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La muerte tiene cara, nombre y dignidad: Ana Fabricia Córdoba Cabrera

Escrito por María Victoria Duque
Maria Victoria Duque

Maria Victoria DuqueCruel paradoja: una líder de víctimas de Urabá es asesinada casi simultáneamente con la sanción de la Ley de Víctimas. Todo indica que el Estado aún no está listo para protegerlas cuando empiecen a reclamar sus derechos. Peor aún: con sus arbitrariedades o su complicidad, algunas autoridades están agravando el drama.

María Victoria Duque López *

La muerte  

Desde la posesión del presidente Juan Manuel Santos hasta la fecha han sido asesinadas 16 personas relacionadas directamente con la defensa de los derechos a la tierra que les fue despojada. Se trata de líderes de organizaciones de víctimas, de campesinos, de indígenas y de dirigentes comunitarios.

Todos tenían nombre, historia, familia y – sobre todo – apego a la vida, a la tierra y a la dignidad que significa luchar por lo que es justo. Las historias se repiten a intervalos tan cortos que ni siquiera hay un tiempo para el duelo. Aquí están:

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El caso que inspira este análisis ilustra la afirmación anterior: a los 11 meses exactos de sepultar a su segundo hijo asesinado, Jonathan Arley Ospina Córdoba, el entierro de Ana Fabricia estará enmarcado en su lucha por reclamar la devolución de tierras y por la protección de los derechos de las víctimas. En el seno de la familia Ospina Córdoba, la muerte le va ganando a la vida. Van cuatro – tres. Cruel paradoja, pues justamente esta semana ha sido sancionada con bombos y platillos la Ley de Víctimas.

Papeleos o disculpas

La más reciente ‘victoria’ de los violentos produjo indignación, aún de los aplomados ministros del Interior, Germán Vargas, y de Defensa, Rodrigo Rivera.

En la reacción de estos altos funcionarios sin embargo, primó la tranquilidad de quien siente que cumplió con su deber: tienen pruebas de que Ana Fabricia rechazó someterse a la evaluación de riesgo requerida por el programa de protección a las víctimas, para poder suministrarle “un esquema de seguridad”. Y se quejan: que incumplió una cita con la Policía, que exigía la presencia de su abogado, que no contestó a las llamadas del Ministerio de Defensa… Queda la sensación de que los ministros perciben sus obligaciones como tareas notariales: basta con enviar un oficio y esperar la respuesta, en una serie de procedimientos, firmas, sellos, autenticaciones y plazos típicos de nuestra cultura burocrática. Como dijo el presidente a las Cortes por sus recientes fallos: da la impresión de que no supieran que estamos en un país en conflicto y que su tarea no es garantizar la firma de un recibido, sino asegurar los derechos de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables.

El vicepresidente Angelino Garzón parece tener más conciencia sobre el alcance de ese nuevo asesinato: dijo él que este crimen “pudo evitarse” puesto que ya existía “una denuncia perentoria”, y añade que los trámites para ser protegido “son demasiado engorrosos”. ¿Hasta dónde va la responsabilidad del Estado?

Con razón no confiaba

Y antes, en todo caso, de aceptar la justificación de los ministros, habría que preguntarse por los motivos que pudo tener la víctima para desconfiar de las autoridades o para no acogerse a los “esquemas” de protección que les ofrece el Estado.

Ana Fabricia había tenido que huir del Urabá Antioqueño en 2001, cuando fue señalada como auxiliadora de la guerrilla por los grupos paramilitares. En la incursión que desencadenó su desplazamiento, asesinaron a su marido, a uno de sus hijos, violaron a su hija y amenazaron de muerte a los sobrevivientes. Llegó a buscar una nueva vida al barrio Santa Cruz, en las comunas nororientales de Medellín, zona catalogada de alto riesgo “no mitigable”.

Allí nació el liderazgo que la llevaría a la muerte, entre “el dolor que significa tener que mendigar los alimentos”. El 11 de junio de 2004, Ana Fabricia Córdoba Cabrera, Jorge Alberto Loaiza Posada y Margarita María Cano Velásquez, líderes de la comunidad desplazada, fueron víctimas de detención arbitraria por miembros de la Policía Nacional, en Medellín [1]. Fueron detenidos, tras el allanamiento de la casa de Margarita María Cano, a pesar de no contar con una orden judicial para realizar ese procedimiento, ni para detenerlos, tal y como consta en los expedientes de la Fiscalía 91 Seccional Medellín, con el radicado número 823.729-93.

La razón: un informante los señaló como auxiliadores de las guerrillas. La Unidad de Policía Judicial del Comando Élite Antiterrorista justificó las detenciones como “capturas administrativas”; no obstante no cumplían con los requisitos de necesidad y urgencia establecidos por la Corte Constitucional” [2]. El análisis de este caso concreto demostró que la detención se realizó sin pruebas fehacientes en contra de los detenidos, fundándose para ello en el falso testimonio de un informante, arrancado a punta de tortura.

Por consiguiente todo el procedimiento fue arbitrario, entre otras razones, porque:

  1. La privación de su libertad resultó del ejercicio de sus derechos: las detenciones fueron consecuencia de su condición de líderes de la población víctima de desplazamiento forzado.
  2. La detención no se ajustó a las causas y procedimientos expresamente tipificados en la ley.

En la providencia de preclusión de la investigación, la Fiscalía concluyó: “Tremendo desatino, no tenían pleno conocimiento de quiénes eran esas personas y solo por la información de una persona que ofrece serias reservas, se procede a capturar a quienes esta iba señalando, cuando lo lógico y legal debió haber sido llevar a cabo una labor de vigilancia para haber obtenido mayor información sobre las personas mencionadas, sin embargo nada de esto se hizo, única y exclusivamente se necesitaba detener personas, para luego averiguar si era o no cierto lo informado” [3].

El 14 de septiembre de 2004 al precluir la investigación, Luis Jairo Guzmán, alias Cristian, reconoció ante la Fiscalía que sus señalamientos fueron producto de las torturas a que fue sometido por la Policía Nacional: “Por el maltrato físico de los policías, porque cuando me cogieron, me ponían una bolsa en la cabeza, me daban pata en el pecho, me dieron con la parte de atrás de la puñaleta, nos hicieron dos tiros de fusil y con el fin de que me dejaran de pegar y de amenazarme ya que me decían que si no entregaba personas y armas me mataban y por eso señalé a esas personas” [4].

Ana Fabricia y sus dos compañeros experimentaron en carne propia la degradación de al menos tres instancias de seguridad y justicia del Estado:

  1. La Policía Nacional, que practicó una detención sin pruebas
  2. La Unidad de Policía Judicial del Comando Élite Antiterrorista, que justificó la detención como administrativa, sin tener en cuenta los requisitos determinados por la Corte Constitucional.
  3. El Juez 22 Penal del Circuito, quien negó el hábeas corpus.

 ¿Serán estos los únicos casos de víctimas que han sido perseguidas por su actividad en ejercicio de derechos y libertades públicas? ¿Dónde empieza y cuándo cesa la responsabilidad del Estado de proteger a víctimas potenciales bajo riesgos severos?

Reitero la pregunta: ¿Usted habría confiado, en esas circunstancias concretas?

El desafío

Es cierto que la aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es un paso invaluable hacia la construcción de la paz, mediante el reconocimiento de la calidad de víctimas a más del 10 por ciento de la población. También es cierto que, por primera vez en la historia reciente, el tema de la restitución de las tierras despojadas o usurpadas ocupa el primer rango en la agenda nacional.

No obstante, el principal desafío para el gobierno Santos será proteger y garantizar efectivamente los derechos de las víctimas y, por supuesto, el primero y fundamental: el derecho a la vida.

Jorge Enrique Vélez, Superintendente de Notariado y Registro y responsable de la entidad que jugará un papel primordial en la aplicación de la ley, conoce las complejidades del proceso y reconoce que las medidas de protección en el registro de tierras pasa por la protección de la identidad de quienes realicen gestiones ante las oficinas de registro. Las zonas identificadas como de alto riesgo en el proceso son: Sur de Bolívar, Urabá Antioqueño, Bajo Cauca Antioqueño, Córdoba, Meta y Guaviare.

Bienvenida la nueva ley, pero ojalá venga acompañada de una real voluntad política de proteger a las víctimas. El primer paso para la efectiva protección de sus vidas y sus derechos será conocer la verdad sobre quiénes son los responsables y cuáles son los intereses que se esconden detrás de estos crímenes. El segundo tendría que ser acabar de depurar los organismos de seguridad que en el pasado reciente colaboraron con los grupos paramilitares.

Ya la justicia ha desenmascarado el tenebroso papel del DAS en el exterminio de sindicalistas por parte del Bloque Norte de Jorge 40. En el Ejército varios comandantes están señalados de vínculos con estos grupos, que se apropiaron de la tierra en regiones como Urabá. Solo esta semana medio centenar de policías fueron capturados por estar al servicio de bandas criminales, la nueva franquicia de los usurpadores de las tierras. Es urgente garantizar la transparencia de las Fuerzas Militares y de los organismos de seguridad del Estado para llevar a buen puerto el proceso de restitución.

La evidencia demuestra que el Estado está en mora de repensar los esquemas de protección para las víctimas, para que éstos estén al servicio de proteger sus vidas y no del simple cumplimiento de labores administrativas de rutina por parte de los Ministerios.

*Cofundadora de Razón Pública. Para ver el perfil de la autora, haga clic aquí.

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