El futuro de los diálogos con el Clan del Golfo depende del reconocimiento de su carácter político. Pero este es un embeleco. Y mientras el gobierno insiste en negociar a como dé lugar, la violencia está aumentando.
Sebastián Zuleta*
¿Políticos o criminales?
Algunos expertos han intentado —con mayor y menor éxito— describir la naturaleza de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo. Ahora se definen como una “estructura armada organizada de crimen de alto impacto” según el proyecto de ley presentado por el gobierno para el sometimiento a la justicia de dichas organizaciones.
Como dije hace dos meses en esta misma revista, el debate sobre el carácter político que pueda o no tener determinado grupo armado es un anacronismo, independientemente de sus motivaciones para levantarse en armas contra el Estado o de su posición ideológica.
El delito político —como herramienta jurídica— implica algunas facilidades para disuadir, brindar un tratamiento penal diferenciado a ciertas organizaciones armadas y encaminar una negociación hacia el acuerdo de paz. Pero más allá de eso, su utilidad es nula y se convierte, como lo estamos presenciando, en un obstáculo para negociar con uno u otro grupo dependiendo de cómo se autodefinan.
Y las dificultades del gobierno para entablar negociaciones de paz con este tipo de grupos armados se deben precisamente a que estos grupos escapan a dichas categorías de análisis.
El reconocimiento del “carácter político” de una organización se ha convertido en un incentivo perverso, donde cualquier organización armada se considera a sí misma como merecedora de esta calidad y de un tratamiento diferenciado por parte del Estado a la hora de negociar su desarmes, desmovilización y reintegración a la vida civil.
¿Qué es el Clan del Golfo?
No hay claridad sobre el carácter político de las AGC, a pesar de ser una organización armada que reúne las características enumeradas en los instrumentos del Derecho Internacional Humanitario para ser considerada como un actor del conflicto armado en Colombia.
Ahora bien, simplificar a las AGC como un grupo “sucesor del paramilitarismo”, como un grupo narcotraficante o incluso como una organización “multicrimen” es un error que no permite entender su alcance y funcionamiento.
El reconocimiento del “carácter político” de una organización se ha convertido en un incentivo perverso, donde cualquier organización armada se considera a sí misma como merecedora de esta calidad y de un tratamiento diferenciado por parte del Estado a la hora de negociar su desarmes, desmovilización y reintegración a la vida civil.
Lo anterior dificulta el diálogo efectivo, ya sea para el sometimiento a la justicia y el desmantelamiento, o para un acuerdo de paz que lleve al desarme, desmovilización y la reintegración de los miembros del grupo a la vida civil.
Trejos y Badillo han aclarado que las AGC son una organización con pretensiones políticas, que su manera de participar en el conflicto armado difiere poco de la de otros grupos, y que la diferenciación entre carácter político o criminal no puede hacerse de manera tajante.
Sumado a lo anterior, me pregunto ¿qué diferencia el discurso ideológico trasnochado y el ejercicio de control social, político y territorial del ELN, las disidencias de las FARC o las AGC?; ¿No son iguales las acciones del ELN en zonas como Arauca, donde se apropian de las rentas legales del Estado mediante la cooptación del poder político, y la manera como operan las AGC en zonas como Sur de Córdoba o Chocó?
La naturaleza y el origen de los diversos grupos armados organizados que operan en Colombia no son los mismos. Sin embargo, comparten similitudes en aspectos como la manera de operar, los medios utilizados para ejercer control social y territorial, las formas de intervenir en política y su relación cada vez más estrecho con economías ilegales.
¿En qué vamos?
Según fuentes oficiales, para diciembre de 2022, las AGC contaban con 1.522 hombres en armas propios y 2.509 subcontratados o como se denominan: “Componente Criminal Focalizado”. Estas cifras presentan un claro subregistro porque omiten a los miembros dedicados a actividades de control social o proselitismo político.
Así podría decirse que las AGC cuentan con cerca de 6.000 integrantes divididos en cinco estructuras principales y al menos 25 subestructuras. Según el Defensor del Pueblo, las AGC ya tienen presencia en al menos 20 departamentos del país.
El pasado 27 de abril, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz descartó la posibilidad de retomar el cese al fuego bilateral con las AGC en el corto plazo. También afirmó que el gobierno nacional y dos facilitadores de dicha organización se han acercad0 para concretar “medidas territoriales”, que podrían ser acuerdos de cese al fuego o alivio humanitario en algunas regiones.
Aunque las AGC aceptaron el cese al fuego unilateral decretado por el gobierno nacional a partir del 1 enero, era evidente que ese mecanismo no podía funcionar. Gloria Castrillón lo señaló hace un mes: “No pactar los protocolos ni poner a funcionar el mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego con el Clan del Golfo, también llamado AGC, fueron algunas de las razones por las que este cese fracasó.”
El gobierno y sus voceros han insistido en que las AGC o Clan del Golfo no son “un grupo político” o una organización armada con carácter político.
Las implicaciones de estas aseveraciones son múltiples. Por un lado, se les caracteriza como una “estructura armada organizada de crimen de alto impacto” y su tratamiento se circunscribe a los diálogos para facilitar su sometimiento a la justicia.
Por otro lado, episodios como los del paro minero del Bajo Cauca Antioqueño el mes pasado o el llamado a las comunidades a manifestarse el pasado 9 de abril, seguirán estando al orden del día, pues de esta manera las AGC reivindican su carácter político ante el gobierno.
Por último, las diferencias de criterio entre los cabecillas de la organización seguirán en aumento, dificultando los acercamientos actuales y futuros para poner fin al conflicto con esta organización armada.
Hay señales claras de que el desacuerdo sobre el carácter de las AGC son un obstáculo para avanzar en las conversaciones. Entre estas señales se cuentan:
- La muerte de alias ‘Siopas’, quien se oponía a la propuesta de Paz Total. Esta posiblemente es una de las razones por la cual sus compañeros ordenaron su muerte; y
- Los rumores derivados del paradero desconocido de alias ‘Chiquito Malo’ desde hace algunas semanas.
¿Qué sigue?
Las AGC no van a ceder en su pretensión de ser reconocidos como una organización armada de carácter político y seguirán reivindicando una mesa de negociación que lleve a un acuerdo para su desarme, desmovilización y reintegración a la vida civil.
El proyecto de ley de sometimiento a la justicia de las “estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto” ya ha sido rechazado de plano por la dirigencia de las AGC y por su vocero reconocido por parte del gobierno nacional, Ricardo Giraldo. Sin un marco jurídico claro estos acercamientos entre gobierno y AGC están condenados al fracaso.
Recientemente, el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, envió a las AGC un borrador de protocolos para retomar el cese al fuego bilateral como antesala para dialogar. Las perspectivas de éxito son muy bajas, dadas las circunstancias actuales y el escalamiento del conflicto entre las AGC y el ELN o las disidencias de las FARC.
Para disminuir la violencia directa, el gobierno y otras organizaciones han sugerido diversos mecanismos que califican de manera ligera como “humanitarios”. Con esto quieren ambientar acercamientos con distintos grupos armados ilegales y reducir el impacto del conflicto en ciertas comunidades. El problema de este enfoque es que sitúa a las mismas comunidades en escenarios de riesgo frente a las organizaciones armadas.
Adicionalmente, este enfoque conlleva otras consecuencias negativas, como sembrar esperanzas y crear expectativas poco realistas entre las comunidades o entre los miembros de las organizaciones, como lo es un eventual fin definitivo de la confrontación y la violencia en diversas zonas del país.
Las AGC no van a ceder en su pretensión de ser reconocidos como una organización armada de carácter político y seguirán reivindicando una mesa de negociación que lleve a un acuerdo para su desarme, desmovilización y reintegración a la vida civil.
La propuesta de las AGC ya ha sido expresada públicamente por sus voceros. Buscan, sí o sí, el reconocimiento de su estatus político y para ello piden una mesa de negociación donde éste será el primer tema de la agenda a discutir con el gobierno.
En la actualidad, debemos reconocer, ninguna de las organizaciones armadas involucradas en el conflicto armado tiene incentivos reales para alcanzar acuerdos que pongan fin a la confrontación armada.
Las AGC no son la excepción, pues después de la suspensión del cese al fuego bilateral la organización ha expandido su presencia e influencia a lo largo y ancho del país. Muestra de ellos son los constantes enfrentamientos con el ELN y disidencias en el Chocó, Bajo Cauca Antioqueño y Sur de Bolívar, entre otros.
Si el gobierno realmente quiere avanzar en su política de paz total con las AGC o Clan del Golfo deberá repensar su estrategia de acercamiento y negociación y, no menos importante, definir un marco jurídico viable que ofrezca los incentivos necesarios para considerar un eventual fin de la confrontación armada con esta organización.
