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Los indígenas en Colombia: situación y soluciones

Escrito por María Victoria Duque
Los indígenas han peleado por décadas por su supervivencia contra actores armados ilegales y la desidia del Estado.

Maria Victoria DuqueQué está ocurriendo y qué se puede hacer para atender a los más vulnerables entre los vulnerables, según el Relator Especial para Colombia de las Naciones Unidas.

María Victoria Duque López*

Dos informes recientes

Naciones Unidas acaba de presentar el primer Informe Global sobre la situación de los más de 370 millones de indígenas del mundo. El Informe fue elaborado por siete expertos independientes, producido por la Secretaría del Foro Permanente de Asuntos Indígenas, y presentado simultáneamente en nueve ciudades capitales. Bogotá fue una de ellas.

El Informe analiza la situación de derechos y libertades fundamentales de los indígenas y consta de seis apartes referentes a la pobreza, la cultura, el ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos. Su conclusión más importante es reiterar que las culturas indígenas están bajo amenaza de desaparición. Los pueblos indígenas siguen presentando los peores índices de pobreza,  desempleo y analfatebismo; representan la tercera parte de la población más pobre del mundo, y en todos los países viven en condiciones alarmantes.

Con ocasión de ese Informe de carácter global, este artículo analiza la situación de los pueblos indígenas de Colombia a la luz de un segundo Informe que fue publicado el pasado 8 de enero, Sobre La Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas. La Situación de los Pueblos Indígenas en Colombia: Seguimiento a las Recomendaciones hechas por el Relator Especial Anterior[1]. El actual Relator Especial, Profesor James Anaya, visitó Colombia en julio de 2009 y las observaciones y recomendaciones de su Informe se desprenden de esa visita y del intercambio de información con el Gobierno y otros actores.

Lo que dice el Informe de Seguimiento

Después de los reconocimientos de rutina y «políticamente correctos» al gobierno colombiano por su buena voluntad, apertura y un «patente» interés en  promover los derechos de los pueblos indígenas mediante la «formulación de (buenos) planes«, este Informe califica la situación como precaria y agrega que «no ha sido afrontada con la urgencia que la gravedad merece».

En efecto, el documento afirma que la situación se ve agravada por un conflicto armado cuyos efectos nocivos (desplazamiento forzado, confinamiento, minas antipersonal, masacres, homicidios, reclutamiento, entre otros) afectan de manera desproporcionada a los pueblos indígenas. También certifica que los problemas más apremiantes se refieren a sus derechos a la tierra y los recursos naturales, así como a su participación en la toma de decisiones que afectan su vida, su cultura y su territorio. Pero ante todo se ocupa de denunciar las enormes brechas en los derechos económicos, sociales y culturales con respecto al resto de la población.

Sostiene el documento que la precariedad con la que sobreviven los pueblos indígenas en Colombia subsiste y que es grave, crítica y profundamente preocupante, además de reflejar la inoperancia de una  legislación avanzada y la poca efectividad de la institucionalidad  responsable. En pocas palabras, Colombia cuenta con leyes y normas progresistas, tanto a nivel nacional como por su obligación de cumplir con el derecho internacional, pero en la práctica, esas medidas no sirven para proteger los derechos de los pueblos indígenas.

Un ejemplo incuestionable de la inoperancia de las Alertas Tempranas, los Informes de Riesgos, los Planes de Salvaguarda y de las denuncias de las autoridades y líderes de los pueblo indígenas, es que a pesar de que el Gobierno desarrolló un Plan de Salvaguarda y Programa de Garantía para el pueblo Awá en julio de 2009, en agosto 26 del mismo año se perpetró una nueva masacre donde murieron acribillados siete niños y cinco adultos. Esto significa que la buena voluntad, apertura e interés del gobierno no está protegiendo vidas. La realidad, según la Corte Constitucional, de que 34 pueblos indígenas en el país se encuentran amenazados «con el exterminio cultural o físico» [2]no ha cambiado.

Niños, niñas y mujeres, los más vulnerables de los más vulnerables

A diferencia del gobierno, la ONU parece estar convencida de la existencia de un conflicto armado interno que, además, amenaza de manera directa y grave a los pueblos indígenas. Manifiesta su preocupación por los efectos de éste, especialmente, sobre las mujeres, los niños y las niñas indígenas, la población más vulnerable entre la población más vulnerable. La violencia sexual, el reclutamiento, ataques contra escuelas y hospitales, caminos minados, y utilización por fuerzas y grupos armadosson apenas una muestra de los riesgos que enfrentan.

A pesar de todo, los abusos continúan

Es indudable que los grupos armados ilegales son los mayores responsables de la situación que viven los pueblos indígenas y que, además, desconocen por completo los estándares de derechos humanos y derecho internacional humanitario. No obstante, la responsabilidad institucional es incontestable, puesto que aún cuando muchos pueblos indígenas cuentan con medidas internacionales de protección[3], éstos continúan denunciando asesinatos selectivos de sus líderes, voceros y autoridades. Según datos oficiales, entre enero y septiembre de 2008 y 2009, el homicidio de indígenas aumentó en   71%[4].

A pesar de la «compostura» con que el Informe habla de la utilización de niños, niñas, jóvenes y mujeres «por fuerzas»,  es directo al denunciar que «el programa de desmovilización ha resultado en amnistía de facto o en promesas de sentencias limitadas para los desmovilizados, lo que ha fomentado críticas de impunidad y que, persisten violaciones de derechos humanos por miembros de la Fuerza Pública…».  Por otra parte, el texto hace énfasis sobre el riesgo que representa la ocupación inconsulta e indebida de escuelas y sitios sagrados, entre otras, por parte de la Fuerza Pública. Así como la utilización de la población,  en calidad de «informantes».

Con tierra pero sin comida

Según diversas fuentes, los territorios indígenas en nuestro país ocupan entre 31 y 34 millones de hectáreas. Éstas pertenecen a 710 resguardos titulados. Sin embargo, sólo el 7,68%, o sea 1.290 hectáreas son aptas para el cultivo, y en ellas vive el 65% de población indígena. El territorio restante está en áreas de selva Amazónica, sabanas de la Orinoquía y desierto en la Guajira.

Con respecto a procesos de constitución, ampliación y saneamiento de resguardos, de acuerdo con el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, están en trámite más de 1.600.000 hectáreas. La responsabilidad de gestionar estos procesos recae sobre la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y Justicia. A este respecto el Informe indica «la necesidad de armonizar la política pública de desarrollo económico del país, en especial en lo que se refiere a los denominados «mega proyectos» relativos a la extracción de recursos, infraestructuras agroindustriales y turísticas, con los derechos de los pueblos indígenas sobre tierras y recursos naturales (…)». Recomendación casi imposible de cumplir, si tenemos en cuenta el modelo económico de país minero y agro-exportador, con una alta concentración de riqueza, elegido en los últimos gobiernos como norte para el desarrollo. Todo lo anterior sin contar con que, de participación y concertación para las toma de decisiones, se ha avanzado más sobre el papel y sobre la burocracia, que en términos reales.

Algunas recomendaciones

En conclusión el Relator Especial de la ONU hace una serie de recomendaciones de sentido común y voluntad política que están lejos de ser novedosas y sin embargo siguen siendo urgentes. Por ejemplo, el Informe   «recomienda al Estado Colombiano»:

(1) Adoptar políticas de Estado que permitan el adecuado cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas – aclarando, eso sí, que esas políticas deben ser cumplidas.

(2) Asegurar el buen el funcionamiento de los órganos de control y de justicia: financiar al Sistema de Alertas Tempranas, a la Corte Constitucional y a los defensores comunitarios de la Defensoría del Pueblo.

(3) Buscar la salida negociada al conflicto, que debería incluir a la sociedad civil y a los pueblos indígenas.

(4) Brindar protección a los líderes indígenas, y respetar sus propias iniciativas de protección, como lo son la guardia indígena.

(5) Investigar «seriamente» y llevar a la justicia a los responsables de las violaciones a los derechos humanos contra los pueblos indígenas.

(6) Invitar al Asesor Especial para la Prevención del Genocidio de la ONU «para que monitoree la situación de las comunidades indígenas que se encuentran amenazadas…»

(7) Asignar los recursos humanos y financieros para que los Planes de Garantía y Salvaguarda sean efectivos según las recomendaciones de la Corte Constitucional.

(8) Proteger con medidas específicas los territorios de los pueblos indígenas que han sido desplazados por la fuerza.

(9) Reconocer las distintas modalidades de desplazamiento y garantizar condiciones dignas de vida mientras pueda darse el retorno a sus resguardos.

(10) Fortalecer los programas de protección de la niñez y de las mujeres indígenas.

(11) Acelerar los procesos de constitución, ampliación y saneamiento de resguardos.

(12) Esclarecer las competencias institucionales que aseguren el carácter inalienable, inembargable e imprescriptible de los territorios indígenas.

(13) Prevenir los cultivos ilícitos mediante una acción coordinada y abstenerse de hacer fumigaciones cerca a los poblados indígenas o de sus cultivos de abastecimiento.

(14) Concertar un proyecto de ley sobre la consulta a los pueblos indígenas, sujeto a las normas nacionales e internacionales.

(15) Actualizar y sistematizar el censo de la población indígena.

(16) Intervenir concertadamente para reducir los índices de mortalidad y morbilidad de la población indígena y,

(17) Avanzar en la adopción del sistema de educación propia.

A todos los actores armados los llama a respetar el DIH; y a abstenerse de reclutar niñas y niños indígenas.

Al Estado colombiano, a los pueblos indígenas y a otros actores los urge a establecer procesos de diálogo y la adopción de pactos sociales duraderos.

La oportunidad

Ninguno de los dos informes contiene novedad, ni en lo que denuncian ni en lo que recomiendan, pero si tienen un valor especial y es que sean presentados por un organismo internacional que al decir lo obvio está diciendo mucho más que lo obvio. En la presente coyuntura, en la que el tema indígena está en la agenda pública global, podrían usarse altavoces para hablar de la voluntad política real y concreta de los gobiernos, que se traduzca en protección de vidas, cultura y territorio y, en la dignificación para los pueblos ancestrales; de los modelos económicos y de desarrollo que borran de un tajo, el «patente» interés de enaltecer la vida de los más vulnerables; de los instrumentos de protección que en el papel protegen, pero que en la realidad burocratizan las prioridades de salvaguarda; de la coordinación institucional, principal camino para alcanzar los objetivos. Ahora que desde todas las latitudes estamos mirando el problema. Es posible que a gobiernos populares internamente, les preocupe su imagen en el exterior.

*Miembro fundador de Razón Pública. Para ver el perfil de la autora, haga clic aquí.

Notas de pie de página


[1] Promoción Y Protección De Todos Los Derechos Humanos, Civiles, Políticos, Económicos, Sociales Y Culturales, Incluido El Derecho Al Desarrollo. Relator Especial De Naciones Unidas Sobre La Situación De Los Derechos Humanos Y Las Libertades Fundamentales De Los Indígenas. La Situación De Los Pueblos Indígenas En Colombia: Seguimiento A Las Recomendaciones Hechas Por El Relator Especial Anterior*. Advanced Unedited Version. En: www.hchr.org.co

[2] Auto 004 de 2009, Corte Constitucional.

[3] Comisión Interamericana de Derechos Humanos

[4] Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Presidencia de la República

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