Hay señales de interés en revivir las negociaciones entre el presidente electo y el ELN. Pero habría que pasar de la retórica y las promesas de campaña al pragmatismo que implica gobernar.
Sebastián Zuleta*
Una eventual negociación
Recientemente el presidente electo y el ELN plantearon puntos clave para una eventual negociación de paz.
Después de ganar la segunda vuelta electoral, Gustavo Petro sostuvo que la paz integral en Colombia comenzaría el 7 de agosto a partir de un diálogo nacional y el cese de la confrontación armada.
Agregó el presidente que “el gran acuerdo nacional ya se comenzó a construir (…) y debe empezar a construirse desde el diálogo regional vinculante. Vinculante significa que lo que se decida regionalmente para acabar con los conflictos violentos (…) se vuelve norma, se vuelve obligatorio, se cumple. Diálogos regionales que nos permitan mirar el conflicto en su especificidad histórica y regional”.
El Comando Central (COCE) del ELN respondió insistiendo sobre algunas de sus reivindicaciones históricas y poniendo de presente su posición ambigua: se adjudicaron la vocería del “movimiento popular” y dejaron entrever que si no se superan las causas históricas del conflicto, su resistencia armada seguirá vigente.
Pero a renglón seguido reiteraron su disposición a dialogar y acordar las reformas para una salida negociada del conflicto armado e incluso sugirieron retomar los diálogos que empezaron en Quito en el 2017.
Retos y preguntas
Colombia cambió de manera exponencial entre 2017 (cuando comienzan las conversaciones entre el gobierno Santos y el ELN) y 2022 (cuando llega al poder Gustavo Petro).
Por eso el nuevo gobierno y el ELN deben analizar la viabilidad y las ventajas de retomar un proceso de negociación bajo las condiciones actuales. Por ejemplo, hay que aclarar si la antigua agenda de negociación sigue vigente.
Además, el COCE planteó en su último comunicado “un nuevo modelo de lucha contra las drogas”, pero cabe preguntarse si éste sería un punto para otra agenda de negociación o si podría subsumirse bajo las “Transformaciones para la Paz” de la agenda de 2016.
Las experiencias previas de diálogo con el ELN muestran que se trata de procesos complicados, que exigen mucho tiempo, y altas dosis de paciencia y voluntad para avanzar.
El presidente electo deberá sopesar los costos políticos de retomar públicamente la negociación con el ELN y considerar el capital político que necesita para acometer las reformas y la agenda de cambios que superan el marco de dicha negociación.
El gobierno tiene que reforzar las instituciones necesarias antes de retomar los diálogos donde se establecerán las condiciones de una eventual negociación con el ELN.
La idea de los diálogos regionales vinculantes puede satisfacer las expectativas y exigencias del ELN sobre la participación ciudadana en un eventual diálogo, pero esto podría restarle importancia y eficacia a un modelo centralizado de negociación.
No es claro cuál sería el papel de una delegación de diálogos del ELN; ni si el gobierno tendría la capacidad necesaria para adelantar varios diálogos simultáneamente; ni cómo se articularían dichos diálogos con la negociación con el ELN, especialmente en las regiones donde esa organización no esta presente; y tampoco se conocen los mecanismos de coordinación estratégica entre ambos niveles de diálogo.
El nuevo gobierno debe resolver estos problemas antes de plantear un modelo de negociación. Las promesas de campaña de Petro deben transitar hacia el pragmatismo y el realismo que exigen el ejercicio de gobierno en un país como Colombia.
Por eso también debe convencer a casi la mitad del país sobre su agenda de gobierno y su apuesta por la paz. Las reformas progresistas (tributaria, agraria, etc.) hicieron que muchas personas votaron contra Petro, pero gobernar únicamente para un sector tiene altos costos. Aún retumba en la memoria de los colombianos la experiencia del plebiscito de 2016.
Condiciones e incentivos del ELN
El ELN señaló las coincidencias y tensiones existentes entre la ambiciosa agenda reformista del gobierno electo y los puntos de una agenda de negociación entre ambos:
“Si el presidente elegido se posesiona el 7 de agosto para hacer los cambios que nos encaminen a superar el clientelismo y sacar la violencia de la política, avanzar en planes de inclusión social que contemplen empleo y emprendimientos para las mayorías, un plan de Reforma Agraria, un nuevo modelo de lucha contra las drogas y le da continuidad al Proceso de paz, Colombia tendrá un Gobierno respaldado por el movimiento popular, pero si se instala para hacer ‘más de lo mismo’ tendrá al pueblo en las calles reclamando cambios con más vehemencia que en 2019 y 2021”.
El condicionamiento implícito del comunicado abre la pregunta sobre el alcance de la voluntad de paz del ELN. Aunque deseen establecer diálogos que puedan desembocar en una eventual negociación, surge la pregunta sobre los incentivos necesarios para poner fin a la confrontación armada.
El ELN ha reiterado que la confrontación armada seguirá hasta que cambien las condiciones políticas, sociales y económicas que agravaron la exclusión y la marginalización de las comunidades y territorios en el país. Queda por ver si la agenda reformista del gobierno electo y sus propuestas son suficientes para detener dicha confrontación.
La negociación con el ELN podría ser un fin en sí mismo que conduzca a la terminación del conflicto, pero también puede ser una oportunidad para avanzar temas críticos de una agenda reformista en el país, incluso antes de apostarle a un proceso público de negociación con dicha guerrilla.
¿Cómo avanzar?
Los gestos unilaterales, la construcción de confianza y el reconocimiento del “Protocolo en caso de ruptura de la negociación de diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el ELN” son algunas de las acciones que debe acometer el gobierno para lograr una negociación.
Pero además tendrá que dar prioridad a la construcción de un canal de comunicación confidencial y discreto, que tenga carácter exploratorio y sirva para que las partes se aproximen de manera eficiente, al margen de las presiones mediáticas y políticas.
Además dicho canal también servirá para que la delegación de diálogos del ELN pueda comunicarse y adelantar consultas con las instancias de toma de decisión de la organización.
Finalmente, el gobierno tiene que reforzar las instituciones necesarias antes de retomar los diálogos donde se establecerán las condiciones de una eventual negociación con el ELN.
Para eso deben conformarse los equipos técnicos que apoyarán a los delegados del gobierno. Convendría actuar con pragmatismo: recoger las percepciones de quienes adelantaron los últimos diálogos con el ELN, darse a la tarea de conocer a esta organización a profundidad, y contar con asesores que comprendan el contexto y las limitaciones políticas sobre las cuales se desarrollan este tipo de procesos.
Una hoja de ruta bien definida sobre la base del pragmatismo y el realismo les permitirá a las partes sortear los obstáculos presentes y del futuro inmediato, y aumentará las probabilidades de éxito en un eventual proceso de negociación entre el gobierno electo y el ELN.
