Extradición: entre la impunidad y la justicia negociada - Razón Pública
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Extradición: entre la impunidad y la justicia negociada

Escrito por Sebastián Zuleta

Sebastián ZuletaAnte el retorno de conocidos o presuntos delincuentes a Colombia surge la pregunta de para qué ha servido la extradición. Mientras aquí la usan con fines políticos, allá la usan para justificar el presupuesto de la DEA; pero la impunidad es incluso más grande.

Sebastián Zuleta*


Extradición y lucha contra las drogas

La extradición es la entrega hecha por un Estado de un individuo acusado de un delito a otro competente para juzgarlo. Es un mecanismo de cooperación judicial de carácter procesal, que adquiere relevancia ante la acelerada globalización (como fenómeno social, económico y jurídico) que ha dado pie al concepto de crimen transnacional.

Los crímenes trasnacionales son aquellos que, durante su planificación o comisión, producen efectos en más de un Estado. El tráfico ilícito de estupefacientes, la trata de personas y la corrupción transnacional, entre otros, son ejemplos de este tipo de crímenes que trascienden fronteras e involucran diferentes modalidades delictivas que ponen a prueba la capacidad investigativa, judicial y sancionatoria de un solo Estado.

Las extradiciones de criminales de bajo rango dentro de las organizaciones son cada vez más frecuentes y ponen en entredicho la efectividad de esta herramienta para desarticular las redes y someter a los criminales más peligrosos.

Un ejemplo de ello se produjo en 1973, cuando el presidente Richard Nixon declaró la “guerra contra las drogas” y simultáneamente fue creada la Drug Enforcement Agency (DEA), entidad encargada de la investigación y persecución internacional de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos.

El Título 21 del Código Federal de Estados Unidos, sobre control del uso y tráfico de narcóticos, otorgó a la DEA competencia para investigar y abrir procesos criminales a cualquier sujeto (independientemente de su nacionalidad) que estuviera vinculado con organizaciones o redes criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos.

El Expresidente de los Estados Unidos, Richard
Nixon, declaró en 1973 la “guerra contra las drogas”.
Foto: Wikimedia Commons

Negociación de cargos

Las acusaciones por cargos de narcotráfico son precedidas por pesquisas que adelantan los entes investigativos de Estados Unidos, especialmente la DEA, con el fin de recolectar las pruebas que sustentarán los procesos ante las cortes estadounidenses.

Posteriormente, estos mismos entes se encargan de mediar entre los sindicados y los fiscales que presentarán los cargos ante los jueces, para concretar la entrega voluntaria de los primeros. Este proceso de negociación con los sindicados consiste, de manera muy genérica, en una especie de trueque de información y cooperación a cambio de eventuales rebajas de pena.

Estos beneficios penales, como la reducción o supresión de cargos y la rebaja de la pena, pueden llegar a incluir un acuerdo que permita al sindicado conservar y disfrutar parte del patrimonio ilegalmente adquirido a través del denominado “programa de resocialización” que las autoridades estadounidenses han creado para facilitar los procesos judiciales.

La mayoría de estos acuerdos se hace mediante el llamado plea bargain, procedimiento judicial donde el sindicado o la fiscalía solicitan al juez una reducción de la  pena a cambio de una admisión de culpabilidad y el compromiso de cooperar y resarcir los agravios causados.

Este tipo de acuerdos tiene una contrapartida para las agencias estadounidenses, que pueden con ellos mostrar resultados en la lucha antinarcóticos. Como dice el informe Usos y abusos de la extradiciónde la Fundación Ideas Para la Paz, este proceso eminentemente burocrático “comienza en la cúspide, en donde los directores y jefes son presionados para mostrar resultados. Esa es la manera de justificar los presupuestos que les asignaron y también el camino para obtener un incremento de los mismos. Esta presión inevitablemente se transmite hacia abajo, donde los agentes se esfuerzan por producir esos resultados”.

¿cuál es la prioridad de las autoridades colombianas cuando autorizan la extradición de criminales pertenecientes a grupos armados ilegales sindicados por delitos de lesa humanidad cometidos en Colombia?

Sin embargo es importante señalar que estos procedimientos no cuentan con la autorización y el apoyo expreso del Gobierno y el sistema judicial estadounidense.

Como la mayoría de acusaciones por narcotráfico vienen acompañadas de otros cargos, como la conspiración y el lavado de activos, en la mayoría de los casos estos se superponen a los cargos iniciales y fungen como cortina de humo frente a la opinión pública, la cual exigiría condenas ejemplarizantes por el delito de narcotráfico.

Por regla general, estas condenas no superan los 20 años de privación de la libertad, pero cuando vienen acompañadas de acuerdos previos entre los sindicados y las autoridades estadounidenses pueden incluir beneficios del “programa de resocialización” y reducirse a entre 5 y 10 años de cárcel.

Uso político de la extradición

El número creciente de extradiciones de colombianos hacia Estados Unidos devela el uso indiscriminado que se le ha venido dando a este instrumento de cooperación judicial. Las extradiciones de criminales de bajo rango dentro de las organizaciones son cada vez más frecuentes y ponen en entredicho la efectividad de esta herramienta para desarticular las redes y someter a los criminales más peligrosos.

 

Fuente propia

Casos como el de Nelson Vargas  (alias “El Marrano”) o el de los Consuegra (otro), quienes por fallas en su identificación fueron sindicados y extraditados siendo inocentes, no solo han motivado críticas sobre los costos humanos del uso indiscriminado de la extradición como herramienta para obtener créditos políticos, sino que han puesto en discusión su eficacia para desarticular las organizaciones y redes dedicadas al narcotráfico.

Cuando los intereses políticos inspiran el uso de la extradición, esta deja de ser útil como  herramienta de  cooperación judicial o como instrumento para combatir el crimen transnacional.

La lógica burocrática de Estados Unidos y el uso político que se le viene dando a la extradición en Colombia van en contravía del valor estratégico que habría de tener en la lucha contra el narcotráfico. Esta combinación de factores hace que importe más el número de extradiciones que el verdadero valor de los criminales y su eficacia para desarticular las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Operativo de la DEA en contra de narcotraficantes.
Foto: Official U. S. Navy Page

Narcotráfico o crímenes de lesa humanidad

Además de lo anterior, hay que destacar el problema de la extradición cuando sus sujetos son delincuentes que, además de estar vinculados a organizaciones dedicadas al narcotráfico, han cometido crímenes de mayor trascendencia.

Por ejemplo, al negar las solicitud de extradición de Luis Edgar Medina Florez, alias “Chaparro”, la Corte Suprema de Justicia conceptuó que “el narcotráfico viene a ser un delito de segundo orden cuando se lo compara con los crímenes de lesa humanidad cometidos por los paramilitares (…) palidece frente a los delitos de genocidio, homicidio en persona protegida, desaparición y desplazamiento forzados, tortura y otros, cometidos durante las últimas décadas por los miembros de los grupos paramilitares desmovilizados”.

Más allá de una declaración de principios éticos, esta tensión entraña profundas dudas  sobre el sentido de la extradición como mecanismo de cooperación judicial que debe servir para luchar contra la impunidad y no como factor que contribuye a agravarla.

Por eso el uso político e indiscriminado de la extradición tiende, inexorablemente, al menoscabo de los derechos de las víctimas de estos crímenes profundamente nocivos para la sociedad en su conjunto.

La experiencia de extraditar a los máximos líderes del paramilitarismo muestra que no existe incentivo alguno en la justicia estadounidense para esclarecer los crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia. Es evidente que los esfuerzos de los fiscales y del aparato jurisdiccional estadounidense se concentran en alcanzar acuerdos y condenas por narcotráfico y otros cargos afines.

Por eso es pertinente preguntarse: ¿cuál es la prioridad de las autoridades colombianas cuando autorizan la extradición de criminales pertenecientes a grupos armados ilegales sindicados por delitos de lesa humanidad cometidos en Colombia?

 

* Politólogo, abogado, LL.M. en Derecho Internacional (c).

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