El gobierno cree que pidiendo a Cuba que capture y extradite a los negociadores del ELN ganará apoyo nacional e internacional. Pero esta decisión pone en peligro la credibilidad internacional de Colombia.
Sebastián Zuleta*
De la negociación a la persecución
Tras varios años de negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), se produjo el atentado en la Escuela de Policía General Santander donde perdieron la vida 21 cadetes. Después de este hecho el presidente Duque, quien ya se había mostrado reticente a continuar las negociaciones:
- Removió a los negociadores del gobierno.
- Interrumpió los contactos con la delegación del ELN en La Habana.
- Levantó la suspensión de las órdenes de captura que tenían los miembros de la guerrilla involucrados en las negociaciones.
- El gobierno solicitó a la Fiscalía General que tramitara ante la Interpol la expedición de órdenes de captura internacionales para los miembros de la cúpula del ELN.
- Solicitó a Cuba la extradición de Víctor Orlando Cubides, alias Pablo Tejada o Aureliano Carbonell, e Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, quienes fueron cobijados por una orden de captura emitida por el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia.
- Igualmente, el gobierno pidió a Cuba y a Noruega que desconocieran los protocolos suscritos y facilitaran la entrega de los miembros de la delegación de paz del ELN a las autoridades colombianas.
En varias ocasiones, en enero, julio y septiembre de este año, el gobierno colombiano ha reiterado los llamados a Cuba para que desconozca los protocolos adoptados en las negociaciones de paz y capture y entregue a las autoridades colombianas los miembros de la delegación de paz del ELN que se encuentran en la isla.
Las negociaciones de paz y las relaciones internacionales están basadas en los principios de respeto, confianza y reciprocidad.
Tanto Cuba como Noruega, en su calidad de garantes del proceso de diálogo entre gobierno y guerrilla, han rechazado el acto terrorista que cobró la vida de los cadetes de la Policía, pero han señalado la obligación de respetar y cumplir lo establecido en dichos protocolos en aras de preservar su coherencia, legitimidad y confianza como socios y facilitadores.
Foto: Cancillería de Colombia |
Hace algunas semanas, el encuentro que sostuvieron el canciller Carlos Holmes Trujillo y su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, durante la Asamblea General de la ONU, tuvo como antesala la amenaza del gobierno colombiano de denunciar a Cuba ante dicha organización por negarse a entregar a dos “prófugos de la justicia”.
El papel de los garantes
Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, es increíble que el actual gobierno quiera desconocer los compromisos asumidos en las negociaciones con el ELN y que se enfrasque en un enfrentamiento con los garantes de ese proceso.
Cuando el gobierno Santos decidió iniciar un proceso de paz con el ELN, acudió a Cuba y a Noruega como países garantes. Estos países aceptaron la tarea de buena fe, sin imaginar que el gobierno colombiano, ahora en cabeza de Iván Duque, les pediría desconocer e incumplir los compromisos adquiridos.
Las negociaciones de paz y las relaciones internacionales están basadas en los principios de respeto, confianza y reciprocidad. En los casos de apoyo internacional para la resolución de conflictos es usual que los países que se ofrecen como facilitadores, garantes o mediadores, suscriban acuerdos de Estado (no de gobierno) para el cumplimiento de sus funciones.
Como los procesos de paz suelen tomar años e involucrar los mandatos de varios gobernantes, estos acuerdos se someten a las reglas de las relaciones internacionales y de la diplomacia entre Estados, justamente para que no queden sujetos a los vaivenes de la política interna de cada país.
En los procesos de paz, los garantes son terceros que facilitan a las partes establecer lazos de confianza para entablar cualquier negociación. Tras décadas de confrontación armada, negociaciones fallidas y compromisos incumplidos entre las partes, tanto Cuba como Noruega aceptaron fungir como garantes en las negociaciones entre el gobierno y el ELN. Esta tarea venía precedida por su buena reputación y el silencioso pero eficiente trabajo que tuvieron durante las negociaciones entre el gobierno y las FARC.
Como es natural, los facilitadores o garantes de negociaciones de paz basan sus actuaciones en los principios de confidencialidad y buena fe. Para lograr su cometido, utilizan diversas herramientas, como los acuerdos de carácter formal o informal, para permitir a las partes establecer reglas comunes de entendimiento sobre asuntos específicos.
Por eso, antes del comienzo de la fase pública de las negociaciones entre el gobierno y el ELN fueron suscritos varios documentos, entre ellos el “Protocolo establecido en caso de ruptura de la negociación de diálogos de paz, Gobierno colombiano – ELN”, en el cual se establece una serie de medidas para garantizar la seguridad y facilitar el retorno a Colombia de los miembros de la delegación del ELN en caso de ruptura de las negociaciones.
Tanto Cuba como Noruega se comprometieron a velar por el cumplimiento de este protocolo y así lo han reiterado en diversas ocasiones, particularmente cuando el actual gobierno ha insistido (de manera arbitraria y obstinada) en desconocerlo, acudiendo a argumentos peregrinos como que fue suscrito por el gobierno anterior y por tanto no es vinculante para el actual, o que el gobierno de Iván Duque no continuaría negociaciones de paz con ELN por su carácter terrorista.
Dichos argumentos pueden sonar bien entre la galería, pero difícilmente pueden ser considerados para desconocer acuerdos que involucran la credibilidad y confianza de otros Estados.
Foto: Embajada de Colombia y Noruega |
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El tiro por la culata
Tanto el canciller como el presidente Iván Duque han mostrado las profundas diferencias del gobierno colombiano con el régimen cubano por la situación en Venezuela y han utilizado los protocolos de negociación con el ELN y la calidad de Cuba como garante como excusa para señalar una supuesta “relación con los criminales” del ELN como parte de su ofensiva diplomática contra el régimen de Nicolás Maduro.
No obstante, desconocer los protocolos y utilizar esta vía como un mecanismo de presión al gobierno cubano contra Maduro es un error político y diplomático. No solo porque el gobierno colombiano sabe que esto no tendrá efecto en las relaciones entre esos países, sino porque no logrará su cometido final.
Cuando las desavenencias del actual gobierno con la política de paz de su predecesor se traducen en este tipo de decisiones de política exterior se pone de presente la incoherencia del Estado colombiano, se reduce su margen de maniobra internacional y se hace un gran daño a su reputación.
Las presiones que el presidente Duque recibe de sus aliados políticos lo han obligado a adoptar posiciones irresponsables y peligrosas.
No hay razones que permitan a la comunidad internacional entender que el Estado colombiano, que hace algunos años solicitó su apoyo para buscar una solución negociada para su conflicto armado, sea el mismo que hoy los presiona por mantener “relaciones con criminales” y los utiliza para posicionar su agenda e intereses internacionales.
La solicitud de extradición de Aureliano Carbonell y Pablo Beltrán es un acto de torpeza política y diplomática, cuyas posibles consecuencias no han sido bien sopesadas por el canciller Carlos Holmes Trujillo. Además, disminuye ostensiblemente las posibilidades de retomar los diálogos para alcanzar una salida negociada al conflicto con el ELN.
Las presiones que el presidente Duque recibe de sus aliados políticos (que se oponen a la búsqueda de una salida negociada al conflicto) y de Estados Unidos (cuyos intereses son la lucha contra el narcotráfico y atacar el régimen de Nicolás Maduro) lo han obligado a adoptar posiciones irresponsables y peligrosas, cuyo impacto en términos de legitimidad y favorabilidad es, por decir lo menos, incierto.
Por otra parte, esto es un yerro diplomático porque apelar nuevamente a la maleada estrategia de internacionalización del conflicto armado (esta vez con un sesgo militarista) para posicionar su agenda es una apuesta irracional y cortoplacista.
Foto: Especiales Presidencia de la República |
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No solo Cuba y Noruega, sino la comunidad internacional, lo pensarán dos veces antes de ofrecer nuevamente su apoyo y buenos oficios al gobierno colombiano. Y difícilmente las amenazas, el tono pendenciero y el uso de la extradición para presionar a otros países se traducirán en apoyos y réditos para el gobierno de Duque.
* Consultor y catedrático. Magíster en Derecho Internacional y exasesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
