
Carbón a Israel: Una decisión simbólica salpicada por un debate insustancial
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La prohibición de exportaciones de carbón colombiano a Israel, una decisión a través de la cual se condena el exterminio del pueblo palestino, tiene un enorme poder simbólico más allá de los argumentos de la oposición política y gremial, que sin un análisis fundado la interpretan como el exterminio del sector minero.
Colombia exportó 2,2 millones de toneladas (mT) de carbón térmico a Israel en 2024, cantidad equivalente al 3,94% del total y al 1,81% del total de las exportaciones colombianas de carbón en ese año, porcentajes que hablan de un mercado no relevante sobre el que se construyen conjeturas tras la decisión del Gobierno de romper todo tipo de relaciones con un Estado responsable del exterminio del pueblo palestino.
El volumen exportado y los ingresos externos no son significativos como para sostener que el Gobierno quiere acabar con la minería de carbón en el país. Es parte de la narrativa de los gremios y empresas del sector, pese a que solamente una empresa, Drummond Ltd., exporta carbón desde la expedición del Decreto 1074 de 2024 a Israel, país que también avanza rápidamente en una transición energética.
Se trata de una decisión simbólica que expresa el rechazo del gobierno colombiano a la masacre israelí en la franja de Gaza y que locamente tendrá impactos proporcionales en las regalías, los impuestos y el empleo de una multinacional que desde comienzo de año había advertido sobre el decrecimiento de sus operaciones debido a la caída de la demanda y los bajos precios en el mercado internacional.
Las dos empresas que comerciaban carbón con Israel en los últimos años son Cerrejón y Drummond. Cerrejón había dejado de exportar poco antes de la expedición del decreto mencionado, mientras Drummond demostró que tenía un contrato vigente con la firma The National Coal Supply, razón por la cual, apoyado en el mismo texto del decreto, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT) autorizó exportaciones hasta el 31 de diciembre de 2028.

Ordené prohibir la exportación de carbón a Israel y no lo están haciendo
El presidente Gustavo Petro denunció a finales de julio que una orden suya para prohibir las exportaciones de carbón térmico a Israel había sido burlada por el ministro de entonces, Luis Carlos Reyes; señaló que se había llevado el decreto sin consultar otras instancias jurídicas antes de la firma, acusó a Glencore (propietaria de Cerrejón) de seguir exportando carbón a ese país y exigió revocar las excepciones del Decreto 1074 para poner fin al comercio con ese país.
Expedir un decreto de ese alcance desconociendo la cadena de avales jurídicos no es posible. El exministro Reyes comentó que se surtieron todos los pasos obligatorios con los Ministerios de Hacienda, Cancillería, Minas y Energía, la Secretaría Jurídica de Presidencia y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), entidad que además consultó con la Superintendencia de Industria y Comercio.
El decreto además cuenta con las firmas de Ricardo Bonilla, Luis Gilberto Murillo, Kelly Johana Rocha (ministra encargada) y el mismo Reyes, respectivamente, y las dos excepciones, artículos 2 y 3 del Decreto 1074, buscaban evitar sanciones y multas a las empresas por incumplir contratos y que ellas después repitieran en Cortes Internacionales contra los intereses de la Nación.
El borrador del nuevo decreto, que prohíbe sin excepciones las ventas de carbón a Israel, con muchos más argumentos constitucionales y resoluciones de la ONU, de la Corte Internacional de Justicia, del GATT y la Organización Internacional del Comercio, etc., que demuestran la legitimidad de la decisión y el creciente rechazo al exterminio del pueblo palestino, fue puesto en consideración para comentarios de cinco días.
La Procuraduría General de la Nación envió al MCIT sus observaciones al proyecto de decreto que modificaría el Decreto 1047 de 2024, advirtiendo que la iniciativa vulnera normas constitucionales, legales y principios fundamentales y que un plazo de cinco días hábiles para la consulta pública era insuficiente, así mismo, advirtió que la propuesta desconoce situaciones jurídicas consolidadas al pretender suspender permisos y actos administrativos previamente otorgados, vulnerando principios como la buena fe, la proporcionalidad y la razonabilidad.
El MCIT amplió a quince días calendario el plazo para comentarios, y la recepción de comentarios va hasta el 15 de agosto.
La situación en la franja de Gaza amerita la urgencia planteada por el presidente Petro, pero una decisión en firme depende ahora del concepto que deberá emitir el Consejo de Estado sobre las demandas al Decreto 1074 de 2024.
El mensaje del gobierno nacional está dado y el mundo reconoce el mensaje de solidaridad con el pueblo palestino.
En ese sentido, el Decreto 1074 es coherente con el mensaje que se quiere lanzar a Israel y se mantiene pese a los comentarios adversos, pero las consecuencias del segundo borran lo ganado, pues en últimas tiene que ver sólo con Drummond; lo que no venda a Israel, bien pueden colocarlo en otro país, mucho más ahora que están reduciendo la extracción.
Con esto no se va a acabar la minería de carbón en el país, que debe avanzar en el marco de una transición justa, viable y consensuada. La Transición Energética comenzó hace varias décadas en el mundo y en Colombia avanza satisfactoriamente, hecho que se observa no solo en los logros regulatorios, sino en los proyectos que se materializan a diario.
Otra cosa es que el sector del carbón pueda asimilar que los cambios son inexorables, que los minerales fósiles van a ser sustituidos en el mediano-largo plazo por las energías limpias, que los altibajos en la demanda mundial y en los precios no quiebran la tendencia general, que el camino es buscar la forma de transitar de un modelo a otro anticipándose a la solución de los graves problemas que, por ejemplo, dejó la salida de Prodeco del departamento de Cesar y que, sin ir más lejos, podrían replicar otras grandes compañías carboníferas en el norte colombiano.
Propuestas como avanzar en la cadena productiva del carbón siderúrgico y el coque para instalar en Colombia una planta de aceros planos que permita sustituir importaciones y llevar insumos a la economía nacional, buscar otros usos industriales del carbón con reducidas emisiones de CO2, pensar en la reindustrialización de la economía a partir de los minerales estratégicos, y la puesta en marcha de los Distritos Mineros especiales para la Diversificación de la Economía son los temas que nos deben ocupar en el corto plazo.
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Acerca del autor

Álvaro Pardo
Economista especializado en Derecho Minero Energético y Derecho Constitucional. Ex director Técnico de Minas del MME, Ex Presidente (e) de Carbocol y Ex Presidente de la Agencia Nacional de Minería.
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