Tras presentar el panorama ambiental en una primera parte, el experto describe un paisaje desolador en la dimensión social de la huella de la minería en el Cesar. Sus habitantes se ven impotentes ante la arrogancia de las poderosas compañías y la indiferencia de sus cómplices locales y nacionales.
Álvaro Pardo *
La casa en el aire
En enero de 2007, el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez tuvo que desplazarse a La Jagua de Ibirico (Cesar) para apaciguar un estallido social insólito: los ánimos se exaltaron en una población tradicionalmente pasiva, que de repente se cansó de vivir en la miseria y de ver pasar a toda velocidad inmensas riquezas en dirección de los puertos de embarque, en trenes y tractomulas, dejándoles únicamente la nube del polvillo de carbón, que afecta los pulmones, especialmente, de niños y ancianos.
Un estudio de consultoría elaborado para Acción Social constató lo que ya se sospechaba [1]:
- el desarrollo humano en el Cesar es precario;
- la tasa de ejecución presupuestal en los municipios carboníferos fue muy baja, a pesar de los recursos multimillonarios que recibieron;
- pero sí se ejecutaron inversiones en obras no prioritarias o que no estaban en el Plan de Desarrollo;
- son precarios y alarmantes los índices de gobernabilidad: recaudo de impuestos, violencia y capacidad institucional;
- los alcaldes de la Jagua de Ibirico de los últimos diez años están presos, en detención domiciliaria o vinculados a procesos judiciales por irregularidades en el manejo de las regalías;
- buena parte de las propias regalías se hallan congeladas, hasta que los responsables del gasto rindan cuentas claras al Departamento Nacional de Planeación;
- la pobreza alcanzan al 43 por ciento de la población en la zona central del departamento;
- el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), fue del 71,8 por ciento para 2003, aunque el gobernador Cristian Moreno presenta cifras posteriores que hablan de una reducción de estos índices [2].
En fin, este Departamento relativamente rico no solo mantiene a su población en condiciones lamentables, sino que no dispone de cifras actualizadas y completas para medir el impacto de la actividad minera sobre la comunidad y para planear las inversiones necesarias que permitan mejorar el nivel de vida de los pobladores de municipios carboníferos como la Jagua de Ibirico, El Hatillo, Becerril, Chiriguaná y El Paso.
Un recorrido por estos pueblos permite observar directamente el nivel de vida de sus gentes. Los estudios o investigaciones de terreno son realmente necesarios para reenfocar la política social y para encontrar mejores opciones de inversión eficiente y racional de las regalías, las transferencias y los impuestos locales.
El gobernador Moreno afirma en su “Política Pública para la lucha contra la pobreza” que las Metas del Milenio han marcado la orientación de todos los esfuerzos de su administración, con el apoyo del gobierno nacional…
Falta de autoridad
Ninguna autoridad ha realizado el necesario seguimiento del proceso de reasentamiento de las familias que habitaban caseríos como Boquerón y el Hatillo, a punto de ser desplazados de su terruño por las poderosas compañías que necesitan el terreno para ampliar la minería a cielo abierto.
Las compañías exigen que las familias sean reubicadas, pero al mismo tiempo han demandado las resoluciones oficiales que las obligan a hacerse copartícipes de este desplazamiento, mientras sus habitantes están sitiados por montañas de material estéril de mina que se acumulan a su alrededor junto con los botaderos de basura.
El Ministerio de la Protección Social también brilla por su ausencia, pues no es claro que se hayan fiscalizado las obligaciones laborales de las compañías mineras ni verificado el cumplimiento de las normas de seguridad industrial.
Concentradas las compañías mineras en alcanzar exigentes metas de producción, no se preocupan por controlar los índices de accidentalidad que han aumentado. Han ideado la forma de ‘arreglar’ con los lesionados para no tener que reportar dichos incidentes a la autoridad.
Hasta existe una Asociación de Trabajadores Enfermos de Drummond que ha documentado evidencia de más de 300 casos de lesiones físicas en la operación minera, que se ha negado a reconocer gracias a la evidente complicidad de las EPS, como denunció la Asociación. Cualquier parecido con los enclaves bananeros de ingrata recordación no es ninguna coincidencia.
Hoy no hay un solo municipio en el área de influencia minera en el Cesar donde las condiciones de vida hayan mejorado a partir del boom minero. La radiografía de estos pueblos se asemeja más a la devastación que queda tras el paso de un huracán que a una bonanza minera:
- servicios públicos precarios o inexistentes,
- alto porcentaje de las vías sin pavimentar,
- familias que viven todavía en ranchos de paja y bahareque,
- violencia,
- prostitución disfrazada,
- desempleo y una importante población que llega en busca de trabajo en las minas,
“Las compañías son arrogantes en lo social y lo ambiental, tienen obligaciones, pero son sordas ante las quejas y mudas cuando se trata de adquirir compromisos”, se atreve a afirmar Alfredo Coronado, asesor de la gobernación del Cesar.
Las compañías mineras obtienen beneficios exagerados de su operación extractiva en comparación con otros países, gracias a un conjunto desproporcionado de estímulos, deducciones tributarias, subsidios a los combustibles y bajos niveles de regalías. Y no hay el menor indicio de que se vaya a modificar esta amplia gama de privilegios.
Cómplices locales y nacionales
Resulta evidente que los programas públicos de mitigación de la pobreza o de responsabilidad social empresarial no alcanzan a compensar el impacto demoledor y las distorsiones causadas por la operación de las compañías, entre otros;
- el mayor gasto en salud para atender al creciente número de afectados por el polvillo del carbón,
- el aumento de los jornales agrícolas,
- la atención al desplazado,
- la inflación local,
- la prostitución de niñas y jóvenes, desescolarización,
- el abandono del campo;
- los ríos que se secan o desaparecen.
Las compañías mineras deberán asumir su evidente y enorme cuota de responsabilidad en este desastre social y ambiental, pero el análisis deberá incluir a otros actores:
- la dirigencia política local,
- los grupos corruptos insertados en los centros de decisión para quedarse con las regalías,
- la inexperiencia de funcionarios claves en el manejo de recursos abundantes y en la definición de políticas sociales de alto impacto,
- la población misma, que poco o nada hace para organizarse y reclamar sus derechos.
La cuota de responsabilidad del poder central es también muy grande. Las decisiones a distancia y la falta de coordinación entre autoridades del orden nacional con las autoridades regionales están llevando a que la minería sea una locomotora que esteriliza todo por donde va pasando.
Las débiles voces que reclaman un cambio desde lo local no tienen la menor probabilidad de ser escuchadas en la capital de la República. El choque entre la normatividad minera y ambiental está socavando las bases de la sostenibilidad económica, ambiental y social de la región, mientras las compañías mineras encuentran en esta descoordinación el espacio ideal para crecer sin una autoridad que las obligue a cumplir lo mínimo que ordena la ley.
Propuestas razonables
Proponemos suspender indefinidamente la aprobación de nuevos títulos mineros en el departamento de Cesar y organizar y poner en marcha una auditoría internacional, cuyo foco sea el seguimiento y la fiscalización de las obligaciones legales y contractuales de las compañías.
Los resultados deberán servir como base de discusión para que la sociedad y el gobierno revisen en detalle el modelo de desarrollo minero que se está aplicando específicamente en el Cesar.
Corresponderá al gobierno nacional convocar a una gran audiencia pública ambiental regional, que lleve a la sociedad cesarense a analizar las opciones de política que permitan corregir a tiempo el curso desbocado de la locomotora. Ojalá no se repita a gran escala el estallido social de enero de 2007 y el rebrote de inconformidad del 2009.
*Director de Colombia Punto Medio
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