Colombia 2025: el deterioro de la seguridad y la promesa incumplida de la paz

El 2025 fue quizás uno de los años más complejos en materia de seguridad y construcción de paz en Colombia. La reconfiguración de las conflictividades, la expansión y transformaciones en la naturaleza de los grupos armados ilegales, las debilidades manifiestas de la política de ‘Paz Total’, entre otros, son algunos factores a tener en cuenta para lo que se viene en 2026.

Colombia llega a 2026 en un punto de inflexión histórico. Tras casi una década de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las extintas FARC-EP y de múltiples intentos de consolidar la paz, los indicadores de violencia y criminalidad muestran las tensiones profundas entre las políticas de seguridad y de construcción de paz que han puesto en jaque la estabilidad del país. 

El discurso oficial de negociación y de “paz total” generó dudas y expectativas, pero la evidencia muestra un grave retroceso en muchos frentes relacionados con la seguridad y la construcción de paz. En este escenario complejo, urge replantear estrategias y reconocer que la seguridad y la paz no deben abordarse a través de políticas inconexas, sino que constituyen dos caras de una misma moneda que, en los últimos años, han sido mal formuladas e implementadas. Lo que hoy debería ser un grupo de estrategias y políticas públicas complementarias parecería ser un elemento excluyente entre sí.

Un panorama complejo 

El balance en materia de seguridad y orden público durante los tres primeros años del gobierno del presidente Gustavo Petro muestra un panorama muy complejo en el que se destacan aumentos en indicadores como la extorsión, el secuestro, el desplazamiento forzado y los confinamientos. Según el Ministerio de Defensa, entre enero y junio de 2025 hubo 6.642 homicidios, 3% más que en el mismo período de 2024, mientras que los secuestros también crecieron 12% en ese lapso, con 121 casos, frente a 108 en 2024. 

Según la encuesta más reciente de Invamer, la percepción de los encuestados sobre la inseguridad y el problema de las guerrillas ha empeorado. De igual forma, los encuestados consideran que el proyecto de “Paz Total” del gobierno nacional va por mal camino y que el principal problema que enfrenta el país en este momento es la situación de orden público.

Las autoridades no han logrado implementar políticas para abordar la que podría ser considerada una hipótesis central en el deterioro de las condiciones de seguridad en entornos urbanos y rurales: la seguridad territorial no es el resultado de la derrota definitiva de los organizaciones armadas y del desmantelamiento de las redes de crimen transnacional, sino del desmonte de las denominadas gobernanzas criminales y la protección permanente y eficaz de los derechos y libertades de los ciudadanos y ciudadanas. 

La seguridad no depende únicamente de las acciones y del despliegue de la fuerza pública, depende también de la presencia integral y permanente del Estado en los territorios y de la capacidad de administrar justicia de manera ágil e imparcial.

Las políticas de seguridad y paz deben, además, estar coordinadas con una política criminal coherente y robusta. Los enfoques meramente punitivos no sirven para enfrentar las causas estructurales del crimen y la violencia, ya sea en contextos urbanos o rurales, donde el fenómeno es completamente diferente en su naturaleza y la manera de abordarlo.

Los grupos armados ilegales y una paz incompleta

Entre los problemas más profundos que debemos enfrentar en 2026 están la proliferación, expansión y fortalecimiento de los grupos armados organizados (GAO). El informe más reciente de Apreciación de las Capacidades Críticas de la Amenaza (ACCAM), realizado por la inteligencia de la fuerza pública, indica que para mediados de 2025 había alrededor de 25.278 miembros de grupos armados en Colombia, entre Clan del Golfo, ELN y disidencias de las FARC, con un crecimiento del orden del 15% desde finales de 2024. 

Además, el número total de combatientes es significativamente mayor que al inicio de la administración actual, con un aumento del 45% desde 2022 (antes de la implementación de la política de “paz total”). El Clan del Golfo y el ELN son, respectivamente, las organizaciones con más combatientes y redes de apoyo (8.945 y 6.450 miembros). 

Resultado de esta expansión es que las zonas rurales —especialmente en regiones como Catatumbo, Bajo Cauca, sur de Bolívar, Cauca, Chocó y Guaviare, entre otras— se han convertido en espacios controlados por gobernanzas criminales y las dinámicas de las economías ilegales (narcotráfico, minería ilegal, etc.), donde la autoridad del Estado es inexistente o, en el mejor de los casos, se diluye frente al poder coercitivo de estas organizaciones armadas que instrumentalizan a las comunidades para preservar dicho control.

El narcotráfico sigue condicionando la seguridad y la paz

La producción de la hoja de coca, materia prima de la cocaína, sigue siendo un factor estructural de las confrontaciones armadas y la violencia en Colombia. Según el informe más reciente de UNODC, la superficie dedicada al cultivo de coca alcanzó unas 253.000 hectáreas en 2023, con una producción potencial de 2.664 toneladas métricas de cocaína al año.

Como resultado de esto, en septiembre de 2005 el gobierno de Estados Unidos anunció la descertificación parcial de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, argumentando incumplimientos en el control de la producción y el tráfico de drogas, así como en la contención de los grupos criminales que sostienen estas economías ilícitas. 

El impacto de esta decisión no es menor, dado que afecta la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia y puede disminuir la cooperación y las capacidades del Estado para responder al problema de las drogas. Durante décadas, Estados Unidos ha sido el principal aliado de Colombia en esta materia, al aportar recursos fundamentales para el fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía, así como para la cooperación en materia de inteligencia, entre otras.

Aunque el gobierno del presidente Gustavo Petro ha reportado cifras históricas en materia de incautaciones —7.279 toneladas de drogas ilícitas decomisadas entre agosto de 2022 y noviembre de 2025—, estos resultados siguen siendo tímidos respecto del aumento de los cultivos de coca y del potencial de producción de cocaína. El balance es preocupante: mientras se decomisa más droga que nunca, la economía del narcotráfico continúa expandiéndose, poniendo en entredicho la efectividad y la sostenibilidad de la política de drogas del actual gobierno. 

El crecimiento de la economía ilegal del narcotráfico sigue siendo la principal fuente de financiación para los GAO, lo que les permite fortalecerse, reclutar, adquirir armas y aumentar sus capacidades para generar violencia. En 2026, el Estado continuará enfrentando enormes desafíos para desarticular estas redes criminales y avanzar en la lucha contra el narcotráfico.

El balance de la “Paz Total”

La política de paz total partía de un objetivo legítimo: reducir la violencia y desescalar el conflicto mediante el diálogo con actores armados, y avanzar hacia una solución integral del conflicto. En su fase inicial, se abrieron canales de comunicación con varias organizaciones armadas, se logró disminuir temporalmente algunos indicadores de violencia en zonas específicas y se reposicionó la paz como eje central del debate público y de la acción del Estado. Ahora bien, el ímpetu con que se emprendieron estos esfuerzos no demoró en mostrar las debilidades estructurales de esta apuesta, dado que no se contaba con un conocimiento real y un diagnóstico de la naturaleza y la magnitud del fenómeno, se carecía de una estrategia y metodología que guiaran dichos esfuerzos y garantizaran resultados objetivos.

Estas debilidades estructurales, sumadas a la falta de un marco jurídico coherente para adelantar negociaciones de paz o facilitar el sometimiento a la justicia con estas organizaciones armadas, la ausencia de mecanismos de verificación eficaces y la desarticulación con la política de seguridad, crearon el escenario perfecto para el fortalecimiento y la expansión de los GAO, aprovechando las ventajas otorgadas en el marco de los espacios de diálogo y negociación. La falta de resultados concretos y sostenibles, sumada a las contradicciones internas del Gobierno, terminó erosionando la eficacia, la legitimidad y la confianza ciudadana frente a la apuesta de la “Paz Total”.

Estas mesas de diálogo y negociación fueron la principal apuesta de la política de “Paz Total”. Si bien se lograron algunos acuerdos parciales con organizaciones como Comuneros del Sur, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y el Ejército Gaitanista de Colombia, otros procesos clave quedaron estancados o rotos, especialmente con el ELN y las disidencias del Estado Mayor Central, lo que redujo significativamente el alcance de dicha política. 

En resumen, la “Paz Total” generó más expectativas y resultados simbólicos que hechos transformadores. El crecimiento de las organizaciones armadas, aunado a la ausencia de cambios significativos en los factores de violencia estructural y a la imposibilidad de avanzar en acuerdos para el desarme, la desmovilización y la reintegración de dichas organizaciones, dejó en evidencia el fracaso de la política de paz del actual gobierno.

¿Qué debería pasar en 2026?

El gobierno actual cuenta con un margen de maniobra muy restringido para redirigir sus políticas de seguridad y paz. Muestra de ello es, entre otras, la falta de tiempo y de gobernabilidad para formular y aprobar, en el Congreso de la República, un marco jurídico para el sometimiento a la justicia de grupos armados ilegales. Para estos próximos meses, desde una perspectiva de control de daños, el actual gobierno debe fortalecer la coordinación y los lazos de corresponsabilidad con las autoridades de los entes territoriales si quiere recuperar en algo el control territorial y hacer frente a las organizaciones armadas que ejercen violencia en los territorios contra comunidades que vienen padeciendo el conflicto desde hace décadas.

En este contexto, las prioridades deben ser proteger a la población civil, especialmente a líderes comunitarios, mujeres, y menores en riesgo de reclutamiento, así como enfrentar de manera decidida el crecimiento desmedido de las economías ilegales.

Actualmente, la situación de seguridad y las falencias y los magros resultados de la política de paz total serán algunos de los principales retos para el próximo gobierno.

Colombia llega a 2026 en un escenario en el que la promesa de una paz negociada no se tradujo en mejoras sostenibles en materia de seguridad, control territorial ni protección efectiva de la población civil. El fortalecimiento de los grupos armados, la expansión de las economías ilegales y el deterioro de la confianza ciudadana muestran que la “Paz Total”, tal como fue concebida e implementada, careció de articulación con políticas de seguridad, de criminalidad y de justicia coherentes. 

La coordinación entre las políticas de seguridad, paz y sometimiento a la justicia es fundamental. Las dificultades para alinear los objetivos de estas políticas y diseñar estructuras de incentivos y desincentivos en el marco de las negociaciones de paz y de los procesos de sometimiento a la justicia deben ser una prioridad desde el inicio del nuevo gobierno. 

Se requerirá, particularmente, una política de paz y de sometimiento a la justicia enmarcada en una política criminal coherente, y un modelo negociador que disminuya la incertidumbre propia de estos procesos tan sensibles y permita avizorar el fin de la violencia de organizaciones armadas de diversa índole.

El reto inmediato para el próximo gobierno será corregir estas desconexiones, recuperar la autoridad del Estado en los territorios, proteger los derechos y las libertades de las comunidades y diseñar una estrategia realista que integre el diálogo, la negociación, el sometimiento a la justicia y la presencia efectiva del Estado en todos los territorios del país. Sin ese giro estratégico, la paz seguirá siendo un discurso aspiracional, mientras la violencia continúa marcando la vida cotidiana de millones de colombianos.

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