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Extradición: ¿política criminal o política de ocasión?

Escrito por Sebastián Zuleta

Funcionarios en la cárcel entrevistando a un prisionero

Sebastián Zuleta

Este mecanismo de cooperación judicial vuelve al centro del debate político: ¿lo usará el gobierno como una carta en las negociaciones con la guerrilla, o será parte de una política criminal coherente y organizada?

Sebastián Zuleta*

Vuelve a ser noticia

La extradición desempeña un papel fundamental en la política criminal del Estado colombiano.

Sin embargo el debate acerca de su utilidad y de sus funciones se reinicia periódicamente y al vaivén del acontecer nacional o de los titulares de prensa. Por estos días el tema ha vuelto al centro de la agenda nacional por dos razones:

  • primera, por un sonado error en la identificación y acusación del presunto líder de una red de lavado de activos que resultó ser un humilde carpintero desplazado por la violencia, y
  • segunda, por la sombra de la extradición que se cierne sobre algunos plenipotenciarios de las FARC en la mesa de negociaciones de La Habana.

Lo penal y lo político

La extradición sigue siendo una de las herramientas principales en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, el conflicto armado y las negociaciones de paz han llevado el problema a un plano eminentemente político.

Por eso, más allá de las consideraciones técnico-jurídicas asociadas con la política criminal del Estado, el elemento político sigue jugando un papel preponderante en la forma cómo se utiliza el mecanismo de la extradición.

El elemento político sigue jugando un papel preponderante en la forma cómo se utiliza el mecanismo de la extradición.

De esta manera, los defectos que pueda tener la extradición se extrapolan a su funcionamiento y por esta vía limitan su eficacia para desmontar las organizaciones  criminales transnacionales asociadas con el narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas, entre otras actividades ilícitas.


La delegación de paz de las Farc junto a una imagen
de alias “Simón Trinidad”.
Foto: Delegación de paz de las Farc

Errores que se repiten

El reciente caso de Ariel Martínez, un carpintero desplazado por la violencia en San Vicente del Caguán, volvió a situar en el debate nacional la forma como el mecanismo de la extradición viene operando en Colombia.

Pese a que existen antecedentes sobre los costos humanos de la extradición, las autoridades estadounidenses y las instituciones colombianas vinculadas con estos procesos han reincidido repetidamente en los mismos errores, tal como ocurrió en los casos de Nelson Vargas, de los Consuegra, de Tito Molina y de Marlon Guerrero, entre otros, quienes fueron extraditados a pesar de evidentes errores en su identificación y acusación.

Estos costos humanos se traducen en un desgaste institucional y mediático que no aporta nada a la lucha contra el narcotráfico, pero hace mucho daño a las personas que acaban siendo víctimas de tales fallas institucionales.

El caso del ‘carpintero’ ha revivido las críticas sobre el uso indiscriminado de la extradición como herramienta para lograr efectos políticos en detrimento de su eficacia como instrumento de cooperación judicial para desarticular las organizaciones y redes dedicadas al narcotráfico y otras expresiones del crimen transnacional.

La falta del sentido estratégico para usar la extradición como parte de una política criminal coherente lleva a que se le dé más importancia al número de extradiciones que al valor de los crímenes juzgados por este medio o su aporte a la desarticulación de las organizaciones delictivas.

Este tipo de reacciones sobre los usos ambiguos de la extradición no podía escapar a la mesa de negociaciones de La Habana. Sin embargo, la cuestión realmente radica en la reiterada disyuntiva entre el carácter estratégico y la utilidad coyuntural (pragmática) de la extradición.


10 ciudadanos colombianos miembros de una red
de tráfico de cocaína fueron extraditados en el año
2013 hacia Estados Unidos y Honduras
Foto: Policía Nacional de los Colombianos

La extradición y la guerrilla

Uno de los temas recurrentes de las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC ha sido la extradición, y en los inicios del proceso de La Habana la delegación guerrillera envió una comunicación al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, solicitando el indulto y la presencia de ‘Simón Trinidad’ en la mesa de negociaciones.

Hay que recordar que Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, alias ‘Simón Trinidad’, fue capturado el 1 de enero de 2004 en Ecuador, y se convirtió en el símbolo de la extradición como herramienta para debilitar políticamente a las FARC.

Esta solicitud elevada por el equipo negociador de las FARC nunca recibió respuesta por parte del gobierno estadounidense, lo cual desencadenó una serie de reacciones que fueron desde las críticas al mecanismo de extradición como instrumento de presión política hasta declaraciones que llegaron a decir que ‘Simón Trinidad’ era el “Mandela de nuestra América”.

Pero el gobierno nacional es plenamente consciente de la utilidad estratégica de la extradición frente a las FARC. Así se deduce del acuerdo publicado hace unos días sobre el punto 4 de la agenda de La Habana, denominado Solución al problema de las drogas ilícitas”.

En el texto publicado se destaca el compromiso de las FARC de “contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, y en un escenario de fin del conflicto, de poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno”.

Por su parte, el gobierno asume el compromiso de intensificar la lucha contra el crimen organizado y sus redes de apoyo mediante una estrategia de política criminal que permita la judicialización efectiva de los involucrados en delitos asociados con la producción y comercialización de drogas.

Aunque resulta llamativa, no es extraña la ausencia de cualquier referencia directa a la extradición en estos acuerdos. Dadas su sensibilidad y su complejidad, es evidente que el tema ha sido abordado de manera extraoficial y por fuera de la mesa de negociaciones.

Tal y como ocurrió en 1996 durante el gobierno de Ernesto Samper, cuando Estados Unidos exigió al gobierno colombiano restablecer la extradición en el marco de la lucha antidrogas a cambio de la consabida certificación, en la actualidad, las solicitudes de extradición que recaen sobre algunos negociadores de las FARC aparecen como una especie de comodín en las negociaciones, donde Estados Unidos juega un papel fundamental.

La extradición en La Habana

El fantasma de la extradición que dio al traste con el proceso de reintegración de los paramilitares ronda en la mesa de negociaciones de La Habana, y tanto el gobierno como las FARC son conscientes de ello.

El gobierno podría utilizar la extradición como una especie de ´garrote´ en caso de que las FARC no cooperen efectivamente con el desmantelamiento de las redes dedicadas a la producción y comercialización de drogas ilícitas, incluyendo las redes del micro-tráfico.

Sin embargo en el caso de alcanzar un acuerdo final con las FARC, para el gobierno resultaría un gran reto convencer a Estados Unidos de que deje sin efecto las solicitudes de extradición que recaen sobre algunos negociadores de esta guerrilla.

El fantasma de la extradición que dio al traste con el proceso de reintegración de los paramilitares ronda en la mesa de negociaciones de La Habana.

También podría garantizarles a los negociadores de la guerrilla que en caso de cumplir cabalmente con lo acordado, el Estado colombiano no autorizará, bajo ninguna circunstancia, tales extradiciones.

Varios negociadores de las FARC, como Adán de Jesús Jiménez García, alias ‘Conejo’, y Omar de Jesús Restrepo Correa, alias ‘Olmedo Ruíz’, fueron solicitados en extradición a finales del año pasado, sumándose a la lista de otros solicitados en extradición como ‘Iván Márquez’, ‘Marcos Calarcá’, ‘Pablo Catatumbo’, Rodrigo Granda y ‘Andrés París’, todos ellos plenipotenciarios de las FARC en la mesa de negociaciones de La Habana.

Dada la coyuntura, es evidente que surge una especie de dilema en torno a la utilidad de la extradición: ¿se debe acentuar su utilidad política o su valor pragmático para lograr  acuerdos fundamentales en el marco de las negociaciones con las FARC?

O, por el contrario, ¿debemos emprender un nuevo debate acerca de su utilidad en el marco de una política criminal coherente y encaminada a fortalecer las funciones de investigación, juzgamiento y sanción de las organizaciones y redes criminales, uno de cuyos rasgos cruciales el alcance transnacional de sus actividades?

Son estas algunas de las preguntas que deben responderse si, tal como dijo el senador Carlos Fernando Galán, lo que se quiere es “hacerle un corte de cuentas a la figura de la extradición en el marco de la política criminal del Estado. Evaluar si esta herramienta se ha utilizado y se está utilizando como se pensaba originalmente”.

 

*Politólogo, abogado, magíster en Derecho Internacional

 

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