El nudo del suroccidente: ¿por qué no se detiene la violencia?

Existen razones históricas y estructurales en las complejas conflictividades y el impacto de la guerra en el Sur Occidente. Aún no resultan suficientes los programas gubernamentales y merece revisión la política de paz total en formulaciones, comprensión de actores y conflictos, claridad en estrategias, metas y debida coordinación interinstitucional y consulta social.

Los ataques del Estado Mayor Central (EMC) en Valle y Cauca provocaron una crisis humanitaria. Aunque sus acciones son graves, la alta conflictividad en el suroccidente colombiano tiene múltiples causas. No basta con atribuirla únicamente a economías ilegales ni con responder únicamente con medidas militares; se requiere un enfoque integral y el compromiso de la sociedad, del Estado y de los gobiernos.

La alta conflictividad, expresiones de violencia y emergencia social en demanda de derechos 

El sur del Valle del Cauca y el norte de Cauca se han convertido en focos críticos de conflictividades, guerra y violencia en Colombia debido a diversos factores: 

– La ejecución del Plan Colombia y el Plan Patriota (1999-2016), apoyados por Estados Unidos, fortaleció la capacidad militar estatal, lo que provocó el desplazamiento de la producción y la exportación de drogas, así como de la guerrilla, de Meta, Caquetá y Putumayo hacia regiones del Pacífico y el suroccidente colombiano, fenómeno conocido como “efecto balón”.

– Las FARC sufrieron derrotas en Montes de María y Cundinamarca y abandonaron territorios en la Orinoquia y la Amazonia, aunque mantuvieron presencia importante en el sur de Tolima, Valle, Cauca y Nariño. Por su parte, el ELN perdió frentes en el interior, y se concentró en Catatumbo, Arauca, Cauca y Nariño. 

– Con el Acuerdo de Paz con las FARC-EP en 2016, los narco paramilitares de las AGC ocuparon los territorios de esta anterior insurgencia expandiéndose hacia Chocó y otros departamentos del Pacífico, en medio de disputas con el ELN. 

– A la vez, desde 2018, los grupos posFARC -conocidos como disidencias al acuerdo de paz- se han centrado en la retoma de la región entre Meta, Caquetá y Guaviare, que fue históricamente la principal retaguardia estratégica, e histórica de las FARC EP en la guerra.

– Durante décadas, el principal referente del movimiento indígena del país ha sido el norte de Cauca, y este se ha extendido a través de las Mingas Populares del Suroccidente y a nivel nacional. En Buenaventura, Quibdó y Tumaco se han producido fuertes paros cívicos populares en demanda de alternativas. En Buenaventura, la contundencia de los paros de 2017 y 2021 consiguió una mesa de seguimiento permanente a los compromisos implementados con participación de organizaciones sociales y la expedición de una ley.

– En el Estallido Social ocurrido en 2021, el movimiento derivó ante la arbitraria represión de la fuerza pública en fuertes enfrentamientos con las fuerzas policiales principalmente en Cali y en el suroccidente colombiano. Fue un factor que contribuyó de manera importante a la elección del actual gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, lideresa del movimiento afrocampesino y minero de Cauca. Actualmente, los movimientos sociales en el suroccidente le dan un fuerte respaldo al Pacto Histórico y a la campaña presidencial de Iván Cepeda, con fórmula vicepresidencial de Aida Úlcue, una lideresa indígena nasa proveniente de la ONIC y del fuerte movimiento indígena y popular del norte de Cauca.

El fracaso del proceso de paz entre el EMC y el gobierno nacional

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) identificó en un informe, en febrero de 2025, a las estructuras posFARC como agrupaciones diversas y poco cohesionadas. Estas se dividen principalmente en dos ramas: una liderada por Gentil Duarte (EMC), que rechazó el Acuerdo de Paz, y otra encabezada por Iván Márquez, llamada Segunda Marquetalia que rechazó la falta de garantías en su implementación. 

Son estructuras que se debaten entre la opción de retomar la herencia de la anterior insurgencia FARC-EP, que implica condiciones de politización, y la opción de la integración hacia las redes delincuenciales asociadas a las economías ilegales presentes en relación con sus principales formas de financiación. El informe, al igual que otros analistas, en igual sentido hace referencia a la existencia de estructuras con frecuencia híbridas. Incluso el CNMH afirma haber encontrado algo más que un dilema: una especie de “integración complementaria” entre ambos factores (CNMH, 2025, p. 59). 

En la última década, los grupos híbridos en Colombia han aumentado y consolidado su presencia, enfocándose en ejercer control político regional más que en tomar el poder central. Según Francisco Gutiérrez, estos grupos combinan confrontación bélica y coerción social, establecen formas de control territorial, regulan el sistema político mediante amenazas y provisión de seguridad, y promueven causas territoriales, frecuentemente articulándose con sectores políticos, élites económicas y el aparato de seguridad estatal[1] (Gutiérrez, 2022, p. 190).

Tras la muerte de Gentil Duarte en 2021, Iván Lozada (“Iván Mordisco”) asumió el mando del EMC, que se caracterizaba por una coordinación horizontal entre grupos regionales, lo que facilitó su fragmentación. En Cauca, el EMC inició su presencia con el Frente Carlos Patiño en 2018, enfrentándose al ELN, y en 2019 creó el Comando Coordinador de Occidente (CCO). El EMC debilitó al ELN y mantuvo enfrentamientos con la fuerza pública y la Segunda Marquetalia, que también formó agrupaciones rivales en la región. En el Valle, la Columna Móvil Libardo García (Segunda Marquetalia) se ha enfrentado al Frente Jaime Martínez del EMC. (CNMH, 2025, pp. 183-186, 200-201).

El Bloque Occidental, con más de 2.600 miembros y once frentes —principalmente en Cauca y Valle—, se destaca por su ofensiva contra la fuerza pública y los civiles, y es líder en el uso de drones para ataques desde 2024.

Durante el gobierno actual, en 2022 se acordó un cese al fuego bilateral y temporal con el EMC, reglamentado por el Decreto 2656, y se estableció un mecanismo de monitoreo y verificación, además de realizarse reuniones con comandantes del EMC y delegaciones comunitarias. Sin embargo, en 2023 el Gobierno suspendió el cese al fuego tras el reclutamiento forzado y el asesinato de niños indígenas por parte del Frente Carolina Ramírez, lo que provocó la ruptura del acuerdo. Se retomaron acercamientos, pero persistieron tensiones por operaciones militares en el Cañón del Micay y por la injerencia armada en las elecciones, así como denuncias de violaciones del EMC Bloque Occidental contra civiles. Finalmente, en julio de 2024, el cese al fuego se rompió definitivamente con la mayoría del EMC, especialmente con el Bloque Occidental, y se mantuvo únicamente con algunas facciones menores, lo que marcó el fracaso del proceso de paz con este grupo en el suroccidente. 

Según la evaluación de Camilo González Posso encargado oficial de esta negociación, el Gobierno mostró disposición para impulsar el Plan Micay para eliminar los cultivos de coca en zonas estratégicas del Pacífico, como el Cañón del Micay, Tumaco y Buenaventura. Se lograron acuerdos con todos los bloques y frentes del EMC, incluido el de Cauca, que contemplaban el respeto a las comunidades y a las normas del DIH, así como restricciones al uso de armas y uniformes en áreas pobladas. Sin embargo, los grupos de Cauca fueron los primeros en incumplir, lo que llevó a la paralización de la mesa y, en marzo de 2024, a la fractura del EMC, que dejó fuera al Bloque Occidental y a otros aliados. Para estos grupos disidentes, los acuerdos representaban un obstáculo a sus intereses ilícitos y a su objetivo de reorganizar las FARC-EP (González, 2026, pp. 2-3)[1].

Escalada violenta y acciones terroristas 

Los frentes posFARC, además de ejercer coerción social y hostilidades contra la fuerza pública, han cometido diez graves violaciones al DIH contra civiles, según el CNMH: amenazas, atentados, homicidios selectivos y colectivos, secuestros, desaparición forzada, reclutamiento forzado de menores y adultos, desplazamiento y confinamiento, ataques a bienes civiles, extorsión y terrorismo. Informes de DD. HH. indican que el EMC es responsable de la mayor afectación, especialmente en Cauca y el suroccidente (CNMH, 2025, pp. 223-225).

La reciente escalada violenta del EMC en Cauca y Nariño se interpreta como respuesta al gobierno Petro tras el fracaso del proceso de paz y el inicio de la ofensiva militar estatal; además, sigue el patrón histórico de las guerrillas de demostrar control territorial y fuerza al final de una administración y al comienzo de otra, salvo cuando hay expectativas de paz. 

Entre el 25 y el 27 de abril, el Bloque Occidental del EMC realizó veinte ataques en menos de 48 horas, dirigidos tanto a la fuerza pública como, mayoritariamente, a personas y bienes civiles, usando explosivos y otras armas. En Cauca hubo enfrentamientos en Rosas, incendio de un camión en Santander de Quilichao, y en Cajibío una bomba en la vía Panamericana provocó veinte muertos y 48 heridos, todos civiles. Además, atacaron con drones el sistema de radar en El Tambo. En el Valle del Cauca intentaron lanzar cilindros bomba en Cali, incendiaron vehículos en Dagua y Jamundí (incluido un camión de pollos vivos), y atacaron con fusiles y cilindros bomba instalaciones de la Policía y al Ejército en Potrerito y Palmira. 

La ofensiva violenta del Bloque Occidental del EMC, responsable de ataques y homicidios colectivos contra civiles, ha generado rechazo generalizado y constituye una grave violación del derecho humanitario, principalmente por parte del Frente Jaime Martínez. Aunque el EMC admitió el atentado de Cajibío, negó que se tratara de terrorismo y lo calificó como un “incidente” en combate, la acción muestra ataques indiscriminados contra civiles, lo que, según el derecho penal colombiano y el derecho internacional, configura el uso proscrito del terrorismo[1][2].

Limitaciones del gobierno Petro y recomendaciones

El informe anual de la Plataforma de derechos humanos destaca para el año 2025 que, aunque el gobierno Petro impulsó programas sociales y de sustitución de cultivos ilícitos en la región, estos han sido limitados y han generado desconfianza en la posibilidad de resultados definitivos por parte de la población en las zonas de conflicto. Tras el fracaso del diálogo con el EMC, se advierte que la ofensiva militar no debe derivar en el retorno de la guerra ni en la reducción de la inversión social y la búsqueda de alternativas para la paz. Además, la Fiscalía identificó la estructura paramilitar Cordillera Sur, vinculada a las AGC y dirigida por alias “Matamba”, quien habría pactado con mandos militares y cometido numerosos crímenes, sin avances en las investigaciones ni sanciones correspondientes (Plataforma Colombiana DD. HH. y otros, 2025, pp. 98-99).

A pesar de los esfuerzos de los equipos gubernamentales por alcanzar acuerdos con organizaciones armadas ilegales, como el sector del EMC renombrado como EMBF, los resultados han sido limitados. Se han logrado avances en acuerdos parciales de agendas locales o regionales, destrucción de parte del material de guerra, compromisos de sustitución de cultivos de uso ilícito y humanitarios y de atención a las víctimas y a los territorios, pero la política de paz total ha recibido críticas por su falta de definiciones claras, metas, estrategias, marco jurídico y coordinación interinstitucional.

De cara al próximo gobierno, es urgente revisar y armonizar la política de paz con las políticas de seguridad y de derechos humanos, definir objetivos y metodologías precisas, caracterizar a los actores y los conflictos, retomar la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y fortalecer la participación de la sociedad civil, especialmente en las regiones altamente afectadas como el suroccidente colombiano.

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