Recolección de firmas: ¿ciudadanía o dinero en acción?

El auge de las candidaturas presidenciales por firmas ha abierto grietas en la equidad y el control financiero. El mecanismo es legal, pero su uso plantea preguntas incómodas sobre la competencia política y la calidad de la democracia.

El auge de las candidaturas por firmas 

En este proceso electoral se inscribieron 91 comités de ciudadanos para recolectar firmas que respaldaran la inscripción de un candidato. De ellos, sólo 22 las presentaron. En total dicen haber recogido 28.5 millones de firmas y sólo 15 recibieron el aval de la Registraduría por haber superado al menos las 635 mil requeridas. 

Estos números y el comparativo histórico muestran el incremento en el uso de este mecanismo, por lo cual vale la pena preguntarse si está funcionando bien. 

Legalidad, ventajas y atajos

Aquí quiero plantear que hay varias cosas en el proceso de recolección de firmas que pueden ser legales, pero ¿están bien? 

Estos 15 candidatos tuvieron la “ventaja” legal de iniciar su campaña meses antes que el resto de sus contrincantes. Pudieron pautar, recoger fondos, poner vallas. También estaba la alternativa de realizar una consulta interna, mecanismo que solo uno utilizó. Todos los demás deben esperar hasta el 31 de marzo para iniciar su campaña oficial. 

Es decir, 15 candidatos iniciaron la campaña 6 meses antes: legal, pero ¿está bien?

Recordemos que hay dos mecanismos para poder inscribirse como candidato presidencial: ser nominado por uno de los 27 partidos con personería jurídica vigente, o recoger firmar y ser avalado por un grupo de ciudadanos. Las firmas son un camino para promover la apertura democrática y permitir que candidatos “independientes” puedan aspirar por fuera de los partidos. Una curiosidad del proceso que estamos viviendo es que algunos de los aspirantes usaron las dos opciones al mismo tiempo: inscribieron comités de firmas y buscaron el aval de un partido. 

Entiendo que la norma no excluye el uso de ambos caminos, por lo cual creo que es otro comportamiento legal, pero, ¿está bien? 

Firmas inválidas y prácticas indebidas

Ahora bien, todo parece indicar que no todos los 28.5 millones de firmas presentadas cumplieron con los requisitos exigidos y, según la Registraduría, quien las revisó en su totalidad, se encontraron formularios “en blanco, fotocopias de los formularios diligenciados, planchas hechas por una misma persona, y formularios con firmas de apoyo impresos desde archivos digitales”. La entidad ha señalado que “hará la denuncia correspondiente” en el caso de dos comités de recolección de firmas. Ilegal e indebido. 

Pero también ha señalado otros casos que llevaron a la no validación de otras firmas: Números que no corresponden a cédulas válidas. Nombres de personas con cédulas diferentes, nombres y números no legibles y casos de personas que firmaron manifestando su apoyo a diversos candidatos. Todo esto puede ser legal, pero ¿está bien?. 

No sabemos aún cuántas firmas fueron validadas por la Registraduría, pero podemos hacer algunas afirmaciones: Se presentaron 28.5 millones de firmas. A este número se deben excluir el 1.9 millones presentadas por un candidato que se retiró y, por lo tanto, no fueron evaluadas. Como hay 15 comités que SI cumplieron con el mínimo requerido podemos suponer que hay, por lo menos, 9.5 millones de firmas evaluadas como válidas.

El gran vacío legal: financiación sin control

Sobre la financiación de este ejercicio también hay muchas dudas. Para comenzar, la norma no establece la existencia de topes para los gastos de este instrumento. De nuevo, legal, pero, ¿está bien? 

Tampoco existe la obligación de que los comités inscritos registren los recursos en el sistema Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral. El control financiero comienza únicamente después de la inscripción formal de la candidatura. Es decir, si un comité no las presenta, no logra el mínimo requerido, o no inscribe al candidato, puede recoger donaciones, hacer gastos, publicidad y campaña política durante varios meses y todas sus acciones quedan por fuera del marco de verificación y regulación. Legal pero ¿está bien?

Sobre el costo de este ejercicio durante el 2025 debemos esperar a que el portal de cuentas claras publique lo reportado por los comités, que finalmente si inscriban candidatos. Por el momento contamos con la investigación de El Tiempo que en noviembre del 2025 realizó una consulta con los comités en la cual obtuvieron respuestas de sólo 5. Una de ellas manifestó haber realizado gastos totales por $1900 millones, otra por $897 millones y tres más con datos preliminares de $340 millones. 

Es claro que en todos los casos se requiere una combinación de trabajo voluntario, organización logística, pago de insumos y otros servicios, todo lo cual implica un esfuerzo financiero enorme. Cada hoja debe estar impresa por dos lados, en unos 15 espacios para las firmas y en el otro el nombre del comité y la identificación clara del candidato que se está respaldando. Sólo imprimir ese volumen de formularios para la recolección de 1 millón de firmas, puede implicar cerca de $40 millones y aún no se ha recogido la primera firma de apoyo. Luego están los esferos, las tablas de apoyo, los gastos de transporte, algunos auxilios de bebida y alimentación para los equipos y por supuesto algún sistema de verificación de la calidad de las firmas. También se requieren recursos para enviar  los materiales a una sede en Bogotá y la preparación de los mismos para ser entregados en la registraduría. 

Todo esto implica la consecución de recursos que pueden ser de, al menos, mil millones por cada uno de los 22 candidatos que presentaron las firmas. Sobre los que desistieron nunca lo sabremos. Aquí hay otro vació de la legislación que reitero, puede ser legal pero ¿está bien?

Con razón el Registrador Nacional, Hernán Penagos, ha señalado la necesidad de mejorar la regulación de este mecanismo y ha anunciado la presentación de un proyecto de ley con este propósito. 

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