La detención: ¿qué sigue?

El pasado 4 de agosto, una sala especial de la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención preventiva de un hombre poderoso, bajo la modalidad de casa por cárcel.

Este proceso judicial será largo y aún no está definido si el acusado es culpable o no, pero desde ya es posible señalar varias consecuencias.

La primera —la más importante para una persona que durante veinte años ha estado en las más altas dignidades del Estado y dominado la agenda pública— es cómo será su legado y la forma como el juicio de la historia narrará su paso por la vida pública.

Esta semana, Juan Carlos de Borbón, según reseñas de prensa, le comentó a un cercano que, después de haber contribuido al desmonte del franquismo y a la consolidación de la democracia española, los niños de hoy lo recordarán como un mal esposo, un asesino de elefantes y un corrupto.

De forma similar, sin importar el desenlace de su juicio, lo más probable es que en cincuenta años el legado de este poderoso político se resuma más o menos así:

«…vinculado a violaciones de derechos humanos, escándalos de corrupción, ‘falsos positivos’, ‘chuzadas’ a magistrados de las altas cortes y persecución a periodistas; rodeado de figuras cercanas al narcotráfico y acusado de manipulación de testigos en procesos judiciales».

A largo plazo, ya perdió la narrativa de la historia.

El equilibrio de poderes y las prioridades del Gobierno

A corto plazo, las consecuencias son de diverso orden. Más allá de la necesidad de recordar que nadie, por poderoso que sea, está por encima de la ley y que todos deben someterse al imperio de la justicia, este proceso judicial muestra la importancia del equilibrio de poderes.

Este hombre poderoso —que lidera el partido de gobierno y cuenta con el respaldo del presidente, los ministros, el fiscal general de la Nación, gremios, empresarios y Fuerzas Armadas— ha sido llamado a rendir cuentas ante la justicia. Sin importar que tan poderoso sea este hombre, un solitario senador de oposición, un columnista que vive fuera del país y ocho magistrados que han visto las pruebas del proceso demostraron la importancia y existencia real del equilibrio de poderes en Colombia.

Ya se nota una segunda consecuencia a corto plazo en la agenda del Congreso y el Gobierno. Hoy las prioridades de nuestra sociedad son atender la crisis de salud y atender la catástrofe económica producida por la pandemia. Pero la agenda del presidente, del partido de gobierno y, en últimas, de la opinión nacional se centra en los problemas penales de un ciudadano poderoso.

Es una distracción inconveniente y cambia el foco de atención de los problemas urgentes del país; hará que se pierda tiempo y energía para lo realmente central y relevante.

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Los riesgos de violencia

Una tercera línea de reacciones puede ocurrir en el orden público.

La actual administración tiene serios problemas para lograr un buen control y gobernabilidad en el Ejército. Esto abre opciones inconvenientes para grupos al margen de la ley y organizaciones radicales de todo tipo, que en esta coyuntura pueden optar por desestabilizar más al país mediante magnicidios. El lenguaje de descalificación a las decisiones judiciales y el clima de polarización, sumados a la inmovilidad de la Fuerza Pública, pueden abrir espacios para que algunos justifiquen acciones violentas en contra de figuras públicas.

Es importante recordar que estas estrategias se han usado en el pasado, y hoy el Gobierno debería redoblar los sistemas de protección de magistrados, líderes opositores y periodistas críticos de su gestión, pero también de los propios aliados del gobierno y las altas dignidades. Las palabras de descalificación contra la crítica y contra las decisiones judiciales pueden aumentar las probabilidades de un magnicidio. Por esto, quienes tenemos algún nivel de vocería pública debemos ser cuidadosos en nuestro lenguaje, en particular el presidente.

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Cambios en los partidos de gobierno

Un cuarto frente de reacciones concierne a las alianzas frente a las próximas elecciones.

La actual coalición de gobierno es de derecha y gira en torno al Centro Democrático; incluye al Partido Conservador y a los grupos cristianos no católicos. Es previsible que se mantenga en el futuro, pero que su eje principal se mueva hacia el Partido Conservador o hacia alguna figura cristiana no católica.

La detención preventiva del político poderoso hace que la coalición de derecha esté en búsqueda de un nuevo liderazgo, que claramente no parece provenir del actual presidente.

Ley de garantías y gobernabilidad

Finalmente quedan el gobierno y el presidente.

Por las reacciones de los primeros días, es claro que el foco de atención ha dejado de ser la pandemia o la crisis económica; se ha trasladado a la defensa judicial y política de un hombre poderoso. Esto es muy complejo para un gobierno que ha sido lento, que en muchas ocasiones luce desconectado de las necesidades de los ciudadanos y que ha tenido pocas iniciativas exitosas; solo este año pareció encontrar su foco en la atención a la pandemia.

Seguir este curso de acción limitará aún más sus ya precarios resultados, y hará que sus energías y esfuerzos se concentren en lo equivocado.
La Ley de garantías comenzará su nuevo ciclo hacia el 15 de noviembre del año entrante: en 15 meses. De ahí en adelante el Gobierno tendrá restricciones adicionales a su ejercicio del poder público, que harán que su gobernabilidad esté seriamente limitada. La campaña de los congresistas comenzará en siete meses; a partir de allí, todas las iniciativas legislativas serán aún más lentas, si es que se tramitan. Sin sesiones extra, el Gobierno tiene en la práctica cuatro meses para tramitar las reformas controversiales que realmente desea. Desde marzo del 2021, su margen de maniobra estará seriamente disminuido.

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Por ello, el primer mandatario debe decidir en los próximos días si su legado y papel en la historia serán dignos o apenas una nota al margen en el otoño de un poderoso.