El gobierno anunció cambios de fondo para atender un problema que se agrava. ¿En qué consiste la nueva estrategia, y qué tan eficaz podría ser para Colombia?
Sergio Uribe*
La nueva política
El pasado 13 de diciembre el presidente Duque presentó el programa Ruta Futuro como su nueva política integral para luchar contra las drogas. El gobierno presenta este nuevo plan como una estrategia novedosa y transformadora.
El programa que presentó el presidente parte de suponer que el problema de las drogas en Colombia consiste básicamente en el consumo doméstico y en la disponibilidad de drogas en las calles. De aquí que estas sean las prioridades de la nueva política:
- Reducir el consumo de las drogas;
- Reducir la disponibilidad de las drogas;
- Desarticular las organizaciones criminales, y
- Afectar las economías y rentas ilícitas.
Las prioridades anteriores se sostienen en cuatro pilares, que en su orden corresponden a las prioridades indicadas:
- Disminuir el consumo de drogas mediante la prevención y la atención de los consumidores;
- Desarticular las organizaciones criminales;
- Afectar las economías y rentas del crimen organizado, y
- Transformar los territorios en el tránsito hacia las economías lícitas.
Lo mismo pero en desorden
 Estados Unidos ha sido un actor clave en la política antidrogas de Colombia. Foto: Presidencia de la República e Colombia |
Los cuatro pilares anteriores sin embargo resultan ser los mismos que desde siempre han servido de base a la lucha contra las drogas.
Y lamentablemente, en este caso, el orden de los factores sí altera el producto: antes de ser consumidores, de tener un mercado propio para las drogas o de ser desafiados por organizaciones criminales que se alimentan de las rentas de las drogas, los colombianos fuimos traficantes y por eso llegaron los cultivos ilícitos a nuestras zonas rurales.
La improvisación del Gobierno salió a la luz con la visita de Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos. Durante la visita, Duque pareció olvidar las prioridades del programa Ruta Futuro y en cambio se habló sobre los cultivos, el procesamiento y la producción de cocaína, que son temas marginales en su “política integral”.
Una política es mucho más que un discurso o una declaración de buenas intenciones.
Eso muestra que, en realidad, no se trata de una política antinarcóticos, sino de estrategias aisladas que enfrentan problemas específicos y coyunturales. Ruta Futuro sufre de los mismos vicios de las “políticas” pasadas, que buscan soluciones inmediatas e ignoran el contexto histórico del problema de las drogas en Colombia.
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Sin política de Estado
En efecto: la construcción de una política requiere de un compromiso que trascienda los gobiernos y que refleje objetivos de Estado. Una política es mucho más que un discurso o una declaración de buenas intenciones; es el arte de lograr objetivos realistas mediante la aplicación de estrategias para transformar un aspecto de la realidad. Una política implica transformaciones que afectan a la sociedad donde se aplican, y por eso su éxito depende de que la sociedad se adapte a esos cambios.
Colombia es, posiblemente, uno de los pocos países de América Latina que puede dar ejemplo en materia de políticas de Estado. El Banco de la República, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y algunos ministerios cuentan con objetivos, estrategias y programas estables, que no dependen del vaivén electoral o de juegos políticos. Eso ha permitido que durante más de 60 años nuestro PIB tenga un crecimiento continuo.
Entonces, ¿por qué ha sido tan difícil formular una política antinarcóticos igualmente seria y estable? Porque el crimen organizado ha utilizado el dinero y la violencia para influir sobre la política local, regional y nacional. Esa capacidad para corromper las instituciones ha debilitado al Estado y le ha quitado los dientes para enfrentar al narcotráfico.
De equivocación en equivocación
Un ejemplo de lo anterior fue el camino que recorrió la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). Esta entidad fue creada para coordinar la política antinarcóticos y administrar los bienes incautados a los narcotraficantes. Pero la corrupción y la mala administración de esos bienes hicieron que la entidad fuera inviable y que el presidente Santos la liquidara en 2011.
Aunque la decisión podía parecer acertada, al desintegrar la DNE Colombia perdió la capacidad de formular una política antinarcóticos. En retrospectiva lo único que había que hacer era crear una agencia especializada que manejara los bienes. Pero por otro lado y en todo caso era preciso mantener una entidad con tecnócratas que conocieran y manejaran las políticas antinarcóticos.
Hoy, esa responsabilidad está en cabeza de una oficina del ministerio de Justicia. La Dirección de Política contra las Drogas y Actividades Relacionadas tiene 17 funcionarios, mientras que en la DNE se tenían unos 60 profesionales para las mismas funciones. Además, de esos 17 funcionarios solo 10 están involucrados en la formulación de políticas.
Esa “feudalización” de la lucha antinarcóticos fue menos arriesgada que crear una entidad seria para hacer frente de manera realmente “integral” al desafío de la droga. Además, esa decisión se ajustaba a los cálculos políticos de Santos: si la política fracasaba, la culpa era de los funcionarios encargados; si la política triunfaba, el éxito era del gobierno. Como quien dice: “con cara gano yo y con sello pierde usted”.
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No hay soluciones a largo plazo
 Ruta Futura hace frente al crecimiento de los cultivos ilícitos. Foto: Inclupaz |
Esa parece ser también la cómoda posición del presidente Duque.
No hay nada que incomode más a los gobiernos que la responsabilidad de las políticas de Estado. Formular una política dirigida directamente por el presidente es peligroso y costoso desde el punto de vista político.
Pero si queremos una política coherente que responda a las complejas realidades de Colombia y que enfrente de veras el crimen organizado, se necesitan compromisos de largo plazo. En el camino hay varios obstáculos: el microtráfico; los políticos corruptos; los diferentes ministerios que buscan recursos; los estadounidenses que imponen su visión del problema, etc.
Ruta Futuro es una respuesta rápida a nuestra coyuntura: 200.000 hectáreas de coca, la presencia de carteles mexicanos, las disidencias de las FARC y sus traficantes, el ELN como un nuevo actor en regiones abandonadas por las FARC, etc.
Este tipo de políticas, basadas en reacciones a situaciones específicas, no pueden ser integrales.
Todas esas situaciones automáticamente impiden la formulación de políticas de largo plazo y con un análisis histórico acertado. Este tipo de políticas, basadas en reacciones a situaciones específicas, no pueden ser integrales: no se preocupan por intentar entender el origen del problema, limitan las metas a alcanzar cifras y carecen de un contexto social. En suma, no hay construcción de Estado ni de sociedad.
En Colombia, el narcotráfico ha conducido a la fragmentación de la sociedad y las instituciones. La destrucción de las bases sociales necesariamente implica la pérdida de legitimidad del Estado.
Infortunadamente llevamos más de cuarenta años de convivir con el narcotráfico. Por eso, para formular políticas adecuadas, es necesario dar prioridad a la construcción de sociedad en vez de limitarnos a los análisis coyunturales. Hay que entender, interpretar y actualizar el contexto dentro del cual se desarrollan los problemas, especialmente uno tan complejo como el narcotráfico.
No basta con enunciar, como lo hace el Gobierno, que “el Problema de las Drogas comprende desde el consumo hasta el lavado de activos, pasando por todos los cultivos ilícitos, el crimen organizado, la transformación de los territorios afectados históricamente y la cooperación internacional propositiva”. Esto ya se sabe. La formulación de una política integral contra el narcotráfico requiere de un compromiso real por parte del presidente.
Quizás la mayor dificultad que tendrá la administración Duque en este campo es la debilidad institucional. El programa Ruta Futuro y sus cuatro pilares no nacen dentro de un andamiaje gubernamental ni cuentan con una entidad que lo dirija. El director de una oficina menor en el ministerio de Justicia no tiene el prestigio, la posición o el personal para dirigir este programa, mientras que la ministra de Justicia tiene otros temas que atender.
Como se dice popularmente: “el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones”, y este parece ser el caso de la política antinarcóticos de la administración Duque.
Eso no quiere decir que no se tendrán triunfos en el corto plazo; erradicación de cultivos y/o desmantelamiento de organizaciones criminales, pero sin una verdadera política integral el problema no será resuelto nunca. La administración Uribe disminuyó los cultivos ilícitos a menos de 50.000 hectáreas. Pero la falta de una política integral permitió que esa cifra volviera a subir.
Por eso, para bien o para mal, el legado de Duque en esta materia lo veremos dentro de diez años y no a finales de 2022.
* Licenciado en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, master en Economía y Política Internacional de Johns Hopkins University, profesor de la Universidad del Rosario y consultor internacional.
@suribe52