El jefe paramilitar fue condenado en Estados Unidos a 15 años y diez meses de prisión por narcotráfico y lavado de activos. Esto demuestra que esclarecer la verdad sobre la guerra no es la prioridad de la justicia norteamericana. Ni de la colombiana.
Sebastián Zuleta*
Negociación y extradición
Desde los primeros acercamientos, el proceso de negociación entre el gobierno nacional y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) estuvo marcado por la improvisación y la falta de un modelo verdadero de negociación política.
El interés de los jefes paramilitares y de algunos narcotraficantes era evitar grandes condenas e impedir su extradición, pues muchos de ellos habían sido requeridos en el extranjero por cargos de narcotráfico y lavado de activos. La extradición estaba entonces en el centro de la negociación entre el gobierno y las AUC.
En esas circunstancias, el gobierno optó por mantener aquel recurso como una herramienta de negociación y ofreció suspenderla para quienes participaran en el proceso de paz y no cometieran nuevos actos criminales. Pero después de muchos incidentes, la desconfianza recíproca que caracterizó los procesos de negociación y desmovilización de los paramilitares se concretó en mayo de 2008 con la extradición de catorce jefes desmovilizados.
Algunos de los extraditados ya habían expresado su disposición de contribuir a esclarecer la verdad y reparar a las víctimas, así como a desmontar las organizaciones políticas y económicas que les sirvieron para llevar a cabo sus actividades criminales. Por eso, muchos analistas sostienen que estas extradiciones se debieron al interés del gobierno colombiano en evitar que los paramilitares vincularan en sus versiones libres a políticos, empresarios y miembros de las Fuerzas Armadas.
El caso Mancuso
|
Paramilitares en la selva colombiana, antes del proceso de paz con las AUC. |
Salvatore Mancuso jugó un papel central en la estrategia de presión sobre el gobierno durante las negociaciones, igual que lo había jugado en los procesos de conformación, consolidación y degradación de las AUC.
Tras convertirse en uno de los jefes paramilitares más sanguinarios del país, su participación en el negocio del narcotráfico se fue haciendo cada vez más fuerte. Durante una de las audiencias en su contra, la Fiscalía General documentó cómo desde 1996 y hasta 2004, Mancuso había enviado más de 119 mil kilos de cocaína a Haití, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, México, Honduras, Guatemala y Estados Unidos.
Pero Mancuso, al igual que gran parte de los jefes ‘paras’ extraditados, siguió delinquiendo después de su desmovilización, como lo demostraron las llamadas interceptadas donde coordinaba el envío de grandes cantidades de droga y el cobro del dinero proveniente de estas transacciones.
Cuando se autorizó la extradición de Mancuso surgió la primera crítica de fondo sobre las prioridades del gobierno en materia de justicia transicional y política criminal. Para la opinión pública no era claro por qué se le daba prelación a investigar un delito como el narcotráfico y sus efectos en Estados Unidos, en detrimento del esclarecer, judicializar y sancionar las violaciones graves y masivas de los derechos humanos que habían cometido los paramilitares en Colombia.
Al analizar la tutela interpuesta a raíz de la extradición de alias ‘Macaco’, el Consejo Superior de la Judicatura estableció que las figuras de la extradición y la Ley de Justicia y Paz no eran excluyentes entre sí. Esto dio vía libre a la estrategia gubernamental de un acuerdo de cooperación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que permitiera a las autoridades colombianas continuar con las versiones libres y demás diligencias judiciales establecidas en el marco de la Ley de Justicia y Paz.
Las autoridades estadounidenses están concentradas de manera prioritaria y casi exclusiva en los cargos por narcotráfico y lavado de activos.
Sin embargo el acuerdo nunca se formalizó. Si bien hubo declaraciones públicas por parte del gobierno colombiano y del Departamento de Justicia norteamericano donde afirmaban el compromiso de garantizar la participación de los paramilitares extraditados en los procesos de Justicia y Paz, los aportes reales en este sentido han sido muy limitados.
Esta situación plantea una disyuntiva de fondo. Si bien el gobierno insiste en que los paramilitares extraditados siguen sometidos al régimen de Justicia y Paz y que una vez hayan cumplido sus condenas en Estados Unidos deberán retornar para enfrentar a la justicia colombiana y a sus víctimas, la realidad muestra que las autoridades estadounidenses están concentradas de manera prioritaria y casi exclusiva en los cargos por narcotráfico y lavado de activos.
Cualquier esfuerzo adicional para logar la participación de los sindicados en los procesos que actualmente se adelantan en Colombia por violaciones de los derechos humanos siempre ha estado sometido a la buena voluntad de jueces, fiscales y abogados defensores.
Mancuso ante la justicia
En múltiples versiones libres Salvatore Mancuso develó los nexos de políticos, empresarios y militares con la causa paramilitar. El “ventilador” de Salvatore Mancuso salpicó entre otros a Álvaro Uribe, Mario Uribe, Eric Morris, Miguel de la Espriella, Eleonora Pineda y ‘Kiko’ Gómez.
El ex paramilitar también vinculó a varias empresas con la expansión y consolidación del paramilitarismo, como la Federación Nacional de Ganaderos, Chiquita Brands y Banadex, entre otras.
Hay que recordar que Mancuso ya ha sido condenado dos veces por la justicia colombiana. Con la reforma de la Ley de Justicia y Paz (Ley 1592 de 2012), la Fiscalía General adoptó la estrategia de selección y priorización de casos para dar mayor celeridad a los procesos que se adelantaban con más de 4.500 paramilitares y guerrilleros que se habían acogido al régimen transicional establecido en Justicia y Paz.
La ejecución de esta estrategia comenzó con la escogencia de 16 desmovilizados: 13 ex paramilitares y 3 exguerrilleros. El criterio de escogencia fue su condición de comandantes dentro de las respectivas organizaciones criminales.
Mancuso fue uno de los seleccionados, dada su condición de comandante de las unidades del Bloque Norte, Montes de María, Córdoba y Catatumbo de las AUC. Como resultado de esta estrategia, se establecieron los patrones de macro-criminalidad de estas organizaciones criminales y la responsabilidad por línea de mando de Mancuso.
El 31 de octubre de 2014 la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá profirió sentencia contra los desmovilizados del Bloque Catatumbo, donde se estableció su responsabilidad por más de 100 crímenes perpetrados.
Posteriormente, el 29 de noviembre de 2014 se profirió la primera ‘macro-sentencia’ en contra de Salvatore Mancuso y otros 11 comandantes de los Bloques Catatumbo, Norte, Córdoba y Montes de María de las AUC. En este fallo se establecieron responsabilidades por 1.426 hechos de violencia basada en género, desaparición forzada y desplazamiento forzado, entre otros.
En ambas sentencias se declara responsable a Mancuso por el delito de tráfico de estupefacientes. Sin embargo, ambas sentencias fueron objeto de recursos y apelaciones por parte de las víctimas que aún no han sido resueltos por la Corte Suprema de Justicia, lo cual impide que estas sentencias queden en firme.
Inconsistencias
|
Extradición del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. |
Ante la inminencia de su condena por narcotráfico y lavado de activos ante la justicia estadounidense, Mancuso envió una comunicación al Ministerio de Relaciones Exteriores solicitando que se informara a las autoridades estadounidenses sobre las condenas por narcotráfico impuestas por la justicia colombiana en el marco del proceso de Justicia y Paz.
El “ventilador” de Salvatore Mancuso salpicó entre otros a Álvaro Uribe, Mario Uribe, Eric Morris, Miguel de la Espriella, Eleonora Pineda y ‘Kiko’ Gómez.
La solicitud se hacía por dos razones:
- Porque no hay claridad sobre la forma como se armonizan las condenas de Justicia y Paz con aquellas impuestas por la justicia norteamericana contra los exjefes paramilitares extraditados.
- Por la necesidad de establecer reglas de juego claras en la ejecución de las penas, pues hasta el momento no hay claridad sobre si el tiempo que lleva Mancuso recluido en una prisión en Estados Unidos es computable con la condena establecida en el marco de Justicia y Paz.
A pesar de estas inconsistencias, el pasado 30 de junio se conoció que la juez Ellen Huvelle del Distrito de Columbia condenó a Mancuso a 15 años y diez meses de prisión por cargos de narcotráfico y lavado de activos.
A pesar de que algunos abogados defensores de los paramilitares extraditados han solicitado a la Corte Suprema de Justicia mayores claridades sobre las cuestiones planteadas, aún no se tienen respuestas oficiales al respecto.
Las preguntas que quedan
A manera de conclusión, es importante dejar planteados algunos interrogantes:
- ¿Cuáles son los incentivos que deben contemplarse en las negociaciones con otros grupos armados ilegales para garantizar la aplicación de la justicia transicional y para tener como eje central los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas?
- ¿Cómo garantizar que los derechos de las víctimas, el esclarecimiento de la verdad histórica y el desmonte de las organizaciones políticas y económicas que sostuvieron grandes aparatos criminales sean prioritarios frente a las solicitudes de extradición por narcotráfico y lavado de activos que recaen sobre algunos comandantes de grupos armados ilegales?
- ¿Cómo evitar que los cambios futuros en el mapa político alteren los acuerdos alcanzados entre el gobierno nacional y los grupos armados ilegales en materia de justicia transicional?
* Politólogo, abogado, magister en Derecho Internacional.
@szuletah
