¿Qué va a pasar con la Ley de Residencias Médicas? - Razón Pública
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¿Qué va a pasar con la Ley de Residencias Médicas?

Escrito por Carolina Corcho
La ley de residentes aún no arranca ¿Por qué es perjudicial que no lo haga?

Carolina CorchoAunque debería entrar en vigor a mediados del año entrante, la ley que beneficia a los residentes enfrenta varios obstáculos. ¿Qué les espera los jóvenes especialistas?

Carolina Corcho*

¿En qué consiste?

La ley 1917 de 2018 reglamenta el sistema de residencias médicas en Colombia, incluyendo su mecanismo de financiación y otros varios aspectos.

Un residente es un médico graduado que está en proceso de formación para llegar a ser un especialista, es decir, que está inscrito en un programa que dura entre 3 y 5 años, exige dedicación de tiempo completo y se lleva a cabo en clínicas u hospitales donde el residente presta servicios de salud en su especialidad y ejerce como docente de estudiantes de pregrado.

Esta ley es iniciativa parlamentaria y de los gremios médicos para subsanar el déficit de especialistas, pues Colombia es uno de los pocos países del mundo donde los médicos que desean especializarse deben trabajar sin remuneración alguna y pagar matrículas que alcanzan los veinticinco millones de pesos por semestre. Esto ha hecho por supuesto que muchos médicos salgan del país para cursar sus especialidades médico-quirúrgicas.

Colombia es uno de los pocos países del mundo donde los médicos que desean especializarse deben trabajar sin remuneración.

La Ley consta de dos partes principales. La primera establece un contrato especial para la práctica formativa del residente, que incluye una remuneración mensual superior a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, la afiliación al sistema general de seguridad social y vacaciones remuneradas. Los recursos para estos pagos provienen del sistema de seguridad social en salud, de los fondos del ICETEX que se destinaban para las becas-créditos hoy otorgadas a una parte de los residentes y del presupuesto general de la Nación.

La segunda parte de la Ley regula los precios de las matrículas, estableciendo que no podrán sobrepasar los costos administrativos y operativos que sean demostrables y verificables. Con ese fin, la ley prohíbe que las clínicas y hospitales les cobren a las universidades por la rotación de los residentes. De ahora en adelante, los convenios entre estas instituciones deberán estar al servicio de la capacitación, investigación e innovación, es decir, del aumento del capital intelectual, un elemento fundamental para cualquier sistema de salud.

Residentes médicos.

Foto: Ministerio de Salud
Residentes médicos.

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Obstáculos en el camino

La ley fue sancionada en junio de 2017 y estableció un año de plazo para ser reglamentada. En efecto, el Ministerio de Salud emitió la resolución 1872 el 12 de julio del año en curso, ordenando que el pago a los residentes comenzara en 2020. Pero la resolución dejó sujeto el comienzo del programa a la disponibilidad presupuestal, lo cual implica que la financiación quedó amarrada al incierto debate legislativo sobre el Presupuesto General de la Nación.

Por eso, la Federación Médica Colombiana dirigió una carta al ministro de Salud Juan Pablo Uribe donde exige la apropiación de recursos para el pago de los residentes, lo cual implicaría que el Gobierno incluya en la ley del presupuesto la partida que asegure estos fondos para el próximo año.

Por otro lado, el ministerio de Educación Nacional no ha cumplido el mandato de establecer el tope de costos operativos y administrativos de las matrículas. La Asociación Nacional de Internos solicitó información al respecto, pero el ministerio se escudó en el principio de autonomía universitaria, asegurando que solo puede vigilar los reportes que presentan las instituciones educativas para justificar los aumentos de matrículas.

Es importante subrayar que, si bien la autonomía universitaria es un principio constitucional, está condicionada al respeto de los derechos fundamentales; y en este caso la formación del médico especializado es esencial para garantizar el derecho fundamental a la salud, que consagra la propia Constitución y desarrolla la Ley Estatutaria 1751 de 2015. Es más –y como dije- el aumento exagerado en las matrículas ha hecho que muchos médicos abandonen el país para poder especializarse.

El ministerio de Educación Nacional no ha cumplido el mandato de establecer el tope de costos operativos y administrativos de las matrículas.

En ese sentido, la Ley de Residentes constituye un avance en materia de justicia social y, por ende, el ministerio de Educación debe vigilar las decisiones pecuniarias del sistema universitario. De no hacerlo, el derecho a la salud se vería afectado y, además, la ley podría acabar justificando el ánimo de lucro de las instituciones privadas.

Como si fuera poco, la Asociación de Facultades de Medicina (ASCOFAME) denunció que las subredes de prestación de servicios del Distrito habían dado por terminados los convenios del servicio de manera unilateral. La Secretaría Distrital de Salud contestó que la formación de los estudiantes en la red de hospitales tiene un costo de ochenta mil millones anuales, lo cual sugiere una ruptura con el mandato legal que prohíbe el cobro por parte de los prestadores de salud por la rotación de los residentes. Además, se desconoce el origen de esa cifra, porque no existen estudios que den cuenta de los costos de la formación en salud para los hospitales del país, dado que las mediciones no tienen en cuenta el aporte en capital intelectual que generan las universidades.

Los residentes médicos en Colombia deben pagar considerables sumas de dinero y no perciben salario.

Foto: Valle del Cauca
Los residentes médicos en Colombia deben pagar considerables sumas de dinero y no perciben salario.

Le recomendamos leer: El desastre del sistema de salud y el contrato social del médico.

¿Qué debería suceder?

Para lograr que se reduzcan las matrículas y se prohíban los cobros monetarios por parte de los prestadores a las instituciones de educación superior, es necesario que la Superintendencia Nacional de Salud ejerza sus funciones de inspección, vigilancia y control para verificar la destinación específica de los recursos de la Nación que irán dirigidos al pago de residentes.

Así mismo, las universidades deberán acoplarse a la ley y demostrar que su objetivo no es el lucro, sino promover la investigación y la innovación, elementos claves para garantizar una educación de calidad.

Por último, el parágrafo 3 del artículo 8 de la Ley reconoce a la Federación Médica Colombiana y a la Asociación Nacional de Internos Residentes como sus veedores, por lo cual estas instituciones deberán vigilar la ejecución de lo que sin duda constituye un avance en justicia social, concretamente en el derecho a la salud de los colombianos.

 

* Médica psiquiatra, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, expresidenta de la Asociación Nacional de Internos y Residentes.

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