Drummond y Prodeco: otra vez en el ojo del huracán - Razón Pública
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Drummond y Prodeco: otra vez en el ojo del huracán

Escrito por Álvaro Pardo

Nuevas investigaciones revelan el lado más oscuro del carbón en Colombia. Corrupción, violencia y contratos leoninos parecen la impronta de este negocio, que cada vez deja más perdedores que ganadores. 

Álvaro Pardo*

Denuncias internacionales

No hay duda de que las denuncias internacionales por la presunta participación de algunas grandes empresas mineras en violaciones de derechos humanos y financiación de grupos armados ilegales en el departamento de Cesar deben ser investigadas, sancionadas y sus víctimas reparadas, pues el proceso de paz no puede avanzar ignorando hechos que contribuyen a exacerbar la violencia que azota a algunas regiones del país.

Las fuentes de estas denuncias son las iniciativas por la transparencia corporativa de organizaciones sociales en Europa que alertan sobre hechos que deberían llamar la atención de las autoridades, más ahora que el proceso de Justicia y Paz aporta nuevas evidencias para esclarecer situaciones irregulares sobre las cuales el gobierno nacional guarda un extraño silencio.

Describe hechos que revelarían la participación de Drummond y Prodeco en la muerte de sindicalistas, apoyo financiero a paramilitares, contaminación ambiental e irresponsabilidad social.

Durante las últimas semanas han circulado nuevas denuncias sobre la participación de las compañías mineras Drummond Ltd Colombia y Prodeco en actividades relacionadas con violación de derechos humanos y financiación de organizaciones armadas al margen de la ley. Las empresas han negado siempre las denuncias y descartan la existencia de evidencias que sustenten tales señalamientos.

El Diálogo Holandés del Carbón (The Dutch Coal Dialogue), que desde hace años intentaba  comprometer a las empresas generadoras de energía de Europa en acuerdos de transparencia a lo largo de la cadena del carbón, decayó en junio de 2013 como consecuencia de la falta de compromiso de estas compañías. De esta iniciativa también hacían parte varias firmas del sector de servicios, organizaciones sindicales y sociales, y representantes del gobierno holandés.

Sin embargo, ya desde 2011 avanzaba otra iniciativa más amplia, Bettercoal, integrada por algunas de las más importantes compañías generadoras de energía de la Unión Europea, y cuyo objetivo es introducir y mejorar la responsabilidad corporativa a lo largo de la cadena del carbón.  Según un informe de esta iniciativa, hacen parte de ella compañías que manejan el 56 por ciento del total del carbón térmico importado y aproximadamente el 40 por ciento del total de carbón térmico consumido en el viejo continente.

Hace poco Bettercoal (Mejor Carbón) adoptó un código para sus afiliados que los compromete a adoptar prácticas éticas, de  derechos humanos y de responsabilidad social a  lo largo de sus cadenas de suministro y mercadeo.

Lo interesante aquí es notar que algunas de las compañías que hacen parte de Bettercoal  son importantes compradores de carbón colombiano, tanto a través de Drummond (empresa basada en Estados Unidos) como de Prodeco, una filial de la multinacional Glencore – Xtrata.  

La propia Bettercoal critica a la compañía generadora de energía de Italia (ENEL) por sus adquisiciones de carbón proveniente de Colombia, y acto seguido describe hechos que revelarían la participación de Drummond y Prodeco en la muerte de sindicalistas, apoyo financiero a paramilitares, contaminación ambiental e irresponsabilidad social, especialmente hacia las comunidades próximas a la minas.

Entre los testimonio se encuentra el de un contratista de Drummond, Jaime Blanco Maya, quien reconoció las relaciones de la compañía con paramilitares del Cesar. Blanco purga actualmente una condena a 38 años de cárcel.


Corregimiento de Valencia de Jesús en Valledupar.
Foto: C. Bucheli

Nuevas evidencias y testimonios

Coincidiendo con el informe de  Bettercoal y ahondando sobre las acusaciones contra los proveedores de carbón colombiano a ENEL, la organización holandesa Pax divulgó un “estudio sobre la ola de violencia paramilitar que barrió al departamento de Cesar, en el norte de Colombia, entre 1996 y 2006, cuyos efectos resuenan hasta el día de hoy a través de la región”.

El informe examina con detalle el aparente papel de Drummond y Prodeco en tales hechos de violencia, empresas ambas que proveen carbón a los servicios de electricidad europeos, como la ya citada ENEL o sus pares en otros países europeos que se conocen allí por sus siglas –  EON, GDF Suez, EDF,  RWE, Iberdrola y Vattenfall-.

Pax señala que la información fue obtenida a través de entrevistas con las víctimas de aquellos hechos, con ex comandantes paramilitares de la región, con antiguos empleados de las empresas mineras, con contratistas, abogados y autoridades colombianas, complementadas mediante  testimonios ante las cortes judiciales y declaraciones de líderes paramilitares en el marco de los procesos de Justicia y Paz.

El estudio señala que las empresas mencionadas llegaron en la década de los noventa al departamento de Cesar, azotado por la violencia de las FARC y el ELN, y que en 1996 se creó el primer frente paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), supuestamente encargado de velar por la seguridad de las concesiones mineras y de la vía férrea.

Entonces, o el Gobierno Nacional debe emprender acciones contra los entrevistados por falso testimonio, o debería iniciar indagaciones que permitan dilucidar de una vez por todos estos hechos. En dos ocasiones, demandas interpuestas contra Drummond en cortes de los Estados Unidos fueron rechazadas, pero los demandantes apelaron recientemente las decisiones y entregaron nuevas evidencias, esperando que nuevamente sean instancias internacionales las que se pronuncien sobre hechos que deberían ser del resorte de la justicia local.

Irresponsabilidad ambiental y social

A lo anterior se agrega el comportamiento lamentable – y tolerado por el gobierno nacional-  de estas compañías, pero especialmente de Drummond, que en enero de 2013 minimizó ante la opinión pública la contaminación ambiental causada por el vertimiento de carbón para salvar una barcaza, que demandó las acciones adelantadas por la autoridad ambiental y costera para sancionar el hecho, y que ahora impugna las multas impuestas.

El abultado expediente de las minas de La Loma y El Descanso se explica por los numerosos obstáculos a la acción gubernamental de control y fiscalización, y por las dudosas interpretaciones legales que sus abogados imponen para negar información, explicar situaciones irregulares o exigir decisiones ajustadas a sus intereses.

Esta exigencia de que el Estado se ciña a la ley no compagina con su comportamiento frente a la comunidad del área de influencia.
Esta exigencia de que el Estado se ciña a la ley no compagina con su comportamiento frente a la comunidad del área de influencia, especialmente la de los habitantes de El Boquerón y El Hatillo, quienes han debido ser reubicados en 2012 y quienes todavía, en medio de demandas a las resoluciones oficiales, apelaciones y pleitos entre las mineras (Drummond, Prodeco y Colombian Natural Resources -CNR), permanecen en el área sin que sean atendidas sus necesidades de salud, nutrición empleo y proyectos productivos.

Las mineras sostienen que la reubicación es un deber del Estado y han dilatado el proceso, perjudicando con eso a compatriotas cuyo bienestar se deteriora con el paso del tiempo, pese a la mucha la riqueza que se extrae del subsuelo.

La Corte Constitucional tomó cartas en el asunto y en julio de 2013 requirió al gobierno nacional y a las compañías mineras para tomar medidas que reduzcan el ruido de la maquinaria, las emisiones de particulados dispersos en el aire, el deterioro de la salud de los vecinos de la mina La Loma (Pribbenow), y la contaminación de las fuentes de agua, sin que hasta la fecha se conozca si los pronunciamientos de la Corte fueron tomados en serio, al punto que la Contraloría General instauró un incidente de desacato contra ANLA y Drummond.


Municipio de El Paso, en el Departamento del Cesar.
Foto: Armando Calderón

Contratos para perder

En los años setenta el gobierno colombiano adoptó los llamados “contratos de aporte minero”, mediante los cuales reservó áreas promisorias que habrían de ser  explotadas por empresas estatales.

Años después autorizó a empresas privadas para participar en la explotación de recursos no renovables en esas “áreas de aporte”, a cambio de unas contraprestaciones económicas y el pago de regalías.

Las contraprestaciones económicas constituían un reconocimiento por explotar un recurso de propiedad de la Nación, en tanto que las regalías eran el pago  por  un recurso que se agota en el tiempo.

De manera lamentable e inexplicable, en 1988 el gobierno  suscribió el contrato 078 – La Loma – y aprobó una fórmula para calcular las contraprestaciones económicas que arrojaba siempre una participación nula de la Nación en ese proyecto.

Desde hace 19 años, cuando empezó la producción en La Loma, una lacónica comunicación de Drummond le indica cada año al gobierno que no hay compensación económica por la explotación de un recurso que es de su propiedad.

El leonino contrato de La Loma finaliza en 2019. Sin embargo, desde 2007 Drummond inició gestiones para prorrogarlo ante  INGEOMINAS, hoy el Servicio Geológico Colombiano.

Aunque jurídicamente no es viable prorrogar el contrato, hace siete años el director de esta entidad aprobó un plan de manejo integrado de operaciones de todos los contratos de esta compañía hasta 2060. Una prórroga subrepticia. Habrá que ver qué opina ahora la Agencia Nacional de Minería.

Colombia, en suma, está en mora de abrir un debate amplio y transparente sobre su política minera y sobre sus incidencias en materia fiscal, social, ambiental, de salud y de orden público.

Mientras tanto, el gobierno debería considerar las evidencias que cada día corroboran las denuncias de numerosas ciudadanos y organizaciones locales, profundizadas por organizaciones internacionales, y que ejercen presión para que compañías europeas se abstengan de comprar carbón que proviene de países donde los gobiernos callan para no arriesgar la renta minera.
 

* Director de  Colombia Punto Medio

 

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