La guerra no sólo se paga con salarios mínimos - Razón Pública
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La guerra no sólo se paga con salarios mínimos

Escrito por María Victoria Duque
Maria Victoria Duque

Maria Victoria DuquePuntadas críticas sobre el Decreto 1290/08 de Reparación Administrativa.

María Victoria Duque

Doña Emperatriz de Guevara, la madre del Mayor Julián Ernesto Guevara, secuestrado por las FARC el 1 de noviembre de 1998 en Mitú, Vaupés, y quien falleció en cautiverio hace más de año y medio, sigue esperando que las FARC le devuelvan los restos de su hijo. Mientras tanto, podrá empezar a realizar las gestiones para acceder a la Reparación Administrativa. El monto máximo que podrá recibir es de 40 salarios mínimos (1) lo suficiente para hacerle unas honras fúnebres dignas a su hijo (2).

Para tener derecho a la indemnización deberá sortear una larga lista de trámites y requisitos. Doña Emperatriz deberá estar registrada como víctima de los grupos armados al margen de la ley, en alguna de las siguientes bases de datos: en la de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional; la Fiscalía General de la Nación; la Procuraduría General de la Nación; la Defensoría del Pueblo; la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia; el Ministerio de la Protección Social; la Policía Nacional; el Departamento Administrativo de Seguridad; la Fuerza Pública; la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación; la Organización Internacional para las Migraciones; el Programa de la Vicepresidencia de la República de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario,  o en la del Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersonas. Además tendrá que contar con la ayuda del funcionario que reciba su solicitud para diligenciar el respectivo formato ante el Comité de Reparaciones Administrativas que, a su vez, debe ser enviado a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.

El Comité de Reparaciones Administrativas resolverá las solicitudes de reparación individual en un periodo máximo de 18 meses a partir de la radicación y debe hacerlo en el orden de recepción de las mismas. Lo que indica que si todo sale bien y la información y las pruebas que doña Emperatriz aportó o que Acción Social recopiló (3) son verídicas, es posible que  deba seguir "ejercitando" su paciencia por un año y medio más.

Estos son los montos establecidos para la Reparación Administrativa de las víctimas del conflicto armado:

– Por homicidio, desaparición forzada o secuestro, de un pariente, 40 salarios mínimos mensuales – unos 18 millones de pesos-; 

-Por lesiones personales, físicas o psicológicas, que hayan producido incapacidad permanente,  40 salarios mínimos;

 -Po lesiones físicas o psicológicas que ocasionen incapacidad temporal, 30 salarios mínimos – 13.845.000 pesos-;

Por ser objeto de abusos contra la libertad e integridad sexual, de tortura o de  reclutamiento de menores, la misma cantidad.

Por ser sujeto a desplazamiento forzado 27 salarios mínimos o 12.460.000 pesos.

Son cifras irrisorias. Y sin embargo, debemos celebrar que el Gobierno haya cambiado su actitud ante las víctimas, al admitir que una parte de los impuestos se dedique a reparar los efectos del conflicto, así sea mucho menos de lo que invierte en proseguir la guerra (por ejemplo, los 2 mil 500 millones de pesos – 5417 salarios mínimos- pagados a Pablo Montoya, alias ‘Rojas', por la muerte de alias ‘Iván Ríos').  

A la luz del derecho internacional y de los compromisos firmados por Colombia, el Estado está en el deber de garantizar el acceso a las medidas de reparación integral a todas las víctimas del conflicto, sin distinción alguna. Sin embargo el decreto 1290 de 2008 "Por el cual se crea el Programa de Reparación Individual por vía administrativa para las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley" deja de lado a las víctimas de crímenes de Estado y niega la reparación por esta vía a comunidades y a colectividades que han sido víctimas en el conflicto armado y merecen reconocimiento, compensaciones y reivindicación. Peor aún, el Decreto, invocando el principio de solidaridad, niega de tajo la responsabilidad jurídica que por acción u omisión le cabe al Estado colombiano.

Por otra parte, como lo han manifestado analistas y organizaciones nacionales e internacionales, la reparación por vía administrativa tiene el peligro de que se use o se convierta en excusa para no perseguir con energía suficiente la reparación por la vía judicial. Y más cuando la vía judicial es tan lenta como lo estamos viendo en el caso de los ex AUC.  

En efecto: si bien la reparación administrativa puede agilizar la atención a algunas  víctimas, la vía judicial tiene dos ventajas indudables. Primero, no se limita a la indemnización,  sino que busca resarcir el derecho integral de la víctima a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Segundo, y según las circunstancias, permite que la víctima reciba una indemnización más elevada o más proporcionada a la gravedad del daño que ha sufrido.

Y es porque sólo la reparación integral de todas las víctimas, con el reconocimiento y el respeto que merecen, puede ponernos de frente, como sociedad, a la construcción colectiva de esa paz firme y duradera.

Doña Emperatriz de Guevara y su familia podrán, como otras víctimas, surtir el proceso y recibir, eventualmente, sus 18 millones de pesos. Esa indemnización es apenas una partecita de la reparación integral a la que tienen derecho y que el Estado, por ser el Estado, tiene el deber de asegurarles.

 

Notas


(1) Parágrafo 2°. En caso de concurrir varias personas con derecho a la reparación, el monto de la indemnización solidaria se distribuirá así:

a. Una suma equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor previsto para la respectiva violación para el cónyuge o compañero (a) permanente, y el otro cincuenta por ciento (50%) para los hijos;

b. A falta de cónyuge o compañero (a) permanente, el cincuenta por ciento (50%) para los hijos, y el otro cincuenta por ciento (50%) para los padres;

c. A falta de cónyuge o compañero (a) permanente e hijos, cincuenta por ciento (50%) para los padres y el otro cincuenta por ciento (50%) distribuido en partes iguales entre los hermanos y demás familiares que dependieren económicamente de la víctima directa;

d. A falta de cónyuge o compañero (a) permanente, hijos y padres, se distribuirá el valor de la indemnización solidaria en partes iguales entre los hermanos y demás familiares que dependieren económicamente de la víctima directa.

e. Cuando la víctima directa era soltera y fue abandonada por su padres en la niñez, se reconocerá el monto total de la reparación al pariente más cercano que hubiere asumido los gastos de crianza y manutención, siempre que demuestre el parentesco y la dependencia económica.

(2) En Bogotá, una inhumación tiene un costo entre 5 y 8 millones de pesos.

(3) Corresponde a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social – acopiar la información y documentación necesaria para el reconocimiento del solicitante como víctima de los grupos armados organizados al margen de la ley. Esta información tendrá por objeto allegar elementos de juicio sobre la veracidad de la afectación de sus derechos fundamentales, para lo cual se tendrán en cuenta alguno o algunos de los siguientes criterios:

  • La presencia de las víctimas en el lugar y el momento en que ocurrieron los hechos.
  • La presentación de denuncia, o puesta en conocimiento de los hechos ante cualquier autoridad judicial, administrativa o de policía, dentro del año siguiente a la ocurrencia del hecho.
  • La situación de orden público en el momento y lugar donde ocurrieron los hechos.
  • La presencia de grupos armados organizados al margen de la ley en el lugar de los hechos.
  • La inclusión de las víctimas en los informes de prensa, radio, televisión o cualquier otro medio de comunicación que hubiera dado cuenta de los hechos.
  • La inclusión de las víctimas en los informes de Policía o de los organismos de Inteligencia del Estado relacionados con los hechos.
  • La inclusión de las víctimas en los informes que reposen ante Organismos Internacionales.
  • El riesgo a que estuvieron expuestas las víctimas por sus vínculos profesionales, laborales, sociales, religiosos, políticos, gremiales, o de cualquier otro tipo.
  • Las modalidades y circunstancias del hecho.
  • La amistad o enemistad de las víctimas o sus familiares con alguno o algunos de los integrantes de los grupos armados organizados al margen de la ley.
  • Las condiciones personales de las víctimas relacionadas con la edad, el género y ocupación. Haber ocurrido el hecho por medio de una mina antipersona.

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