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Locomotora minera: sin novedad en el frente

Escrito por Álvaro Pardo
Alvaro-Pardo

Alvaro-PardoEl cambio de ministro fue un ajuste de tuercas, pero no modifica la política. El gobierno sigue empeñado en facilitar la extracción acelerada y en gran escala de minerales en beneficio de grandes operadores. Renovar el contrato de Cerromatoso es un ejemplo alarmante.

Álvaro Pardo

No habrá cambio

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Renjifo, liberal del partido de la U, reemplaza
en ese despacho a Mauricio Cárdenas,
quien pasa al Ministerio de Hacienda dejando
sin resolver varios “chicharrones”.

Foto: Presidencia

Por primera vez en dos décadas, el Ministerio de Minas y Energía vuelve a tener un titular del partido liberal, a raíz del nombramiento de Federico Renjifo.  Pero ni el cálculo político con sabor reeleccionista, ni la experiencia o conocimiento del maquinista de turno garantizan que se pueda corregir el rumbo de la desbocada locomotora minera: un sector impulsado exclusivamente por la extracción acelerada de los recursos naturales no renovables (RNNR) del país.

Conflictos ambientales, sociales, étnicos, por el uso de vías, por afectaciones a los recursos hídricos y a la salud, la pugna por la tierra con vocación agrícola y ganadera, el orden público, la minería informal, la ilegal y la criminal, la presencia de grupos al margen de la ley, el desplazamiento de poblaciones, la enfermedad holandesa, el lavado de dólares, los abusos tributarios, la corrupción y el enfrentamiento entre comunidades por proyectos mineros.Renjifo, liberal del partido de la U, reemplaza en ese despacho a Mauricio Cárdenas, quien pasa al Ministerio de Hacienda dejando aún sin resolver aspectos fundamentales del sector, aunque se le abona su presencia en las regiones y el contacto con comunidades mineras.

Pero seguimos con una muy frágil institucionalidad minera sin presencia en la mayor parte del territorio nacional, con una propuesta de reforma superficial al Código Minero que no ha surtido su fase de consulta previa, descoordinación con el Ministerio de Ambiente, y con una cúpula directiva inestable y apenas empezando a meterse en el tema, pese a que ya llevamos más de dos años del Gobierno Santos.

El nombramiento de “gran amigo del presidente Santos” refleja el desinterés del Ejecutivo en tomar de veras las riendas del sector minero, más allá del enfoque rentista mediante el recaudo pasivo de impuestos y regalías, en lugar de dar un vuelco para que la política minera exprese los mandatos de la Constitución: planeación, racionalidad, desarrollo sostenible y contribución a mejorar la calidad de vida de los colombianos.

Durante 21 años, el Ministerio de Minas y Energía fue un botín en manos del partido conservador. Excepto Hernán Martínez, quien se formó en la gran minería, ningún otro ministro tenía la menor idea del sector. Tras dos décadas de semejante gestión, el balance resulta aterrador ante la intensidad y el perfil de los conflictos que se han acumulado.

No obstante la propaganda del gobierno, de algunos gremios y de las empresas mineras en cuanto al aporte del sector en inversión extranjera, producción, exportaciones y 250.000 empleos, cada día son más los colombianos que se convencen y protestan porque esa contribución no compensa el costo de los conflictos desatados.

De manera que un cambio de ministro no significa nada.  No se ha cambiado la ruta ni la velocidad: solo al maquinista. La orientación de la política minera permanece intacta: se trata de favorecer la extracción acelerada de los RNNR en beneficio de las grandes compañías, con un objetivo fiscalista de corto plazo. Para modificar esa política sería necesario que los colombianos se pronunciaran a fondo en la reforma al Código de Minas, para que esa política exprese el interés general de la Sociedad y una visión estratégica y de largo plazo en cuanto al manejo de los RNNR de la Nación y no sólo el interes de particulares cuya única responsabilidad social es la maximización del retorno del capital.

Otros asuntos pendientes

Además de los chicharrones mencionados, quedan otros en la carpeta de pendientes. Según denuncia reciente de la Contraloría General de la República, la autoridad minera expidió quince  títulos mineros en zonas de páramos después que la Ley 1382 lo prohibió.  ¿Cómo puede explicarles esto a los colombianos?

¿Cómo explicarles que la Agencia Nacional de Minería está tomando el control, cuando   las solicitudes de ampliación de periodos de explotación se aprueban por la vía del silencio administrativo? Así acaba de ocurrir con la firma Eco Oro (antiguo Greystar) en el Páramo de Santurbán.¿Cómo explicarles que el gobierno no tiene interés en fomentar la minería en 17,6 millones de hectáreas de la Amazonía, sí la declaró Reserva Estratégica Minera y no zona de Reserva Ambiental?

¿Cómo explicarle que el Ministro Cárdenas iba a prorrogar el contrato de Cerro Matoso sin corroborar primero la legalidad del contrato 051 de 1996?

¿Tiene ya la autoridad minera los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales que sirvan de base para decidir si prorroga o no los contratos mineros que se vencen en los próximos meses y que sacaron corriendo a Beatriz Uribe?

Para no extenderme, estos son parte de los múltiples temas que tendrá que atender el “mejor amigo del presidente Santos”, su mejor carta de presentación.

Cerro Matoso: ¿decisión urgente o decisión tomada?

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Cada día son más los colombianos que se
convencen y protestan porque esa
contribución no compensa el sacrificio y el
costo de los conflictos desatados. 

Foto: Fenalco.

Mucha agua ha corrido desde el 24 de julio de 2012   — cuando el hoy exministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, aseguró que el contrato de Cerro Matoso (CMSA) iba  hasta el año 2029 en razón de los derechos adquiridos por la empresa BHP Billiton — a la postura adoptada ahora, cuando numerosas voces inconformes exigen constatar primero la legalidad del contrato 051 de 1996. A todas luces un contrato lesivo e inconveniente para el país.

La actitud del gobierno es “no hablen muy duro, que de pronto se van los inversionistas”. Pero los inversionistas seguirán llegando mientras haya reservas confirmadas — y queda medio país por explorar y explotar — con grandes beneficios, entre ellos, una tasa de tributación efectiva irrisoria,  inferior al 10 por ciento, tal como denunció recientemente la Contralora General, Sandra Morelli.El Ministerio de Minas y Energía debe blindar esta decisión solicitando al Consejo de Estado un concepto sobre la legalidad de un contrato suscrito por el entonces ministro Rodrigo Villamizar para complacer los intereses de una compañía ventajosa, así Cerro Matoso repita hasta el cansancio que es un aliado del país, por medio de una costosa y engañosa campaña publicitaria.

 

El tema se volvería más complejo si resulta siendo cierto lo que comentó Jorge Hernán Peláez, columnista de La República, en el sentido de que “Cárdenas se habría reunido en Toronto con la BHP y les habría asegurado que el contrato se prorroga” . De confirmarse esta versión, no habrá concepto que valga; la decisión ya estaría tomada y pierden el tiempo quienes han llamado la atención sobre la turbia naturaleza del contrato de marras.

Ilegal y perjudicial

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¿Cómo explicarle que el Ministro Cárdenas
iba a prorrogar el contrato de Cerro Matoso
sin corroborar primero la legalidad del
contrato 051 de 1996? 

Foto: Presidencia

Lo inexplicable es que a menos de cuatro semanas de expirar el contrato de CMSA y de su cantada renovación no se haya producido un análisis oficial sobre la legalidad de los mismos, y que el ministro presuma su legalidad por la simple inexistencia de demandas. Conceptos de Ingeominas y de varios consultores reconocieron ya su ilegalidad y sobre esa base el Ministro ha debido proceder a declarar su nulidad, tal como lo establece el artículo 289 de la Ley 685 de 2001 – Código de Minas.

Se amarró completamente al Estado y se cerró cualquier posibilidad de recuperar el manejo soberano de sus recursos y de poner en marcha cualquier otra alternativa para operar la mina, bien a través de una licitación, la creación de una empresa pública o un contrato de operación, como actualmente se hace en petróleos.La respuesta es débil e insuficiente, porque durante el debate en la comisión quinta del Senado se expusieron razones que demuestran la ilegalidad del contrato 051 de 1996. Este contrato hizo trizas el Código de Minas de 1988 al cambiar los términos y condiciones de los contratos 866 de 1963 y 1727 de 1971 de CMSA, integrándolos en el 051para lograr una prórroga hasta el 2029, con posibilidad hasta el 2044.

De acuerdo con el Código de Minas que los rigió, el 30 de septiembre de 2012 expiran los contratos y los bienes deberán revertir gratuitamente a la Nación. Pero gracias a las presiones de la multinacional, a la debilidad del gobierno Samper — asfixiado en el proceso 8.000 — y a la complacencia de las autoridades mineras de la época, se quebrantaron las normas y se abusó del derecho en beneficio de BHP Billiton y en contra del interés público.

En el contrato 051 de 1966 es evidente el desequilibrio a favor de Cerro Matoso S.A, así como que las prorrogas pueden ser a perpetuidad, que las regalías fueron reducidas del 8 al 7 por ciento en la ley 141 de 1994 y que se confunda a la opinión cuando a éstas se le suman las compensaciones del 5 por ciento. Un canon de arrendamiento del 1,25 por ciento por los bienes que revierten resulta lesivo para la Nación y más aún si se admite la obligación de volverles a arrendar.

Abundaron las denuncias por el programa de Irresponsabilidad Social Empresarial (ISE) de Cerro Matoso, y las lamentables condiciones de vida de los habitantes de Uré y Pueblo Flechas, cuyo único pecado es vivir dentro del área de un título minero expedido en Bogotá sin conocimiento de la zona. Ahora la compañía evade su responsabilidad en financiar los gastos del desplazamiento y reubicación de las familias.

No menos graves han sido las denuncias del alcalde de Montelibano, de la iglesia y del sindicato. Debe reconocerse que el personal directivo y muchos trabajadores de la mina gozan de unos privilegios laborales envidiables, pero también ellos deben saber al defender la empresa que prima el orden jurídico, que Colombia es más grande que la planta de personal de Cerro Matoso y que el recurso del cual se lucran pertenece a todos los colombianos.

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Álvaro Pardo, Director de Colombia Punto Medio, con familias próximas a la mina de CMSA

Colombia no puede seguir entregando bajo concesión sus RNNR en esas condiciones y a largo plazo. ¿Qué podrá hacer la Nación dentro de 25 o de 50 años cuando toda la riqueza natural esté en manos de actores privados y haya que comprarles carbón, níquel o coltán a cómo ellos quieran vender? Minería sí, inversión extranjera sí, pero no en estas condiciones.

Tampoco cumple sus deberes laborales

En fin, un ejemplo más de la actitud sistemática de la empresa. Ante un requerimiento del sindicato de trabajadores de CMSA por el incumplimiento de las cotizaciones con un 10 por ciento adicional para pensiones especiales, dado el alto riesgo de trabajar bajo exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas y a altas temperaturas, el Ministerio del Trabajo respondió que efectivamente así lo establece el decreto 2090 de 2003, en su artículo segundo [3].

Aunque el Ministerio de Trabajo señala que no tiene competencia para certificar si CMSA tiene trabajadores en alto riesgo, es claro en mencionar que esa es una obligación legal de la empresa. Dado que según el Sindicato la empresa no ha cumplido, el Ministerio de Minas debe tomar nota de la forma como esta multinacional desconoce sus obligaciones laborales en el país.

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Irresponsabilidad Social Empresarial de Cerro Matoso S.A.

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