Se destapa otra olla podrida: los medios bautizarán este nuevo escándalo el ‘carrusel de los títulos mineros', ya casi por rutina, pero tal vez llamarlo ‘la Caldera del Diablo' se ajuste mejor a la realidad. No bastará con reestructurar el INGEOMINAS; hay que repensar el modelo de minería extractiva, antes de que estalle la locomotora.
Álvaro Pardo *
Se veía venir
El ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado Noriega, dio a conocer una investigación ordenada por su despacho sobre las graves irregularidades que se venían registrando desde hace varios años en el Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS).
A buena hora el ministro decidió meterle mano a esta entidad, que cumple funciones delegadas por el propio ministerio, gesto loable ante lo que amenaza con convertirse en el hecho más grave de corrupción continuada en una entidad del Estado.
La corrupción en INGEOMINAS tiene mucho trasfondo y va más allá de lo denunciado por Rodado Noriega, Por ejemplo, no fue mencionada la clonación de pines mineros que el año pasado había sido denunciada en el Congreso, ni se informó sobre el avance de la investigación respectiva.
Pero en el fondo, es el propio modelo de minería lo que facilita la corrupción, que se intensifica gracias a la desidia en el manejo del sector -excepto cuando se trata de repartirse la renta minera- y a la forma como el Instituto pasó de ser una entidad de alto perfil científico y técnico a una víctima más del entramado político y burocrático de los últimos gobiernos, para quedar reducido al papel indigno de caja menor para el pago de favores políticos, contratación millonaria, paraíso de recomendados y de especuladores de títulos.
Historia triste
INGEOMINAS siempre fue reconocida como una entidad valiosa en el campo del conocimiento geológico, aunque demasiado paquidérmica para el gusto de algunos. Su debacle se produjo a partir del 2004, cuando le fueron entregadas las funciones que tenía la Empresa Nacional de Minería (MINERCOL), como parte del programa de reestructuración del Estado.
INGEOMINAS era una entidad experta en la investigación científica y no estaba blindada contra la corrupción que suele rondar a la administración del recurso minero. Lo que ha pasado a partir de entonces en materia de licencias mineras, sencillamente no tiene nombre.
Pero aún no se ha dicho toda la verdad: esta catástrofe se materializó cuando INGEOMINAS fue capturado por elementos del Partido Conservador, que lo han manejado a su antojo, con sus recomendados ubicados en las instancias directivas.
MINERCOL estuvo varios años al servicio de la clase política de la Costa Atlántica, hasta su liquidación. INGEOMINAS ha pasado de manos "paisas", al control de "boyacenses", y ahora regresa de nuevo a manos "costeñas".
Y lo peor es que no va a pasar nada. Los políticos corruptos no van a responder, van a pasar de agache, igual que los directivos de INGEOMINAS, pues éstos delegaron la firma de los contratos mineros en sus subalternos y todo lo que sucedió "fue a sus espaldas".
Ese es el caso del ex director de INGEOMINAS, Mario Ballesteros, nombrado para satisfacer los intereses de un sector del Partido Conservador, pero cuya proximidad y vínculos con el actual Procurador, Alejandro Ordoñez, resultan altamente preocupantes, puesto que podrían constituirse en un obstáculo para llegar al fondo de los hechos y terminar con la sanción de algunos mandos medios.
La feria de los títulos mineros
La corrupción nunca es un acto individual, siempre concurrirán el que facilita el delito y quien se favorece. Muy interesante sería que la investigación de los entes de control pudiese determinar la participación del sector privado en los hechos denunciados por el ministro Rodado Noriega.
¿Cómo pueden una persona natural o una empresa minera acumular de la noche a la mañana más de 200 o 300 títulos mineros, cuando a una persona cualquiera un trámite en INGEOMINAS le puede llevar años? Tiene que ser obra de funcionarios y contratistas de carne y hueso que aprovecharon el cuarto de hora en esa entidad, que utilizaron información privilegiada, que se aliaron con particulares, manipularon los expedientes mineros y ahora se enriquecen revendiendo títulos en el mercado secundario.
La organización que presido, Colombia Punto Medio, ha propuesto hacer visible el Registro Minero Nacional para que los colombianos puedan saber en manos de quienes están sus recursos naturales no renovables. Sólo así podremos saber si es cierto que cuentan con títulos mineros ex presidentes de multinacionales mineras camuflados en empresas nacionales, congresistas y sus familiares, y hasta embajadores.
Poseer un portafolio con títulos mineros en un país donde se entregan con la presentación de la cédula no es un pecado en sí mismo: el problema radica en que sean la contraprestación de algún favor político o fruto de un "negocio" con funcionarios y contratistas. <
Poder para corromper
En el catastro y el registro reside toda la información minera de Colombia, y quien tiene la oportunidad de manejarla o de acceder a ella, tiene un enorme poder. Poder de corromper o dejarse corromper. De ahí que a ningún directivo de INGEOMINAS le ha interesado modernizar y hacer eficiente y transparente el manejo del catastro y el Registro Minero Nacional.
Por ese hueco negro se perdieron 6.000 millones de pesos invertidos en la supuesta modernización de la plataforma informática de INGEOMINAS, que ni siquiera ha podido pasar la etapa de prueba, según el comunicado del Ministerio de Minas y Energía, pese a que fue lanzada en tres oportunidades.
La ilegalidad minera campea en buena parte del territorio nacional, especialmente en el sector aurífero, ahora más rentable que el propio narcotráfico. Y mientras en Colombia esperamos que se expida un CONPES de minería ilegal para atacar integralmente este fenómeno, la policía en Ecuador dinamita la maquinaria que sea encontrada operando en áreas sin permiso minero-ambiental.
La minería, desafortunadamente, se ha convertido en fuente de graves conflictos ambientales y sociales, y no se vislumbra todavía una salida. La concesión de licencias mineras en zonas de páramo es el mejor ejemplo de burla a las normas que rigen en el país y que colocan al Estado en condición de riesgo por las demandas que seguramente vendrán por parte de los titulares de las licencias, quienes alegarán "desconocimiento de sus derechos adquiridos" y cambio en las reglas de juego.
Repensar el modelo
Creo yo que el ministro Rodado ha hecho bien al denunciar estos hechos, pero creo también que ha mediado algo de ingenuidad y algún afán de lucimiento mediático.
Con respecto a los títulos otorgados en zonas de páramo o parques naturales nacionales, la ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe, ya había entregado una lista de los mismos, solicitando a la autoridad minera que fueran cancelados. Aquí no hay ninguna sorpresa.
En fin, lo que ahora se ha destapado y que se venía denunciando desde hace mucho tiempo, es al mismo tiempo una oportunidad para que los colombianos repensemos el modelo de minería extractiva y se reforme el marco regulatorio del sector, que hoy privilegia el interés particular y facilita la corrupción.
Ojala el Ministerio de Minas y Energía no se equivoque nuevamente pensando que con un cambio en la institucionalidad se arregla el problema y más bien reoriente sus esfuerzos para que la minería se desarrolle siguiendo el mandato de la Constitución Nacional: planeación y racionalidad en la explotación de los recursos naturales no renovables, en el marco del desarrollo sostenible y garantizando que la renta pública minera se oriente a mejorar el nivel de vida de los colombianos.
Ojalá no sea llover sobre mojado al exigir que la minería sea manejada con criterio técnico, por personal especializado, idóneo y bien remunerado, rompiendo con una larga historia de desidia, y sobre todo pensando en el interés superior de la Nación, pues la minería no puede convertirse en fuente de recursos ilícitos de unos pocos, sino en un medio para construir presente y sembrar futuro.
* Director de Colombia Punto Medio.
