El anuncio de cese al fuego con cinco organizaciones armadas fue un grave error estratégico y político, que afecta la credibilidad del proceso y podría dar al traste con las posibilidades de la “paz total”. Esta es la situación.
Sebastián Zuleta*
Un proceso de paz mal diseñado
Desde los primeros planteamientos del gobierno sobre la Paz Total, surgieron dudas acerca de su alcance y de la posibilidad de convertirse en realidad. La falta de una política de paz aunada a una serie de anuncios que no se tradujeron en acciones pusieron en tela de juicio la capacidad del gobierno para cumplir la promesa principal de su campaña.
Contrariamente a su predecesor, el presidente Petro manifestó, desde el principio, su voluntad de entablar negociaciones para la paz con los grupos armados. Pero no pasó mucho tiempo para que lo obvio resultara evidente: no basta la voluntad de paz; se necesitan experticia, rigor, confidencialidad, construcción de confianza, capacidad técnica y operativa, estrategia y diseños metodológicos para los diálogos y negociaciones.
Es decir, se necesita una política de paz acompañada de una estrategia coherente y de un modelo negociador que disminuya la incertidumbre propia de estos procesos tan sensibles y permita avizorar el fin de la violencia con organizaciones armadas de diversa índole.
Los costos de un anuncio prematuro
El anuncio improvisado, donde el presidente Petro declaró de manera unilateral el “cese al fuego” con cinco organizaciones armadas, sirvió para poner en la palestra ca un tema que puede parecer simple, pero que en realidad conlleva una serie de complejidades técnicas y definiciones que no son de fácil comprensión.
Pululan en los medios de comunicación, en las declaraciones oficiales y en las redes sociales menciones al cese al fuego, al cese de hostilidades, a la tregua, al carácter humanitario del cese al fuego, si se trata de un cese temporal o definitivo, si es de alcance regional o nacional y si su carácter es unilateral o bilateral, entre otras.
La falta de claridad del gobierno frente a aquellas preguntas es fuente de especulaciones y expectativas de la contraparte y de la ciudadanía, que espera prontos resultados en cuanto a la reducción de la violencia. Además, incumplir el cese de fuego implica pérdida de credibilidad y legitimidad, para no hablar de la crisis en la mesa de negociación que hemos visto en este caso.
Bajo estas circunstancias, el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, debe asumir su responsabilidad política por el anuncio y empezar a operar en un plano más discreto.
Para qué sirve y cómo deber ser un cese al fuego
Hay mucha literatura y evidencia empírica sobre el cese al fuego, el cese de hostilidades, las treguas y los armisticios, entre otros instrumentos propios de los procesos de paz.
Estos instrumentos pueden ser usados de diversas formas, dependiendo del tipo de negociación y de los propósitos del proceso. En algunos casos pueden servir para que las partes se reagrupen y mejoren su posición militar; también pueden ser usados como gestos unilaterales de buena fe, así como también pueden tener una finalidad humanitaria, e incluso, pueden constituir una medida de construcción de confianza entre las partes o ser el eje de un acuerdo político para poner fin definitivo a la confrontación armada.
Sin embargo, existe un serio debate sobre la utilidad del cese al fuego según el momento o etapa que atraviese el proceso de negociación: para algunos, este debe ser un incentivo útil en el marco de las negociaciones y debe ser definitivo cuando se alcance un acuerdo final; para otros, el cese puede ser una medida de construcción de confianza de carácter humanitario para afianzar los diálogos.
En términos generales, un cese al fuego debe contar con, por lo menos, los siguientes elementos o condiciones fundamentales:
- Un acuerdo político donde las partes se comprometen a cesar el fuego.
- La elaboración de protocolos y pautas que deben incluir, de manera clara y sin lugar a ambigüedades, el espacio geográfico, las fechas y tiempos, las obligaciones y las actividades permitidas, entre otros.
- El diseño y puesta en marcha de los instrumentos legales y dispositivos logísticos que faciliten la aplicación de lo acordado y de los protocolos.
- Un mecanismo de verificación confiable que sea reconocido por las partes.
- Un mecanismo de denuncias y resolución de controversias en caso de incumplimiento.
Cómo no hacer un cese al fuego
En el reciente anuncio del presidente Petro pudo notarse el alto grado de improvisación en el desarrollo de los diálogos o negociaciones con grupos armados. Tres ejemplos recientes así lo demuestran:
- Las declaraciones contradictorias del presidente Petro, del jefe de la delegación del gobierno para las conversaciones con el ELN, Otty Patiño, de los altos mandos militares y de policía, del alto comisionado para la paz, Danilo Rueda y del ministro de Defensa, Iván Velásquez.
- El Decreto 2657 de 2022, que “declaró unilateralmente” el cese al fuego con el ELN es una “copia actualizada” del Decreto 1590 de 2017, que había decretado el Cese al Fuego Bilateral, Temporal de Carácter Nacional (CFBTN), entre el gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
- El Decreto 2655 de 2022, que vuelve a crear la Instancia de Alto Nivel para el estudio, caracterización y calificación de los grupos armados organizados de crimen de alto impacto (que ya había sido creada por la Ley de Orden Público o de “Paz Total” bajo este gobierno), el cual únicamente debía reglamentar y poner en marcha lo dispuesto en la Ley, fue expedido el mismo día en que entró en vigencia el Decreto 2656 de 2022 por el cual se decretó el cese al fuego “en el marco del diálogo de carácter político entre el Gobierno nacional y el Estado Mayor Central FARC-EP”.
Resulta paradójico que el 31 de diciembre de 2022 se creara y sesionara dicha instancia, resultando en la calificación de las disidencias o el denominado “Estado Mayor Central FARC-EP” como grupo armado organizado con carácter político, y luego, ese mismo día, se decretara el cese al fuego en el marco del “diálogo de carácter político” con dicho grupo.
Por las razones anteriores es claro que las propuestas de cese al fuego del actual gobierno no son parte de una política y una estrategia de paz coherentes. El cese con el ELN resultó ser un acto unilateral del gobierno, al margen de la mesa de diálogos, lo cual pone de presente la falta de un modelo y una secuencia clara para desarrollar la agenda pactada.
Sin duda alguna, este episodio es una crisis de credibilidad, legitimidad y confianza sobre las cuales debe cimentarse el proceso de negociación y que marcará, de ahora en adelante, las conversaciones y potenciales acuerdos que puedan pactar las partes.
Más daños que beneficios
El efecto esperado por el gobierno con el anuncio del cese al fuego con cinco organizaciones armadas no se hizo realidad.
Por el contrario, la violencia y los enfrentamientos entre los grupos continúan y se acentúan en ciertas regiones; algunos grupos, como el ELN, desconocen haber pactado con el gobierno dichos acuerdos, mientras otros ya denuncian su incumplimiento por parte de las fuerzas militares. Otras organizaciones, como las AGC o ‘Clan del Golfo’, la Segunda Marquetalia y las Autodefensas de la Sierra Nevada (ACS), han expresado, de manera ambigua y a pesar de divisiones internas, su voluntad de acordar un cese al fuego con el gobierno, pero no resultan claras las condiciones bajo los cuales se pondría en marcha.
Por otra parte, el reciente comunicado de la Fiscalía General de la Nación, donde expresa motivaciones jurídicas para abstenerse de suspender las órdenes de captura contra los voceros o delegados de las AGC o ‘Clan del Golfo’ y otras organizaciones, puede constituir un nuevo traspiés para el gobierno.
Además, como sucede en Buenaventura, la imposibilidad del gobierno de cumplir los compromisos que asume en el marco de sus acercamientos a organizaciones armadas puede desencadenar nuevos ciclos de violencia que dificulten o impidan el éxito del proceso para el sometimiento o para alcanzar acuerdos políticos.
La situación de Arauca muestra las dificultades que debe sortear el gobierno para alcanzar acuerdos de cese al fuego bilateral con organizaciones armadas que sean viables, verificables y que funjan como dinamizadores y medidas de construcción de confianza en los procesos de diálogo y negociación de paz.
En este caso, la confrontación entre el Comando Conjunto de Oriente (Frentes 10, 28 y 45) de las disidencias o “Estado Mayor Central FARC-EP” y el Frente Domingo Laín, del Frente de Guerra Oriental del ELN, impide condiciones materiales para avanzar con ceses al fuego bilaterales con cada organización.
La guerra declarada entre ambas organizaciones dejó más de 320 personas muertas durante 2022 y, a pesar de los intentos de las fuerzas y movimientos sociales del departamento por facilitar una tregua, ambas organizaciones armadas carecen de incentivos para parar la violencia.
Como asegura Yesid Robles del Observatorio de Derechos Humanos e Investigación de Arauca, “si no avanzan las negociaciones de paz y de sometimiento a la justicia, pensadas en la política de paz total, se pondrán en muy poco tiempo en un punto de no retorno en el que será casi imposible sacar a los violentos del centro de las comunidades”.
Rectificar el camino
Es necesario que el gobierno detenga el espiral de anuncios contradictorios sobre su propuesta de Paz Total. Los acontecimientos recientes son señales de alerta que el gobierno debe atender antes de que sea demasiado tarde.
Las preocupaciones de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional responden a la falta de claridad del gobierno, sus funcionarios y múltiples voceros sobre la aún desconocida política de Paz Total.
El pronunciamiento del jefe de la misión de Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, acerca de los ceses al fuego bilaterales decretados por el gobierno resulta más que elocuente: “el Gobierno Petro y cada grupo armado deben primero ponerse de acuerdo en cómo sería esa verificación, para luego solicitarle al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que la autorice.”
Por ahora, el balance de la paz total es, por decir lo menos, decepcionante. El gobierno debe tomarse una pausa, repensar su estrategia, diseñar una política de paz integral que incorpore la ejecución del Acuerdo suscrito con las extintas FARC-EP en 2016, crear un modelo y metodología de negociación para el ELN y una estrategia para el sometimiento y desmantelamiento de otras organizaciones armadas y de crimen organizado.
De lo contrario, siguiendo en el camino de las contradicciones y la falta de claridad en asuntos tan sensibles como lo son la violencia, la seguridad y la protección de las comunidades afectadas por el conflicto armado y el crimen organizado, el gobierno de la Paz Total será recordado como el gobierno de la guerra eterna.
