El gobierno anuncia grandes cambios en el tratamiento de la industria minera. La revisión de los títulos que han sido concedidos y la reforma del Código Minero son dos temas prioritarios, ¿por qué?
Erwing Rodríguez-Salah*
Los anuncios
La semana pasada, el presidente Petro anunció, desde Jericó, Antioquia, que su gobierno presentará una reforma del Código Minero. Según sus palabras, “queremos que vuelva un Estado amigo del pequeño minero, la pequeña minería, y podamos caminar un sendero donde las cosas puedan ser más sostenibles”.
Además dijo que su administración revisará “toda la titulación minera, hasta ahora entregada por doquier, por allá y por acá, para tratar de hacerla coherente con una serie de principios básicos del territorio, entre ellos, el cuidado del agua”.
La premisa fundamental es que durante su gobierno se le dará prioridad al agua por encima de los proyectos mineros. En su cuenta de Twitter afirmó: “El gobierno nacional privilegia el agua y por tanto detiene los proyectos mineros que la ponen en riesgo”.
En este marco, el gobierno ha citado a una convención nacional de pequeños mineros de Colombia para que formulen sus propuestas.
Los gobiernos anteriores a Petro trabajaron por un país concesionado a la minería, en contravía del derecho al agua y de la protección de los ecosistemas estratégicos, como el páramo, cuyo principal producto ecosistémico es precisamente el recurso hídrico que abastece a más del 70 % de la población colombiana.
Días después de estas declaraciones, el director de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Luis Álvaro Pardo, se reunió con los campesinos de La Lizama, Santander, que vienen protestando por la aprobación otorgada a la sociedad Colcco para extraer carbón en el Magdalena Medio santandereano. En ese encuentro, Pardo dijo que, según sus hallazgos, “quedarían verdaderamente aterrados por la forma en la que se entregaron esos títulos: no pagan, nadie les caduca y venimos a cambiar el curso de esa situación. El problema es que lo dejan a uno amarrado”.
Revisión de los títulos
Uno de los mayores retos que el gobierno Petro empezó a afrontar es la inercia del aparato estatal que estuvo subordinado a una visión minera durante dos décadas, comenzando por la concesión de títulos mineros hasta en zonas de páramos.
En un artículo anterior, había explicado cómo en el gobierno Uribe el número de hectáreas concesionadas a la minería pasó de 1,13 a 8,53 millones y cómo en nuestros páramos las hectáreas concesionadas se duplicaron. Como Guillermo Rudas denunció en Razón Pública, entre la aprobación de la Reforma del Código Minero por parte del Congreso, que prohibía la minería en los páramos, y la sanción presidencial transcurrieron ocho meses, un intervalo que fue aprovechado para concesionar la mayoría de títulos mineros y favorecer a las multinacionales a través de exenciones tributarias.
En un artículo de la Silla Vacía se afirma que “solo entre julio y octubre de 2009 se firmaron 1900 contratos en los páramos para los mineros y otros alcanzaron a renovar sus contratos”. Así mismo, “según datos del Ministerio de Hacienda y el Banco de la República, el gobierno dejó de recibir 3,5 billones de pesos por regalías en el último año”.
Cómo empezó la “feria”
Los gobiernos anteriores a Petro trabajaron por un país concesionado a la minería, en contravía del derecho al agua y de la protección de los ecosistemas estratégicos, como el páramo, cuyo principal producto ecosistémico es precisamente el recurso hídrico que abastece a más del 70 % de la población colombiana.
El actual gobierno, con su visión conservacionista del agua y el ambiente, tendrá que “desminar” el territorio de los títulos mineros que se concedieron sin contemplaciones con el agua y con la vida en los territorios. Los páramos son territorios del agua, no de la minería ni de las transnacionales mineras.
En ese orden de ideas, urge revisar todos los títulos mineros concesionados y las licencias ambientales otorgadas para la explotación minera. Esto será un trabajo difícil. Los gobiernos anteriores alinearon el aparato estatal con una visión minera a través de distintas acciones:
- El grave vacío u omisión en la legislación por la carencia de la licencia ambiental para la fase de exploración minera;
- La aceptación para dar trámite a la licencia de proyectos de megaminería, en contravía de las normas ambientales, por parte de la autoridad de las licencias (ANLA) y su permisividad con las transnacionales mineras;
- Las delimitaciones exprés político-mineras en beneficio de la gran minería —como la delimitación de Santurbán de la Resolución 2090, de 2014 del gobierno Santos, luego declarada viciada por Sentencia T-361 (2017) o la Propuesta integrada de delimitación del gobierno Duque—;
- La falta de inspección, vigilancia y control de las autoridades ambientales nacionales y regionales para los infractores de las normas ambientales, especialmente con las empresas transnacionales, y
- Las decisiones tomadas con preponderancia de lo político sobre lo científico, apalancadas en una política minera mal concebida.
En ese orden de ideas, también es importante “desminar” el aparato estatal que parece haberse quedado anclado en la visión minera de los pasados gobiernos.
Un ejemplo muy vigente, que motivó la presencia del director de la Agencia Nacional de Minería (ANM) en territorio santandereano, fue la licencia ambiental otorgada a la empresa Colcco, mediante Resolución 574 del 22 de agosto de 2022, para extraer carbón a cielo abierto en un área de 1499 hectáreas en jurisdicción de los municipios de San Vicente y El Carmen de Chucurí por parte de la Corporación Autónoma de Santander (CAS), pese al rechazo de las comunidades.
Es importante insistir en la necesidad de que el Congreso legisle sobre la muy necesaria licencia ambiental también para la fase exploración y no sólo para la fase de explotación como lo contempla nuestra legislación ambiental vigente.
Las comunidades de los municipios de Barrancabermeja, San Vicente y El Carmen se han movilizado para que la CAS derogue la licencia al proyecto de Colcco. Ellas temen, con argumentos muy válidos, la eventual afectación del río Cascajales en una zona eminentemente agrícola.
Reforma del Código Minero
La Ley 1382 de 2010 modificó la Ley 685 de 2001, o Código de Minas, pero la Sentencia C-366 de 2011 declaró inexequible la reforma por no tener en cuenta la consulta previa con las comunidades étnicas —indígenas y afrodescendientes—, condición sine qua non para garantizar que no se afecten sus intereses con la sanción de una nueva Ley.
Como pasó con la Sentencia T-361 de 2017, mediante la cual la Corte Constitucional exigió al Ministerio de Ambiente una nueva delimitación del páramo de Santurbán, —dicha providencia inicialmente dio un año a la cartera de Ambiente para la nueva delimitación, pero con el tiempo se determinó que la cesación de los efectos de la delimitación de la Resolución 2090 (2014) se daría cuando estuviese en firme la nueva delimitación exigida por la alta Corte, pensando en no dejar desprotegido el ecosistema paramuno— la C-366 dio un tiempo al Gobierno de dos años para realizar la consulta previa, y proteger el ambiente.
Después, el gobierno acudió al estado de emergencia y en 2013 emitió cuatro decretos con fuerza de ley para el desarrollo de la minería, ante la negativa de la Corte Constitucional de conceder una prórroga para adelantar la consulta. Estos son los Decretos 933, 934, 935 y 943. Dichos decretos regularon la formalización de la minería ancestral o tradicional y la competencia para excluir zonas de la actividad minera. El Decreto 943 quitó a las autoridades regionales y locales la potestad de establecer las zonas excluidas de la minería de manera permanente o transitoria, dejando exclusivamente esta competencia en manos de las autoridades mineras y ambientales, quienes deciden sobre la base de estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales.
Es importante insistir en la necesidad de que el Congreso legisle sobre la muy necesaria licencia ambiental también para la fase exploración y no sólo para la fase de explotación como lo contempla nuestra legislación ambiental vigente.
En conclusión, el gobierno Petro deberá sortear sabiamente dos retos:
- Superar el lastre de los gobiernos que durante las pasadas dos décadas se dedicaron a expedir actos administrativos subordinados a los intereses de las transnacionales mineras, además de contar con el apoyo de las mayorías en el Congreso para la sanción de leyes en esa misma dirección, y
- Librar todo arraigo del aparato estatal de una visión minera que ya es anacrónica.
De este modo, el nuevo gobierno podrá encaminarse a cumplir sus expectativas de proteger y conservar el ambiente, con un gran énfasis en la protección del recurso hídrico, en el marco del desarrollo sostenible y acorde con un nuevo orden global ambiental que obedece a la conservación de nuestro planeta.
