Inicio TemasConflicto, Drogas y Paz Balance humanitario: saldo en rojo

Balance humanitario: saldo en rojo

Escrito por María Victoria Duque
Maria Victoria Duque

Maria Victoria Duque

Una mirada fría a las cifras y a los hechos muestra que no tenemos “seguridad democrática”.

María Victoria Duque

Un mal año

Colombia sufre hoy la crisis humanitaria más grave del hemisferio occidental y bien podría tener el mayor número de desplazados en el mundo – son entre 3 y cuatro millones de personas[1]. Las principales víctimas no son los combatientes sino la población civil, y en especial las personas más débiles: los campesinos; los indígenas y los afrodescendientes; las mujeres; los niños, las niñas, los jóvenes y los adultos mayores.

Infortunadamente, después de las mejoras que muchos indicadores presentaron durante los primeros años de la seguridad democrática, en el 2008 la situación humanitaria empeoró con respecto al 2007: las masacres aumentaron de 26 a 37, en el primer caso con 128 víctimas y en el segundo con 169; el asesinato de autoridades locales pasó de 15 a 16; el de maestros, de 13 a 27; el de sindicalistas, de 8 a 18, y el de indígenas, de 40 a 66. Así mismo el número de víctimas de secuestro pasó de 427 a 533. Y aún cuando el gobierno afirma que han disminuido  los eventos de Minas Antipersonal (MAP) y de Municiones Sin Explotar (MUSE) el número de víctimas civiles no tuvo variación, pues pasamos de 204 a 205. Los ataques a la población civil pasaron de 316 a 347, y el número de militares muertos sigue siendo extraordinario, en 2008 fueron 506. Por lo demás, según cifras oficiales, en el 2008 fueron desplazadas 227.127 personas de manera forzada[2]; y según CODHES, este número ascendió a 380.863[3].

Los datos oficiales para el primer semestre de 2009 tampoco son alentadores: 16 masacres con 77 víctimas; 58 indígenas y 1 periodista asesinados; 51.135 personas  desplazadas (según registros de salida) ó 142.898 (según fecha de declaración). En 580 episodios de MAP y MUSE las víctimas militares sumaron 43 muertos y 205 heridos, y las civiles llegaron a 16 muertos y 71 heridos. Además se presentaron 179  ataques a poblaciones.

Desplazamiento forzado

De acuerdo con Acción Social[4], la cifra total de personas desplazadas llega a 3.115.266 correspondientes a 706.611 hogares.[5] De la cifra anterior 1.192.914 son menores de 18 años; 611.461, mujeres[6]; 262.943, afro colombianos; 106.553[7], adultos mayores y 70.988 indígenas. Además, se puede inferir que al menos 725.107 son campesinos.

Durante el primer semestre de 2008 fueron desplazados habitantes de 785 municipios y, en promedio, 1.503 personas por día[8]. Del total de personas desplazadas se conoce que el 63% ha sido expulsado de zonas rurales, el 16% de cabeceras municipales y el 21% de centros poblados. La edad promedio es 22 años, un 56% de las víctimas es menor de 20 años y el 15% es menor de 5 años.[9] El desplazamiento afecta a pequeños campesinos y agricultores en un 83% y a terratenientes tradicionales en un 17%.[10]

El desplazamiento forzado se mantiene porque subsisten las causas que lo explican: lucha por el dominio territorial; apropiación violenta de la tierra; combates y hostigamientos; intentos de mantener el control sobre corredores estratégicos para el tránsito de armas y de droga; retaliaciones y confinamientos; reclutamiento y vinculación de niños, niñas y jóvenes; siembra de minas; e involucramiento indebido en el conflicto de la población protegida por, entre otras, la política gubernamental de delaciones y recompensas.  

El despojo de la tierra

El desplazamiento ha traído consigo una pérdida masiva de tierras, animales y otros bienes de propiedad de los campesinos. Según estimativos del Banco Mundial, la Contraloría General de la Nación y Pastoral Social, las tierras abandonadas por los desplazados pueden ser entre 4 y 6 millones de hectáreas. Si se tiene en cuenta que el 94% de las familias desplazadas poseía tierras[11],  la posibilidad de recuperarlas es una condición esencial para lograr su deseable retorno.   Aún cuando la reparación no consiste solo en recuperar la tierra, promover su devolución por parte de las autoridades sería una muestra efectiva de su voluntad de construir una paz democrática.

Comunidades bloqueadas

Otra expresión del control territorial que ejercen los actores del conflicto es restringir la  movilización de comunidades enteras, negándoles el acceso a bienes indispensables para su supervivencia. Esta situación  afecta especialmente a los pueblos indígenas y a las comunidades afrocolombianas. Y el fenómeno se ha recrudecido en los últimos años como consecuencia de cambios en los patrones del conflicto, entre los cuales se cuentan el surgimiento de las bandas emergentes y la presión creciente del Ejército en las regiones donde actúan o actuaban las FARC.

Ecuador y Venezuela también se ven afectados

El conflicto armado colombiano dejó de ser un asunto interno para convertirse en un problema humanitario que afecta a la región y, en especial, a las fronteras con Ecuador y Venezuela, debido a la cantidad de personas que cruzan buscando la protección que Colombia no les brinda. Un estudio reciente de ACNUR indica que en Venezuela son 118.290 los colombianos que integran el grupo de "Población con Necesidad de Protección Internacional"[12]. En Ecuador, son al menos 20 mil refugiados y cerca de 250.000 personas a la espera de que se les certifiquen las razones de su desplazamiento[13]. En ambos casos, los principales motivos que aducen los refugiados para salir de Colombia son el conflicto armado y la violación de sus derechos básicos.

Sigue habiendo secuestros

La Fundación País Libre da cuenta de 2.800 personas secuestradas en poder de grupos armados ilegales[14]. Entre enero y marzo de 2009, la cifra de secuestrados ascendió a 71. No obstante,  un informe de Fondolibertad -entidad adscrita al Ministerio de Defensa- sostiene que el total de secuestrados es 125, aunque advierte que no es posible aclarar si otras 1.502 personas están o no secuestradas[15].  Así que ni siquiera sabemos cuántos son.

Ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas

Contrario a lo que pudiera pensarse, las ejecuciones extrajudiciales en Colombia no son un hecho reciente pues hay casos documentados desde hace 25 años. En lo tocante al escándalo actual, el de los mal llamados "falsos positivos", datos de la Fiscalía señalan que hasta abril del presente año 426 militares han ido a la cárcel por participar en las ejecuciones; ese número de militares es aproximadamente el de soldados que componen un batallón completo. 83 miembros de la fuerza pública ya han sido procesados, 232 están actualmente en juicio[16] y alrededor de mil militares están siendo investigados por la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos por delitos relacionados con los "falsos positivos".

De acuerdo con el informe de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, los casos de ejecuciones extrajudiciales ascienden ya a 1.122[17]  y las desapariciones forzadas entre 2002 y 2008 alcanzan a 281[18]. Estos dos tipos de delito son atribuibles a la Fuerza Pública.

Los pueblos indígenas

El desplazamiento forzado es una tragedia para todos, pero en el caso de las comunidades indígenas es una desventura mayor, porque conlleva a la pérdida de la identidad cultural y de su relación con el territorio.

En el 2008 fueron desplazados 13.550 indígenas, el 3,5% del total de colombianos desplazados.  La Corte Constitucional declaró a 34 de pueblos indígenas en emergencia humanitaria[19]. El relator Especial de la ONU, James Anaya, en julio del presente año, aseguró que entre 2002 y 2009, 176 indígenas fueron víctimas de desaparición forzada y 187, de violencia sexual y tortura. "La situación de los pueblos nativos de Colombia es grave, crítica y profundamente preocupante", expresó[20].  

Los principales motivos del desplazamiento indígena, en su orden de importancia son: amenazas directas, masacres, asesinatos de familiares, combates y reclutamiento forzado[21]. Los hechos constatan la sistemática acción de los grupos armados en contra de los pueblos indígenas en diferentes regiones del país: la masacre de los Awá en Nariño; el desplazamiento de miles de Embera en el Chocó y de los Eperara Siapidara en la Costa Caucana; el abandono de resguardos de los Guayabero en los departamentos de Meta y Guaviare; y la crítica situación de los Nukak en San José del Guaviare.

Los afrocolombianos

Los afrodescendientes son la mayor minoría étnico-cultural de Colombia[22]. El Departamento del Chocó presenta el promedio más alto de necesidades básicas insatisfechas, con un agobiante 79%; le siguen los Departamentos de Bolívar, Cauca y Nariño -donde también se asientan muchos afro colombianos- con 46, 46 y 43%, respectivamente[23].  

El 17% del total de la población desplazada se reconoce como afrocolombiana[24]. Entre 2001 y 2004 la situación se agravó porque varios proyectos masivos de agro-combustibles fueron iniciados por  inversionistas privados, algunos vinculados con el paramilitarismo, especialmente en el departamento de Chocó.  

Minas y municiones sin explotar

De acuerdo con el Informe del Monitor Mundial de Minas para 2008, Colombia sigue siendo el primer país del mundo en cuanto al número de víctimas por MAP Y MUSE[25]: muchos de nuestros caminos están minados por el miedo.

La base de datos disponible con información desde 1.990 y en la que, hasta noviembre de 2008, se habían  reportado 7.290 víctimas[26], "es más un sistema de vigilancia del conflicto que una valoración exacta del problema de las minas en Colombia". El Informe da cuenta de que los "acontecimientos supuestos" han ocurrido en 31 de 32 departamentos de ColombiaDurante los últimos cinco años,[27] el promedio diario ha sido de 1 accidente y 4 incidentes.

En el 2008 se reportaron 711 civiles heridos y 45 muertos. Para el primer semestre de 2009 ya se registraban, en promedio, 3 víctimas diarias. También en este aspecto las zonas rurales son las  más afectadas, con el 97% de los incidentes y accidentes desde 1990. Afortunadamente, sin embargo, el gobierno reporta una mejora sustancial en las cifras entre el primer semestre de 2007 y el mismo semestre de 2008.

Las mujeres: No queremos guerra, nuestros cuerpos son la vida

Las mujeres representan el 52% de la población desplazada del país; aproximadamente el 30% de los hogares desplazados tienen a una mujer como jefa, y de ese porcentaje el 20% tiene hijos menores de 18 años. Cerca del 5% de las mujeres desplazadas se encontraba en estado de embarazo[28].

De este modo la histórica posición de inequidad de las mujeres se ve agravada por el impacto que el conflicto tiene sobre ellas:

– La tasa de ocupación para las mujeres desplazadas es inferior en un 50% a la de los hombres en la misma condición.

– El 15% de la población femenina desplazada manifiesta haber sido víctima de abusos sexuales a manos de los actores del conflicto, de delincuentes o de miembros de su familia. De éstas, un 25% afirmó que esta situación se presentó con posterioridad al desplazamiento.

– El 70% de estos crímenes ha quedado impune por falta de denuncia[29].

Niñez y juventud: lesionando el futuro

Según Unicef y otras instituciones nacionales e internacionales, hoy en día se cuentan entre 14 y 17 mil los menores de edad vinculados al conflicto armado[30]. Su edad promedio ha disminuido con el andar del tiempo: en 2001 era de 13,8 años; en 2005 bajó a 12,8 y según recientes observaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, la media se ubica en 11,8 años.

Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Colombia se acercan a algún actor armado por la falta de oportunidades legítimas, por la pobreza y el histórico abandono de las áreas rurales:

– Ellos y ellas viven en las zonas de conflicto y por eso no sorprende que el 35% responda que ingresó a un grupo armado por tener contacto directo con un miembro del mismo, el 33% porque lo vio como una forma de sobrevivencia o un escape a su precaria situación y un  22% por tener como referencia cercana a alguien que lo había hecho[31].

– 200 mil niños trabajan en producción y procesamiento de cultivos ilícitos, donde son doblemente vulnerados porque este es un "escenario ideal" para que  actores armados los recluten.  

– Y para completar el panorama está el uso de la infancia por parte de la Fuerza Pública como apoyo en labores de inteligencia.

Según un informe de la Fiscalía General de la Nación publicado el 4 de marzo de 2009, al menos 2.133 niños y niñas fueron asesinados por los grupos paramilitares[32]. Es de notar que como resultado del proceso de desarme paramilitar, el ICBF recibió 212 menores; y sin embargo en solo dos de sus "frentes", los paramilitares habrían reclutado al menos 500 niños, según se sigue de las "versiones libres" que han rendido algunos ex comandantes.

Los defensores de los derechos humanos

En materia de derechos humanos Colombia sigue colmada de deudas por la falta de protección efectiva a las personas y a las organizaciones defensoras de derechos humanos. Los activistas sociales, los sindicalistas y los líderes comunitarios ven amenazadas sus vidas o son víctimas de robo de información, ataques, agresiones físicas, hostigamiento, seguimiento y violación de su privacidad[33].  

Funcionarios públicos de alto nivel siguen haciendo afirmaciones e insinuaciones irresponsables que agravan el riesgo para los defensores de derechos humanos y para los voceros o representantes de las víctimas. Con esto además estigmatizan el trabajo legítimo en defensa de los valores más preciados por la humanidad y cercenan las libertades de pensamiento, de expresión y de asociación.

Estamos ante lo que ningún conocedor vacilaría en llamar una "crisis compleja" en materia humanitaria: "una crisis crónica generada por la existencia de un conflicto armado de larga duración, con una diversidad de actores, con alto grado de desplazamiento forzado y no diferenciación entre combatientes y civiles"[34]. Y a esto se le añade la advertencia para las personas abnegadas que defienden la causa humanitaria: "Peligro: aquí no trabaje por la vida".

 

Notas de pie de página


[1] La dificultad para comparar cifras referentes al número de desplazados se debe sobre todo a que, pasado un tiempo, la persona o familia deja de ser "desplazada" porque ya es "residente" en el lugar de destino, y esto hace que en conflictos de larga duración, como el colombiano, no sea fácil determinar el número de desplazados (ver por ejemplo la nota de pie 4).   

[2] Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, "Indicadores sobre Derechos Humanos DIH. Colombia año 2008", 2009, Disponible en

www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_d_DDHH/documentos/Indicadores/
obs_indicadores_dic2008090330.pdf
, (Consultado el 6 de agosto de 2009)..

[3] Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos (SISDHES), "Codhes Informa # 75", pág. 2, actualización marzo 2009. Disponible en www.codhes.org,  (Consultado 06 de agosto de 2009)

[4] Boletín 075 de CODHES emitido el 22 de abril de 2009: "En el período comprendido entre 1985 y 2008 (24 años), el desplazamiento forzado afectó a un total aproximado de 4.629.190 personas que integran en promedio 925.838 familias."

[5] Agencia Presidencial para la Acción Social y Cooperación Internacional, "Personas desplazadas desde 1997 y anteriores hasta junio de 2009", 2009. Disponible en http://www.accionsocial.gov.co/Estadisticas/publicacion%20junio%20de%202009.htm, (Consultado el 6 de agosto de 2009).

[6] Incluye niñas y mujeres jóvenes de 0 a 18 años. Agencia Presidencial para la Acción Social y Cooperación Internacional, obra y lugar citados.

[7] En 2008 fueron desplazados 61 adultos mayores de 99 años. Agencia Presidencial para la Acción Social y Cooperación Internacional, obra y lugar citados

[8] Codhes, "Boletín 74", 2009  Disponible en http://asesorar.org/index.php/co/documentos?func=fileinfo&id=57, (Consultado el 6 de agosto de 2009).

[9] Datos suministrados por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado.

[10] Duque, María Victoria: "Desplazados y desterrados…Un desafío en marcha". 

Disponible en: http://www.taulacolombia.org/materials/taula4jornada4cas.pdf,  (Consultado el 06 de agosto de 2009).

[11] Presentado por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, "El reto ante la tragedia humanitaria del desplazamiento forzado: Reparar de manera integral el despojo de tierras y bienes"; Abril de 2009. Auspicio de la Embajada de Países Bajos.

[12] ACNUR  "El perfil de la población colombiana con necesidad de protección internacional. El caso de Venezuela." 2008 Disponible en  http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6953.pdf,  (Consultado el 06 de agosto de 2009).

[13] Sparrow, Thomas "El conflicto colombiano, del otro lado de la frontera", 14 de enero de 2008Disponible en  http://www.mediosparalapaz.org/index.php?idcategoria=2929#1, (Consultado el 06 de agosto de 2009).

[14] Eltiempo.com, "Al menos se marchará en 35 ciudades –14 en Colombia y 21 en el exterior", 16 de julio de 2008 Disponible en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4379528 , (Consultado el 24 de agosto de 2008).

[15] Fondolibertad, "Realidad de las víctimas de secuestro en Colombia", abril de 2009 Disponible en http://www.antisecuestro.gov.co/archivo_index/2009/abril/index30042009.htm, (Consultado el 06 de agosto de 2009).

[16] El Espectador,  "Fiscalía investiga más de mil casos de homicidios que involucran a militares", 30 de abril de 2009, Disponible en http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo138578-fiscalia-investiga-mas-de-mil-casos-de-homicidios-involucran-militares (Consultado el 24 de agosto de 2009)

[17] De esta Comisión hacen parte el Programa de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia, la Fiscalía, la Defensoría, el Instituto de Medicina Legal, el Ministerio de Defensa, la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes), Fondelibertad y la Comisión Colombiana de Juristas.

[18] Datos de la Comisión Colombiana de Juristas, disponible en www.coljuristas.org (Consultado el 06 de agosto de 2009)

[19] Corte Constitucional, "Boletín 75, 2009". Disponible en http://www.corteconstitucional.gov.co, (Consultado el 24 de agosto de 2009)

[20] Declaración del mes de julio de 2009, Disponible en http://justiciaypazcolombia.com/Comunidades-Indigenas-Situacion,  (Consultado el 24 de agosto de 2009).

[21] Obra y lugar citados

[22]  Aún cuando el Observatorio de Discriminación Racial los señala como la segunda, en realidad es la primera. Creemos que el error se debe a que esta fuente considera a los mestizos como tales. Según el de 2005 la población colombiana está integrada en un 86% por mestizos, 11% por afrodescendientes y 3% por indígenas: Rodríguez, César y otros, El derecho a no ser discriminado. Primer informe sobre discriminación racial y derechos de la población afrocolombiana (versión resumida)", Ediciones UNIANDES, 2008.

[23]  DANE, Censo General 2005Disponible en www.dane.gov.co/censo, (Consultado el 24 de agosto de 2009).

[24]  Comisión de Seguimiento de las políticas públicas sobre desplazamiento forzado, "El Desplazamiento en el caso de las comunidades indígenas", Decimocuarto Informe, 12 de marzo de 2009 12  Disponible en  http://www.nrc.org.co/docs/XIV%20Informe%20Comisi%C3%B3n%20de%20Seguimiento%20Abril%202009.pdf,(Consultado el 24 de agosto de 2009)

[25]  Landmine Monitor, "Hacia un mundo libre de minas", 2008, Disponible en http://lm.icbl.org/index.php/publications/display?url=lm/2008/countries/colombia.html, (Consultado el 24 de agosto de 2009).

[26]  Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, "Informe Anual Del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e Informes de la Oficina Del Alto Comisionado y del Secretario General", 2008, Disponible en

http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informes.php3?cod=12&cat=11(Consultado el 24 de agosto de 2009).  

[27]  De acuerdo con información suministrada por el Programa Presidencial de Acción Integral contra Minas Antipersonal

[28]  Comisión de Seguimiento de las Políticas Públicas sobre el Desplazamiento Forzado,  "El desplazamiento forzado en el caso de mujeres, hogares, niños, niñas y adolescentes", Decimosegundo Informe, Marzo 4 de 2009.

Disponible en
http://www.codhes.org/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=52(Consultado el 15 de agosto de 2009).

[29]   Estudio realizado por la Defensoría del Pueblo, en 2008, que incluyó entrevistas a 2100 mujeres desplazadas.

[30]  Según un informe del Tribunal Internacional sobre la Infancia afectada por la Guerra y la Pobreza, publicado hace tres meses, en el cual Colombia figura en el quinto lugar de los países donde los grupos armados reclutan más menores de 17 años.

[31]  Defensoría del Pueblo, "Informe sobre los derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes", Encuesta realizada a 525 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que hacen parte del El Programa de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Desvinculados de los Grupos Armados Irregulares). Disponible en www.defensoriadelpueblo.org.co, (Consultado el 8 de agosto de 2009)

[32]  En eltiempo.com Bogotá 4 de marzo de 2009 Disponible en www.ddhhcolombia.org.co/…/1%20a%2015%20de%20marzo.pdf, (Consultado el 15 de agosto de 2009).

[33]   Caso conocido como "chuzadas".

[34]   Toole, M.J. y  Waldman R.J., The Public Health Aspects of Complex Emergencies and Refugee Situations, Annual Review of Public Health 18:  283-312, 1997.

Artículos Relacionados

Dejar un comentario

*Al usar este formulario de comentarios, usted acepta el almacenamiento y manejo de sus datos por este sitio web, según nuestro Aviso de privacidad

Este sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Leer políticas Aceptar

Política de privacidad y cookies