No es la “motosierra” de Milei

El Estado requiere un proceso de mejora y racionalización del gasto enfocado en aquellos que son innecesarios, inconvenientes o improductivos. Pero debe ser un proceso de cirugía cuidadosa y de aplicación de técnicas de recuperación.

Donald Trump en Estados Unidos y Javier Milei en Argentina han puesto sobre la mesa una discusión incómoda, pero inevitable y necesaria: la necesidad de evaluar el tamaño y la eficiencia del Estado. En una buena lectura de las indignaciones de sus sociedades, ambos mandatarios están promoviendo una agenda de eliminación de entidades, programas y gastos públicos que son muy mediáticos y populares, pero cuyo costo-beneficio no parece ser claro. 

Estas ideas no tardarán en entrar al debate nacional en Colombia y la campaña que se avecina puede ser el escenario. Por eso, es el momento de hablar de cómo se puede hacer bien, ya que no se trata de eliminar entidades solo para ganar titulares y aplausos. Tampoco de imponer recortes masivos de gastos asumiendo que son simplemente un despilfarro. 

El Estado requiere un proceso de mejora y racionalización del gasto enfocado en aquellos que son innecesarios, inconvenientes o improductivos. Pero no se trata de hacerlo en el estilo de la “motosierra” de Milei, sino más bien en un proceso de cirugía cuidadosa y de aplicación de técnicas de recuperación. Lo fácil es descalificar a todos los funcionarios públicos, más de un millón de personas, así como al grueso del gasto público. Hay entidades y programas muy meritorios de los cuales podemos aprender para extender buenas prácticas en el manejo de lo público. Hace ya un tiempo documentamos el caso de la Orquesta Filarmónica de Bogotá como uno de ellos. Hoy queremos referirnos a otro ejemplo que, basado en las nuevas tecnologías y un tratamiento adecuado de los datos, vale la pena mirar con detenimiento. 

Se trata del trabajo que ha venido desarrollando la Central de Inversiones S. A. (CISA) con su ecosistema tecnológico, en particular el Sistema de Información para la Gestión de Activos (SIGA).

El SIGA nació en 2007 en el gobierno de Álvaro Uribe, cuando apenas se tenía registro de 6.381 inmuebles pertenecientes a 57 entidades. En esa época, el Estado simplemente no sabía cuántos activos poseía. Luego, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, el sistema se amplió: se pasó de recopilar datos de ministerios a incluir entidades territoriales, y se mejoraron las herramientas de reporte y análisis. En 2020, bajo la administración de Iván Duque, se lanzó la versión 3.0 del SIGA, que facilita la carga masiva de información y ajusta su usabilidad. Más recientemente, el gobierno de Gustavo Petro ha impulsado la integración del SIGA con la plataforma georreferenciada ZIRUMA, que consolida una infraestructura que permite acceder de forma abierta y visual a los bienes del Estado.

Estamos hablando de un programa que completa ya cuatro gobiernos y casi veinte años de continuidad. Claro, ha tenido ajustes, continuidades, correcciones y mejoras. 

El Ziruma responde a mandatos normativos orientados al buen gobierno, la transparencia activa, la interoperabilidad de los sistemas de información y la rendición de cuentas. Pero, más allá de su cumplimiento normativo, representa una transformación institucional que permite al Estado responder con mayor agilidad, precisión y apertura a los retos del desarrollo territorial.

Hoy el SIGA registra más de 170.000 inmuebles reportados por 1.639 entidades públicas. Esta cifra representa una revolución silenciosa en la forma de administrar lo público. A su vez, hay 661 entidades que reportan no tener un solo activo inmobiliario en Colombia, lo cual abre preguntas: ¿Cómo funcionan? ¿Dónde están? ¿Es posible planear sin saber qué se tiene?  

Con el botón “SIGA y Denuncie”, en el portal del SIGA, en un formato fácil de diligenciar, la ciudadanía podrá ingresar la información de lotes o edificaciones que estén en desuso.

Lo relevante de esta experiencia no es solo la tecnología, sino el cambio en la lógica: ahora los ciudadanos pueden consultar directamente –sin trámites ni derechos de petición– qué propiedades tiene el Estado, en qué estado están y dónde se encuentran. Lo público, por fin, empieza a ser verdaderamente de todos. Y para las entidades del Estado, esta integración permite tomar decisiones informadas sobre uso, mantenimiento, enajenación o arriendo de predios, lo que disminuye errores y evita conflictos legales. Con esto podríamos decir que SIGA se convierte en el Metrocuadrado del sector público con fines de mejorar la gobernanza.

Con esta iniciativa las audiencias impactadas y algunos beneficios diferenciales encontrados son:

A partir de esta experiencia, se pueden extraer al menos cuatro lecciones fundamentales:

1. Transformar Estado no puede ser tarea de un solo gobierno. El SIGA ha pasado por cuatro administraciones diferentes y cada una ha aportado algo valioso. El mérito está en la continuidad y el fortalecimiento institucional.
2. Racionalizar no es recortar sin sentido. La eficiencia se construye con datos, planificación y visión estratégica, no con discursos incendiarios ni soluciones simplistas.
3. La inversión en tecnología pública es clave. Sin sistemas como SIGA, sería imposible tener claridad sobre los activos del Estado. Apostar por herramientas digitales no es un gasto, es una inversión que rinde.
4. Esto debe proyectarse al nivel territorial. Ya es hora de que departamentos y municipios incorporen sus activos a esta lógica, y que todos –desde Bogotá hasta Leticia– sepamos exactamente qué tiene el Estado y cómo lo está utilizando.

La discusión sobre el tamaño del Estado llegará a Colombia. Cuando eso ocurra, conviene recordar que aquí ya hay ejemplos de cómo hacerlo bien. Y que, a diferencia de las motosierras, lo público se maneja mejor con pinzas.

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