La paz, una oportunidad para Santos
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Hay lejanos destellos que pueden llevar, a pesar de todo, hacia un proceso de negociación entre el Estado y los grupos irregulares. No podemos estar condenados a otro medio siglo de violencia.
María Victoria Duque López *
Los golpes recientes a las FARC
Si se confirma la muerte de José Benito Cabrera Cuevas, alias Fabián Ramírez sería, después de la muerte del Mono Jojoy, el segundo miembro del Estado Mayor de las FARC dado de baja por el gobierno de Juan Manuel Santos.
Si además recordamos la desaparición de Manuel Marulanda y la muerte de Raúl Reyes, serían cuatro los miembros del Secretariado muertos en los últimos tres años. Pero además, la historia de "positivos" en contra de las FARC empieza con 'Buendía' en octubre de 2003 y sigue con las muertes del 'Negro Acacio', 'Jacinto', 'Gaitán', 'Negro Arturo', 'Tabaco' y 'Byron', así como con las capturas de 'Cesar', 'Negro Antonio', y 'Chucho'.
Pero no obstante los devastadores golpes recibidos por las FARC en los últimos días, el presidente Santos en una reciente entrevista, afirmó que el gobierno tiene conocimiento de que están preparando un plan para vengar la muerte de 'Jojoy' durante este fin de año.
El mandatario, a renglón seguido, dijo que aun cuando el gobierno está preparado y que es indispensable que las fuerzas armadas sigan trabajando para llevar a cabo acciones similares a la conocida como Operación Sodoma, no descansará "hasta que consigamos la paz. Por la razón o por la fuerza"[1].
La última década: un daño al imaginario de la paz
La sociedad colombiana aún hoy en día recuerda la decepción causada por el fracaso del proceso de negociación entre el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y las FARC.
El proceso había partido de considerar la agenda política de la guerrilla y de suscitar un diálogo con los actores más relevantes del país para adelantar las transformaciones políticas, sociales y económicas tendientes a pactar una paz duradera y negociada.
El proceso falló, entre otras causas, por el abuso de la zona de distensión por parte de las FARC, el empantanamiento de las reformas estructurales que la guerrilla reclamaba, la interferencia del Departamento de Estado estadounidense y la ingerencia del aparato paramilitar representado en ese momento por las AUC.
En efecto, ese proceso, que a juicio de los expertos estuvo bastante alejado de ser una negociación de paz y se redujo al desarrollo de una metodología inadecuada y confusa de zona de distensión, donde se dio una especie de show mediático de interrelación entre el gobierno, la comunidad internacional, la sociedad civil y las FARC, hizo un enorme daño a cualquier nueva iniciativa de búsqueda de la paz negociada.
Pero tal vez el mayor daño fue haber generado un rechazo y haber dejado en el imaginario colectivo la percepción de que la vía de la negociación política del conflicto no conduce a su superación.
Eso explica el ascenso contundente de la opción contraria, representada en ese momento por candidato Álvaro Uribe, que basó su campaña en un discurso de oposición a lo ocurrido en el Caguán, sede de las frustradas negociaciones.
Uribe alcanzó la presidencia posicionando su bandera de la política de Seguridad Democrática y en sus ocho años como Jefe de Estado, hirió de muerte cualquier posibilidad que hubiera existido para hablar otra vez de un proceso de paz.
No obstante su obsesión por acabar con las FARC y los resultados innegables en términos de desmantelamiento de ese grupo guerrillero, el presidente Uribe desde el mismo momento que negó la existencia del conflicto armado y redujo a las FARC a terroristas, bandidos, narcotraficantes y delincuentes, cerró las puertas de un camino de paz negociada.
Y como sociedad volvimos a quedar frente a la única e imposible opción como ha sido ampliamente demostrado a través de la historia, de una victoria militar.
Con esto acabamos de pasar doce años de la historia reciente, donde se nos negó el derecho a buscar una salida política a este conflicto que desangra al país y que no nos permite ocuparnos de problemas estructurales como, por ejemplo, la superación de la pobreza y la desigualdad.
Hoy no es ayer
Según datos internacionales[2], nueve de cada diez conflictos terminan en una mesa de negociación. En los últimos cinco años se ha conseguido la paz negociada de veinticinco conflictos y otros tantos se encuentran buscando los caminos de la negociación. Entonces en Colombia no tendría por qué no pasar lo mismo.
El conflicto colombiano se ha transformado, los actores iniciales han experimentado cambios profundos. Se han acumulado distintas experiencias de aproximación a la solución del conflicto, pero no se ha alcanzado la paz y como dije, la victoria militar es improbable pero, aún más, todo parece señalar que los indicadores de éxito militar han llegado a su techo.
Existen muchos motivos para tratar de avanzar hacia la negociación política de la paz, pero entre ellos los evidentes en este largo y costoso conflicto colombiano pueden enunciarse como el cansancio de la guerra, el deseo general de paz de la población, la imposibilidad de una victoria militar, el contexto político favorable y los costos económicos del conflicto.
En el gobierno hay apertura
En época de campaña, el actual presidente manifestó reiteradamente que "la búsqueda de la paz no es obligación ni deber exclusivo del gobierno, sino un derecho y un deber de todos los colombianos".
Ahora, ya en el poder, el discurso sobre la posibilidad de acercarnos a un acuerdo de paz está siendo liderado especialmente por el vicepresidente Angelino Garzón quien ha expresado en diversas ocasiones que "el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos está dispuesto a construir acuerdos de paz…"
Por su parte, el ministro de Interior y de Justicia, Germán Vargas, explicó hace poco que "el gobierno no renuncia a adelantar diálogos… el gobierno nacional renuncia a su facultad de ordenar despejes", al pronunciarse sobre el malestar causado ante la solicitud gubernamental de excluir de la ley el aparte que lo facultaba para acordar zonas desmilitarizadas en función de diálogos de paz.
El vicepresidente Garzón está liderando un proceso de consulta y construcción colectiva para construir las bases para el diálogo y el consenso social.
Pero más allá de esto el gobierno del presidente Santos ha dado muestras ciertas de querer modernizar el país. Su agenda legislativa da muestras claras de una postura completamente diferente de la del gobierno pasado con relación a las víctimas del conflicto armado.
De salir adelante en el Congreso la Ley de Tierras y la Ley de Víctimas estaremos iniciando el camino de la reparación y la reconciliación.
El ELN y las FARC también quieren
Las últimas comunicaciones públicas de las FARC y del ELN tienen como un denominador común la insistencia en hablar de una salida política negociada.
Específicamente, en lo corrido de este año los comunicados de las FARC son insistentes con el tema.
En una carta abierta, de agosto de 2010, solicitaron, además, un espacio para exponer su "visión sobre el conflicto colombiano" ante la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y aunque, por supuesto, la propuesta fue inmediatamente rechazada por el gobierno colombiano, que reiteró que no aceptará intermediarios para posibles gestiones de paz con la guerrilla, deja ver que existe interés de ambas partes.
De la misma manera el ELN acaba de enviar un mensaje en ese mismo sentido al presidente Juan Manuel Santos. Manifiesta su deseo de construir conjuntamente un proceso de paz para el país.
No es fácil, no es imposible
Así las cosas, el escenario de una salida política negociada al conflicto no es fácil, pero tampoco es imposible; lo que sí es un hecho es que se requerirá de la voluntad política del gobierno y de sus instituciones, y de una decisión sin precedentes de la guerrilla, tras entender que esta sería una oportunidad para dejar ver que aún tienen un argumento político detrás de la lucha armada.
De la misma manera se necesitará un acompañamiento internacional, que ojalá empiece en el vecindario, y que garantice también la verificación de los acuerdos durante el proceso; un plan de trabajo realista; un agenda mínima y, por supuesto, la necesaria y total prudencia de los que estén inmersos en el proceso.
Pero nada se podrá conseguir si, en primer lugar, el gobierno no se compromete pública y seriamente a garantizar que se contará con mecanismos que permitan, con total seguridad y sostenibilidad en el tiempo, que aquellos sujetos de la negociación que legal y democráticamente quieran y puedan hacerlo, podrán participar de la vida pública y política del país, sin que su vida corra riesgos.
Y en segundo lugar, si la guerrilla no da muestras de talante político, de su real interés en una negociación y eso no es otra cosa que lo que se les ha solicitado reiteradamente:
- Dejar en libertad incondicional a todos los secuestrados en su poder
- Devolver a todos los menores que estén en sus filas
- Acabar con la práctica de siembra de minas antipersonal
Me temo que de no aprovechar esta oportunidad, el conflicto armado colombiano seguirá siendo el más antiguo del mundo y los costos los seguiremos pagando todos.
*Cofundadora de Razón Pública. Para ver el perfil de la autora, haga clic aquí.
Notas de pie de página
[1] Entrevista Yamid. El Tiempo, domingo 21 de noviembre de 2010.
[2] Escuela de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona http://escolapau.uab.cat/castellano/index.php
Acerca del autor
María Victoria Duque
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