El presidente de la Corte Constitucional fue vicepresidente jurídico de Ecopetrol, el gobierno sigue favoreciendo a las grandes mineras, y más de la mitad de los ministros de Duque vienen del sector privado ¿Qué implica esto para los colombianos?
Álvaro Pardo*
El caso de las empresas mineras
Con la ayuda de prestigiosos abogados y centros de investigación, medios de comunicación, algunas universidades y varios políticos, los empresarios del sector minero-energético presionan y orientan la gestión gubernamental a favor de los intereses extractivistas.
Ese maridaje o comunión entre el Estado y las grandes empresas minero-energéticas ha permitido que los “pliegos de exigencias empresariales” se conviertan con el tiempo en documentos CONPES, leyes y decretos. Ese es el caso de:
- las licencias ambientales exprés;
- el blindaje estatal de los proyectos de minas y petróleos cuando se declaran Proyectos de Interés Nacional (PINEs);
- la expropiación exprés por razones de utilidad pública;
- la transición de los viejos contratos de aporte minero a los contratos de concesión minera en el Código de Minas (Ley 685 de 2001);
- el acceso a combustibles subsidiados en las zonas de frontera hasta épocas recientes;
- la prohibición a las entidades territoriales para restringir la minería (Artículo 37 del Código de Minas que, no obstante, su evidente inconstitucionalidad, estuvo vigente durante quince años);
- la insistencia de la Ministra de Minas en permitir el fracking;
- las recientes restricciones a las consultas populares y las que vienen en camino para las consultas previas;
- la reducción de impuestos y los desproporcionados beneficios para los empresarios (CERT, Obras por Impuestos, devolución de IVA y cero aranceles para importaciones, etc.).
Estas son solo algunas de las iniciativas que propusieron originalmente las empresas de minas y petróleos, y que los gobiernos de los últimos años han acogido en mayor o en menor medida. También , por ejemplo, desde la bancada de Cambio Radical, para limitar la participación ciudadana y restringir el control en el proceso de licenciamiento ambiental.
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En materia de participación ciudadana, la perspectiva precaria queda resaltada con solo recordar la negativa del ministerio de Hacienda a financiar las consultas populares que se quedaron a mitad de camino o, más recientemente, la regresiva decisión de la Corte Constitucional sobre el mismo tema. Como indica el documento CONPES 3762 de 2013, una de las metas del gobierno anterior fue, justamente, limitar las consultas populares, que han movilizado tan efectivamente a la ciudadanía contra las compañías extractivistas.
Como si fuera poco, los principios básicos de la tributación quedaron sepultados por la cantidad y la variedad de los beneficios otorgados a las empresas, que yo mismo estimé en 3.300 millones de dólares al año. Y aunque la Corte Constitucional haya dicho que es necesario distribuir los impuestos entre la sociedad para lograr mayores niveles de igualdad real, ese mandato se convirtió en un saludo a la bandera.
La cooptación empresarial ha suplantado los principios fundamentales de la Constitución por el principio supremo del neoliberalismo y de los programas políticos asociados con esa doctrina: la maximización del lucro. Así, la prevalencia del interés general —consagrada en el primer artículo de la Carta Política— fue sustituida por un marco de privilegios para las grandes empresas de minas y petróleos, en su mayoría multinacionales.
Atrás quedaron también los fines esenciales del Estado, descritos en el segundo artículo de la Constitución, entre otros, “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica…”.
El discurso no ha cambiado: los empresarios repiten una y otra vez que los proyectos mineros y petroleros traen desarrollo, empleo, beneficios para los territorios, regalías e impuestos para financiar la salud y el posconflicto. Pero el país poco o nada cambió tras una década de boom en los precios.
Empresarios al poder
 Reservas de Petróleo Foto: Presidencia |
Como lo advirtieron algunos medios, la llegada de Iván Duque a la presidencia les abrió las puertas del gobierno, de par en par, a los empresarios.
Casi la mitad de los nuevos ministros provienen del sector privado. En efecto, los ministros de Agricultura (Andrés Valencia), Ambiente (Ricardo Lozano), Vivienda (Jonathan Malagón), Transporte (Ángela Orozco), Información y comunicaciones (Silvia Constaín), Salud (Juan Pablo Uribe), Minas (Maria Fernanda Suarez) y Hacienda (Alberto Carrasquilla) vienen de trabajar en un gremio o en una empresa privada.
Son preocupantes las propuestas que vienen en camino en el Congreso, para limitar la participación ciudadana y restringir el control en el proceso de licenciamiento ambiental.
Hoy los grandes grupos económicos tienen un hombre de confianza en la Casa de Nariño, cuentan con mayorías en el Congreso y acaban de coronar también las mayorías conservadoras en la Corte Constitucional. De hecho, el presidente de la Corte, Alejandro Linares Cantillo, fue vicepresidente jurídico de Ecopetrol y ha sido un exitoso representante del sector privado.
Por lo tanto, estamos ante la más refinada modalidad de cooptación del Estado. Para ver que no se trata de un caso aislado, sino de un fenómeno internacional, basta mirar a dirigentes como Donald Trump (Estados Unidos), Enrique Peña Nieto (México), Sebastián Piñera (Chile), Mauricio Macri (Argentina), Michel Temer (Brasil), Pedro Pablo Kuczynski (Perú) y Ricardo Martinelli (Panamá).
Para cooptar al Estado
Incluso desde antes de la llegada de Duque, los gremios y los grandes grupos empresariales han tenido éxito al plantear públicamente sus exigencias como remedio para salir del subdesarrollo, la pobreza y el desempleo. Los grandes grupos cada vez disimulan menos su objetivo real de capturar el Estado para manejarlo como su propio negocio.
La cooptación es una estrategia de las grandes empresas, nacionales y extranjeras, para acceder al poder y estructurar sin intermediarios los marcos legales a la medida de sus intereses particulares.
Las modalidades de cooptación han variado con el paso del tiempo. Estas van desde presiones directas a los entes regulatorios, presiones mediáticas, “aportes” a las campañas presidenciales, lobby y la llamada “puerta giratoria”, hasta los congresos gremiales donde los empresarios plantean “respetuosas propuestas” que son realmente exigencias de cambio.
Y los colombianos, ¿qué?
 Mansarovar Foto: Colciencias |
¿Cuál es el futuro de una sociedad orientada por el interés de poderosos empresarios, cuyo único propósito es la maximización del lucro?
¿Pero es viable una nación orientada por los intereses de algunos empresarios y gremios?
Mientras los empresarios reclaman seguridad jurídica o se quejan de ser tratados con excesivo rigor, hay 48 millones de ciudadanos que también reclaman por la seguridad jurídica de sus derechos, por una sociedad más justa y por igualdad de oportunidades.
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Basta mirar las estadísticas del Banco Mundial sobre el coeficiente de Gini para ver hasta qué punto se ha sacrificado el interés general en Colombia. Aunque este índice se redujo de 0,528 en 2014 a 0,508 en 2016, seguimos siendo el país del continente con el mayor nivel de desigualdad social después de Brasil.
¿Cuál es el futuro de una sociedad orientada por el interés de poderosos empresarios, cuyo único propósito es la maximización del lucro? ¿Coincide el interés general con los intereses particulares de quienes cooptaron el Estado? ¿Puede un Estado cooptado por intereses particulares responder y garantizar el interés de sus ciudadanos? No. La conflictividad social será la marca indeleble de los cuatro años del gobierno que recién empiezan.
Con una Constitución envilecida, un Estado cooptado y una sociedad sometida, el panorama se ve cada vez más oscuro. La codicia de los empresarios choca con los anhelos de la ciudadanía, que tiene esperanzas de vivir en paz, prosperidad y respeto por sus derechos.
* Economista especializado en derecho minero-energético y derecho constitucional.
