Walter Arévalo, autor en Razón Pública
Foto: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

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Estos fueron los argumentos de Nicaragua y de Colombia en su último encuentro ante la Corte de La Haya. La cuestión es si la plataforma nicaragüense puede o no puede sobreponerse a las 200 millas colombianas.

Walter Arévalo-Ramírez*

La pregunta

Esta semana concluyeron las rondas orales en la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, donde Nicaragua y Colombia debieron presentar su respuesta a la pregunta específica que les formuló la Corte, mediante una Orden y Llamado a audiencias del pasado 4 de octubre, en la que les solicitó responder un único interrogante, dividido en dos partes:

(1) Según el derecho internacional consuetudinario, ¿puede el derecho de un Estado a una plataforma continental más allá 200 millas náuticas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura de su mar territorial extenderse dentro de las 200 millas náuticas desde las líneas de base de otro Estado?

(2) ¿Cuáles son los criterios bajo el derecho internacional consuetudinario para la determinación del límite de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas a partir de las líneas de base, y al respecto: los incisos 2 a 6 del artículo 76 de La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar reflejan el derecho internacional consuetudinario?

Estos procedimientos se dan en el contexto de la demanda admitida bajo jurisdicción de la Corte el 17 de marzo de 2016, donde la principal pretensión de Nicaragua fue solicitarle a la Corte que delimitara la plataforma continental extendida entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 millas desde la costa nicaragüense.

Los argumentos presentados por los Estados muestran posturas diametralmente opuestas de Nicaragua y Colombia en materia de la costumbre relativa a la forma de delimitar la plataforma continental más allá de las 200 millas y la existencia de un derecho a sobreponerse en la distancia legal de la plataforma de otro Estado gracias a la extensión natural de la plataforma de otro.

Este es un asunto que para Nicaragua no había quedado saldado en la sentencia de 2012, que fijó la delimitación entre los espacios marítimos y la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, nueva demanda a la cual Colombia presentó varias excepciones preliminares que fueron rechazadas por la Corte, incluyendo la denuncia del Pacto de Bogotá y el principio de cosa juzgada en la sentencia de 2012.

Lea en Razón Pública: Fallo de La Haya: victorias y derrotas para Colombia y Nicaragua

La pregunta como una bifurcación del procedimiento

El primer elemento interesante de la situación es la decisión de la Corte de seccionar las preguntas del procedimiento general y crear una especie de procedimiento incidental, en el que los Estados solamente pueden pronunciarse sobre tal pregunta.

El procedimiento habitual suele convocar a extensas audiencias en donde los Estados responden a todas las pretensiones del otro, pero no están guiados por una única pregunta que pueda tener el efecto de resolver gran parte de la controversia a través de un único incidente procesal.

Incluso, de la orden de la Corte se entiende que existe una verdadera bifurcación de los procedimientos, en tanto ella indica que no procederá a realizar la delimitación o analizar la forma en que los Estados sugieran qué se pueda delimitar, antes de resolver su decisión sobre estas dos preguntas de contenido jurídico.

A pesar de ello, tal metodología parece estar ganando un lugar en el derecho internacional, ya que así lo hizo la Corte Permanente de Arbitraje en el caso de la Bahía de Bengala en 2014, seccionando del procedimiento general la pregunta de la localización de los puntos de base de la delimitación territorial. Esto, en alguna medida, también ocurrió en el caso Perú contra Chile, dónde la CIJ seccionó la cuestión de la delimitación marítima de las otras pretensiones.

En el caso de Nicaragua contra Colombia incluso el juez Abraham anexó una declaración a la orden de la Corte, sumada a la opinión disidente de otros jueces, avisando que había un riesgo de que el resultado a la pregunta propuesta tuviera el efecto de prejuzgar todo el litigio o extenderlo innecesariamente.

Las audiencias y las posturas de las partes

De las audiencias debe resaltarse el grado de experticia técnica y solidez del argumento que con los años ha conseguido el equipo de defensa colombiano, que conserva la base de abogados internacionales que en el fallo de abril de 2022 lograron victorias parciales para Colombia en el caso relativo a presuntas violaciones a los espacios marítimos nicaragüenses.

Para Colombia, Nicaragua confunde la posibilidad de extender la plataforma continental hacia los fondos marinos y hacia los espacios gobernados por la autoridad de los fondos marinos (cuando no hay otro Estado en frente y la prolongación natural puede continuar), con una exorbitante posibilidad de entrometerse en las 200 millas de zona económica exclusiva y de plataforma continental de otro Estado, contadas a partir de su costa.

Los argumentos presentados por los Estados muestran posturas diametralmente opuestas de Nicaragua y Colombia en materia de la costumbre relativa a la forma de delimitar la plataforma continental más allá de las 200 millas y la existencia de un derecho a sobreponerse en la distancia legal de la plataforma de otro Estado gracias a la extensión natural de la plataforma de otro.
litigio entre Colombia y Nicaragua
Fuente: Map showing overlap of ECS claim (Nicaragua) and 200 nm delimitation line (Columbia) between two opposite states with a proposed equal delimitation line by Nicaragua (modified from Sketch-map No. 2 (Territorial and Maritime Dispute, 2012)).

Los argumentos de Nicaragua

Nicaragua empezó su argumentación tratando de mostrar que Colombia nunca se había presentado como un Estado objetor persistente a la figura de la delimitación de la plataforma continental más allá de 200 millas y que nunca se ha opuesto a que otros Estados de la región busquen tener tal prolongación en el territorio correspondiente de otro Estado.

También argumentó que los incidentes a los cuales se refería el caso de abril de 2022 hacían urgente que la Corte delimitara la plataforma continental extendida para evitar más intromisiones colombianas. Este argumento parecería por demás desbordar la pregunta concreta de la Corte.

Nicaragua comentó también que, por la naturaleza de la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar de 1982, de la cual Colombia no hace parte, las normas sobre plataforma se deben entender como un package deal, y que si lo escrito en ella refleja la costumbre Colombia no puede únicamente aplicar los elementos que no le perjudican, como la existencia de la plataforma hasta las 200 millas, pero obviar la posibilidad de la prolongación natural de la misma.

Nicaragua también argumentó que las formaciones marítimas de Colombia en la zona, como son los islotes que conforman gran parte del archipiélago, no deben ser considerados un elemento que le quite continuidad natural a su plataforma continental (esa llanura submarina que se extiende desde la costa hasta llegar a un talud) y que la presencia de islas colombianas en ella no impide que esta se proyecte hasta el máximo de su prolongación natural.

Los argumentos de Colombia

Lo más resaltable de los argumentos de Colombia es que estuvieron apoyados de una manera mucho más contundente en la práctica de los Estados, elemento esencial para establecer lo que es costumbre internacional (derecho consuetudinario).

Colombia sostuvo de distintas maneras que la prolongación natural de la plataforma continental en los distintos mares del mundo no ha sido usada para extender los derechos de un Estado dentro de las “sagradas” 200 millas de plataforma continental de otro (o dentro de ellas cuando son Estados en mares cerrados o semicerrados, como el Mediterráneo) y que hacerlo constituye una pretensión exorbitante por parte de Nicaragua, que afectaría a otros Estados como Costa Rica, Panamá y Jamaica.

También sostuvo que es incorrecto separar de manera tajante los derechos que existen en la plataforma continental de aquellos que se predican de las aguas que se encuentran encima de ella, la zona económica exclusiva, para admitir una zona gris donde el agua es de un estado y la tierra, submarina, de otro. Tratar de desligarlos causa zonas grises o superposiciones que no son admisibles dentro de las 200 millas de plataforma continental de un estado que coinciden con su zona económica exclusiva.

Para Colombia, Nicaragua confunde la posibilidad de extender la plataforma continental hacia los fondos marinos y hacia los espacios gobernados por la autoridad de los fondos marinos (cuando no hay otro Estado en frente y la prolongación natural puede continuar), con una exorbitante posibilidad de entrometerse en las 200 millas de zona económica exclusiva y de plataforma continental de otro Estado, contadas a partir de su costa.

Para defender este punto, en primer lugar Colombia sostuvo que los casos que ha presentado Nicaragua son de costas adyacentes más no enfrentadas y que la verdadera costumbre internacional que ha emergido, contrariamente o a lo que piensa Nicaragua, no es la de que los Estados costeros proyecten indefinidamente sus derechos a la plataforma continental sobreponiéndose a las proyecciones de otros Estados costeros, sino que, por el contrario, la mayoría de los Estados del mundo, en el momento de delimitar sus plataformas continentales, por común acuerdo o usando los mecanismos disponibles en la Convención, como acudir a la Comisión de límites de la plataforma Continental (CLCS), han observado como una regla de costumbre no sobreponer sus derechos donde se encuentran las 200 millas de plataforma continental de otro Estado.

Quiso demostrarlo explicando cómo en más de 90 casos de solicitudes de recomendaciones a la Comisión se dieron alrededor de 50 situaciones en donde una sobreposición sería posible por la extensión meramente natural y los Estados decidieron detenerse antes de tocar las 200 millas a las que tiene derecho el otro Estado.

litigio entre Colombia y Nicaragua
Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores - Los argumentos de defensa de Colombia contra la demanda de Nicaragua se apoyan principalmente en el derecho consuetudinario.

Nicaragua empezó su argumentación tratando de mostrar que Colombia nunca se había presentado como un Estado objetor persistente a la figura de la delimitación de la plataforma continental más allá de 200 millas y que nunca se ha opuesto a que otros Estados de la región busquen tener tal prolongación en el territorio correspondiente de otro Estado.

Colombia ejemplificó esto con el caso de la delimitación de las plataformas continentales entre Canadá y Estados Unidos en el Ártico, también mostrando que Maldivas detuvo sus pretensiones antes de colisionar con la plataforma continental de Sri Lanka, respetando la distancia legal y no imponiendo la posibilidad de una prolongación natural.

También así lo dedujo de la práctica de Australia en su presentación a la Comisión de límites, donde ese Estado explicó que no podía superponer su propia plataforma a las 200 millas desde la línea de base de un Estado con costas enfrentadas, como Indonesia.

Lo mismo ocurrió en los casos en donde Japón se detuvo enfrente de Palau, y donde Noruega se detuvo antes de colisionar con los derechos a la plataforma de Rusia y Dinamarca frente a los derechos de Islandia.

Adicionalmente, Colombia quiso demostrar que no existe un criterio en la costumbre para delimitar derechos superpuestos más allá de las 200 millas y que la posibilidad de existencia de una sobreposición es apenas una posible excepción a la regla, pero que, en cambio, es la misma Convención la que obliga a Nicaragua a respetar las 200 millas de los otros Estados.

Prospectiva

Por el alcance que le dio la Corte a la pregunta, debería entonces esperarse una decisión sobre si ha emanado o no una costumbre que obligue a los Estados a no proyectar su prolongación natural de plataforma dentro de las 200 millas, a partir de la costa de otro. Si esta fuera la posición de la CIJ, no existiría una posible sobreposición y además no tendría que delimitar la plataforma entre los dos Estados, como lo ha sostenido Colombia desde sus excepciones preliminares.

En cambio, si la Corte identifica que los procedimientos frente a la Comisión de Límites adelantados por Nicaragua son oponibles a Colombia, se vería obligada a delimitar, pero también a establecer cuál sería la situación de la zona gris, producto de la posible superposición, con el peligro de llegar a una solución que no sea equitativa, sino que cause un régimen complejo, por no decir de convivencia imposible, en donde un Estado administra las aguas y el otro el subsuelo.

Puede leer: Qué le queda a Colombia tras el fallo de La Haya

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Walter Arévalo

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Walter Arévalo

* Profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario y vicepresidente de la Academia Colombiana de Derecho Internacional. @WalterArevaloR1

Foto: Facebook: Iván Duque - El jueves de esta semana, la Corte Internacional de Justicia expidió su sentencia sobre el litigio entre Nicaragua y Colombia.

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Explicación resumida del fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo colombo-nicaragüense. ¿Qué ganó y qué perdió Colombia?

Walter Arévalo-Ramírez*

La naturaleza del fallo

El jueves de esta semana, la Corte Internacional de Justicia expidió su sentencia sobre el litigio entre Nicaragua y Colombia por presuntas violaciones de derechos soberanos en espacios marítimos.

A diferencia de lo que sucedió en 2012, esta vez la recepción del fallo no fue completamente negativa, esto es una buena señal en la medida que gran parte del rechazo al fallo de 2012 provenía de no entenderlo plenamente y perpetuar la idea de que el meridiano 82 era un límite que nos estaba siendo arrebatado.

En esta nueva decisión, donde no se debatía una nueva delimitación, aunque la Corte dijo que Colombia había violado los derechos marítimos de Nicaragua, el presidente Duque sostuvo que la decisión era “un éxito” para el país. Para entender esta reacción que parece contradictoria, se necesitan dos aclaraciones:

  • La sentencia se refería a posibles incumplimientos de la decisión adoptada por la Corte en 2012.
  • Nicaragua y Colombia se demandaron mutuamente (demandas de Nicaragua y demandas de reconvención de Colombia), y por tanto era de esperar que la Corte encontrara puntos a favor de cada una de las partes.

Tres argumentos y sus contra-argumentos

Para resumir el fallo, hay que resaltar tres asuntos principales que alegaron las partes la respuesta de la Corte sobre cada uno de ellos.

1.Incumplimiento del fallo de 2012

Según Nicaragua, Colombia incumplió el fallo de 2012 mediante decretos y actuaciones de la Armada. Colombia sostuvo que esos decretos y actividades fueron válidos y que la Constitución de 1991 exige la existencia de un tratado para darle cumplimiento a dicho fallo.

La Corte decidió que unas pocas actividades de la Armada colombiana habían violado el derecho internacional y ordenó que no fueran continuadas. También afirmó que la zona contigua integral decretada por Colombia es válida y que implica libertad de navegación para las comunidades, pero que su extensión debe ser reducida.

Llama la atención el silencio de la Corte sobre el argumento constitucional de Colombia. En todo caso, es necesario dejar claro que tanto la sentencia de 2012 como la de 2022 son obligatorias para Colombia y que las decisiones judiciales internacionales no necesitan convertirse en tratados para poder ser ejecutadas.

  1. Colombia violó la soberanía nicaragüense

Según Nicaragua, Colombia violó su régimen de zona económica exclusiva, con actividades de interdicción y control de pesca en el mar nicaragüense. Para Colombia estas actividades fueron legítimas y responden a los derechos de pesca históricos que han tenido las comunidades raizales en la región.

Nicaragua y Colombia se demandaron mutuamente y por tanto era de esperar que la Corte encontrara puntos a favor de cada una de las partes.

La Corte concluyó que Colombia había interferido en actividades de investigación y de pesca por parte de Nicaragua, violando de este modo sus derechos soberanos y jurisdiccionales. Aunque pueden existir derechos de pesca históricos en la zona económica exclusiva de Nicaragua, la Corte afirmó que deben ser probados de manera específica, lo cual no ha ocurrido, y sugirió una futura negociación entre las partes.

  1. La delimitación del espacio marítimo de Nicaragua

En lugar de una línea que siguiera los contornos de sus costas, Nicaragua había establecido la extensión de sus espacios marítimos utilizando líneas rectas entre los puntos más prominentes de su litoral. Colombia sostuvo que esa delimitación violaba el régimen establecido por el fallo del 2012 y afectaba sus espacios marítimos alrededor del archipiélago.

La Corte decidió que la metodología utilizada por Nicaragua para fijar sus líneas no cumplía los requisitos exigidos por el derecho internacional y por tanto concluyó que esa delimitación debería reajustarse.

La tecnicidad del caso en el aspecto pesquero no debe ser perdida de vista para entender a fondo el argumento de los derechos históricos de pesca: La Corte afirmó que los derechos de pesca históricos, que realizaron las comunidades de manera ancestral en lo que antes eran espacios abiertos, pueden coexistir con la zona económica exclusiva declarada como nicaragüense en 2012, pero su definición estará sujeta a futuras negociaciones, pues una cosa es la posibilidad legal de un régimen especial de sobre-posición de derechos (de tener un derecho de pesca en la zona económica exclusiva de otro Estado) y otra muy distinta es probar específicamente quien, cuando y como construyó ese derecho, situación que la Corte indicó que Colombia no probó a cabalidad.

Esta distinción no es algo inusual en derecho internacional como ocurrió en el caso Caso Jan Mayen en el que Noruega reclamó que sus comunidades tenían derechos de pesca tradicionales sobre ballenas, focas y capelanes en zonas danesas entre Jan Mayen y Groenlandia, pero debió probarlos uno a uno.

Los analistas también coinciden en que es un éxito que Colombia no hubiera sido condenada a reparar monetariamente a Nicaragua, lo cual era una posibilidad real. En vez de ordenar reparaciones de este tipo, la Corte optó por solicitar que cesaran esas violaciones.

el Fallo de La Haya 2022
Foto: San Andrés - Uno de los principales éxitos de Colombia se refiere a los derechos históricos de pesca.

Puede leer: Nicaragua contra Colombia: otra vez la Corte de La Haya

¿Qué sigue?

El fallo ha hecho renacer la escabrosa teoría según la cual la Constitución colombiana permite oponerse al fallo de la Corte y que los límites de nuestros mares solo pueden ser modificados mediante un tratado internacional.

Semejante interpretación es totalmente incorrecta. El artículo 101 de la Constitución colombiana establece el requisito de un tratado para “modificar límites”, pero en 2012 la Corte no modificó algún límite existente, sino que creó un límite marítimo que no existía.

Además, el artículo 101 debe ser leído integralmente y no apenas en lo que nos conviene. En su primer y segundo inciso, el artículo admite los límites fijados por el derecho internacional y las cortes, mediante antiguos laudos arbitrales o, en este caso, mediante la sentencia de la Corte Internacional de Justicia.

La tecnicidad del caso en el aspecto pesquero no debe ser perdida de vista para entender a fondo el argumento de los derechos históricos de pesca.

Y en todo caso el derecho internacional no admite la oposición de normas internas ni de constituciones: según los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, los tratados deben ser cumplidos por las partes y un Estado no puede invocar normas de derecho interno para incumplirlos. Lo anterior ha sido confirmado por la Corte en los casos “Zonas francas de Gex» e “Intereses alemanes en alta Silesia polaca”. Es claro que las sentencias de la Corte Internacional de Justicia no requieren tratados ni normas posadjudicativas.

Perpetuar el error de la necesidad de un tratado para cumplir los fallos de la Corte Internacional de Justicia nos pone en posición de incumplir el fallo que acaba de proferirse. Sería un inmenso error imponer requisitos de cumplimiento a esta nueva sentencia de la Corte Internacional de Justicia, donde Colombia le gana varios argumentos a Nicaragua. Lo sensato es cumplir la sentencia de manera inmediata y sin inventar requisitos previos. Nicaragua sabe que tiene obligaciones inmediatas y a nosotros nos interesa que las cumpla.

El acuerdo sobre derechos de pesca de los raizales es una opción que requiere nuevos vientos políticos, reconociendo que no somos el primer Estado al que el derecho internacional lo lleva a negociar con un régimen con el que no comparte posturas políticas, esto es totalmente distinto a someter la obligatoriedad de la sentencia de 2012 a un tratado.

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