31 artículos mencionados corresponden al sector de minas:

  • Licencia ambiental para formalización minera,
  • Prórroga de contratos de concesión del Decreto 2655 de 1988,
  • Servidumbre minera,
  • Liberación y unificación de áreas,
  • Minería de subsistencia y RUT para los barequeros
  • Monto de regalías para los Reconocimientos de Propiedad Privada (quizás el artículo más controvertido del PND).

¿Cuál es la importancia de incluir estos asuntos en el PND? ¿No es más fácil y eficiente para el sector presentar un proyecto de ley sobre estos temas y no convertir el PND en una colcha de retazos?

Ninguno de esos artículos modifica la política minera ni refleja la visión de un país en el que la autonomía territorial, la defensa del ambiente sano y los derechos de los ciudadanos son aspectos claves en la agenda nacional. El Plan tampoco traza un camino de desarrollo sostenible, ni apunta a resolver problemas estructurales, como la inequidad, el centralismo, la violencia, la falta de oportunidades, la ilegalidad o la informalidad.

La estrategia del fracking

perforaciones

Paso a la implementación del Fracking.
Foto: Sistema de información regional.

Ecopetrol informó recientemente que las nuevas reservas de crudo permitieron ampliar el periodo de sostenibilidad petrolera de 5,7 a 7,2 años en el 2018, pero sigue siendo “el reto del gobierno incrementar las reservas para preservar la autosuficiencia de hidrocarburos en el mediano y largo plazo”.

La empresa estatal plantea tres alternativas:  

  1. La exploración costa afuera (que no tiene aún regulación en fases de explotación y desarrollo);
  2. El aumento de los factores de recobro en campos en declinación;
  3. La explotación de yacimientos no convencionales.
Ninguno de esos artículos modifica la política minera ni refleja la visión de un país en el que los derechos de los ciudadanos son aspectos claves en la agenda nacional. 

El PND pone buena parte de las esperanzas energéticas del país en el fracking, a pesar de la suspensión de esta actividad por parte del Consejo de Estado, el rechazo de las comunidades y las recomendaciones de la Comisión de Fracking.

Antes de dar vía libre a esta actividad en Colombia, esta Comisión sugirió primer fortalecer las instituciones, trabajar en los vacíos regulatorios, hacer los estudios que no existen, especialmente en hidrogeología, y definir la licencia social como un mecanismo de participación de los ciudadanos en las decisiones que afecten su vida y la de los territorios.   

Para hacer fracking se necesitan además estudios más rigurosos y precisos sobre impactos en la salud, el tejido social en el área de influencia, la sismicidad inducida, los gases furtivos y el manejo de lodos. Mientras tanto, el PND aporta soluciones improvisadas y que desafortunadamente, como van las cosas, se van a imponer a la fuerza, por encima de lo que opine la comunidad.

Le recomendamos: ¿En qué va el fracking en Colombia y el mundo?

El carbón térmico  

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El extractivismo en el PND de Duque.
Foto: Ministerio de Minas y Energía.

La generación de energía eléctrica en Colombia está fuertemente concentrada en hidroeléctricas (68 por ciento), en la energía térmica (31 por ciento) y en la no renovable (1 por ciento), según cifras de diciembre de 2018.  

A pesar de que se planteó décadas atrás, los diferentes gobiernos no lograron diversificar la matriz energética y actualmente estamos frente a un sistema altamente vulnerable a la variabilidad climática (fenómenos de El Niño y La Niña), con muy bajo aporte de las energías limpias y baja resiliencia a las épocas de sequía.

El nuevo PND propone aprovechar “nuevos recursos que complementen y diversifiquen la matriz energética”, y declara que “el carbón térmico es una fuente de alta confiabilidad y valor energético, que en eventos de variabilidad climática puede dar confiabilidad al sistema”.

De esta manera, mientras en el mundo se pide a gritos dejar enterrado el carbón, en Colombia se planea utilizarlo para generar energía, pues en más de dos décadas no fue posible lograr una matriz más equilibrada y sostenible.

Desconocen los autores del PND que el carbón térmico del país fue concesionado hace mucho a las multinacionales de Cerrejón, Drummond y Prodeco. Entonces, en unos años, o dentro de poco si Hidroituango no arranca, los colombianos tendríamos que comprar nuestro carbón a las multinacionales mineras, a precios internacionales, para producir energía sucia. Vamos a comprar a estas empresas el carbón que Europa les está rechazando.

Ahora se entiende por qué la Agencia Nacional de Minería renovó el contrato de La Loma de Drummond por veinte años. Un contrato de aporte minero que caducó este año y que no se podía renovar, de acuerdo con sus propias cláusulas.

Ante estas circunstancias, el PND debería ser mucho más agresivo y propositivo en materia de energías limpias. Esa es la verdadera tarea. Pero mientras se crean unos incentivos y se grava la importación de vehículos eléctricos, las grandes empresas privadas de minas y petróleos se preparan para extraer la última tonelada de carbón y el último barril de crudo. Las ganancias no se pueden dejar enterradas.  

Puede leer: Entre el extractivismo y la modernidad verde.

Locomotora minera y crecimiento

Los supuestos utilizados para proyectar el crecimiento de la economía entre 2018 y 2022 son optimistas, especialmente en materia de precios de los hidrocarburos. Este sector se proyecta como uno de los determinantes del crecimiento, ingresos fiscales y exportaciones. Pero incluso con los precios del escenario más optimista se prevén dificultades para la economía.

El PND proyecta el precio del crudo WTI de 70 a 75 dólares por barril para el período 2019-2022. Pero proyectar estos precios es no solo un ejercicio de alto riesgo, sino que el riesgo aumenta cuando las bases de la economía se construyen en arenas inciertas y movedizas. ¿Por qué seguir confiando el curso de la economía sobre sectores cíclicos e inciertos? ¿Acaso ya olvidamos la crisis que siguió a la caída de los precios del crudo en el 2014?

El PND pone buena parte de las esperanzas energéticas del país en el fracking.

Las tasas de crecimiento económico proyectadas para el sector de hidrocarburos (3,7 por ciento en promedio) se explican por mayores precios y volúmenes. Pero al riesgo de proyectar precios del crudo se suma la imposibilidad de aumentar la extracción en el corto plazo, los últimos descubrimientos son escasos en volumen y las nuevas reservas se explican principalmente por la revaluación comercial de crudos ya descubiertos.

El déficit proyectado del gobierno va en línea con la regla fiscal y los gastos e ingresos parecen establecidos para cumplir ese mandato. Las importaciones superan a las exportaciones, de modo que la balanza comercial seguirá siendo deficitaria, y la economía crecerá en promedio ocho puntos porcentuales en este período. La mitad de estos puntos provienen del llamado choque petrolero y las regalías. Esto quiere decir que la mitad del crecimiento esperado de los próximos cuatro años se sustenta en el extractivismo.  

Otro regalito para las grandes mineras

extractivismo

Fracking contra el auto-abastecimiento.
Foto: Agencia Nacional de Minería.

El Código de Minas del 2001 señaló que las minas ubicadas en Reconocimientos de Propiedad Privada (RPP), actualmente en manos de grandes mineras, pagarían como mínimo regalías del 0,4 por ciento. Pero la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ordenaron a la autoridad minera reglamentar el artículo utilizando tarifas superiores, cuyo tope máximo son las establecidas en la Ley 756 de 2002, es decir, regalías del 6 por ciento para oro aluvial, 4 por ciento para plata, 5 por ciento para platino y de entre 5 y 10 por ciento, dependiendo del nivel de producción, para el carbón.  

Muchos estudios de la UPME, varios intentos fallidos por reglamentar las regalías en RPP y decenas de reuniones al cabo de 18 años, pero lo cierto es que, para los ciudadanos del común, el asunto no se había resuelto por negligencia de la autoridad minera, lo que le permitió a las empresas ahorrar billones de pesos.

Lea en Razón Pública: Minería: costos perpetuos, beneficios ilimitados.

El artículo 178 del PND (“Monto de regalías para los Reconocimientos de Propiedad Privada”), fija al fin las regalías para las explotaciones de carbón, oro, plata y platino (aunque le hace otro favorcito a las de carbón), pero guarda silencio sobre la millonaria deuda acumulada entre 2001 y 2018 por efecto de la diferencia entre las tarifas de regalías.

¿Quién se beneficia? Las compañías Mineros S.A., cuyos mayores accionistas son empresas del Grupo Colpatria, AVAL y la canadiense Scotiabank, así como de la mina de carbón de la Comunidad, que explota Cerrejón en La Guajira, y la canadiense Gran Colombia Gold, que tiene intereses en Remedios (Antioquia) y Marmato (Caldas).

Ojalá el Congreso, en línea con lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C 669 de 2002, apruebe para estas explotaciones las mismas regalías de la ley 756 de 2002; ordene el pago retroactivo de la billonaria deuda pendiente de estas empresas con el hoy Sistema General de Regalías, y mantenga el impuesto al oro, plata y platino que le sirve a los municipios productores para remediar los pasivos ambientales y sociales de la llamada “minería responsable”.

* Economista especializado en Derecho Minero – Energético y en Derecho Constitucional.

 

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