Qué es el Estado Mayor Central de la FARC-EP

El país presenció con asombro la unificación de una serie de grupos armados que operan en distintas regiones bajo el nombre de “Estado Mayor Central de las FARC-EP” (en adelante, EMC).

Si bien las cabezas más visibles de esta organización fueron Gentil Duarte e Iván Mordisco, quienes se apartaron del proceso de paz entre el gobierno Santos y las FARC-EP, aún no resulta clara la naturaleza del grupo, sus reivindicaciones sociales o políticas. Específicamente, no se sabe si puede ser considerado como un grupo armado organizado bajo los estándares del Derecho Internacional Humanitario.

En julio de 2016, Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, emitió un comunicado según el cual “el Frente 1 (Armando Ríos) de las extintas FARC-EP no se desmovilizará en el marco del proceso de paz con el gobierno Santos”.

Para diciembre de 2016, las FARC-EP, que se encontraban en proceso de tránsito a la legalidad, emitieron un comunicado donde excluían de la organización a ‘Gentil Duarte’, ‘Euclides Mora’, John 40’, ‘Giovanni Chuspas’ y ‘Julián Chollo’, quienes para entonces ejercían como mandos medios de esa guerrilla.

Para el ex vocero de paz Javier Toloza, “el denominado Estado Mayor Central de las FARC solo se conformó como tal en 2019, tras la aparición de la Segunda Marquetalia, agrupando diversos procesos disidentes que, salvo los casos mencionados de los Frentes 1º y 40º, se levantaron en armas con posterioridad a la forma del Acuerdo de Paz”.

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Reconocimiento del carácter político

Pero importa notar que el verdadero surgimiento de esta organización armada y su aparición en la escena pública, realmente se concretaron con la prórroga y reforma de la ‘Ley de Paz Total’ o ‘Ley de Orden Público’.

Esta ley le otorgó al gobierno, a través de la llamada “Alta Instancia para la caracterización de grupos armados”, la competencia para calificar a los grupos armados y definir el tipo de proceso que se podría adelantar con ellos según reconocimiento de su carácter político.

Aunque no exista un proceso consolidado de unificación de las varias unidades o grupos disidentes o reincidentes de las FARC-EP, resulta paradójico que el 31 de diciembre de 2022 se hubiera creado y hubiera sesionado la entidad conocida como EMC. Esto dio como resultado su calificación como grupo armado organizado con carácter político. Además, ese mismo día, se decretó el cese al fuego en el marco del “diálogo de carácter político” con dicho grupo.

En este escenario, vale la pena decirlo, el gobierno creó todas las condiciones e incentivos para que se conformara un grupo armado organizado con las principales características establecidas en el Derecho Internacional Humanitario: la dirección de un mando responsable y el ejercicio de control sobre una parte del territorio que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas.

Lo anterior facilitó los múltiples intentos de ‘Gentil Duarte’ por unificar una expresión armada con los grupos disidentes que surgieron a lo largo y ancho del país, como el denominado Comando Conjunto de Occidente, el Frente 33 en el Catatumbo o el Frente 10º en Arauca, entre otros.

La muerte de ‘Gentil Duarte’ en territorio venezolano le dio un nuevo impulso a este esfuerzo unificador bajo las órdenes de ‘Iván Mordisco’ quien, con ocasión de la política de Paz Total, vio una oportunidad para expandir su influencia y lograr el reconocimiento del carácter político para su organización armada.

A partir de “15 estructuras, 7 subestructuras y 6 comisiones” (sic), el EMC ha intentado consolidarse siguiendo la trayectoria de sus antecesores, incluyendo la conformación de “Bloques” (Bloque Jorge Suárez Briceño, Bloque Magdalena Medio, Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, entre otros). Se estima que, en el momento, el EMC tiene alrededor de 3.500 miembros, entre hombres en armas y redes de apoyo, con presencia en 22 departamentos y 173 municipios.

En conclusión, a pesar de los esfuerzos de los máximos comandantes de estas organizaciones armadas, el EMC sigue siendo una especie de “federación” de grupos que tienen diversos intereses, repertorios de violencia distintos y diferentes niveles de coordinación o autonomía que les permiten llevar a cabo alianzas tácticas o enfrentamientos con otras organizaciones según el contexto y los intereses geográficos específicos.

La negociación

El 16 de abril de 2023 tuvo lugar un evento público en las Sabanas del Yarí, Caquetá, donde el EMC y su comandante, ‘Iván Mordisco’, anunciaron el comienzo de las negociaciones con el gobierno nacional. El evento fue precedido por una reunión de los mandos de diversas organizaciones disidentes, donde se acordó emitir un mensaje de cohesión interna y mando coordinado.

El evento fue convocado por la organización Coordinadora del Suroriente Colombiano para los Procesos Agrarios y Sociales (Coscopaas), tras múltiples intentos de demostrar que el EMC contaba con los elementos para ser considerados como actores armados con carácter político y con bases sociales que les brindaran legitimidad.

Después de tres meses del anuncio y del decreto que ordenó el cese al fuego con esta organización, no es todavía claro el panorama sobre el cual se desarrollará la negociación anunciada por el gobierno hace unos pocos días.

Bajo la jefatura de Camilo González Posso, Director de INDEPAZ, el gobierno designó a Fabio Valencia Cossio, Luz Dari Landázury Segura, Carlos Murgas Guerrero, Pedro José Arenas García, Yesid Arteta Dávila, Gloria Quiceno Acevedo, Feliciano Valencia Medina, Darío Fajardo, Oscar Gerardo Salazar Muñoz, Coronel Genny Calvo Olmos y Coronel Luis Novoa, como representantes del Gobierno Nacional en la fase preliminar de alistamiento y en la Mesa de Diálogos de Paz con el autodenominado EMC de las FARC-EP.

Por su parte, el EMC designó a Carlos Eduardo García Téllez, Luis Carlos Pinilla, Renzo Alirio Martínez, Robinson de Jesús González, Ramiro Pinzón Novoa y Walter Freddy Ruiz para adelantar dichos diálogos.

Conviene recordar que, en el pasado enero, el gobierno solicitó a la Fiscalía la suspensión de las órdenes de captura contra 19 miembros del autodenominado EMC para adelantar la fase exploratoria y establecer los diálogos. De dicho listado, al menos 9 personas habían pertenecido a las FARC-EP y habían iniciado su proceso de tránsito a la legalidad antes de retornar a las armas y convertirse en reincidentes.

Lo anterior resulta relevante en la medida en que los miembros de las FARC-EP que suscribieron el acuerdo de paz de 2016 no podrían, por disposición constitucional, acceder a ningún tipo de beneficio jurídico después de reincidir en la violencia y hacer parte de una organización armada ilegal.

Obstáculos y ajustes necesarios

En esta ocasión, los delegados del EMC no son firmantes reincidentes del acuerdo final, lo que denota que el gobierno y la misma organización armada reconocen las dificultades que podrían derivarse adelantar una negociación con personas que, por mandato constitucional, no podrían acceder a ningún tipo de beneficio jurídico.

Adicionalmente, vale la pena señalar que el EMC no ha cesado sus acciones armadas; a pesar del cese al fuego decretado por el gobierno, el grupo sigue ejerciendo violencia, reclutando excombatientes y menores de edad para expandir su control en varias zonas del país; incluso ha llegado a tener acuerdos tácticos con otras organizaciones armadas.

La política de paz total del gobierno no ha mostrado resultados positivos. Los indicadores de violencia, inseguridad y actividades ilegales de organizaciones armadas siguen en aumento. Cálculos a mano alzada indican que los principales grupos armados organizados al margen de la ley podrían sumar aproximadamente 15.ooo hombres en armas.

La negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha mostrado algunos avances en materia de acuerdos parciales, pero su implementación se encuentra en duda. Esto indica que la política de paz y la estrategia -por no mencionar la metodología- de negociación no han sido ni eficientes ni eficaces.

De cara a una potencial negociación con el EMC, el gobierno debe revisar a fondo su modelo y corregir el rumbo a partir de las lecciones aprendidas con el actual proceso con el ELN y otros procesos anteriores.

El momento político actual y la antesala de las elecciones regionales que tendrán lugar en noviembre hacen necesario un análisis juicioso de los costos políticos y humanos del escenario de confrontación actual.

A la luz de los hechos recientes, el gobierno debe replantear y vincular los esfuerzos en materia de seguridad y orden público con su política de paz, de forma tal que  avance con legitimidad y eficacia en los escenarios de negociación y, de manera simultánea, asegure que las fuerzas del Estado contengan la expansión y consolidación de las organizaciones armadas, incluyendo al EMC.

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