La masacre de indígenas por parte de la Farc exige cambios de fondo en la estrategia de seguridad.
María Victoria Duque
La masacre
El pueblo indígena Awá se encuentra en la parte occidental del Macizo Andino colombiano y se extiende hasta el norte del Ecuador, en una región caracterizada por su gran biodiversidad. El grupo étnico ocupa asentamientos dispersos que siguen la corriente de los ríos, y su territorio está cruzado por la carretera que conduce de Pasto a la Costa Pacífica nariñense. En él hacen presencia la Fuerza Pública y grupos armados irregulares que hacen parte de las FARC, del ELN y de bandas paramilitares en recomposición.
En la última semana de enero de 2008 llegó el Ejército al resguardo y se conoce, por las propias organizaciones indígenas, que ocupó viviendas y ejerció presión sobre la comunidad para obtener información sobre la guerrilla, hecho ante el cual ésta reaccionó acusando a los indígenas como presuntos informantes del Ejército.
La semana pasada, autoridades indígenas manifestaron que después de un fuerte enfrentamiento entre el Ejército y guerrilleros de las FARC, el 4 de febrero, dentro del resguardo indígena Tortugaña Telembí, "hombres armados con distintivos de las FARC retuvieron a 20 personas, las cuales fueron sacadas amarradas y luego se les observó asesinando a algunas personas con arma blanca. Según la comunidad, los mismos hombres regresaron al otro día por los niños que quedaban en las casas y de los que no se sabe qué suerte habrán corrido"[1].
El Secretario de Gobierno del Departamento de Nariño explicó que el número de indígenas desplazados que ha llegado al municipio de Barbacoas asciende a 425, y al municipio de Samaniego 119 más[2]. Se sabe también del aumento de los desplazamientos transfronterizos al territorio del pueblo Awá en el Ecuador como consecuencia del terror que están viviendo; sin embargo no se conocen cifras claras sobre la magnitud de este desplazamiento.
Hasta el momento, las autoridades no han logrado encontrar los cuerpos sin vida de los indígenas asesinados, entre otras razones por lo selvático de la región, la dispersión de las comunidades y el alto grado de pluviosidad.
Según cifras oficiales, en el 2007 fueron asesinados 40 indígenas en Colombia y en 2008 la cifra ascendió a 65[3]. De acuerdo con Luis Fernando Arias, Consejero Secretario General de la ONIC, en los escasos 45 días corridos del año 2009, ya se cuentan más de 50 indígenas asesinados, decenas de heridos y cientos de desplazados[4].
Las causas
La combinación fatal de una ausencia de políticas y programas de atención integrales y diferenciales, y la agudización del conflicto en los últimos años en su territorio, se ha convertido en la receta segura para que los indígenas sigan siendo víctimas desproporcionadas de todas las consecuencias del conflicto armado: desplazamiento, confinamiento, asesinatos selectivos, masacres, minas, amenazas, estigmatización, violación de su derecho a la movilidad, a su territorio, a su autonomía alimentaria y a su gobernabilidad.
La presencia de los grupos armados en los resguardos tiene que ver con la disputa por el control territorial, entre otros, para la siembra y procesamiento de la hoja de coca, o como corredores estratégicos para el transporte de armas e insumos, o como zonas de descanso o para el reclutamiento forzado, especialmente de niños y niñas indígenas.
Con el argumento de la presencia de los grupos armados en territorios indígenas, la Fuerza Pública violenta a las comunidades al ejercer medidas de control que limitan la movilidad, restringen el transporte de alimentos, gasolina y medicamentos a los resguardos. Preocupa también el señalamiento que les hacen como miembros o auxiliadores de la guerrilla o de los paramilitares, además de que ejercen presión sobre los habitantes con el fin de obtener información de inteligencia militar.
Los efectos
En estas circunstancias la población indígena está sujeta a violaciones constantes, graves, sistemáticas y concurrentes de los derechos fundamentales por parte de grupos armados al margen de la ley, pero también por parte de la Fuerza Pública. Porque tanto los unos como los otros les exigen que sean informantes, y se los castiga y estigmatiza acusándolos de colaborar con el enemigo. Más grave aún, como lo están demostrando los hechos recientes en Barbacoas, Ricaurte y Samaniego, la presencia militar no solamente no ha logrado proteger su vida y sus derechos, sino que ha aumentado sus niveles de vulnerabilidad frente a los grupos ilegales. Todos los actores armados ejercen violencia contra los Awá.
Estas presiones han causado un serio debilitamiento en la organización indígena, en su cohesión social y en sus instituciones socio-políticas. Han desestructurado su sistema tradicional de producción, las ha obligado a cambios culturales abruptos, ha hecho retroceder su autonomía y su control territorial y ha resquebrajado su gobernabilidad.
¿Qué hacer?
Como lo piden las organizaciones indígenas – y como deberíamos hacer todos los colombianos – es necesario acompañar a los indígenas y participar en la minga de resistencia que están convocando para convertir la solidaridad en acciones concretas que dejen claro a los violentos que los indígenas no están solos, o mejor aún, como lo ha expresado Camilo González Posso, que los Awá somos todos.
Las FARC, con estos actos atroces, confirman su total degradación, empuñando dolor, miseria y muerte contra las comunidades indígenas como una estrategia para someterlas y despojarlas de sus territorios. A esta guerrilla sólo queda exigirle el cese incondicional y definitivo de sus crímenes de guerra y sus delitos de lesa humanidad – comenzando por la liberación inmediata de las personas que tenga aún en su poder.
Pero por encima de todo el Estado colombiano tiene la obligación, aún en medio del conflicto armado, de proteger a los civiles y tomar medidas especiales para preservar la población indígena – porque ella está expuesta a riesgos especialmente graves. El deber del Estado es protegerlos para que no se les sigan violando sus derechos, para que recobren su dignidad y vean garantizados el derecho a la vida, a la integridad física, a la libre movilidad, al trabajo, a su territorio, a la salud y a la educación.
Nada de esto se logra al designar un Coronel del Ejército como enlace de confianza entre las poblaciones indígenas y la Fuerza Pública, como propuso el Presidente Uribe[5]. O al explicarles a los indígenas que "la política de Seguridad Democrática es para todos los colombianos y que si no colaboran no se podrá proteger sus derechos", como lo hizo el Ministro de Defensa[6] sin notar que la masacre se debió al rumor de que los Awá "estaban colaborando".
Dada la situación particular de los pueblos indígenas respecto del conflicto, una estrategia de seguridad debe empezar por reconocer su cultura, su territorio, su autonomía y sus autoridades. A partir de este reconocimiento habría que plantear una política de paz y no de guerra, pues sólo así será posible darles "seguridad" a los pueblos indígenas.
Las muertes de los Awá son una muestra más de la atrocidad de la guerra y de su degradación y al mismo tiempo una muestra adicional – la más costosa, por ser la pérdida de vidas humanas en total desamparo – para que las partes entiendan que es indispensable tender los puentes necesarios para avanzar hacia una paz negociada, que será la única forma de que sea firme y duradera.
Pero mientras haya conflicto, no podemos claudicar, tenemos que exigirles a las partes el respeto al Derecho Internacional Humanitario para que cesen las masacres y el terror contra la población civil.
* En Awá pit, lengua perteneciente a la familia lingüística Barbacoa: Tenemos Miedo
Notas de pie de página
[1] Comunicado a la Opinión Pública Nacional e Internacional. Unidad Indígena del Pueblo Awá – UNIPA – y Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC –
[2] La W fin de semana, Fabio Trujillo, Secretario de Gobierno del departamento de Nariño, sábado 14 de febrero, 7:48 a.m.
[3] http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/observatorio_ddh.asp. Consultado el viernes 13 de febrero de 2009.
[4] Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI, Colombia: Nueva masacre al Pueblo Awa de en Nariño, Colombia, jueves 12 de febrero de 2009.
[5] Declaraciones del Presidente Uribe, desde Medellín, viernes 13 de febrero de 2009.
[6] http://www.elmundo.es/elmundo/2009/02/13/. Consultado viernes 13 de febrero de 2009
