Derechos Humanos: ¿Será que podremos hacer lo correcto o seguiremos humillando a la humanidad? - Razón Pública
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Derechos Humanos: ¿Será que podremos hacer lo correcto o seguiremos humillando a la humanidad?

Escrito por María Victoria Duque
Maria Victoria Duque

Maria Victoria DuqueEl último Informe de Naciones Unidas contiene denuncias alarmantes sobre la violación de derechos humanos por parte de las guerrillas, las bandas emergentes, las Fuerzas Armadas y el Estado colombiano.

María Victoria Duque

El pasado 19 de Febrero la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas presentó su Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia durante el año pasado.

El Informe asevera que el conflicto armado,  por su persistencia y su degradación, es uno de los mayores obstáculos para que los colombianos accedan al ejercicio pleno de sus derechos humanos; y este dictamen es importante, no precisamente por lo novedoso, sino porque el Informe se entregó a un Gobierno que sistemáticamente niega la existencia de un conflicto armado.   

Como es costumbre, el Informe examina las violaciones cometidas tanto por los grupos armados ilegales como por la Fuerza Pública. Para tales efectos, además del trabajo permanente de la Oficina, en 2008 visitaron el país la Alta Comisionada, la Representante Especial del Secretario General para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Así mismo, en diciembre, el Consejo de Derechos Humanos realizó el análisis de Colombia en el marco del Examen Periódico Universal (EPU).

Es sintomático de la grave situación del país que cada vez que se hace un análisis sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario se deba aludir a "las dificultades estructurales subyacentes, como la inequitativa distribución de la riqueza, la discriminación y estigmatización de grupos vulnerables, la impunidad y las dificultades para el acceso a la justicia[1]  – en todo lo cual caben altas dosis de responsabilidad al propio Estado colombiano.  

Los problemas principales

En materia de Derechos Humanos el 2008 estuvo especialmente marcado por la divulgación de los "falsos positivos". Como Ricardo García lo resumió en Razón Pública: "reclutamiento de jóvenes desempleados que deambulaban por los barrios marginados. Entrega de estos jóvenes a algún intermediario, representante o agente de los cuerpos de seguridad del Estado. Asesinato de los reclutados, presentación de sus cadáveres como caídos en combate y entierro en fosas comunes"[2]. O como dicen los más fríos reportes oficiales: las "ejecuciones extrajudiciales". 

Además de los "falsos positivos", en el 2008 se destacaron otros cuatro hechos: a) el aumento en el número de personas desplazadas[3]; b) la extradición de los principales jefes paramilitares a Estados Unidos y el consiguiente desamparo de las víctimas en su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación; c) los rescates, las fugas y las liberaciones unilaterales de secuestrados en poder de las FARC, y (d) las tensiones entre el Gobierno y la  Corte Suprema de Justicia a raíz de la "parapolítica".

El Informe también se ocupa de otros temas, como el de las competencias  de la Justicia Penal Militar; la violencia sexual en el marco del conflicto armado y su alarmante impunidad; la precaria situación de las víctimas de cara a sus derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición; la ausencia de políticas diferenciales efectivas para proteger poblaciones altamente vulnerables, como lo son los defensores de derechos humanos, sindicalistas, comunidades indígenas y afrocolombianas, niños, niñas y jóvenes; y la pobreza o la exclusión que afectan a millones de colombianos.

Las violaciones más aberrantes en 2008

Digo las "más aberrantes" porque fueron ejecutadas por agentes del Estado, cuya existencia misma se basa en el supuesto de que los ciudadanos le conferimos la potestad de usar la fuerza con la única condición de que esta fuerza se use para cuidar nuestros derechos- no para violarlos-.

– Los falsos positivos. La Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación investiga más de 700 casos de "ejecuciones extrajudiciales" que involucran a más de 1.000 presuntas víctimas. El Informe señala que el número de denuncias y de víctimas en algunas regiones del país aumentó durante el año, lo cual viene a confirmar que no estamos frente a casos aislados, sino ante una práctica habitual de varias unidades militares en toda Colombia.

Como si lo anterior no fuera ya un horror moral, el Informe describe la premeditación y sofisticación que se aplican a ejecutar este delito. Por ejemplo se advierte que para dificultar la investigación, las víctimas se reportan como "N.N." aunque portaran sus documentos de identidad. O se detalla el funcionamiento de una compleja red que se encargaba de identificar y contactar a las víctimas en ciernes, de ofrecerles trabajo, de gestionar su transporte a los lugares donde serían asesinadas,  de registrarlas como muertos en combate, de presentar denuncias contra los muertos como presuntos integrantes de un grupo armado ilegal, de elaborar informes de inteligencia o de "recibir" declaraciones de desmovilizados que corroboraban tal vinculación – lo cual por supuesto implica la participación directa de miembros activos de la Fuerza Pública.     

Todo lo expuesto por el Informe indica que las políticas institucionales de las Fuerzas Armadas para prevenir y sancionar las "ejecuciones extrajudiciales" no han alcanzado su objetivo. Y no es posible  ignorar que en este asunto no sólo ha habido graves faltas de control por parte de los comandantes, sino que la política de estímulos al interior de las Fuerzas Armadas incentivó semejantes conductas.

Colombia está en mora de erradicar esta práctica atroz, pero además de asegurar que el peso de la ley recaiga sobre todos los miembros de las Fuerzas Militares que por acción u omisión sean responsables en este oscuro episodio que ha venido a empañar la Política de Seguridad Democrática.

– Detenciones arbitrarias y torturas. Según el Informe que comento, las declaraciones de los desmovilizados a menudo han resultado en órdenes de captura expedidas por la Fiscalía General de la Nación sin suficientes bases jurídicas. Al igual que la política de recompensas y otros incentivos "novedosos" de la Seguridad Democrática, esto se traduce en un aumento de las detenciones arbitrarias, algunas de las cuales  han llegado a durar hasta dos años y han afectado característicamente a personas altamente vulnerables como defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y pobladores de zonas marginales. 

Por otra parte, el Informe alude a tratos inhumanos y degradantes, a penas crueles y a casos de tortura en algunas regiones del país, perpetrados por miembros de la Fuerza Pública, donde las víctimas especialmente pertenecen a pueblos y comunidades indígenas, a grupos afro colombianos, o son niñas y mujeres, o personas de sectores deprimidos de la sociedad.

– Otras violaciones del DIH.  La Oficina también conoce sobre denuncias de ataques indiscriminados presuntamente perpetrados por miembros del Ejército, entrega de juguetes y material de propaganda militar a niños y niñas de comunidades rurales, ocupación de bienes civiles y tolerancia frente a acciones de grupos armados ilegales, bien sea por corrupción o por intimidación.

Las guerrillas y  los "nuevos" grupos ilegales

"Todas las partes del conflicto continúan cometiendo graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario", dice el texto. El Informe señala que tanto las FARC como el ELN siguen negándose a acatar el DIH y siguen incurriendo en muy graves violaciones de los derechos humanos. Ambas guerrillas continúan reclutando niños, niñas y jóvenes; sembrando minas antipersonal; llevando a cabo ataques indiscriminados; practicando masacres y asesinatos selectivos; provocando desplazamientos forzados; atacando misiones médicas y ambulancias;   e insistiendo en una política del secuestro, que por ser sistemática, prolongada y generalizada se considera como un crimen de lesa humanidad.

El documento llama también la atención sobre los nuevos grupos armados que se reorganizaron o reconstituyeron a partir de la desmovilización de paramilitares. Estos son grupos complejos y de cambiante dinámica que cada vez más -y especialmente en el nivel local- están causando daños a la población civil que desbordan ya el marco de la delincuencia común. Estos grupos están involucrados en actividades de narcotráfico y son autores, entre otros crímenes, de asesinatos (especialmente el de jóvenes que se resisten al reclutamiento o como parte de la mal llamada  "limpieza social") de  desapariciones forzadas y de desplazamientos forzados de la población.

Avances y faltantes por parte del Estado

El Informe reconoce el necesario aumento en la presencia de la Fuerza Pública en gran parte del territorio nacional y aplaude los programas de rendición de cuentas sobre el respeto a los derechos humanos dentro de las fuerzas militares. También valora positivamente algunas disposiciones, como la separación de altos mandos del Ejército tras el escándalo de los "falsos positivos" y la anunciada política de "cero tolerancia".

Sin embargo el documento insiste sobre la eficacia todavía insuficiente de los programas o medidas de control, sobre las fallas en la vigilancia operacional de las unidades militares y sobre la debilidad de los procesos para investigar efectivamente las denuncias. Cabe además resaltar el llamado de atención sobre la práctica de estigmatizar a líderes de la oposición, defensores de derechos humanos y activistas sociales por parte de altos funcionarios del  gobierno

Aún cuando admite que el Estado  ha avanzado en la capacitación de funcionarios y miembros de la Fuerza Pública sobre prevención de la tortura, el texto hace un llamado para que Colombia sea parte del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, como también para que ratifique la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, a lo cual se comprometió durante el proceso del EPU en diciembre de 2008.

Las recomendaciones

La Alta Comisionada nuevamente "insta al Gobierno, a los grupos armados ilegales y a la sociedad civil a dar prioridad al respeto pleno de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario", al mismo tiempo que reitera la necesidad de avanzar hacia el dialogo y la negociación para alcanzar una paz duradera.

En el mismo sentido hace un llamado a los grupos armados ilegales para que liberen en forma inmediata y sin exigencias a los secuestrados. Alienta a la Fiscalía para que acelere los procedimientos en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Invita al gobierno a fortalecer las investigaciones y el control para garantizar la protección de los defensores de derechos humanos y sindicalistas. Recomienda tomar medidas preventivas concretas para acabar con el desplazamiento, e insta a desarrollar herramientas que permitan que los delitos de violencia sexual contra las mujeres y las niñas se prevengan, investiguen, juzguen y sancionen de modo eficaz. También exhorta al Gobierno para que considere los derechos de todas las víctimas sin discriminación ninguna y le pide acelerar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ocupándose prioritariamente de la población más vulnerable.

Sin desconocer algunos esfuerzos en temas específicos, el Informe de Naciones Unidas es pues una evidencia plena de los retos enormes que como país tenemos en relación con el respeto de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

¿No será que, en medio del debate electoral, es un deber plantearnos seriamente la posibilidad de hacer lo que debemos como parte que somos de la humanidad?

 

Notas de pie de página 


[1]  Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia, 2008.  http://www.hchr.org.co/ Consultada 6 de marzo de 2009.

[2] Los jóvenes desaparecidos: El lado oscuro de la seguridad del Estado. Ricardo García. Razón Pública. http://www.razonpublica.org.co/?p=568

[3] Según Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), entre enero y junio de 2008 se registraron 270.675 nuevos desplazados. Según Acción Social, entre enero y octubre de 2008 se registraron 249.816 personas desplazadas.

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