Más allá de los tímidos avances en la negociación con el ELN y el EMC-FARC, la escalada violenta pone a prueba la legitimidad y la viabilidad política de la paz total. Este es el panorama.
Sebastián Zuleta*
La paz total al tablero
A pesar de los acuerdos parciales en materia de participación de la sociedad civil y cese al fuego con el ELN, el gobierno sigue recibiendo serias críticas respecto de la viabilidad y eficacia de las negociaciones para desescalar el conflicto en diferentes regiones del país.
Por otra parte, el anuncio de la instalación de la mesa de diálogos con las disidencias o el Estado Mayor Conjunto de las FARC (EMC-FARC) ha estado antecedido por un aumento en los enfrentamientos con las fuerzas armadas, otros grupos armados organizados y ataques a la sociedad civil.
Como es apenas normal, la “paz total” sigue bajo escrutinio y en deuda con las comunidades y territorios más afectados por la violencia y el conflicto armado.
Violencia en aumento
2022 fue el año más violento en tiempos recientes: a pesar de una reducción mínima en los homicidios, se presentaron 92 masacres que dejaron 321 víctimas mortales.
Indicadores como el desplazamiento forzado, la extorsión y el secuestro muestran el deterioro de la seguridad en algunas regiones donde los grupos armados ilegales mantienen su disputa por el control territorial, social y de las economías ilegales.
Durante las últimas semanas, los atentados perpetrados por el EMC-FARC en Buenos Aires, Cauca; y Jamundí, Valle del Cauca, así como los enfrentamientos con el Ejército en Argelia, Cauca y en la zona del cañón del Micay ponen en entredicho la tregua unilateral anunciada por esta organización como medida previa a la entrada en vigor del cese al fuego bilateral pactado con el gobierno.
A su vez, a casi un mes de las elecciones regionales, la violencia electoral alcanza niveles que no se veían en años recientes. Hay otra vez alcaldes que despachan fuera de sus municipios por amenazas de grupos armados ilegales y 166 municipios presentan algún nivel de riesgo por coincidencia de factores indicativos de fraude electoral y de violencia.
En Aracataca, Magdalena, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) se disputan el control con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACS). Simultáneamente, los enfrentamientos entre AGC, ELN y EMC-FARC en el Sur de Bolívar y Nordeste antioqueño ya dejan más de 260 personas desplazadas forzosamente de sus territorios.
Tras la incursión de miembros del Ejército Nacional disfrazados de miembros de las “disidencias” que tuvo lugar hace algunas semanas en la vereda Bocas del Manso en el municipio de Tierralta, Córdoba; la Defensoría del Pueblo advirtió el inminente desplazamiento forzado de 400 personas por la falta de medidas concretas para proteger a las comunidades y mitigar el impacto de los abusos de la fuerza pública.
El balance incluye, además, el asesinato a comienzos de la semana pasada del firmante de paz número 400 tras la firma del Acuerdo entre el gobierno colombiano y las extintas FARC-EP.
Esta situación de aumento de la violencia contrasta con los supuestos avances de la política de paz total y con los anuncios de cese al fuego con el ELN y el EMC-FARC. Las comunidades y la opinión pública no están viendo los resultados de esta política, y la credibilidad y legitimidad que requiere se reducen de manera inversamente proporcional al aumento de la violencia.
Un balance negativo
Los procesos de paz tienden a estar envueltos en contradicciones.
Pero estas contradicciones se hacen más evidentes y problemáticas cuando no hay claridad sobre el punto de llegada de los procesos y cuando las tensiones entre las partes tienen efectos directos y traumáticos sobre las comunidades y territorios que ansían superar los ciclos de violencia.
En este caso particular, la política de paz total —la apuesta quizás más ambiciosa del actual gobierno— no acaba de convencer, y el escepticismo aumenta a medida que la política muestra su ineficacia para desescalar la violencia, más todavía para lograr sus objetivos esenciales de desmontar estructuras asociadas al fenómeno criminal y lograr la paz con las organizaciones armadas ilegales.
Las comunidades y la opinión pública no están viendo los resultados de esta política, y la credibilidad y legitimidad que requiere se reducen de manera inversamente proporcional al aumento de la violencia.
El balance de la política de “Paz Total” es negativo. Los avances más importantes han sido los acuerdos parciales de cese al fuego y participación de la sociedad civil en el marco de las negociaciones con el ELN; y, los acercamientos exploratorios para instalar una negociación con el EMC-FARC.
Pero estos avances han sido empañados por la violencia que sigue en aumento, la lenta y casi imperceptible implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y la ausencia de un marco jurídico para el sometimiento de las llamadas “estructuras de crimen organizado de alto impacto”.
En el caso de las negociaciones con el ELN, llaman la atención las dificultades del gobierno para poner en marcha el Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese al fuego. Las constantes y crecientes denuncias de incumplimiento al cese al fuego no han recibido respuesta y, a la fecha, no se conoce el primer informe de dicho mecanismo sobre el cese al fuego bilateral entre el gobierno y el ELN.
Por otra parte, en días recientes se han conocido comunicados del EMC-FARC donde sostienen que se disuelve el “grupo de contingencia” pactado entre esta organización y el gobierno para resolver las dificultades que se presentaran antes del cese al fuego; y donde el propio ‘Iván Mordisco’ señaló que sus órdenes de detener las operaciones ofensivas contra las fuerzas militares y de policía no eran “correspondidas” por el gobierno.
Todo indica que la instalación de la fase pública de las negociaciones entre el gobierno y el EMC-FARC pactada para el próximo 8 de octubre en Tibú, Norte de Santander, estará precedida de contradicciones y desencuentros.
Los acercamientos con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) parecen no avanzar. En días recientes expiró la resolución que reconocía a Ricardo Giraldo como vocero de dicha organización para explorar una eventual negociación con el gobierno nacional.
Los desencuentros entre el vocero y el Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, no permitieron avanzar en estos diálogos y podría decirse que uno de los actores principales —como lo son las AGC— que incide en la escalada de violencia no está siendo atendido de manera seria y oportuna por el gobierno nacional.
El gobierno no puede seguir ofreciendo incentivos a las organizaciones armadas ilegales sin exigir nada a cambio. La escalada violenta de los últimos días es un golpe a la credibilidad de la Paz Total y a las esperanzas de las comunidades
Finalmente, los procesos de la denominada “paz urbana” en Buenaventura, Quibdó y Medellín se encuentran estancados. La renuncia a la delegación del gobierno para dialogar con las organizaciones criminales de Medellín por parte de la excomisionada para el esclarecimiento de la verdad, Lucía González, dejó ver las costuras de dicho proceso y la poca seriedad con la que el gobierno está asumiendo asuntos muy sensibles, donde los errores tienen un impacto directo en las comunidades y territorios azotados por la violencia.
El delicado equilibrio entre paz y seguridad
El costo político de mantener la “Paz Total” sin los ajustes necesarios es cada vez más elevado.
El gobierno no puede seguir ofreciendo incentivos a las organizaciones armadas ilegales sin exigir nada a cambio. La escalada violenta de los últimos días es un golpe a la credibilidad de la Paz Total y a las esperanzas de las comunidades y territorios más afectados por el conflicto armado.
Ya ha pasado un año de ejecución de la política de “Paz Total” y aún persisten serias dudas y críticas sobre su viabilidad y pertinencia. Para el gobierno debería ser claro que, a falta de voluntad de paz, se debe disponer de una política de seguridad que permita disputarle y despojarles el control territorial a las organizaciones armadas ilegales.
Desde un punto de vista estrictamente moral, es indefendible avanzar en negociaciones de paz con organizaciones armadas ilegales que simultáneamente ejercen violencia contra las comunidades y sectores de la sociedad más vulnerables. El gobierno debe ser consciente de que la paz no es un fin en sí mismo, sino el camino para que las personas y las comunidades puedan vivir tranquilas y desarrollar todo su potencial.
Si las negociaciones que adelanta el gobierno con algunas de estas organizaciones no logran desescalar el conflicto y disminuir la violencia, es el deber constitucional del gobierno proteger a las comunidades y los territorios que habitan.
Es justo en este balance entre ceder para alcanzar la paz y brindar seguridad y protección a las comunidades donde radica la legitimidad que tanto necesita la “Paz Total” para poder avanzar.
2 Comentarios
Buen artículo. De él se desprende que la ‘paz total’ se está convirtiendo en una ‘violencia total’. Pero garantizar la seguridad de las regiones no será suficiente mientras el Estado no haga presencia con beneficios sociales y económicos para dichas regiones.
Es innegable que la paz es un anhelo universal y un objetivo fundamental para garantizar la estabilidad y el bienestar de las sociedades. Sin embargo, el artículo propone que en algunos contextos, la búsqueda incesante de la paz total puede llevar a la supresión de voces disidentes ya la consolidación de un poder autoritario que, paradójicamente, puede desembocar en una escalada de violencia.
La autora plantea ejemplos históricos y contemporáneos para respaldar su argumento, destacando cómo en ciertos escenarios, la imposición de la paz ha llevado a una opresión sistemática de ciertos grupos, lo cual ha provocado resentimiento y rebelión, alimentando así un ciclo de violencia.
Si bien es importante destacar que el artículo no niega la importancia y el valor de la paz, sí invita a reflexionar sobre las estrategias y enfoques utilizados para lograrla. Proponemos que es necesario considerar la inclusión de todas las voces, la justicia social y el respeto a los derechos humanos como pilares fundamentales para construir una paz duradera.