Paz Total: territorios sin Estado

La paz avanza a cuentagotas, entre rupturas, fragmentaciones y acuerdos localizados. El caso del CNEB revela el problema de fondo: hay más territorio que Estado.

De La Habana a las disidencias

Han pasado nueve años desde la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, y los avances en su implementación siguen siendo limitados. 

La reforma rural integral —piedra angular del acuerdo— se empantanó por la oposición de sectores que se resisten a modernizar el campo colombiano. A esto se sumaron el fortalecimiento de las disidencias y el surgimiento de los rearmados: grupos que emergieron tras la firma del acuerdo por la desconfianza entre excombatientes y el desinterés del gobierno de Iván Duque, que intentó restringir al máximo el desarrollo del Acuerdo Final de Paz (AFP).

El incumplimiento estatal es la causa principal de estas fracturas. En lugar de ejecutar las transformaciones prometidas mediante los PDET y en las ZOMAC, el Estado aplicó una lógica de paz negativa —la mera ausencia de guerra—, sin atacar los factores que alimentan los conflictos en la Colombia profunda. En esas regiones, donde nunca llegó un Estado garante de derechos, los grupos armados encontraron espacio para expandirse sin control.

Del enfoque territorial a la paz total

Frente al modelo de paz territorial del AFP —centrado en cambios estructurales y participación comunitaria—, el gobierno de Gustavo Petro propuso una estrategia distinta: la Paz Total. 

Una apuesta ambiciosa que busca negociar con actores armados de distinta naturaleza: insurgencias como el ELN y disidencias o rearmados de las FARC, como organizaciones criminales como el Clan del Golfo y al menos veinte grupos delincuenciales urbanos.

La estrategia se formalizó mediante Ley 2272 de 2022, que declaró la paz una política de Estado, participativa, transversal e incluyente. Esta ley permite crear “regiones de paz”, donde se incluyen territorios PDET y ZOMAC, con miras a adelantar procesos de diálogo, sometimiento y transformación territorial. 

Uno de los primeros ejemplos de esta política es la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en los departamentos de Nariño y Putumayo, donde operan las facciones disidentes agrupadas bajo el Comando Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB).

Una ruptura que abre posibilidades

En noviembre de 2024, Walter Mendoza, vocero de las disidencias, anunció que varios frentes se separaban del liderazgo de Iván Márquez y se comprometían con un proceso de paz. 

Comandos como los CDF-EB y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico declararon su autonomía frente a la Segunda Marquetalia, lo cual permitió iniciar un diálogo más directo y operativo con el gobierno.

El CNEB cuenta con unos 2.000 combatientes organizados en el sur y suroccidente del país. Las nuevas ZUT se localizan entre Nariño y Putumayo, e incluyen zonas de capacitación y transformación territorial, como la Laguna de Chimbusa. Allí, los efectivos participarán tanto en procesos de reincorporación como en la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

Geografía, coca y ausencia estatal

El territorio es más que un espacio físico: es el lugar donde se construyen relaciones, identidades y poder. Como escribió Dooren Massey, lo espacial no es solo expresión de lo social: también es su condición de posibilidad. Por eso, pensar la paz implica pensar la geografía.

La mayoría de las zonas afectadas por el conflicto armado comparten una característica: son regiones abandonadas por el Estado, sin infraestructura vial ni servicios básicos, donde la única presencia estatal ha sido la militar. Allí, el narcotráfico llena los territorios y ofrece una forma de orden alternativo.

Según el monitoreo del Ministerio de Justicia, el 65% de los cultivos de coca se concentran en Nariño, Norte de Santander y Putumayo. Municipios como Tibú, Tumaco y Puerto Asís encabezan el mapa de los cultivos ilícitos. En Tumaco hay más de 22.900 hectáreas de coca; Barbacoas, Ricaurte y Roberto Payán superan las 10.000. Estas zonas son clave en las rutas del narcotráfico hacia el Pacífico.

Una oportunidad parcial pero real

El acuerdo con el CNEB puede parecer menor frente al tamaño del conflicto, pero abre una brecha significativa: muestra que hay grupos armados ilegales dispuestos a negociar de forma seria y desconectada de los liderazgos tradicionales. Además, permite ensayar mecanismos integrados de reincorporación, sustitución de cultivos y desarrollo local.

Colombia tiene más territorio que Estado, y este ha sido el núcleo del problema. Como advirtió Norberto Emmerich: el narcotráfico responde al vacío estatal, se convierte en solución más que en problema, y ofrece una falsa totalidad sin democracia ni consenso.

Por eso la Paz Total no puede limitarse a una suma de mesas ni a una estrategia jurídica. Solo tendrá futuro si logra hacerse real en los territorios, reconstruir la presencia estatal real y transformar las condiciones que hicieron posible el conflicto.

Le recomendamos: Concentración del Frente 33 en el Catatumbo: ¿Las guerras locales que empujan la paz?