El hundimiento de la Ley de Víctimas. En las paradojas se encierran las claves - Razón Pública
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El hundimiento de la Ley de Víctimas. En las paradojas se encierran las claves

Escrito por María Victoria Duque
Maria Victoria Duque

Maria Victoria Duque

Los dos argumentos que invoca el gobierno son poco creíbles y en cambio confirman tres errores de fondo en su posición acerca de las víctimas de este largo conflicto.

María Victoria Duque

Los hechos de la última semana

Después de lograr en la sesión de conciliación que el texto de  la ley no excluyera a las víctimas de los agentes del Estado, la Ley misma se hundió por una orden del Palacio de Nariño. Los argumentos para hacerlo esta vez fueron  la "inconveniencia fiscal para el país" y la necesidad jurídica de que "en el caso de abusos cometidos por funcionarios del Estado" exista una sentencia ejecutoriada para que la víctima pueda buscar reparación.

Digo "esta vez" porque ya a fines del año pasado el Congreso había aplazado la discusión sobre la Ley de Víctimas, en medio de pocillos tinteros rebosados de whisky y con el Ministro Valencia Cossio prometiendo que el Ejecutivo buscaría un exhaustivo consenso con la oposición y que la ley sería aprobada en el primer semestre de 2009[1].

Tampoco puede dejar de notarse que esta misma semana el Congreso aprobó, durante una sesión sui generis de día festivo, el "principio de oportunidad" que permitirá a un fiscal solicitar la suspensión de la acción penal para que un delincuente no sea sancionado si colabora con la justicia. Este proyecto es especialmente benéfico para cerca de veinte mil paramilitares desmovilizados y viene a ser otro golpe para las víctimas, pues cada vez será más lejana la oportunidad de conocer la verdad sobre sus victimarios. 

Ahora el gobierno vuelve a prometer que el 20 de julio presentará un proyecto de ley que recoja las expectativas de las víctimas y los estándares internacionales,  pero que no sea "un trauma irreparable a las finanzas del Estado" y una "grave amenaza" a la política de seguridad "democrática", la lucha contra la violencia y el narcotráfico.

No menos pertinente es recordar las tres prioridades que el gobierno ha señalado entre los 144 proyectos pendientes de discusión durante esta última semana de sesiones. En medio de los ya conocidos afanes al finalizar otro periodo legislativo, el Presidente abogó por la reforma política, por la reforma financiera y por la enmienda constitucional que busca penalizar la dosis personal. Estas iniciativas no tendrán problemas para su aprobación,  a diferencia del referendo reeleccionista que se enredó en virtud de la investigación preliminar de la Corte acerca de los 86 representantes que votaron el proyecto; o a diferencia de proyectos como el referendo del agua o la ampliación de la licencia de paternidad, que a estas  alturas no son de interés para "nadie".

Los tres obstáculos de fondo

Después de dos años de audiencias e intensos debates en torno a la llamada Ley de Víctimas, hubo tres temas sobre los cuales el gobierno se negó a ceder en la forma más tajante:

(1) La inclusión de las víctimas de agentes del Estado como titulares del derecho a la reparación, tal como lo exige el Derecho Internacional Humanitario;

(2) La alusión al principio de responsabilidad del Estado cuando el gobierno pretendía que la reparación estuviera basada en el principio de la solidaridad, y

(3) La restitución de las tierras a quienes fueron sus titulares o son sus herederos.

Las razones detrás del hundimiento

El argumento por el cual se le abriría un hueco fiscal irreparable al Estado tiene tanto de largo como de ancho. Según el senador Cristo, ponente del proyecto, "el texto del Senado que objetó el presidente… estaba desde hace un año a consideración del Gobierno y nunca dijeron que era una locura" y que llevaría a Colombia a la quiebra.

Pero más allá de esa consideración hay un problema de fondo. Resulta ser que cuando el proyecto no incluía a las víctimas de agentes del Estado (versión aprobada por la Cámara y sobre la cual el gobierno no tenía mayores objeciones) su costo ascendía, según palabras del Ministro Zuluaga,  a 22 billones de pesos  (lo cual, de paso, no era muy problemático para el fisco). Pero cuando el proyecto incluye a las víctimas de agentes estatales (o sea con el texto original aprobado en el Senado) según carta enviada por el ministro a los presidentes de la Cámara y del Senado, éste tendría un costo adicional de 53 billones de pesos, o sea dos veces y media más que el valor calculado para la reparación de las víctimas de los grupos armados al margen de la ley.

Tiendo a pensar que  las paradojas encierran las claves para entender ciertos temas y esto nos llevaría a inferir que las víctimas de los agentes del Estado serían lo suficientemente numerosas – o sus delitos serían lo suficientemente graves – como para que cuesten dos y media veces más que las de los grupos al margen de la ley, lo cual enseguida explicaría el segundo tema que tanto molesta al gobierno, o sea, el principio de responsabilidad del Estado.

De cara a las víctimas y peor aún, de cara a la comunidad internacional, hablar de responsabilidad del Estado y debatir sobre tales órdenes de magnitud habría sido un escenario demasiado riesgoso para el gobierno, sobre todo en la mitad de los llamados "falsos positivos".     

Y en todo caso sorprende que en estos dos años no transcendieran nunca a la opinión pública ni los autores, ni las bases de los complejos estudios que llevaron a determinar la cifra fiscal del costo de la reparación, de ser aprobaba la Ley de las Victimas. Menos todavía cuando "la inconveniencia fiscal para el país" fue el argumento central para darle entierro.

Por su parte el argumento de la sentencia ejecutoriada como prerrequisito para compensar a la víctima en realidad no pasa de ser un artilugio.  Primero porque no tiene validez jurídica sino que contradice la normatividad internacional, que expresamente niega este requisito[2]. Segundo y más aún, porque sólo en el 7% de los casos de homicidios en Colombia existe una tal sentencia[3]; ¿será que la ley no existe para el restante 93% de las víctimas?  

Finalmente y para entender el tercer tema que el gobierno no tiene interés alguno en abordar, valdría la pena entender que las "tierras que los desplazados dejaron atrás se encuentran abandonadas… ocupadas por terceros, ya sean… de buena fe… o paramilitares, testaferros y algunas empresas de cultivos agroindustriales, según lo ha declarado el Estado. Y otras hectáreas ya han cambiado de dueño bajo presión o a través de diligencias administrativas fraudulentas…."[4]Revertir estas prácticas – que en ocasiones se explican por la debilidad del Estado y en otras por la complicidad de agentes del Estado- implicaría una voluntad política y un proyecto de país muy diferente del que encarna el actual gobierno;  implicaría la reforma agraria en lugar de la contra reforma agraria.

La equivocación

El error principal del gobierno es ignorar la repercusión internacional de sus actos y omisiones referentes a los derechos humanos, al estado de derecho y los principios del DIH.

En esta ocasión se trata de discriminar entre las víctimas de un mismo conflicto. De hacerlo en contra de aquellas que en sana lógica no deberían existir o deberían ser las primeras en recibir atención, puesto que el daño fue causado por agentes de ese mismo Estado cuya función es protegernos a todos.   Se trata de discriminar entre los victimarios, como si en sana lógica no fuera peor la violación cometida por el funcionario del Estado que nos protege que aquellas otras perpetradas por delincuentes al margen de la ley.  Y se trata de admitir de algún modo que la seguridad democrática es más democrática respecto de un cierto tipo de víctimas que respecto de otro tipo de víctimas.   

Para consolidar la suspicacia internacional y por cuenta de su terquedad,  ahora el gobierno Uribe ha dejado sin protección, no apenas a las víctimas de funcionarios del Estado, que esperaban, en consecuencia del DIH y al tenor de la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, ser tratadas con compasión y respeto a su dignidad y  que se les asegure plenamente su derecho a acceder a los mecanismos de justicia y reparación, sino a todas las víctimas de un conflicto que ha afectado a alrededor de cuatro millones de conciudadanos.     

Es actitud hacia las víctimas además contrasta con la actitud hacia los victimarios, con el "principio de oportunidad" de esta semana y con la larga historia de la negociación con las AUC, con el flaco balance del proceso de "Justicia y Paz" o con las reticencias del gobierno en censurar o castigar la conducta de sus agentes hasta cuando el escándalo internacional no le ha dejado otro recurso.    

La esperanza

Las luchas por los derechos humanos nunca se han ganado con facilidad. Para incluir en nuestra Constitución la desaparición forzada como un delito de lesa humanidad, se tuvo que empezar seis veces el mismo proceso, antes de lograr, en el séptimo intento, la adopción de un principio concordante con las normas internacionales. Como ya lo hemos comprobado, no es un camino fácil pero es un imperativo ético frente al cual no se puede desfallecer. ¡No tenemos derecho!

 

Notas de pie de página


[1] "Regalo de Navidad para las víctimas". Razón Pública, Diciembre 24 de 2008

[2] Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos:  Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones a las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones – Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima. Resolución 60/147

[3] Información suministrada por Alberto Yepez, del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario  de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos.

[4] “Las caras del despojo”, Hechos del Callejón. Año 5, Número 47, Junio de 2009.

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