Yolima Vargas, autor en Razón Pública

Compartir:

Persisten los reparos de investigadores y muchos sectores de la comunidad a la actualización de la Licencia Ambiental que el gobierno del presidente Petro le dio al proyecto de la Armada de Colombia en el Parque Natural Nacional PNN-Gorgona; diseñado, financiado y que será desarrollado en conjunto con el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América -EEUU.

El propósito del proyecto, que ya lleva 10 años de conflicto socioambiental, es albergar un radar militar de vigilancia que se conectará al “Corredor marino del Pacífico tropical oriental” estadounidense. Para proteger el radar se plantea la construcción de una subestación de guardacostas que implica remodelar dos estancias dentro del único centro poblado de la isla, ampliar su cupo a 28 integrantes y construir un puerto que incluye un tanque de 7000 galones de gasolina cuyo principal uso (85%) será el abastecimiento de embarcaciones de la Armada.

El gobierno de Petro, incluyó nuevos elementos al proyecto para lograr su aceptación. Se eliminó la palabra militar, y se incluyeron los conceptos de ecoturismo, educación ambiental, investigación y lucha contra delitos ambientales. Pero tras muchas evidencias y el testimonio del “Colectivo Unidos por Gorgona”, conformado por investigadores del PNN-Gorgona, es dudoso que, con el desarrollo de este proyecto, esos componentes se vayan a realizar con éxito.

Las voces a favor argumentan que la presencia militar en el PNN-Gorgona permitirá que la Armada asuma funciones de protección ambiental y que es necesario, además, adelantar la remodelación de infraestructura y la construcción del muelle para seguridad de los visitantes.

El PNN-Gorgona ha sido una de las experiencias de conservación más exitosas de Colombia, producto de un gran esfuerzo de más de cuatro décadas, gracias a la convergencia armónica de instituciones académicas nacionales, Parques Naturales Nacionales e incluso representantes de la comunidad, como los pescadores artesanales, que entienden la importancia de la preservación y pescan fuera del área protegida.

Pero la llegada de la Armada al PNN-Gorgona en el 2014, con el apoyo de EEUU, ha sido atropellada. Con una licencia ambiental irregular, un trato desobligante y autoritario hacia los diferentes actores y el haberse convertido en la principal fuente de conflicto ambiental se cimentó un camino hacia el rechazo y la desconfianza.

Conflictos sociales

La experiencia en los últimos diez años indica que la doctrina militar de la Armada no es compatible con el manejo de los diferentes actores en el PNN-Gorgona, y que sus miembros no están capacitados para asumir labores de vigilancia ambiental.

Quejas de turistas e investigadoras que se han sentido acosadas por infantes armados; pescadores artesanales acosados con violencia y acusados de narcotraficantes; instructores de buceo intimidados para llevar a cabo inmersiones de buzos sin certificaciones; investigadores a los que se les restringen horarios, zonas y participación en eventos de socialización, así como intimidaciones que les impiden hacer públicas sus denuncias, por temor a perder sus permisos de investigación.

Conflictos ambientales

Junto a la Armada llegó a la isla el mal manejo de las basuras, las embarcaciones

con excesos de velocidad que irrespetan las medidas de manejo ambiental y un deficiente proceso de construcción de la torre que albergará el radar en el cerro La Trinidad, en uno de los bosques mejor conservados de la isla. Allí, un sendero de 2.5 km hoy está destruido debido al mal uso y la sobrecarga de su capacidad, llevando a los infantes de marina a abrir caminos nuevos, aumentando cada vez más el área impactada.

Se desconoce el estado de este bosque porque la Armada restringe el acceso. El zoólogo Óscar Murillo, en El Espectador relató que siendo funcionario de PNN no pudo completar el plan de manejo del PNN-Gorgona, pues la Armada restringió su paso. En este mismo sector, los investigadores advierten sobre impactos en poblaciones de reptiles y anfibios, incluidas especies endémicas, y aún persisten dudas frente al impacto del radar en poblaciones de murciélagos. La evidencia indica que, ante estos radares, los murciélagos, que juegan un rol vital en el ecosistema de la isla, tienden a desplazarse y, siendo Gorgona una isla muy reducida, es preocupante la afectación de su comportamiento.

¿Quién vigila a la Armada ante sus impactos y mal manejo ambiental? ¿Será real que Parques Naturales Nacionales asumirá la máxima autoridad del PNN-Gorgona? ¿Qué garantía hay de que las nuevas intervenciones se hagan con la responsabilidad que exigen las circunstancias?

Tampoco es claro cómo la Armada puede apoyar labores de conservación ya que no están capacitados para ello. De acuerdo con el testimonio de Laura Benítez, del Colectivo Unidos por Gorgona y zoóloga experta en ballenas, a pesar de sus pedidos de auxilio, la presencia de la Armada fue inútil en una ocasión en la que tuvo que desenmallar una ballena. No tenían ni el conocimiento ni los equipos para colaborar. Además, explica que la Armada ha reconocido que en el área de influencia de Gorgona no hay incidentes de pesca ilegal, y que el radar no tendrá el alcance de zonas dónde esto sí es un problema, como en Malpelo.

En otros puntos del Pacífico, como Bahía Málaga, a pesar de haber una base naval militar, lejos de ejercer el control ambiental a malas prácticas de avistamiento de ballenas, las embarcaciones de la Armada participan de las persecuciones. Y en el PNN-Utria, a pesar de ser vecino de una subestación guardacostas, no hay ni ecoturismo, ni control a los constantes delitos ambientales que allí se presentan.

Remodelación de la infraestructura

El PNN-Gorgona necesita una remodelación de sus instalaciones e incluso un muelle, pero las obras para una subestación de la Armada no suplen las necesidades. Si el objetivo fueran la conservación, ecoturismo, buceo, investigación y educación ambiental, se remodelaría todo el centro poblado, donde habitan funcionarios de PNN, policías, buzos, turistas e investigadores. No se necesitaría un radar militar, bastaría con un muelle sencillo y poco combustible para abastecer una planta eléctrica, cuándo la hidroeléctrica falle.

Pero el objeto principal de las obras, que sí generan graves impactos, es cumplir las necesidades geopolíticas de control que EEUU necesita asegurar en el litoral Pacífico. Si la decisión fuera colombiana, muy seguramente ya se habría podido llegar a un acuerdo. Pero Colombia no puede situarse en contra de las pretensiones estadounidenses. La situación es vergonzosa, no por nada el gobierno Petro hace todos los esfuerzos por ocultarlo.

Gorgona es un excelente ejemplo del precio que se paga por la pérdida de soberanía y la ausencia de Estado.

Hasta el momento ningún gobierno en Colombia le ha dado importancia a financiar la Ciencia, Tecnología e Investigación; tampoco las áreas protegidas. El resultado es la pérdida de gobernabilidad sobre éstas. Preocupa mucho el interés de EEUU por establecer su control ante la debilidad del Estado colombiano. Hay que abonar, que al menos lograron incorporar adendas, con lo que el proyecto militar actual es más digerible que el de hace diez años. Pero, ¿qué pasará cuándo Petro deje de ser el presidente?

0 comentarios

Yolima Vargas

Escrito por:

Yolima Vargas

*Bióloga con estudios en turismo sostenible y estudiante de doctorado en educación ambiental, analista y tallerista sobre la perspectiva de Latinoamérica para la organización Bildung Trifft Entwicklung-BtE en Alemania.

Compartir:

Es importante que Colombia apresure la implementación de proyectos de energías renovables, pero es un error sacrificar los controles ambientales para lograrlo. Se deben desarrollar esos proyectos para disminuir emisiones, y a la vez garantizar la protección de la biodiversidad, pues de esto también depende la regulación del clima, además de ser la fuente de las contribuciones de la naturaleza, para la comunidad guajira.

Aunque la ministra de ambiente Susana Muhammad y el director de la ANLA —Autoridad Nacional de Licencias Ambientales— Rodrigo Negret fueron activistas que se opusieron a los recortes del licenciamiento ambiental para acelerar la “locomotora mineroenergética”, hoy deben apoyar los planes presidenciales de disminución del licenciamiento, para acelerar los proyectos de Fuentes No Convencionales de Energías Renovables (FNCER), por ahora, en la Guajira.

El artículo 8 del proyecto de Ley: “Transición Energética Justa del departamento de La Guajira”, radicado por el ministro de minas y energía Andrés Camacho Morales en la Cámara de Representantes, plantea sin ninguna justificación ambiental la disminución del licenciamiento para proyectos de Energía Renovable – FNCER a 3 meses, es decir entre 50 y 60 días hábiles, lo que en la práctica dejaría solo 10 días para la revisión de los Estudios de Impacto Ambiental – EIA- y la visita al proyecto.

En los 90s Colombia fue modelo mundial por su robusta legislación ambiental. La Ley 99, por ejemplo, le daba un máximo de 225 días hábiles a la autoridad ambiental para resolver las solicitudes de licencias; similar a los 250 días hábiles incluidos en la guía de buenas prácticas de la OCDE para países del Este Europa y Asia Central[1]. Pero durante los gobiernos de Uribe y Santos el proceso de licenciamiento fue desmantelado, dando lugar al licenciamiento exprés vigente en Colombia, que obliga a la ANLA a otorgar licencias en 90 días hábiles. En la práctica este plazo es casi imposible de cumplir.

¿Podrían la ANLA o Corpoguajira realizar un correcto proceso de licenciamiento ambiental en menos de tres meses? Es dudoso. Ni si quiera duplicando la fuerza de trabajo este tiempo alcanzaría para poder hacer una revisión seria de los Estudios de Impacto Ambiental.  Como se lee en la página Web de la ANLA[2], centrando todos los esfuerzos de la Agencia, en el 2023 se otorgaron 17 licencias ambientales a proyectos de energías renovables – FNCER en la Guajira. En uno de ellos, el Parque Eólico Trupillo, la Agencia tardó seis meses (120 días hábiles) en dar la licencia, después de que en el 2022 la firma interesada hubiera presentado un estudio de impacto ambiental lleno de falencias.

A las empresas trasnacionales y nacionales interesadas en estos proyectos no les gustan las licencias ambientales, porque implican más tiempo y recursos para realizar los proyectos. Pero en realidad el licenciamiento genera confianza entre el país y las empresas, y a futuro ahorra muchos dolores de cabeza y dinero.

Lo cierto es que el lobby de los proyectos de energías renovables presiona al gobierno del presidente Petro, para implementar estos proyectos sin mayores requisitos.  No es algo único de Colombia. En España también está pasando, en parte por:

  1. nuevas regulaciones europeas debido a la crisis de abastecimiento energético, como consecuencia del conflicto Ruso Ucraniano y,
  2. como justificación a la descarbonización.

Pero de fondo también obedece al gran lobby de empresas trasnacionales, que se repiten entre Europa, España y Colombia[3].

Se ha vuelto común leer en medios de comunicación, que el trámite de licencias ambientales en Colombia demora los proyectos de energías renovables, lo que impulsa la idea de que el licenciamiento es solo un estorbo. Pero esto es erróneo.

Tras la crisis ambiental mundial, en 1983 surgió el desarrollo sostenible como una teoría económica, ratificada por las leyes de Colombia, que busca satisfacer las necesidades presentes, teniendo en cuenta a las generaciones futuras. Y una de sus principales estrategias es el licenciamiento ambiental, que pretende evaluar la viabilidad de diferentes actividades humanas, así como manejar sus impactos socioambientales.

Las energías renovables también generan impactos

La casi eliminación de licencias ambientales, para acelerar proyectos de energías renovables, se presenta como una política para combatir el cambio climático, pero en la práctica es una amenaza para la biodiversidad, cuya pérdida es lo que se busca detener, como una de las consecuencias del cambio climático.

Las energías renovables también pueden generar graves impactos ambientales que afectan a las personas, y éstos deben ser evaluados con rigurosidad para encontrar soluciones que permitan su manejo y garantizar a futuro su viabilidad. El licenciamiento ambiental no es un obstáculo, sino una herramienta para que estas actividades se hagan de la mejor manera posible, planeándolas, manejando sus impactos, generando compensaciones cuando sea necesario y haciendo seguimiento a su cierre al finalizar su vida útil.

Grandes complejos de energía eólica pueden afectar la biodiversidad. En especial de especies de aves migratorias, al alterar sus rutas de vuelo, lugares de descanso y de alimentación. De acuerdo a Corpoguajira y Conservación Internacional[4], dentro de su gran extensión de desierto, la Guajira tiene varios humedales a lo largo de la línea de costa, de gran importancia para aves migratorias; de 263 especies encontradas 63 son migratorias y 7 incluidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres – CITES.

Otro ejemplo son los proyectos eólicos offshore o marinos. Éstos también pueden afectar la biodiversidad, alterar el hábitat y migración de especies marinas, generar ruido submarino, cambios en las corrientes y circulación de los nutrientes, cambios en la erosión marina y calidad del agua, que entre otros podrían afectar actividades de pesca.

Los anteriores, son impactos que pueden mitigarse, y el método para hacerlo son Estudios de impacto Ambiental rigurosos, así como procesos robustos de licenciamiento ambiental y seguimiento, que puedan permitir su manejo al realizar una planeación y ubicación adecuadas, así como un constante monitoreo. ¿Debe renunciar la Guajira a ello, por ceder al lobby de las empresas interesadas?

En el pasado la falta de planeación, control y abandono estatal condenaron a la Guajira a muchos impactos socioambientales y sufrimiento que pudo evitarse. ¿Por qué repetir la historia, cuando se tiene la oportunidad de hacerlo mejor esta vez?

[1] OCDE. 2015. INTEGRATED ENVIRONMENTAL PERMITTING GUIDELINES FOR EECCA COUNTRIES.

[2] https://www.anla.gov.co/noticias-anla/la-anla-da-viabilidad-ambiental-a-dos-proyectos-de-fuentes-no-convencionales-de-energia-renovable-fncer-en-la-guajira

[3] https://forbes.co/2021/04/12/editors-picks/83965

[4] https://corpoguajira.gov.co/wp/wp-content/uploads/2017/07/AVES-Costeras.pdf

0 comentarios

Yolima Vargas

Escrito por:

Yolima Vargas

*Bióloga con estudios en turismo sostenible y estudiante de doctorado en educación ambiental, analista y tallerista sobre la perspectiva de Latinoamérica para la organización Bildung Trifft Entwicklung-BtE en Alemania.

Compartir:

A la influencia del movimiento animalista en Colombia hay que agradecerle que le ha permitido al país reflexionar sobre la relación y trato que establecemos las personas con los animales. Esta reflexión ha llevado a una transformación de la sociedad, que ahora es más sensible por la vida de los animales que tanto nos aportan, que son vulnerables, y para aquellos que dependen de nuestro cuidado, como los domésticos, hay un consenso, su bienestar es responsabilidad de sus tenedores, y cada día toman más fuerza las iniciativas de adopción y valoración de individuos criollos o mezclados.

Pero hoy urge además la reflexión sobre la responsabilidad que tiene la humanidad de manejar los desastres ambientales que hemos generado en la naturaleza, al manipular especies de fauna y flora, llevándolas de manera artificial de un lugar geográfico a otro. Hoy sabemos que diferentes formas de vida, incluidos los animales, pueden convertirse en plagas o especies invasoras, como consecuencia de su traslado artificial o por el deterioro de ecosistemas naturales como bosques. Diferentes áreas científicas estudian las alteraciones ambientales ocasionadas por estas especies, generando evidencias del deterioro en los ecosistemas, la pérdida catastrófica de biodiversidad o el riesgo de zoonosis (P.ej. Rabia, influenza, etc.), y proponiendo alternativas de manejo para la mitigación o solución de los impactos.

Es allí cuándo surge una contradicción con un sector del animalismo, que pretende imponer una posición particular pro vida para animales exóticos, que en estado silvestre se vuelven especies invasoras, como los hipopótamos, perros o gatos en Colombia, oponiéndose a su sacrificio o eutanasia, qué es un método eficaz probado por la ciencia para el control y erradicación de poblaciones invasoras y que mitiga los daños en la biodiversidad y en la integridad de los ecosistemas. Hoy hay que hacerle esta crítica enfática a un sector político que en el Congreso, se ha concentrado en proponer por medio de Proyectos de Ley, esta postura arbitraria, que pretende usar el poder del Estado a través de la Ley, para destinar multimillonarias sumas de dinero en métodos ineficaces para el manejo de especies invasoras y problemáticas.

La postura pro vida del animalismo se justifica en el anti-especismo, es decir que todas las especies deben ser iguales frente a la obligación del ser humano de ser compasivo con ellas, y por tanto garantizar su vida. Pero el argumento se contradice, y constituye una acción con daño, porque al impedir la eutanasia de poblaciones invasivas, se permite su reproducción incontrolada, afectando no solo la vida de muchos animales nativos invisibles o desconocidos para los legisladores animalistas, sino poniendo en riesgo la existencia de especies de diferentes formas de vida y de los ecosistemas naturales.

Y bajo esta misma perspectiva, el animalismo lleva adelantado un Proyecto de Ley que tendría como consecuencia que Colombia despilfarrarre cerca de 130 mil millones de pesos anuales, en la implementación del método de Captura, Esterilización y Suelta – CES, para el manejo de perros y gatos. Esta propuesta es problemática porque la evidencia muestra la ineficiencia del método, Incluso esterilizando el 85% de los individuos, la reproducción del remanente mantendrá las poblaciones (Guzman, 2021[1]), pero además sin un método de control que impida la tenencia irresponsable y el abandono, continuamente se seguirán liberando individuos, y mientras tanto, los esterilizados libres seguirán predando fauna silvestre a lo largo de su vida, incluso generando extinciones. Lo único que puede servir, es extraer los individuos en estado de calle o asilvestrados, por ejemplo, capturándolos y poniéndolos en adopción, o a través de la eutanasia cuando lo anterior no es posible. Pero de ninguna manera liberándolos.

Desde el gremio de la veterinaria ha surgido también un cuestionamiento ético profesional a este método CES, pues se advierte que la cirugía de esterilización es compleja, y que soltar a los individuos a su suerte después de realizarla, sin el seguimiento pertinente, implica un alto riesgo de que se presenten problemas posoperatorios que podrían derivar en una muerte dolorosa y cruel.

Un punto de acuerdo con el animalismo es la necesidad de que en Colombia siga aumentando la reflexión de un mejor trato a los animales domésticos, que se rechace la crueldad, y que cada día aumente la tenencia voluntaria responsable. Solo así se puede impedir que sigan existiendo gatos y perros callejeros que sufren mucho, o que en áreas rurales se vuelvan asilvestrados, generando una gran pérdida de biodiversidad por predación de fauna silvestre. También hay acuerdo en acudir a la esterilización como uno de los métodos de control, pero este costo no puede recaer sobre el Estado en todos los casos, los tenedores deben asumirlo, como parte de su responsabilidad al poseer animales.

Es inadecuado que los grupos políticos pretendan imponer a todo un país posturas particulares por Ley, peor aún cuando éstas afectan la Naturaleza de la que dependen diferentes formas de vida incluida la humana.  Es necesario que los representantes y senadores de Colombia se tomen más en serio los Proyectos de Ley, y que exijan voces diversas de la academia y la ciencia, que les permitan tomar decisiones acertadas. Ideal sería en algún punto llegar a consensos con el animalismo, alrededor de una ética ecosistémica, que no prioriza solo a las especies animales conocidas, porque al final de cuentas todas las formas de vida dependemos de la integridad de los ecosistemas y de garantizar la biodiversidad.

[1] Guzmán, F. (2021). Gatos domésticos: plaga mundial que amenaza otras especies. Gaceta UNAM. https://www.gaceta.unam.mx/gatos-domesticos-plaga-mundial-que-amenaza-otras-especies/

4 comentarios

Yolima Vargas

Escrito por:

Yolima Vargas

*Bióloga con estudios en turismo sostenible y estudiante de doctorado en educación ambiental, analista y tallerista sobre la perspectiva de Latinoamérica para la organización Bildung Trifft Entwicklung-BtE en Alemania.

Compartir:

Aunque a algunos les parezca jocosa, debe escandalizar la irresponsable publicación del presidente de Colombia Gustavo Petro en su cuenta de X (Twitter), de una improvisada línea férrea que atravesaría el Tapón del Darién.
Hace un siglo, tras la intervención de Estados Unidos, Colombia inició una guerra que terminó en la pérdida del territorio que hoy es Panamá y la construcción de un canal comercial que atravesó el continente americano, facilitando el comercio marítimo de mercancías, pero destrozando un área natural de gran importancia.

El apetito de Estados Unidos, y de otros poderes emergentes del mundo, va por más. Desde hace al menos 4 décadas se conoce el interés y presión de un sector internacional, para que se creen en Colombia corredores comerciales en el Tapón del Darién, al norte, en la frontera con Panamá. Incluso en 1996, en la presidencia de Ernesto Samper, se propuso atravesar el Chocó con un canal interoceánico usando los ríos navegables. Pero el movimiento ambiental colombiano y global, lo impidieron.

Me ha costado abordar y comprender el tema de la migración de cientos de personas que atraviesan el Darién desde Colombia, mientras sufren de los abusos de mafias y bandas criminales que se enriquecen ante la inacción del Estado colombiano. Pero ahora que se revive el interés de atravesar el Darién para crear nuevas rutas comerciales, vale la pena preguntarse por el papel de esta inacción, ante un negocio inhumano de trata de personas, que poco a poco coloniza, deforesta y destruye una de las selvas lluviosas más valiosas del mundo, a la vez que permite que la violencia de los peores tipos, se cobren cientos de vidas de migrantes queriendo llegar a Estados Unidos, recayendo en especial en niños, ancianos y mujeres.

Como estudiante universitaria me maravillé con el Chocó Biogeográfico, que abarca el Litoral Pacífico desde Panamá hasta Perú, pasando por Colombia y Ecuador; una selva asombrosa en términos geográficos, geológicos y biológicos. Años después, tuve el privilegio de visitarlo y comprobar lo que me contaron mis maestros, pero también fui testigo de su destrucción, del avance de la deforestación y la minería ilegal que envenena a sus comunidades.

La ubicación geográfica del “Tapón del Darién”, es una de las causas de la riqueza biológica del Chocó. Durante miles de años diferentes formas de vida han migrado desde el norte de América, convergiendo junto a las que migran desde el sur y las que vienen del oriente, de la parte más vieja del continente, dónde están las llanuras, el Amazonas y la Guayana, convirtiendo al Chocó en un corredor biológico de suma importancia; diferentes formas de vida han utilizado esta área durante miles de años para desplazarse e interactuar, asegurando su existencia e integridad y generado una explosión de biodiversidad y complejas interacciones, con historias evolutivas y riqueza genética aún inexploradas, que en potencia podrían ser la clave para el desarrollo de medicamentos u otras innovaciones en beneficio de la humanidad.

El Chocó también es diverso en grupos étnicos y rico en culturas. Durante la violenta época de la invasión europea, la densidad y difícil acceso de esta selva, la convirtieron en refugio a esclavos africanos e indígenas que escapaban del yugo de los invasores. Por ella debieron caminar cientos de esclavos en un acto de resiliencia y resistencia que les permitió sobrevivir en palenques en el literal pacífico. En cuánto a las etnias indígenas, su estrategia de supervivencia ha sido adentrase a lo más profundo de la selva. Hoy habitan la zona los Embera, los Waunana y los Kunas.

Hay que recordar las inmensas contribuciones que este bosque tropical húmedo genera para las personas, su inmenso valor para la ciencia y su importante rol en el enfriamiento y regulación del clima global, del ciclo hidrológico, y los terribles efectos que conlleva para la humanidad su intervención, que se traduce en eventos de extinción masiva, el colapso de la biodiversidad y de los ecosistemas. Hoy, por ejemplo, hay pérdidas millonarias en el comercio mundial, debido a una fuerte sequía que ha llevado a bajos niveles de agua en el Canal de Panamá, con lo cuál, se ha frenado el paso de cientos de barcos comerciales que transportan mercancías de un lado al otro del continente.

La propuesta de intervenir el tapón con mega obras para solucionar el colapso del canal de Panamá es ilógica. Cualquier intervención aceleraría su degradación, provocando peores consecuencias planetarias y profundizando eventos como la sequía del Canal de Panamá. Proponer sacrificar esta zona en búsqueda de soluciones inmediatistas va en contra de los compromisos internacionales suscritos por Colombia, pero, es además una incoherencia ante recientes iniciativas interinstitucionales de la Cancillería colombiana, que ha solicitado que el Darién colombiano sea incluido como reserva de la biósfera de la UNESCO.

El anuncio improvisado del jefe de Estado, de atravesar una línea férrea en la selva del Darién debe desatar una resistencia seria y organizada de las instituciones colombianas encargadas del estudio de la biodiversidad del país, como el Instituto de Ciencias Naturales – ICN y el Instituto Humboldt, del SINA, de las comunidades que luchan por su reconocimiento internacional como reserva de la biósfera, y de la gente colombiana y del mundo, que entiende que en plena crisis climática no podemos permitir la destrucción de lugares como éste, que la ciencia advierte de manera enfática, deben ser preservados por el bien mismo de la humanidad.

Bibliografía
El Canal en el Darién, un tapón ecológico
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-312277

14 comentarios

Yolima Vargas

Escrito por:

Yolima Vargas

*Bióloga con estudios en turismo sostenible y estudiante de doctorado en educación ambiental, analista y tallerista sobre la perspectiva de Latinoamérica para la organización Bildung Trifft Entwicklung-BtE en Alemania.

Compartir:

En 1981, junto a 1200 animales llegaron a Colombia 4 hipopótamos provenientes de Estados Unidos, para conformar un zoológico extravagante en la Hacienda Nápoles, propiedad del famoso narcotraficante Pablo Escobar, en un área inmensa de 2000 hectáreas. Uno de los zoológicos más grandes del mundo, el Toronto Zoo, en Canadá, tiene 287 Ha.

Tras la muerte de Escobar, el abandono estatal y el tamaño de la Hacienda, en el 2008 ya era claro para el gremio científico que los hipopótamos del narco, que se habían escapado, eran una amenaza biológica latente; se estaban reproduciendo sin control y pronto se iban a convertir en una especie invasora de difícil y costoso manejo.

Personas en áreas rurales y urbanas acogieron a los hipopótamos, que fueron presentados en medios como animales tiernos e inofensivos. Además, el turismo apareció como una actividad productiva relacionada, estimulando su favorabilidad local.

En ese momento no se contempló hacer pedagogía ambiental y en cambio se asumió una postura pragmática: controlar a los hipopótamos. Con el primer sacrificio, que ocupó las portadas de medios de Colombia e incluso del mundo, el país se sumergió en el primero de muchos dramas venideros alrededor de los simpáticos hipopótamos, qué no se puede olvidar, también son letales, peligrosos, portadores de enfermedades, y en Colombia, desde marzo del año 2022 una especie invasora, debido a los graves impactos ambientales que generan, el riesgo para las personas y los graves ataques registrados.

Desde entonces y hasta hoy, la defensa de los hipopótamos en estado silvestre en Colombia ha sido asumida por el movimiento animalista, que insiste en un enfoque que tiende a humanizar a los animales, adoptando posturas morales como la provida, que rechaza su eutanasia, desconociendo las recomendaciones de los estudios técnicos y científicos.

Es tan difícil conciliar las posturas animalistas con el manejo de especies invasoras, que después de 14 años de presión, han logrado impedir el control y erradicación de los hipopótamos. Los que en aquél entonces eran 10 sacrificios, hoy se estima son más de 200 individuos y aumentando.

Si los hipopótamos se siguen reproduciendo y expandiendo, se sobrepasará el umbral de manejo y contención. Como le sucede a Australia con dromedarios y caballos ferales, Colombia tendría que embarcarse en costosas estrategias de erradicación permanente de individuos. El peor futuro posible, pues implicaría el sacrificio constante de animales y mayores problemas ambientales que afectarían a la gente.

La urgencia es máxima. No hay tiempo qué perder, hay que direccionar todos los esfuerzos para impedir que los hipopótamos se establezcan y sea imposible contenerlos.

El animalismo cuenta con un capital electoral importante que no distingue tendencia política, quizá por ello ningún gobierno ha querido asumir el costo político del control de hipopótamos, en detrimento del ambiente y de la gente.

La ministra de ambiente Susana Muhammad, en un intento de conciliar las exigencias animalistas con las recomendaciones científicas, propone adaptar una propuesta animalista de manejo de gatos ferales, que consiste en capturar, esterilizar y liberar. En el caso de los hipopótamos, los animalistas piden dar prioridad a: castraciones quirúrgicas y liberación; traslocación de individuos (enviarlos a otras partes del mundo); y como opción de descarte la eutanasia.

La medida ha sido recibida de manera agridulce por el gremio científico. Ante la inacción de décadas, algunos se conforman con las castraciones quirúrgicas; peor es nada. Otros, como el grupo Biodiversos, consideran un error que el Ministerio de Ambiente no siga las recomendaciones técnicas porque no hay tiempo para satisfacer caprichos de ensayo y error. La castración quirúrgica y posterior liberación, es una estrategia costosa, ineficiente y no está contemplada en el plan de manejo propuesto.

El orden de los factores sí altera el resultado. La exigencia animalista de esterilizar y liberar, no puede ser implementada en Colombia con los hipopótamos porque:

  1. Es la opción más costosa, menos eficiente y los recursos económicos son limitados.
  2. La castración quirúrgica no hace parte de las estrategias de contención de la especie, a menos que sean precedidas de translocaciones o confinamientos.
  3. La esperanza de vida de los hipopótamos en Colombia es demasiado alta, al liberarlos, se exponen los ecosistemas a un constante deterioro y a las personas a un enorme riesgo.

La evidencia indica que se deben implementar de manera paralela 5 estrategias: la eutanasia (caza de control) como prioridad, en especial en colonias que se han establecido en áreas nuevas, la translocación, el confinamiento, la urgente implementación de un sistema de alertas tempranas que permita identificar la colonización de nuevas áreas, y la pedagogía ambiental.

Colombia es responsable de la contención de los hipopótamos, ante sí misma y ante el mundo, ya que éste podría convertirse en un problema para Latinoamérica. Las posturas animalistas no pueden primar sobre el bienestar colectivo.

Este conflicto ambiental deja una lección, los planes de manejo ambiental deben incluir a las comunidades. En este caso es necesario redoblar esfuerzos en pedagogía para que la ciudadanía comprenda la magnitud del problema, que afecta a todo el país, pero en especial a habitantes vulnerables en las áreas rurales impactadas, qué podrían ver afectada su subsistencia por impactos negativos en las poblaciones de peces, además de la alta exposición a ataques, como los ya registrados en Puerto Triunfo.

2 comentarios

Yolima Vargas

Escrito por:

Yolima Vargas

*Bióloga con estudios en turismo sostenible y estudiante de doctorado en educación ambiental, analista y tallerista sobre la perspectiva de Latinoamérica para la organización Bildung Trifft Entwicklung-BtE en Alemania.

Compartir:

Con un aporte del 5.1% del PIB, la construcción es el sexto sector económico más relevante de Colombia. Sin embargo, el desarrollo histórico de esta actividad ha dejado un gran costo ambiental. Al crear las políticas para garantizar su crecimiento, se han priorizado la ganancia y especulación del mercado, sobre las necesidades reales de la población o la capacidad ambiental.

La degradación ambiental se relaciona a la disminución de las contribuciones que la naturaleza proporciona a las personas. Urge hacer balances por todo el país entre: las ventajas y desventajas de explotar la naturaleza para obtención de materiales para la construcción; o conservarla para asegurar la supervivencia de ecosistemas, flora y fauna amenazados, y de este modo garantizar las contribuciones que éstos proporcionan, generando bienestar y calidad de vida a la gente.

Desde la época prehispánica la población de Colombia se concentra en los Andes, dónde se ubican las ciudades y a su alrededor los polos de explotación y producción de materiales para la construcción. Actividades como la minería y extracción de material de los ríos como arena, gravas, mármol, granito, insumos para fabricar cemento, carbón coque, metales, fábricas de ladrillos, de tejas, etc., deben estar en el radar del lector al tratar este tema.

Se calcula que en Colombia quedan menos del 30% de los ecosistemas andinos, siguen disminuyendo de manera acelerada. Hace cuarenta años poco se pensaba en la necesidad ambiental de regular la construcción, y la explotación de materiales que la hacen posible. Era normal ver desaparecer montañas al paso de las volquetas que las devoraban. Montañas que seguramente fueron hogar de bosques andinos y páramos, hoy en Colombia amenazados de acuerdo a la lista roja de ecosistemas. Estas áreas naturales, e incluso las transformadas para la agricultura, hoy están en un punto muy grave de afección.

La pérdida de biodiversidad por actividades como la explotación para materiales de construcción, se agrava y empeora con la crisis climática, porque hace al país más vulnerable a los desafíos que ésta impone. La situación que se señala ha dejado de ser una advertencia para el futuro. Ya está sucediendo, desde sequías extremas que ponen en riesgo el suministro de agua o electricidad a grandes ciudades y centros poblados, hasta tremendas inundaciones, avalanchas o escases de alimentos.

En Colombia se debería llegar a un acuerdo nacional para impedir que las áreas en buen estado de conservación sean destinadas para la explotación de materiales no renovables. La crisis ambiental así lo exige, como un mínimo para la supervivencia de todas las formas de vida, de las cuáles dependemos ricos y pobres.

En el caso de las licencias ambientales para explotación de materiales de construcción en áreas en buen estado de conservación, la decisión está sobre todo en las Corporaciones Autónomas Regionales – CAR. La actual destrucción y contaminación de éstas por todo el país, demuestra que el licenciamiento está fuera de control.

Los dueños de la industria de la construcción con frecuencia poseen toda la cadena de valor: desde la explotación, hasta la construcción y venta; razón por la cuál tienen mucho poder y terminan imponiendo sus necesidades legítimas pero coyunturales, a aspectos ambientales de largo alcance, cuyas consecuencias afectan al bien común.

Las comunidades rurales que viven en zonas de explotación de materiales para la construcción y que llevan varios años sufriendo sus consecuencias negativas, ven con angustia cómo desaparecen sus áreas naturales, qué no solo deberían conservarse sino además restaurarse.

Estos son algunos de muchos ejemplos: en Cundinamarca, amenaza a la Reserva Van der Hammen; minería en un bosque Andino en buen estado de conservación en San Francisco; desaparición de zonas para la agricultura en La Calera; amenazas al río Neusa. En Antioquia, las cementeras tienen sitiada a la Reserva del Río Claro, que conserva uno de los bosques más biodiversos del país, en su feroz apetito por mármoles. En Tolima las cementeras contaminan y afectan el Río Saldaña. En Santander, Quindio y ciudades intermedias por todo el país, el boom de la construcción afecta joyas del patrimonio histórico, con edificaciones antiestéticas de muchos pisos que implican un derroche de materiales y que surgen sin tener clara la capacidad en los municipios para garantizarles servicios públicos.

Al sector de la construcción en Colombia se le debe exigir una transformación urgente. El Estado en todos sus niveles, desde el nacional al municipal, debe asumir una postura de mayor veeduría, planificación y exigencia. No se puede seguir consintiendo la explotación y contaminación de áreas naturales en buen estado de conservación, ni permitiendo edificaciones mal planificadas que no obedecen a las necesidades de las poblaciones y se constituyen en un despilfarro de recursos.

Es necesario dar más apoyo a industrias innovadoras de materiales sostenibles o de reciclaje y reutilización; así como a nuevas generaciones de ingenieros y arquitectos comprometidos en la implementación de técnicas y prácticas que implican un ahorro y mejor manejo de los recursos, por ejemplo a través de la restauración, reutilización de edificaciones viejas o recuperación del patrimonio histórico, entre otras.

3 comentarios

Yolima Vargas

Escrito por:

Yolima Vargas

*Bióloga con estudios en turismo sostenible y estudiante de doctorado en educación ambiental, analista y tallerista sobre la perspectiva de Latinoamérica para la organización Bildung Trifft Entwicklung-BtE en Alemania.

Compartir:

La comunidad científica lleva décadas advirtiendo muchas de las cosas que hoy suceden, como consecuencia del deterioro de la naturaleza, por causa de las actividades humanas. Los últimos informes del IPCC y el IPBES-, muestran incluso que la realidad ha superado los peores escenarios proyectados.

Cuando se hace referencia mediática a la crisis ambiental, es común centrarse en las emisiones, es decir a la contaminación atmosférica que se produce en los países al rededor del mundo. Y aunque ésta es una causa transversal de la crisis climática, se debe evitar caer en el reduccionismo de considerarla como la única variable del problema.

La trama de la vida es una red compleja de relaciones, y una parte fundamental que explica la crisis ambiental, es la pérdida de Biodiversidad. En el 85 surgió la Biodiversidad como concepto, haciendo referencia a la variedad de todas las formas de vida, de los ecosistemas y de la variabilidad genética. Una alta biodiversidad se refiere a una gran variedad de ecosistemas y de especies vivientes, pero también a una alta variedad genética de sus poblaciones.

Para entenderlo mejor, un ejemplo colombiano. La especie invasora de hipopótamos en el Magdalena medio, podría generar pérdida de biodiversidad, pues los hábitos de estos animales y su gran peso, que modifican los paisajes naturales, tienden a unificar los ecosistemas, también podrían disparar la pérdida y disminución de especies de plantas y animales por degradación de sus hábitats, y los hipopótamos, se reproducirían llegando a aumentar su número, pero con una baja variabilidad genética, ya que provienen de pocos individuos de un zoológico de Estados Unidos.

¿Qué consecuencias tiene la pérdida de biodiversidad y por qué es deseable que sea alta? El IPBES explica que la biodiversidad está directamente relacionada a las contribuciones que la naturaleza da a las personas. Cuando un ecosistema tiene una alta biodiversidad, es más estable y resistente; además, está en mayor posibilidad de regular el clima, proveer agua dulce, aire, medicamentos, madera, comida, y se refleja en menor cantidad de plagas en cultivos o mitigación de inundaciones. En Colombia además más del 60% de la matriz energética depende de la hidroelectricidad.

Las condiciones geográficas y climáticas de la región tropical, hacen que sus áreas naturales sean más biodiversas. Colombia, por ejemplo, es considerado un país megadiverso, debido a una variedad alucinante de ecosistemas, de especies y por supuesto su variabilidad genética. Parecen buenas noticias, sin embargo, una advertencia: ¡las áreas naturales tropicales, así como biodiversas, son frágiles!

La comunidad científica teme que, si la presión humana es muy grande, los ecosistemas puedan pasar a un punto de no retorno y desintegrarse. Las presiones no son solo emisiones, en Latinoamérica lo son sobre todo la pérdida de áreas naturales, el mal uso del suelo, la ampliación de la frontera agropecuaria, la contaminación por agroquímicos o el mercurio de la minería.

Hace pocos días nos golpeó en el alma la mortandad en masa de mamíferos acuáticos, peces y otros seres que también sufrieron de manera letal las consecuencias de un fenómeno del niño exacerbado. Las imágenes de resequedad de los ríos amazónicos, que usualmente son caudalosos, así como de animales muertos por decenas a orillas del lago Tefé, en el corazón de la Amazonía brasilera, son desgarradoras.

Aunque suene frívolo, los delfines muertos son solo el anuncio de algo peor. La presencia de varias especies es indicadora del buen estado de los ecosistemas, y una mortandad en esta magnitud, mostraría lo contrario. La noticia genera preocupación, porque podría ser evidencia del avance del colapso.

Mediáticamente son populares la Amazonía y los mamíferos acuáticos, como los delfines rosados, ¿pero las otras especies vivientes, y los demás ecosistemas?

Casi al tiempo de las imágenes de mortandad en el lago Tefé, herpetólogos y herpetólogas de Colombia publicaban un informe de CITES. Colombia, que ocupa el segundo puesto en biodiversidad de anfibios en el mundo, ocupó el deshonroso primer puesto con mayor número de especies amenazadas de extinción.

Ya en el 2017 el Instituto Humboldt publicó la lista roja de ecosistemas en peligro de Colombia. Spoileralert, en esta categoría el Amazonas no es el ecosistema de mayor preocupación, y aunque su situación es grave, otros ecosistemas están en peor estado.

Las noticias no son buenas y se tiende a perder la esperanza, pero es mejor actuar. La política ambiental debe responder a las evidencias y priorizar las necesidades. Colombia debe ser estratégica y no solo actuar en la contingencia. Si bien es urgente implementar la transición energética ante las sequías, cada vez más fuertes y prolongadas, que merman la generación hidroeléctrica, ésta no se puede imponer a costa de la pérdida de biodiversidad, qué además exacerba el problema. El gobierno ha anunciado una Ley que debilitaría las licencias ambientales ya exprés, para proyectos de transición energética; una medida equivocada que nos costará mucho.

0 comentarios

Yolima Vargas

Escrito por:

Yolima Vargas

*Bióloga con estudios en turismo sostenible y estudiante de doctorado en educación ambiental, analista y tallerista sobre la perspectiva de Latinoamérica para la organización Bildung Trifft Entwicklung-BtE en Alemania.

Foto: Ministerio de Ambiente

Compartir:

Cambiar el pago de la deuda externa por inversiones para la conservación es una buena idea. Pero la experiencia real del mundo y de Colombia muestra que tiene costos y riesgos escondidos.

Yolima Vargas*

¿Qué es el canje de deuda por naturaleza?

El Canje de Deuda es un mecanismo financiero de refinanciación de deuda para países pobres. Debe incluir incentivos de alivio de intereses, a cambio de que el país beneficiario invierta ese descuento en proyectos de cooperación como la educación, la creación de pequeña empresa o la conservación, en este último caso se le denomina Canje de Deuda por Naturaleza – CDN, últimamente también Canje de Deuda por acción climática.

Para poner dichos mecanismos en marcha suelen crearse fondos o fiducias de financiación de proyectos, que se alimentan con los dineros públicos de los países beneficiados.  Aunque la herramienta puede ser favorable para países pobres, no es la solución a problemas complejos y profundos como la actual crisis ambiental, la falta de financiación para conservación o el sistema de endeudamiento de países pobres que obedece a lógicas coloniales (Munévar, 2023).

El CDN también puede ser negativo cuando en su diseño se da prioridad al lucro de privados, imponiendo condiciones que menoscaban la autonomía de los países o la gobernabilidad sobre los fondos y las áreas naturales.

La experiencia mundial

El CDN fue ideado por Estados Unidos en la década de los ochenta, y ha sido utilizado entre diferentes países ricos y pobres, con el propósito de la cooperación. Estados Unidos, a través de ONG ambientales y otro tipo de organizaciones, es uno de los líderes mundiales con decenas de canjes en América Latina, África, Asia, y Oceanía.

que Colombia puede acabar involucrada en nuevos juicios desiguales por demandas de organizaciones con un músculo financiero y jurídico superior, además de tener que invertir sus escasos recursos en defensas.

Tras la crisis del COVID, Estados Unidos ha reencauchado el mecanismo y ha presionado la firma de nuevos acuerdos. En Latinoamérica ha logrado CDN de nueva generación con Belice, Barbados, Ecuador, Costa rica y, recientemente, en el Amazonas de Perú.

Expertos y organizaciones ambientales advierten que estos nuevos acuerdos firmados entre el gobierno de Estados Unidos, ONG estadounidenses, instituciones financieras y países como Belice, Barbados y Ecuador han sido desfavorables. Según Laixhay (2023) y Ortega, Munévar & Fresnillo (2023)[1]:

  • Las negociaciones se dan en secreto y sin procesos participativos;
  • Los acuerdos tienen una estructura financiera enredada que los hace poco transparentes;
  • Los fondos se crean en paraísos fiscales, desviando al exterior el dinero público de los países y haciendo difícil su rastreo o veeduría;
  • Los privados extranjeros involucrados —incluidas ONG— no hacen públicos los rendimientos que obtienen de las transacciones;
  • Las condiciones de inversión en conservación son demasiado exigentes y difíciles de sustentar por los países beneficiarios del CDN.

En Belice y Barbados, por ejemplo, los contratos de inversión no son públicos. En Belice la exigencia de invertir cierto monto en conservación de los ecosistemas marinos fue superior al disponible por ese país, obligándolo a sacrificar el presupuesto de otros fines que beneficiarían a su población como la educación, la salud o la lucha contra el hambre y la pobreza.

Según Ortega (2023)[2] en Ecuador los compromisos de inversión para conservación en Galápagos resultaron mayores que los beneficios del CDN, así que Ecuador tendrá que buscar dinero adicional, o como Belice, sacrificar rubros urgentes de su presupuesto;  y el fondo Galapagos Life Fund (GLF), fue creado en Delaware, Estados Unidos, que se considera un paraíso fiscal, además es administrado por una junta directiva compuesta, en su mayoría, por el sector privado, con lo cual el país perdió autonomía sobre Galápagos, gobernabilidad sobre el tipo de proyectos de conservación, sus ejecutores, y el dinero público saldrá del país dejando de irrigar la economía local.

[1] https://www.facebook.com/watch/?v=272104019090141

[2] Ortega, D. (2023) Galapagos deal: an ignominious legacy. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4455918

Foto: Parque Nacional Galápagos - Ecuador deberá buscar dinero adicional, pues los compromisos de inversión para la conservación de Galápagos son mayores a los beneficios del canje de deuda por naturaleza.

Le recomendamos: Canjear deuda por ambiente: ¿buen negocio?

La experiencia de Colombia

Colombia ha realizado dos CDN con Estados Unidos, uno en los años 90—que en pequeña proporción incluyó a Canadá—por U$ 322,800,000, y otro en 2004, bajo el gobierno Uribe, por U$ 10,000,000.

En 1993 fue creado ECOFONDO, donde convergieron varias organizaciones ambientales nacionales y que administró los recursos del Fondo. Según Tobasura (2003)[1] Ecofondo fortaleció el movimiento ambiental colombiano al financiar proyectos socioambientales que contribuyeron a la conservación, pero sobre todo benefició a muchas personas y comunidades por todo el país. Aunque se le criticó que gran parte del compromiso civil voluntario en temas ambientales fue coaptado por la proliferación de ONG nacionales en búsqueda de recursos para desarrollar proyectos.

El CDN del 2004 no tuvo el mismo impacto, en parte porque fue por un monto mucho menor, y porque las condiciones del acuerdo dieron mayor poder y protagonismo a ONG estadounidenses en lugar de fortalecer las nacionales. El acuerdo firmado especificó que antes de tomar decisiones sobre la administración del Fondo, Colombia tendría que dar cuentas al Departamento del Tesoro de Estados Unidos y a las ONG ambientales estadounidenses TNC, CI y WWF. [2]

Postura actual de Colombia

Siguiendo el ejemplo de los países vecinos, el presidente colombiano Gustavo Petro insiste en ejecutar los CDN, sugiriendo que serán un Plan Marshall contra la crisis climática. Pero las críticas a las recientes experiencias de Barbados, Belice y Ecuador, así como las propias de Colombia, dejan lecciones para que no se cometan los mismos errores que los vecinos y para que las organizaciones civiles del Colombia hagan veeduría al proceso de negociación.

De darse nuevos CDN en Colombia, no se debe obviar que estarán en el marco de siete Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y nueve Tratados de Libre Comercio (TLC), los cuáles obligan al país a dirimir cláusulas de incumplimiento bastante exigentes en centros de arbitraje internacional.

Esto es muy desfavorable, ya que Colombia puede acabar involucrada en nuevos juicios desiguales por demandas de organizaciones con un músculo financiero y jurídico superior, además de tener que invertir sus escasos recursos en defensas.

Según Federico Suárez (2023) en el año 2018 Colombia fue el país más demandado del mundo. En la actualidad está involucrado en trece demandas de compañías de Canadá, Estados Unidos y Europa por un valor de U$ 19.000.000, y tras cinco intentos rechazados, finalmente Glencore logró condenar a Colombia a pagarle U$ 19.000.000, casi dos veces el valor del CDN de 2004.

Ratón cuidando el queso

De ninguna manera Colombia puede permitir que en futuros acuerdos de CDN las condiciones para acceder excedan sus capacidades exponiéndola a futuras demandas y obligándola a desviar el presupuesto de la salud, la educación o políticas de bienestar. La experiencia nos indica que la peor enemiga de la conservación es la pobreza y que no es posible conservar sin las comunidades.

Sería deseable replicar y mejorar la experiencia de Ecofondo, manteniendo el enfoque socioambiental, asegurando que el dinero público y los fondos permanezcan en Colombia, y fortaleciendo instituciones nacionales privadas y públicas.

Las necesidades de conservación de Colombia deben ser decididas de manera autónoma tras procesos participativos con las comunidades en áreas rurales del país. Bajo ningún pretexto se debe aceptar el chantaje de que sean impuestas por gobiernos y ONG extranjeras que desconocen las realidades locales.

Urge reflexionar sobre lo injusto que es que países pobres de Latinoamérica, África o Asia, que poco aportan y han aportado a la crisis climática actual, que son muy vulnerables a ésta, y que cuentan con áreas naturales en buen estado de conservación, cuya biodiversidad aporta a la estabilidad de los ecosistemas, a la regulación del clima mundial y a las contribuciones de la naturaleza para las personas; tengan que recurrir a mecanismos de reendeudamiento como única alternativa para salir de situaciones fiscales imposibles como le sucedió a Belice, o para conservar áreas naturales como Ecuador y Perú.

[1] Tobasura, I. (2003). El movimiento ambiental colombiano, una aproximación a su historia reciente.

[2] https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/02/04-429-Colombia-Finance-Debt-for-Nature-Swap.EnglishOCR.pdf

El CDN también puede ser negativo cuando en su diseño se da prioridad al lucro de privados, imponiendo condiciones que menoscaban la autonomía de los países o la gobernabilidad sobre los fondos y las áreas naturales.

El Canje de Deuda por Naturaleza de ninguna manera puede reemplazar las compensaciones que los países contaminantes deben aportar para la conservación, y tampoco satisface las necesidades económicas para mantener áreas naturales, pues los países beneficiarios ni captan presupuesto adicional, ni disminuyen su deuda externa.

En Latinoamérica aún quedan ecosistemas naturales en buen estado de conservación que sustentan al mundo, a diferencia de lo que pasa en países ricos.

La misma apuesta colonial de antaño sigue insistiendo en que Latinoamérica es incapaz de crear estrategias para seguir manteniendo y aumentar sus áreas naturales, y por tanto que necesita que quiénes han contaminado y destruido gran parte de la naturaleza global, sean los que tomen las decisiones sobre las áreas naturales soberanas. En efecto lo que están logrando es poner al ratón a cuidar el queso.

Puede leer: Transición energética: ¿extractivismo con otra cara?

4 comentarios

Yolima Vargas

Escrito por:

Yolima Vargas

*Bióloga con estudios en turismo sostenible y estudiante de doctorado en educación ambiental, analista y tallerista sobre la perspectiva de Latinoamérica para la organización Bildung Trifft Entwicklung-BtE en Alemania.

Foto: Minenergía

Compartir:

La transición energética es una de las principales soluciones de la crisis ambiental, pero no es una fórmula mágica. ¿Cuáles son sus críticas desde América Latina?

Yolima Vargas*

Soluciones simplistas

La educación ambiental es una tarea difícil porque implica que las personas comprendan problemas naturales y sociales muy complejos (Rodriguez, Kohen & Delval, 2008). Estos problemas suelen explicarse de manera muy simplista, y las soluciones que se siguen son por lo tanto falsas o cuando menos incompletas.

Por ejemplo, se creyó que el problema de la basura se resolvía reciclando, y si esto se hacía con juicio, el asunto quedaría zanjado. Pero hoy los altos niveles de contaminación por desechos y tóxicos muestran que, aunque el reciclaje mitiga el problema, no lo soluciona.

Algo similar ha sucedido con el cambio climático, un problema muy complejo que afecta la vida de la humanidad de maneras muy diversas (IPCC, 2023), pero que no es el único desequilibrio ambiental (IPBES, 2019). La búsqueda de soluciones pasa por difíciles acuerdos entre instancias sociales, para equilibrar el uso y explotación de la naturaleza.

A partir de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, la humanidad se ha propuesto encontrar soluciones al cambio climático desde la perspectiva del Desarrollo Sostenible. Pero después de 21 años, la evidencia sugiere que no se ha tenido mucho éxito.

Aunque las cifras muestran que la liberación desmedida de gases de efecto invernadero –GEI– es la causa principal del cambio climático, es un error reducir toda la crisis ambiental a esta variable.

Disminuir las emisiones a toda costa y sin reflexionar sobre su causa—el consumo—puede ser una solución a medias y, además puede ocasionar problemas adicionales, que aumenten la desigualdad en el mundo y agravan la crisis ambiental.

Puede leer: ¿En qué consiste el «Plan Marshall” de Petro contra el cambio climático?

La cara verde del extractivismo

Hoy la transición energética se presenta como la solución de todos los problemas. Pero como se está planteando en Latinoamérica, esta estrategia deja grandes preocupaciones porque conlleva la creencia de que el fin justifica los medios.

El fin de moda es disminuir las emisiones en los países ricos y contaminantes, pero el medio para lograrlo sería una nueva era de extractivismos verdes, exacerbada por un consumo en aumento, y que se suma a otros extractivismos ya viejos como la explotación de hidrocarburos y productos de la agroindustria para exportación (sobre los extractivismos en Colombia, sugiero leer  este artículo).

aunque se ha producido una disminución en el porcentaje de la energía generada por hidrocarburos y ha aumentado la participación de las energías renovables, el aumento de la demanda mundial de energía ha resultado en un mayor consumo neto de hidrocarburos.

Al respecto vale la pena conocer las reflexiones de Gudynas (2023) sobre lo que está sucediendo en varios países de Latinoamérica, entre ellos Chile, Colombia y Argentina. Este analista critica el paradigma del desarrollo económico, incluido el sostenible, porque piensa que agrava la crisis ambiental en lugar de resolverla.  Por eso el autor subraya la importancia del conocimiento y de que América Latina busque su propio camino en vez de copiar recetas, en este caso europeas, que no atienden las necesidades de la región, sino las de los países ricos y contaminantes, a costa de nuestros países.

Esta nueva ola de extractivismos verdes, que se justifican porque son “absolutamente necesarios para la transición energética”, parecen darle la razón a Gudynas. Así, mientras en Chile y Argentina lidian con las desastrosas consecuencias ambientales de la minería de litio, indispensable en la fabricación de automóviles eléctricos, en Colombia la mina de Libero Cobre, de propiedad de una familia estadounidense, amenaza con deforestar cientos de hectáreas de uno de los últimos bosques de piedemonte amazónico protegido y en excelente estado de conservación.

Esta mina es un buen ejemplo de falsas soluciones y efectos contradictorios del modelo de transición energética que han adoptado estos países: aunque la evidencia muestra que el principal problema ambiental de Colombia es la deforestación —que en sí es una fuente de emisión de GEI—, los defensores de la mina pretenden justificarla con este razonamiento: «La transición energética se necesita para salvar la selva amazónica de los efectos del cambio climático, por tanto vamos a talar piedemonte amazónico para extraer cobre para la transición energética”.

No es la fórmula mágica

No cabe duda de que el mundo debe moverse a fuentes de energía distintas de los hidrocarburos —que es el propósito de la transición energética— pero no hay soluciones simples para problemas complejos.

De nada sirve masificar las energías renovables, con los impactos y conflictos socioambientales que esto conlleva—en especial la explotación de la naturaleza en países pobres de Latinoamérica y África—si el consumo mundial aumenta, exacerbando la quema de hidrocarburos, como ha sido la tendencia, a excepción del año 2020 por causa de la pandemia.

Así, aunque se ha producido una disminución en el porcentaje de la energía generada por hidrocarburos y ha aumentado la participación de las energías renovables, el aumento de la demanda mundial de energía ha resultado en un mayor consumo neto de hidrocarburos.

El lugar de América Latina

En ese contexto cobra relevancia la declaración de Cecilia López, quien coincide con Gudynas, aunque desde la perspectiva del desarrollo sostenible, al criticar que los líderes de la región, como Gustavo Petro, manejen el mismo discurso europeo de la transición energética, sin que éste responda con claridad a las necesidades de los países de Latinoamérica y África, que por demás generan bajas emisiones.

López llama a los líderes del sur global a invertir más en ciencia e innovación, así como a virar sus discursos exigiéndole a los países ricos disminuir sus emisiones, lo que en otras palabras debería entenderse como la disminución del consumo y la explotación de la naturaleza en todas las regiones del mundo.

Pero ahora sucede todo lo contrario. Los países ricos aumentan su consumo, sus emisiones y además impulsan nuevos extractivismos verdes. Un ejemplo es el sector financiero global junto a grandes transnacionales de países ricos, que identifican lugares con potencial para energías solares o eólicas en países tropicales.

La península de la Guajira tuvo la suerte o la desgracia de ser clasificada como “un recurso eólico de clase mundial”, debido a sus vientos veloces (9,8 m/s) (SEI Colombia, 2023), algo similar pasa con su alta radiación solar (6GW), 66% por encima del promedio mundial (Grajales en La República, 2018)

los líderes de la región, como Gustavo Petro, manejen el mismo discurso europeo de la transición energética, sin que éste responda con claridad a las necesidades de los países de Latinoamérica y África, que por demás generan bajas emisiones.

Foto: Wikimedia Commons - Aunque el cambio climático es un problema muy complejo que afecta la vida de la humanidad, existen otros desequilibrios ambientales.
El fin último de esta explotación, al lado de la energía para consumo nacional, es fabricar hidrógeno verde para exportación. La infraestructura instalada para extraer el carbón, que está llegando a su fin, se ve como una ventaja para esta industria.

Una ola de conflictos socioambientales

El extractivismo verde ya está produciendo en la Guajira una explosión de conflictos socioambientales. Según Joanna Barney de Indepaz, de 57 propuestas de parques eólicos, 21 tienen conflictos y cada día surgen nuevos que incluso dejan personas muertas.

Esto según José Antonio Vega se debe a la debilidad institucional para tramitar con diligencia las licencias ambientales, y para acompañar y garantizar las consultas previas. En vez de fortalecer las instituciones y autoridades ambientales, la respuesta del gobierno de Colombia, motivada por la presión del sector privado para acelerar los proyectos de transición, ha sido negar la eficacia del licenciamiento ambiental y la consulta previa para las energías renovables. (Ver más información)

Después de la Cumbre de Río en el 92, Colombia adoptó el licenciamiento ambiental como una estrategia de desarrollo sostenible. Esto entonces coincidía con las directrices que trazó la OCDE en el 2005. Pero bajo los gobiernos de Uribe y Santos fueron debilitadas hasta convertirlas en licencias exprés de 60 días hábiles. El extractivismo verde de energías renovables en Colombia hace que  incluso éstas incipientes licencias sean el palo en la rueda del desarrollo, ¿sostenible?

En este punto vale la pena que países de Latinoamérica y África vuelvan a preguntarse, la transición energética, ¿cómo?, ¿para qué?, y ¿para quién?, ¿no hay otra salida para los países pobres que estar condenados eternamente a los extractivismos, ahora verdes, que solo han dejado pobreza, desigualdad y conflictos?

Este artículo fue posible gracias a la colaboración de nuestros lectores. Te invitamos a apoyar nuestra labor a través de una donación#YoapoyoaRazónPública

Lea en Razón Pública: El futuro de la Amazonía en manos de la integración

Bibliografía

Bermúdez, A. (2023). Una poderosa familia de EE.UU., tras una mina de cobre en la Amazonia colombiana. https://www.elespectador.com/ambiente/amazonas/una-poderosa-familia-de-eeuu-tras-una-mina-de-cobre-en-la-amazonia-colombiana/

Enerdata. 2023. World Energy and Climate Statistics – Yearbook. https://yearbook.enerdata.net/total-energy/world-consumption-statistics.html

Las “misiones” para salvar el capitalismo, ambiente y extractivismos, E. Gudynas, Cartas en Ecología Política No 6, 26 junio 2023 – https://ecologiapolitica.substack.com/p/carta06misiones

La República. (2018). ¿Por qué La Guajira tiene alto potencial en energías solar y eólica? https://amp.larepublica.co/especiales/exposolar/por-que-la-guajira-tiene-un-alto-potencial-en-generacion-de-energias-renovables-2719046

IPCC. (2023). Comunicado de prensa IPCC. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2023/03/IPCC_AR6_SYR_PressRelease_es.pdf

IPBES. 2019. El informe de la evaluación mundial sobre la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas. https://www.ipbes.net/sites/default/files/2020-02/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers_es.pdf

Rodriguez, M., Kohen, R., Delval, J. 2008. El desarrollo sostenible en la mente del niño y el adolescente. https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/1328/16241_rodriguez_gonzalez.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Renewables 2022 Global Status Report. Global Overview.  REN21. https://www.ren21.net/gsr-2022/chapters/chapter_01/chapter_01/

SEI Colombia. 2023. Solar and wind power in Colombia: 2022 policy overview. https://www.sei.org/publications/solar-wind-power-colombia-2022/#:~:text=Colombia%20has%20world%2Dclass%20wind,1.5%25%20of%20the%20capacity%20mix.

2 comentarios

Yolima Vargas

Escrito por:

Yolima Vargas

*Bióloga con estudios en turismo sostenible y estudiante de doctorado en educación ambiental, analista y tallerista sobre la perspectiva de Latinoamérica para la organización Bildung Trifft Entwicklung-BtE en Alemania.

Foto: Visión Amazonía

Compartir:

Los recursos naturales y el ambiente han ganado prioridad en la agenda de Estados Unidos con Colombia. Este es el contexto geopolítico, estos son los programas propuestos —y estos son sus peligros—.

Yolima Vargas*

La vieja relación de Petro con Estados Unidos

La cercanía del presidente Petro con el gobierno de Estados Unidos es conocida desde cuando el entonces senador denunciaba la parapolítica.

Aunque esta relación podría no haber sido evidente, ahora se ha confirmado con la exitosa vista del presidente de Colombia a la Casa Blanca. Además, su gobierno ha mantenido las políticas del Departamento de Estado, especialmente en materia de colaboración militar.

La intención de Petro es pasar de la guerra antidrogas el control de delitos ambientales, eliminando la fumigación de cultivos de coca que ha demostrado ser ineficaz y dañina.

Le recomendamos: Las acciones ambientales de Petro están mal enfocadas

Cooperación en el mar

Un ejemplo de las buenas relaciones es el apoyo a la política llamada «Eastern Tropical Pacific Marine Corridor», que involucra a Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica y Panamá. Este programa se propone mejorar el control militar y territorial del Pacífico, prevenir los delitos ambientales y conservar la región. Se da prioridad a la lucha contra la pesca ilegal de flotas chinas, y también se financian proyectos de conservación.

El programa incluye financiación para la conservación en Malpelo y el entrenamiento militar de la Armada, en relación con la pesca ilegal. Además, se han instalado un radar y una subestación guardacostas de la Armada de Colombia en el Parque Nacional Gorgona, que fue ideado, instalado y financiado por el Departamento de Estado.

Aunque se piensa que estas propuestas son de Colombia para Estados Unidos, es muy probable que sea al revés. El Departamento de Estado ha estado tratando de adoptar políticas similares desde hace algún tiempo en la región.

El propósito es compartir información y unirse a la red de radares instalados en la región. Todo esto se lleva a cabo a través del programa SeeVision, dirigido por el Departamento de Transporte.

Intereses comunes

La información anterior es importante para evaluar las propuestas del hoy presidente de Colombia durante su campaña electoral. Estados Unidos tuvo gran influencia sobre estas propuestas, especialmente en temas relacionados con la transición energética y el intercambio de deuda por conservación de la naturaleza.

Aunque se piensa que estas propuestas son de Colombia para Estados Unidos, es muy probable que sea al revés. El Departamento de Estado ha estado tratando de adoptar políticas similares desde hace algún tiempo en la región.

Nuestros valiosos recursos naturales

Debido a recientes declaraciones de Laura Richardson, jefe del Comando Sur para asuntos latinoamericanos, algunos sospechan que estas políticas podrían ser una estrategia de control y acceso a los recursos naturales en la región.

En efecto. Estos recursos son muy valorados en todo el mundo, debido a que incluyen agua dulce, materiales para la transición energética, pesca, agroindustria y otros, como hidrocarburos. Muchos de estos recursos ya están siendo controlados por Rusia y China, que son considerados adversarios por Estados Unidos.

En su entrevista con The Atlantic Council Richardson afirmó que “Tenemos una competencia estratégica en el hemisferio occidental…con la República Popular de China, Rusia y en tercer lugar serían las organizaciones criminales trasnacionales que ocurren en esta región…Si hablo de mi adversario número dos en la región, Rusia, quiero decir tengo por supuesto la relación de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua con Rusia…”

“¿Por qué es importante esta región? Con todos sus recursos y elementos de tierras raras, tienes el triángulo del litio, que es necesario para la tecnología actual, 60% del litio del mundo está en el triángulo de litio; Argentina, Bolivia, Chile. Tienes las reservas de petróleo más grandes, crudo ligero y dulce descubierto en Guyana hace más de un año. Tienes los recursos de Venezuela también con petróleo, cobre, oro. Tenemos los pulmones del mundo, el Amazonas. También tenemos el 31% del agua dulce del mundo en esta región. Quiero decir es fuera de lo común. Tenemos mucho que hacer. Esta región importa. Tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que intensificar nuestro juego.”

La relación asimétrica

Para entender por qué algunos piensan que Estados Unidos está tratando de controlar los recursos naturales de América Latina, es importante tener en cuenta la historia de su relación utilitaria con la región. Con Colombia en particular, la relación ha sido más colonial que una alianza.

En 1823, el secretario del Departamento de Estado, “John Quincy Adams, se refería a la potencialidad que los recursos colombianos bien organizados tendrían sobre el desarrollo del país” (Trejos, 2011).  En 1903, Estados Unidos promovió activamente una guerra que llevó a la pérdida del territorio de Panamá.

A partir de entonces y hasta hoy en día, Colombia ha seguido la política de «mirar hacia la estrella del norte», lo que ha llevado a una relación de total dependencia y sometimiento a Estados Unidos.

Canje de deuda por naturaleza

El «Canje de deuda por Naturaleza» o «Debt Swap for Nature» no es algo nuevo. El primer caso fue en Bolivia en 1987. Costa Rica ha estado haciéndolo durante 15 años, y ha habido experiencias similares en Belice, Barbados (en 2021), Ecuador (en 2021) y Perú (en 2022).

Las ONG estadounidenses relacionadas con la economía verde adoptan este mecanismo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la principal causa del cambio climático, de acuerdo con lo pactado en las Cumbres del Clima (COP). Esto se ha llevado a cabo en países de Latinoamérica y África, en colaboración con Estados Unidos y liderado por The Nature Conservancy (TNC).

El mecanismo funciona de la siguiente manera: Estados Unidos vende parte de la deuda externa de un país a una ONG estadounidense, y a su vez, la ONG contrae una deuda con el sector financiero convirtiéndose en el nuevo acreedor. A cambio, la ONG pide invertir los intereses de la deuda en moneda local en iniciativas de conservación.

Así, en este proceso hay dos cosas claras:

  • Estados Unidos no paga nada para preservar el medio ambiente, sino que recupera parte de su cartera en un corto periodo de tiempo.
  • El país involucrado no tiene su deuda condonada a cambio de medidas de conservación. El país sigue endeudado y tiene que pagar los intereses en moneda local para cumplir los requisitos de conservación establecidos por la ONG acreedora, que no siempre coinciden con las necesidades que el país ha establecido de manera autónoma.

El proceso de recuperar la inversión por parte de una ONG, así como la forma de pagar la deuda con el sector financiero y las condiciones específicas que se imponen al país deudor no están claros.

Debido a lo anterior, la iniciativa conocida como «Debt Swap for Nature», ha sido criticada por varias organizaciones ambientales reconocidas, como Greenpeace, Slow Food y Debt Justice. Estas organizaciones alertan sobre la falta de transparencia en la iniciativa, ya que las cláusulas de los nuevos tratados de deuda no son públicas, lo cual impide asegurar que no haya riesgo de pérdida de soberanía sobre los territorios de las áreas objeto de conservación.

No está claro cómo funciona exactamente el proceso, pero una posible opción es que la ONG acreedora se beneficie del mercado de bonos de carbono en un área natural del país endeudado, incluso obteniendo ganancias. Desafortunadamente, esta información no está disponible debido a que las ONG tienen cuentas en paraísos fiscales.

Además, no está claro cómo el país endeudado está pagando la deuda, y no solo los intereses.

Durante más de una década, los mercados verdes han sido objeto de críticas por líderes como Annie Leonard. Estos líderes creen que no es posible solucionar un problema utilizando la misma lógica que lo creó (en el siguiente video se amplía la información).  La crítica se refiere al mercado de los bonos de carbono, también conocido como «pagar para contaminar». Aunque su intención original era disminuir las emisiones, en la práctica ha resultado en estafas y burbujas financieras, lo que ha llevado a un aumento de las emisiones globales. Esto representa un riesgo inmenso para las regiones naturales en el mundo.

Por ejemplo, la Amazonía en Colombia ha sido muy afectada por las sequías extremas y la variabilidad generada por el cambio climático, según investigaciones de varias décadas del SINCHI. Esta situación ha llevado a la muerte de árboles adultos y ha hecho que la región pierda su capacidad de absorber dióxido de carbono CO2 (Castaño-Arboleda, 2009).

Los detalles son importantes, especialmente si son desconocidos. Los actores colombianos, incluyendo la sociedad civil, la rama legislativa y la rama judicial, deben investigar a fondo las consecuencias de la propuesta estadounidense «Debt Swap for Nature«.

Importa preguntarse qué significa adquirir deuda con entidades privadas como ONG estadounidenses. ¿Qué pasaría si el país no pudiera cumplir los objetivos impuestos por las nuevas dueñas de la deuda?

Foto: NARA & DVIDS - En una entrevista Laura Richardson, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, expresó que los recursos naturales de Latinoamérica son importantes en el juego de Estado Unidos contra Rusia y China.

Colombia no tiene su deuda condonada a cambio de medidas de conservación. El país sigue endeudado y tiene que pagar los intereses en moneda local para cumplir los requisitos de conservación establecidos por la ONG acreedora, que no siempre coinciden con las necesidades que el país ha establecido de manera autónoma.

También debemos considerar si estos nuevos tratados abren la puerta para que ONG extranjeras tomen control y propiedad de las áreas naturales en nombre de la conservación. ¿Cuáles son los términos de estos contratos? ¿Qué tiene que dar Colombia a cambio y cómo se beneficia financieramente la ONG acreedora de las regiones naturales del país?

Estas preguntas incomodas deben ser respondidas para entender las implicaciones de esta propuesta. Además, son muy pertinentes, sobre todo en un contexto global conflictivo que ha vuelto a la lógica de las invasiones de territorios valiosos, así como a un apetito voraz por los recursos naturales de Latinoamérica.

Lo que sí trajo Petro

El único aporte del gobierno de Estados Unidos fue su promesa de 12 helicópteros Sikorsky UH-60 Black Hawk a Colombia, con la excusa de contribuir a la conservación de la Amazonía. Estos helicópteros se utilizarán para el control militar de organizaciones criminales trasnacionales. Pero hasta ahora han entregado apenas tres.

Actualmente, solo hay promesas, pero lo cierto es que Estados Unidos es el segundo país con más emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en 2021. Además, es el país que ha generado la mayor cantidad de emisiones GEI acumuladas en la historia del mundo.

Puede leer: Los impactos de una subestación de guardacostas en Gorgona

1 comentarios

Yolima Vargas

Escrito por:

Yolima Vargas

*Bióloga con estudios en turismo sostenible y estudiante de doctorado en educación ambiental, analista y tallerista sobre la perspectiva de Latinoamérica para la organización Bildung Trifft Entwicklung-BtE en Alemania.

ISSN 2145-0439

Razonpublica.com se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported. Basada en una obra en razonpublica.com.