Las dificultades para alinear los objetivos de estas políticas y diseñar estructuras de incentivos y desincentivos en el marco de negociaciones de paz activas siguen siendo evidentes.

¿qué tanta responsabilidad recae sobre el gobierno al otorgar (a la luz de la Ley 2272 de 2022 o Ley de Paz Total) reconocimiento del carácter político como incentivo para negociar la paz a un movimiento en proceso de formación y consolidación como grupo armado organizado?

A dos semanas del anuncio del levantamiento del cese al fuego con las estructuras bajo el mando “Iván Mordisco”, se hizo público un comunicado de dicho comandante donde anunció un “nuevo” Estado Mayor Central con 21 miembros, así como un nuevo denominado “Secretariado Nacional de las FARC-EP”. 

Vale la pena preguntar ¿qué tanta responsabilidad recae sobre el gobierno al otorgar (a la luz de la Ley 2272 de 2022 o Ley de Paz Total) reconocimiento del carácter político como incentivo para negociar la paz a un movimiento en proceso de formación y consolidación como grupo armado organizado?

El fraccionamiento del denominado ‘EMC-FARC’ durante las negociaciones con el gobierno nacional hoy nos deja con dos organizaciones armadas en proceso de expansión y fortalecimiento que ya han comenzado una nueva confrontación armada entre sí. 

En respuesta al anuncio de alias ‘Iván Mordisco’, surgió una comunicación del pasado 17 de julio por parte de la facción bajo el mando de alias ‘Calarcá’, donde afirman: “Iván Lozada lo que está haciendo lo quiere justificar con argumentos que no tienen validez ante las comunidades que nos conocen. Nos acusa de fraccionalismo por el hecho de haber sentado un precedente de no sumisión a los caprichos personales de un solo individuo.”

Las respuestas de las autoridades gubernamentales

El aumento de los enfrentamientos, acciones terroristas y armadas en el Suroccidente del país, particularmente en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, han estado en el foco de la atención pública durante los últimos 6 meses. 

A los enfrentamientos y atentados constantes en zonas como el Valle del Micay, el Norte del Cauca y en algunos municipios del Valle del Cauca aledaños a la ciudad de Cali, los gobiernos nacional, departamental y municipales, incluyendo a la ciudad de Cali, han adoptado medidas para intentar retomar el control de algunas zonas hoy sometidas a la violencia de las estructuras del ‘EMC-FARC’ que operan allí.

El incremento del pie de fuerza, así como las acciones ofensivas contra estas estructuras vienen aumentando. Sin embargo, contrario al efecto esperado, los indicadores de violencia siguen creciendo y la percepción de inseguridad y deterioro del orden público siguen creciendo. 

El 16 de julio, el ‘EMC-FARC’ bajo el mando de ‘Iván Mordisco’ aseguró a través de su cuenta en la red social ‘X’ que “la COP16 fracasará aunque militarice con gringos la ciudad.” Esta amenaza sobre la ciudad de Cali, sede de la Conferencia COP16 sobre biodiversidad, que contará con representaciones diplomáticas de más de 170 países, encendió nuevamente las alarmas.

Ante los llamados de los gobernantes regionales y municipales del Valle del Cauca y Cauca, algunos congresistas de la región citaron a un debate de control político sobre la situación de orden público en la región, particularmente en el Valle del Cauca. Dicho debate tuvo lugar el 5 de agosto, y los congresistas pusieron sobre la mesa diferentes cuestionamientos sobre las acciones que se vienen adelantando en materia de seguridad ante el aumento de la violencia, los hurtos, la extorsión y los homicidios en esta región del país. 

Para los congresistas, es evidente que la política de ‘Paz Total’ ha fracasado. La desfinanciación del sector defensa dificulta tomar medidas excepcionales para hacer frente a la oleada de violencia que se presenta en la región y retomar el control territorial, así como para atacar las estructuras y dinámicas de gobernanza criminal que han sido impuestas a las comunidades y territorios de la región.

Ante las críticas por la ausencia en el debate de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, dio la siguiente respuesta “si alguna persona da la cara y está de frente en el tema de seguridad soy yo. Nunca ustedes han visto que yo me esconda, antes, por el contrario, salgo mucho y quiero que todo esté seguro y que todo se pueda hacer.” El debate ha sido citado nuevamente para el día 15 de agosto y se espera contar con la presencia de la gobernadora Toro.

Este episodio resulta muy preocupante dado el deterioro constante de la situación de seguridad en la región y la inminencia de la Conferencia COP 16 sobre biodiversidad en la ciudad de Cali. Es urgente que las autoridades de todos los niveles de gobierno se articulen y sumen esfuerzos para evitar la escalada violenta que sufre la región del Suroccidente, particularmente los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. 

Más allá de la toma de decisiones coyunturales frente al fenómeno violento que azota a las comunidades y territorios de esta región, es necesario avanzar estratégicamente en la coordinación de las políticas de seguridad y paz. No es concebible que las garantías de seguridad y orden público dependan casi de manera exclusiva de la buena fe de criminales como «Iván Mordisco» cuando dice que “ha decidido como ‘muestra de voluntad de paz’ ordenar a nuestras unidades no afectar el normal desarrollo de la COP16 que se va a realizar próximamente en la ciudad de Cali”.

El gobierno nacional debe fortalecer la coordinación y los lazos de corresponsabilidad con las autoridades de los entes territoriales si busca recuperar el control territorial y hacer frente a las organizaciones armadas que ejercen violencia contra comunidades y territorios que vienen padeciendo el conflicto desde hace tiempo. Esto, a su vez, requiere un ajuste en la política de «Paz Total» y una mayor comunicación con los responsables de las políticas de seguridad y defensa.