El apoyo internacional a la paz: cada vez más incierto

Con la llegada de Trump, estamos presenciando los cambios en la posición de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Acuerdo de Paz del 2016. Los resultados de la “paz total” corroboran ese pesimismo.

Cambio de posición en la ONU

La sesión del Consejo de Seguridad de la ONU que tuvo lugar en Nueva York esta semana mostró un cambio de actitud frente a la situación de seguridad y orden público en Colombia, así como a los precarios avances en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016.

Como lo hemos podemos podido constatar durante los últimos meses, la llegada de Trump a la presidencia implicó un cambio en las posturas y en las formas de Estados Unidos en su relación con los organismos multilaterales. 

Los interrogantes sobre la posición que adoptaría Estados Unidos frente al estado de avance en el cumplimiento del Acuerdo de Paz encontraron su respuesta: ha quedado claro que la prioridad de la administración Trump es el problema de las drogas y las economías ilícitas. Los magros avances en esta materia -vista desde la perspectiva del Acuerdo de Paz- son motivo de gran preocupación, particularmente de cara a una posible descertificación. También se subrayó la relación existente entre los incumplimientos en el Acuerdo de Paz y la expansión de las organizaciones armadas ilegales y el aumento de la violencia en varias zonas del país.

De esta manera, el representante permanente alterno de los Estados Unidos finalizó su intervención señalando la falta de confianza en la política de “Paz Total” y las negociaciones con las denominadas “Organizaciones Terroristas Extranjeras”, así como en el desmonte de las economías ilegales de carácter transnacional. 

El apoyo internacional, en entredicho

Aunque Colombia ha logrado mantener el apoyo unánime del Consejo de Seguridad de la ONU al cumplimiento del Acuerdo firmado entre el Estado colombiano y las extintas FARC-EP, no hay garantía de que Estados Unidos mantendrá su postura, a menos que el gobierno colombiano avance en los compromisos pendientes del Acuerdo, particularmente aquellos relativos a la sustitución de cultivos ilícitos y al desmonte de las economías ilegales. 

Importa señalar que durante la sesión del Consejo de Seguridad del pasado mes de octubre –cuando se presentó el informe de la Misión de Verificación de la ONU  sobre el avance en la implementación del Acuerdo—pudieron constatarse tres avances fundamentales: la participación de un representante de los firmantes de paz (extintas FARC-EP) en dichas sesiones; la prórroga del mandato de la Misión ONU hasta el mes de octubre de este año, y el lanzamiento de la candidatura de Colombia al Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2026-2027.

Estos hitos, incluyendo el consenso del Consejo de Seguridad en el apoyo a Colombia y sus esfuerzos de paz están en entredicho. 

En efecto: el anuncio del presidente Petro sobre su posible asistencia a la próxima sesión del Consejo de Seguridad para denunciar el incumplimiento del Estado colombiano en relación con el Acuerdo, invalida las palabras y el compromiso de cumplir que ha reiterado la canciller Laura Sarabia y –sobre todo– pone en riesgo el apoyo unánime de la comunidad internacional y de los miembros del Consejo de Seguridad al proceso de construcción de paz en Colombia.

Ajustes necesarios

En términos generales, el balance sobre la implementación del Acuerdo de Paz es negativo. Esto se debe a distintas razones: las fallas en el alistamiento y en la ejecución temprana de las disposiciones del Acuerdo; los recursos limitados para avanzar en su implementación; la falta de voluntad política para cumplir lo pactado, entre otras. 

En octubre del año pasado, el gobierno colombiano presentó el Plan de Aceleración de la implementación del Acuerdo de Paz o “Plan de Choque” ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Este plan, cuya formulación estuvo en cabeza del entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dejó como resultado el desarrollo de los denominados “Pactos Territoriales” en las zonas más afectadas por el conflicto armado, pero hasta la fecha no se han registrado mayores avances. 

Aunque el actual gobierno es el que más ha avanzado en la implementación del Acuerdo, persisten obstáculos estructurales que impiden desarrollar de manera oportuna y completa su cumplimiento.

Para lograr la efectiva, oportuna y completa ejecución del Acuerdo se necesita ajustar el marco estratégico para responder a las nuevas realidades del conflicto armado y las violencias. Esto debe incluir ajustes relacionados con la arquitectura y capacidades institucionales, los aspectos presupuestales y las medidas de carácter legislativo.

Avances tímidos y desafíos pendientes

Las expectativas y preocupaciones expresadas por algunos miembros del Consejo de Seguridad, así como de Carlos Ruíz Massieu, Representante en Colombia del Secretario General de la ONU, dejan en evidencia que la política de “Paz Total” no solo no ha contribuido a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, sino que ha facilitado el surgimiento de un nuevo ciclo de violencia, donde la expansión de las organizaciones armadas ilegales y el fortalecimiento de las prácticas de gobernanza criminal impiden avanzar en la construcción de una paz estable y duradera.

Al subrayar que el Acuerdo de Paz de 2016 es el instrumento más eficaz para prevenir nuevos ciclos de violencia, Ruiz Massieu también señala los pocos resultados de los procesos de diálogo y negociación con otras organizaciones armadas ilegales en el marco de la denominada “Paz Total”. Baste señalar las dificultades con el ELN (cuya negociación sigue en suspenso), las divisiones del otrora EMC-FARC, la escisión de la Segunda Marquetalia y la imposibilidad de avanzar con el denominado Ejército Gaitanista, para entender que las políticas de paz y seguridad deben ser ajustadas a los nuevos contextos regionales y sus principios deben complementarse entre sí para garantizar unas condiciones mínimas que permitan desescalar las violencias y avanzar en la construcción de paz.

No cabe la menor duda que los rezagos en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 han facilitado el resurgimiento de las violencias en algunas regiones del país. Las transformaciones estructurales y territoriales para contrarrestar los nuevos ciclos de violencias encuentran elementos clave en la implementación de las disposiciones del Acuerdo de Paz de 2016.

A pesar de algunos tímidos avances en materia de la Reforma Rural Integral, en la reincorporación de los firmantes de paz y en la administración de justicia a través de la Jurisdicción Especial para la Paz; se deben redoblar los esfuerzos para brindar verdaderas garantías de seguridad a las comunidades, líderes sociales y firmantes de paz. 

Asimismo, se debe avanzar en el desarrollo del denominado “Plan de Choque” y persistir en la construcción de Estado desde los territorios, particularmente a través de la creación de capacidades institucionales y de la provisión de servicios esenciales a todos los pobladores. 

La sustitución cultivos ilícitos y la lucha contra economías ilegales merecen un análisis más profundo que permita coordinar estas políticas con instrumentos y herramientas eficientes para transformar las realidades territoriales y brindar a las comunidades verdaderas oportunidades de desarrollo con actividades lícitas y rentables.

Colombia se encuentra en un momento decisivo para la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, entendido como la base para la construcción de paz. 

Las nuevas realidades geopolíticas obligan a repensar el marco de acción conjunta con la comunidad internacional, a fin de garantizar su apoyo unánime a los esfuerzos de paz en Colombia. Esto sólo será posible tras la revisión y el ajuste de las políticas de paz y seguridad del actual gobierno, con el propósito de responder a las nuevas realidades de las violencias en las regiones y garantizar el cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo de Paz de 2016.

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