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Pueblos indígenas, ciudadanos de segunda

Escrito por María Victoria Duque
Maria Victoria Duque

Maria Victoria DuqueEn medio del conflicto armado, del desastre invernal y de los proyectos de la gran minería, 34 pueblos indígenas de Colombia están al borde del exterminio. La orden de protección impartida por la Corte Constitucional no se ha cumplido y aun no se vislumbran ni garantías ni salvaguardas efectivas en el corto plazo.

María Victoria Duque López*

De mal en peor

La Constitución de 1991 orgullosamente declara que somos un país pluricultural y multiétnico. A veinte años de su promulgación, los pueblos indígenas Wiwa, Kankuamo, Arhuaco, Kogui, Wayúu, Embera-Katío, Embera-Dobidá, Embera-Chamí, Wounaan, Awá, Nasa, Pijao, Koreguaje, Kofán, Siona, Betoy, Sikuani, Nukak-Makú, Guayabero, U’wa, Chimila, Yukpa, Kuna, Eperara-Siapidaara, Guambiano, Zenú, Yanacona, Kokonuko, Totoró, Huitoto, Inga, Kamentzá, Kichwa y Kuiva están al borde del exterminio.

Dos años y medio después de que la Corte Constitucional emitiera el Auto 004 de enero de 2009 [1], la situación de los pueblos indígenas sí ha cambiado, pero para peor. La Corte señaló el riesgo inminente de exterminio de los pueblos indígenas, asegurando que el peligro puede ser por desaparición cultural “en razón al desplazamiento y dispersión de sus miembros, o desde el punto de punto de vista físico, debido a la muerte natural o violenta de sus integrantes”.

Si a la situación de abandono institucional, indefensión y exclusión histórica se le agregan los elementos propios de la crisis humanitaria resultantes del conflicto armado (reclutamiento forzado, minas antipersonal, confinamiento, desplazamiento forzado, masacres, asesinato selectivo de líderes, despojo, señalamientos, amenazas, hostigamientos y persecuciones, entre otros), la alta vulnerabilidad frente a la reciente ola invernal, el desarrollo de grandes proyectos agroindustriales, de exploración y explotación minera y de hidrocarburos, y si aún peor le añadimos la probada falta de celeridad de los procesos de salvaguarda y protección, evidentemente estamos a punto de “resolver” el problema: los pueblos indígenas no tardarán mucho en desaparecer.

Todas las partes involucradas en el conflicto armado siguen ignorando su condición de civiles y de personas protegidas; sus actuaciones bélicas siguen teniendo lugar en medio de los territorios ancestrales, lo cual sin duda limita el ejercicio efectivo de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas.

Mandatos de la Corte

Vista esta situación, el Auto 004 de la Corte Constitucional ratifica que el Estado colombiano está en la obligación de prevenir las causas y atender a la población indígena desplazada. Para ello dispuso diseñar y ejecutar dos instrumentos:

  • El Programa de Garantía de los Derechos de los Pueblos Indígenas Afectados Por el Desplazamiento, y
  • Lo Planes de Salvaguarda Étnica ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado para cada uno de los 34 pueblos identificados como en peligro de extinción (casi la mitad de los que hay en el país).

Ambos instrumentos debían estar diseñados y en ejecución dentro de los seis meses siguientes a la notificación del Auto es decir, no después de julio de 2009. La Corte además dispuso que el Programa y los Planes deben ceñirse a los criterios de racionalidad constitucional, adoptar un enfoque diferencial y ser debidamente consultados con las organizaciones y líderes de los pueblos indígenas.

El cumplimiento de lo ordenado por el Auto 004 corresponde a la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom del Ministerio del Interior y de Justicia (MIJ). Para llevar a buen término el Programa y los Planes que señala el Auto, el MIJ debe coordinarse con Acción Social y con las instancias o agencias que sean necesarias para asegurar la protección efectiva por parte del Estado colombiano, y sin perjuicio del apoyo que se pueda recibir de la comunidad internacional o de las organizaciones de la sociedad civil. Por lo mismo, de acuerdo con el fallo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Protección Social y el Programa de Acción Integral contra las Minas Antipersonal tienen responsabilidades precisas en este campo.

Demasiado lentamente

En su  Informe de marzo de 2011 a la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T/025 de 2004 y con respecto al Programa de Garantía de Derechos, el gobierno nacional precisa que sigue llevando a cabo encuentros o talleres en procura de concertar el Programa “antes de junio de 2011”; también trabaja para tener formulados los 34 Planes de Salvaguarda Étnica entre septiembre y noviembre del presente año.

Así mismo se sabe que a la fecha han sido concertados 24 “marcos lógicos” con los pueblos indígenas y que, así hayan requerido más tiempo del deseable, los procesos avanzan y se espera que antes de fin de año estén en operación el Programa y los Planes.

Es más, esta misma semana tuvo lugar la reunión de la Mesa Nacional de Concertación de los Pueblos Indígenas, donde deben revisarse más de 2.500 propuestas formuladas por ellos; su discusión sin embargo se aplazó para una reunión extraordinaria convocada para la próxima semana.

Es pues claro que el gobierno Santos se interesa en elaborar los Planes, y que en efecto el proceso de concertación con los pueblos afectados es bastante complejo.

Pero también hay que notar que las respuestas del gobierno son demasiado lentas. Por ejemplo el pueblo Awá de Nariño y Putumayo elaboró su propio Plan de Salvaguarda en 2010 pero no ha podido concertarlo con el gobierno ni ha sido puesto en marcha pese a que en marzo pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares de vida e integridad para los Awá.

La urgencia es obvia: continúa la violencia de los actores armados contra los pueblos indígenas. Según  cifras oficiales, entre enero y mayo del presente año los homicidios de indígenas llegaron a 47, un aumento de 38 por ciento frente al mismo período de 2010. En el año 2009, fueron 106 los indígenas asesinados y en 2008 se registraron 71. No obstante el Auto de la Corte, la cifra de homicidios aumenta año a año.

Otras voces

Para Luis Evelis Andrade, Presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) la formulación y concertación del Programa Integral y de los Planes de Salvaguarda han sido demasiado lenta, y aún cuando reconoce los esfuerzos, señala la grave desarticulación institucional pues la concertación con los indígenas va en contravía de otras grandes decisiones nacionales que afectan sus derechos. Le preocupa en especial la llamada “locomotora minera”, pues según él se han entregado títulos en territorios indígenas sin consulta previa. También lo intranquiliza el TLC con la Unión Europea, pues este implicaría acuerdos inconsistentes con el respeto de sus derechos y sus territorios.

De acuerdo con el Informe de la CIDH, a la fecha no existen ni el Programa de Garantía de los Derechos ni ningún Plan de Salvaguarda Étnica. El cumplimiento del Auto 004 ha sido entonces precario y aunque se han dado avances, no se ha actuado con la urgencia que demandó la Corte y que sigue demandando la violencia continuada contra los pueblos indígenas. El informe también señala los riesgos derivados de proyectos de explotación minera y de hidrocarburos, pues los procesos de consulta previa se conciben como “meros trámites formales”.

Qué nos pasa

Por acción lenta o completa omisión, los pueblos indígenas siguen condenados al exterminio. No importa lo que ordene la Corte Constitucional, qué diga la Comisión de Seguimiento, cuánto programas inicien la comunidad internacional o las organizaciones de la sociedad civil. Tampoco importa cuánto luchen los propios pueblos indígenas por recobrar su relación profunda con la naturaleza o la continuidad de su historia ancestral, por alcanzar la dignidad basada en el ejercicio de todos sus derechos.

Los pueblos indígenas de Colombia no son prioridad ni para la sociedad ni para los gobiernos de turno. Nuestra élite está muy lejos de creer en ese país plural y múltiple que se dibuja en la Constitución, y de hecho trabaja en contra suya. Por eso urge descubrir los valores de solidaridad, respeto y celebración de las diferencias, por eso urge un Estado que a partir del compromiso con lo público entienda que su primera obligación es garantizar la vida de los más vulnerables.

 

*Cofundadora de Razón Pública. Para ver el perfil de la autora, haga clic aquí.

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