La eliminación del narcotráfico y el secuestro como delitos conexos - Razón Pública
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La eliminación del narcotráfico y el secuestro como delitos conexos

Escrito por Sebastián Zuleta
Secuestro.

Secuestro.

Sebastian ZuletaLa propuesta del presidente Duque haría imposible volver a negociar la paz con un grupo armado. ¿Qué pasaría con el ELN?

Sebastián Zuleta*

Un grave obstáculo

En su discurso de posesión el presidente Duque anunció que una sus metas de corto plazo sería eliminar la conexidad del narcotráfico y el secuestro con el delito político. Y en efecto: al día siguiente 8 de agosto, las ministras de Interior y de Justicia radicaron en la Cámara de Representantes el Proyecto de Acto Legislativo 072 de 2018, que cumpliría este propósito.

Le recomendamos leer: El narcotráfico como delito político ¿Desatino o necesidad?

¿Cuáles son sus implicaciones?

Para empezar, hay que tener en cuenta que el narcotráfico y el secuestro son las dos fuentes principales de financiación de un movimiento insurgente en las actuales o en las previsibles condiciones de Colombia. Por supuesto que se trata de dos actividades criminales, pero en efecto la propuesta de Duque haría prácticamente imposible la negociación de paz con otros grupos organizados al margen de la ley que cuenten con motivaciones políticas.

Y en el futuro más cercano, esta reforma podría convertirse en un obstáculo insalvable para la  negociación que hoy en día se adelanta con el ELN.

El delito político en Colombia

Narcotráfico.
Narcotráfico.  
Foto: Policía Nacional de Colombia

También para empezar  debe notarse  que la propuesta del gobierno podría ser inconveniente porque introduce en la Constitución un elemento que más bien corresponde a la esfera de la política criminal.

La figura del delito político no es ajena a la tradición jurídica y política de Colombia. Esta figura busca alcanzar el “bien supremo” de la paz mediante el reconocimiento de un estatus especial para quienes hayan cometido crímenes con motivos políticos. El delito político es susceptible de un tratamiento favorable o benévolo por parte de la justicia penal, y se  creó con el propósito de “incentivar la disposición a negociar y a reinsertarse” de los alzados en armas, como explica Iván Orozco.

No obstante lo anterior, a lo largo de la historia de Colombia el delito político se ha venido convirtiendo de manera progresiva en un concepto sin aplicación por los costos políticos que implica su reconocimiento.

El Código Penal actual (Ley 599 del 2000) incluye un capítulo titulado “De los delitos contra el régimen constitucional y legal”, donde están tipificados los delitos políticos que, por demás, se mencionan explícitamente en las normas constitucionales. Sin embargo, al expedir la Sentencia C-456 de 1997, que declaró inconstitucional uno de los artículos del Código Penal de 1980, la Corte desconoció una de las implicaciones básicas de la figura del  delito político: la distinción entre rebeldes (quienes se alzan en armas contra el Estado)  y combatientes (todos los que participan activamente de las hostilidades), una distinción que por ejemplo es importante cuando se trata de grupos paramilitares.

Esta reforma podría convertirse en un obstáculo insalvable para la  negociación que hoy en día se adelanta con el ELN.

La propuesta del gobierno Duque añade otra dificultad porque propone asimilar a los rebeldes y combatientes con los simples criminales. De este modo se abriría paso a que el  Estado colombiano desconozca el conflicto armado como realidad política y social, tal como sucedió en tiempos de la Seguridad Democrática cuya base exactamente fue negar  la existencia de un “conflicto armado interno”.   

De esta manera el proyecto del presidente Duque vuelve a poner sobre el tapete la  complejidad y el carácter cambiante del conflicto armado colombiano, así como el comportamiento de sus participantes y las maneras como ha sido enfrentado por distintos gobiernos.

Le recomendamos ver: Las negociaciones con el ELN en el gobierno Duque.

El delito político y la paz

Una de las mayores preocupaciones de los gobiernos colombianos a lo largo de varias décadas ha sido diseñar y utilizar mecanismos y metodologías de negociación con los grupos armados ilegales. Cada gobierno ha recurrido a distintas estrategias políticas y jurídicas para enfrentar a estos grupos y, en algunos casos, para establecer negociaciones y facilitar el desarme, la desmovilización y la reintegración de sus miembros.

Y aquí es posible distinguir dos posiciones básicas en lo que hace al tratamiento que el Estado debe dar a los delincuentes políticos:

  • Por un lado hay quienes consideran que hay una diferencia entre los individuos que cometen delitos con un objetivo político, “motivados por el bien común”, y aquellos otros que lo hacen con fines “intrínsecamente perversos y egoístas”. Quienes piensan de este modo afirman que esta característica debe traducirse en tratamiento penal diferentes. Y esto es lo que sostuvo, por ejemplo, la Corte Constitucional en su Sentencia C-009 de 1995.
  • Por otro lado están los que sostienen que el delincuente con propósitos políticos de todos modos pretende “derrocar o suplantar a las autoridades legítimas”, de manera  que no deben recibir tratamiento favorable porque esto incitaría a “atentar con las armas contra la esencia de la legalidad democrática”. Esta por ejemplo es la postura del Luis Carlos Restrepo –el Comisionado para la Paz bajo el gobierno de la Seguridad Democrática- en su libro Crímenes altruistas: las razones del presidente Uribe para abolir el delito político en Colombia.

Teniendo en cuenta la existencia de posiciones encontradas y la actual situación del conflicto en Colombia, necesitamos sin duda que los procesos o intentos de paz negociada cuenten con un marco legal claramente definido y con un amplio repertorio de instrumentos o recursos jurídicos y políticos para facilitar los acuerdos. 

Un ejemplo de este tipo recursos es, precisamente, la conexidad entre ciertos delitos  comunes y el delito político. Esta herramienta permite que las autoridades busquen u obtengan el objetivo fundamental de las negociaciones: una paz sostenible y duradera.

Sin embargo, y a la luz del Acuerdo de La Habana, es de suma importancia el aclarar y reglamentar los criterios para establecer la conexidad entre el delito político y otros delitos comunes sobre bases concretas y verificables. De este modo podría ser atendida la inquietud  legítima de que la conexidad se convierta en un incentivo perverso para delinquir en tiempos de paz,  y al mismo tiempo se aseguraría que la conexidad sea un recurso “para que los rebeldes y sediciosos negocien la paz en circunstancias de conflicto armado”. Y en todo caso este recurso es fundamental para la seguridad jurídica de los excombatientes que decidan desmovilizarse y reinsertarse a la vida civil.

Un paso atrás

Presidente electo, Iván Duque.
Presidente electo, Iván Duque.  
Foto: Presidencia de la República

La Ley 418 de 1997 había establecido que el Gobierno debería reconocer el carácter político de los grupos armados ilegales para poder entablar diálogos o negociaciones con ellos.

La Ley 782 de 2002  incluso eliminó esta obligación, de manera que amplió la capacidad de negociación del Estado pues la extendió a todas las expresiones violentas dentro de una misma categoría: la de “actor armado organizado al margen de la ley”, independientemente de si tienen o no un carácter político. Esta decisión también facilitó el uso del criterio de conexidad para amnistiar algunos delitos cometidos por estos grupos en razón del conflicto armado.

Aunque algunos, como la Corte Constitucional, consideren que “a la paz no se tiene que llegar por medio de la consagración de la impunidad permanente de las peores conductas criminales”, no se puede desconocer que el trato privilegiado para quienes cometen delitos políticos es un incentivo para que se queden en la vida civil y no reincidan.

El delito político se ha venido convirtiendo en un concepto sin aplicación por los costos políticos que implica su reconocimiento. 

Por ese motivo, la imposibilidad de reconocer el carácter político de algunas organizaciones -sumada al impedimento de declarar el narcotráfico y el secuestro como delitos conexos al delito político- puede perjudicar las negociaciones del futuro. Estas barreras afectan la autonomía del Gobierno para decidir, según el contexto donde ocurra una negociación, el tratamiento que se debe dar a ciertos grupos armados.

Le recomendamos ver: Ley de sometimiento a las bandas criminales.

Las consecuencias de aprobar este proyecto de acto legislativo son más evidentes si se piensa en la negociación que hoy se adelanta con el ELN. Esta negociación se inscribe dentro de una tradición de procesos de paz con reconocimiento político, y el precedente inmediato de las FARC de hecho  condiciona cualquier intento de alcanzar la paz por la vía negociada a la oferta de tratamiento penal favorable que conlleva la figura del delito político.

* Politólogo, abogado y magíster en Derecho Internacional.

 

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